La semana pasada planteamos un balance negativo de la gestión ambiental del Ejecutivo, especialmente en la problemática minera. Ahora revisamos el quehacer de los órganos legislativo y judicial en materia ambiental, con el mismo énfasis en el tema extractivo.
La tesis es que no sólo el Ejecutivo ha tenido un desempeño deficitario en el ámbito ambiental durante el año 2010, sino también la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea no aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley General de Agua, Ley de Agua Potable y Saneamiento, nueva Ley de Minería y otras normativas que ayudarían a resolver graves problemas ambientales; y la Corte no instaló los tribunales ambientales para procesar a los autores intelectuales y materiales de escandalosos crímenes ambientales que están impunes.
La Ley de Ordenamiento Territorial fue entrampada a pesar de la innegable necesidad de su aprobación: El Salvador es el país más vulnerable del mundo, según el Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en caso de Desastres (UNDAC) y la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Según dichas entidades, el 88.7% del territorio nacional es zona de riesgo y el 95% de la población corre peligro de sufrir algún desastre, como resultado de la crisis ambiental provocada por el uso desordenado del suelo.
La Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento tampoco fueron avaladas, a pesar de la preocupante situación de los recursos hídricos del país: más del 90% de los afluentes superficiales están contaminados y sólo del 11% de los ríos puede potabilizarse el agua, según el propio Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN). A la falta de leyes se suma la no implementación de una política ambiental del Ejecutivo orientada a descontaminar los ríos y quebradas.
La Ley prohibitiva de la minería de metales no se aprobó a pesar de la decisión del Ejecutivo de no permitir ningún proyecto extractivo, del contundente rechazo de todos los sectores nacionales y de la creciente tendencia a prohibir la explotación minera en la mayoría de países del mundo.
En Centroamérica, el Congreso de Costa Rica prohibió recientemente la minería a cielo abierto y la Corte Suprema de Justicia revirtió el proyecto minero Crucitas, ubicado en las riberas del limítrofe Río San Juan; y en la Unión Europea fue vedado el uso de cianuro, lo cual en la práctica significa una prohibición de la minería aurífera, pues ese químico tóxico es el más utilizado para separar el oro del resto de metales.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia salvadoreña tiene como mayor deuda la no instalación de los tribunales ambientales que ordenó crear la Ley de Medioambiente, aprobada en 1998. Es decir, con semejante omisión, la Corte ha permitido durante doce años la impunidad de crímenes como la destrucción de la Finca El Espino y la Cordillera El Bálsamo, el vertido de desechos industriales y domésticos en ríos y quebradas, la contaminación minera de Commerce Group en La Unión y el secado de pozos por Pacific Rim en Cabañas, entre otros delitos ambientales.
Ojalá en el año 2011 el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia cumplan su obligación constitucional de resguardar el medioambiente y los recursos naturales, de lo cual dependen las posibilidades de continuidad de la vida en el país. Una mayor organización, movilización y presión ciudadana ayudaría en este sentido.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 28 de diciembre de 2010
martes, 21 de diciembre de 2010
Balance negativo*
El balance de la gestión ambiental del Ejecutivo durante el año que termina, especialmente en ámbito minero, es más negativo que positivo. Lo positivo es la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto de explotación minera, mientras que entre los aspectos negativos destaca la actitud ¿pro minera? de los ministerios de Economía y de Medioambiente.
Lo positivo. Desde que llegó a Casa Presidencial, incluso antes de ser electo Presidente, Mauricio Funes ha sido firme en su postura anti minera. Es más, el mandatario se expresó a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Sin embargo, no ordenó a su ministro de Economía ni al de Medioambiente tomar iniciativa de ley en el Parlamento.
Acción positiva del Presidente Funes también es la decisión de no ceder ante la presión de las empresas mineras y enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), aunque su estrategia de defensa no incluye a las organizaciones anti mineras ni cuestiona los tratados comerciales que permiten a las compañías extractivas enjuiciar al Estado.
Lo negativo. Contrariando el rechazo presidencial a las actividades mineras, los ministerios de Economía y de Medioambiente declaran que el Ejecutivo no tiene definida postura a favor ni en contra de la minería y que ésta depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica que está en curso.
Héctor Dada Hirezi y Herman Rosa Chávez, titulares de Economía y de Medioambiente, respectivamente, incluso pidieron a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esperar los resultados de la evaluación ambiental para decidir sobre la prohibición o permisión de la minería de metales.
Es decir: en vez de ser consecuentes con la postura presidencial de oposición a la minería y solicitar la aprobación de la Ley prohibitiva de la misma, Dada Hirezi y Rosa Chávez dieron el argumento perfecto al arenero Vicente Menjívar y demás diputados de derecha que se empeñan en postergar la aprobación de dicha normativa.
Es curioso que los titulares de Economía y de Medioambiente se den el lujo de contradecir al propio Presidente Funes, quien manda a callar o despide por “pérdida de confianza” a cualquier funcionario que contraríe su postura. ¿Habrá algún acuerdo entre ellos? Podría ser que, por un lado, Funes rechaza la minería para contener al movimiento anti minero y, por el otro, Dada Hirezi y Rosa Chávez buscan la confianza de los inversionistas mineros mostrándose afines a sus proyectos.
Otro aspecto negativo es la postura del presidente Funes frente a la mina Cerro Blanco, de la transnacional canadiense Gold Corp, en Jutiapa (Guatemala). Este proyecto extractivo amenaza con contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, pero el mandatario considera que el gobierno chapín tiene derecho a “hacer lo que quiera en su territorio”.
Estas declaraciones (dadas el 18 de noviembre luego de la entrega de vehículos a diferentes unidades policiales), que pasaron desapercibidas por los medios de comunicación, desdicen la responsabilidad presidencial de defender la integridad del país amenazada por el cianuro, metales pesados y drenaje ácido de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Lo positivo. Desde que llegó a Casa Presidencial, incluso antes de ser electo Presidente, Mauricio Funes ha sido firme en su postura anti minera. Es más, el mandatario se expresó a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Sin embargo, no ordenó a su ministro de Economía ni al de Medioambiente tomar iniciativa de ley en el Parlamento.
Acción positiva del Presidente Funes también es la decisión de no ceder ante la presión de las empresas mineras y enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), aunque su estrategia de defensa no incluye a las organizaciones anti mineras ni cuestiona los tratados comerciales que permiten a las compañías extractivas enjuiciar al Estado.
Lo negativo. Contrariando el rechazo presidencial a las actividades mineras, los ministerios de Economía y de Medioambiente declaran que el Ejecutivo no tiene definida postura a favor ni en contra de la minería y que ésta depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica que está en curso.
Héctor Dada Hirezi y Herman Rosa Chávez, titulares de Economía y de Medioambiente, respectivamente, incluso pidieron a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esperar los resultados de la evaluación ambiental para decidir sobre la prohibición o permisión de la minería de metales.
Es decir: en vez de ser consecuentes con la postura presidencial de oposición a la minería y solicitar la aprobación de la Ley prohibitiva de la misma, Dada Hirezi y Rosa Chávez dieron el argumento perfecto al arenero Vicente Menjívar y demás diputados de derecha que se empeñan en postergar la aprobación de dicha normativa.
Es curioso que los titulares de Economía y de Medioambiente se den el lujo de contradecir al propio Presidente Funes, quien manda a callar o despide por “pérdida de confianza” a cualquier funcionario que contraríe su postura. ¿Habrá algún acuerdo entre ellos? Podría ser que, por un lado, Funes rechaza la minería para contener al movimiento anti minero y, por el otro, Dada Hirezi y Rosa Chávez buscan la confianza de los inversionistas mineros mostrándose afines a sus proyectos.
Otro aspecto negativo es la postura del presidente Funes frente a la mina Cerro Blanco, de la transnacional canadiense Gold Corp, en Jutiapa (Guatemala). Este proyecto extractivo amenaza con contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, pero el mandatario considera que el gobierno chapín tiene derecho a “hacer lo que quiera en su territorio”.
Estas declaraciones (dadas el 18 de noviembre luego de la entrega de vehículos a diferentes unidades policiales), que pasaron desapercibidas por los medios de comunicación, desdicen la responsabilidad presidencial de defender la integridad del país amenazada por el cianuro, metales pesados y drenaje ácido de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 14 de diciembre de 2010
Nos ven cara de tontos*
Las empresas mineras nos siguen viendo la cara de tontos. Ayer, para la indignación de algunos y la risa de otros, llegaron a la Asamblea Legislativa a plantear que el cianuro no es dañino, que el 68.8% de los ingresos de la industria minera quedaría en el país y que en los lugares donde hubo minas puede construirse turicentros.
Aunque usted no lo crea, amiga y amigo lector, esto es cierto. La representante de Pacific Rim, Erika Colindres, dijo éstas y otras falsedades a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de una Ley que prohíba la minería de metales.
Sin embargo, la reunión entre los legisladores y los personeros de las empresas extractivas sirvió para clarificar algo de primera importancia para el país: la verdadera postura que sobre los proyectos mineros tienen los distintos grupos parlamentarios.
ARENA, en voz del diputado Vicente Menjívar, respaldó los proyectos mineros. Este legislador de derecha afirmó que “a las empresas mineras no se les puede acusar de ningún daño”, “el país debe aprovechar los beneficios de explotar el oro” y “la minería sustentable es posible”, mientras los representantes mineros, con rostro sonriente, le escuchaban complacidos.
Con semejantes declaraciones, Vicente Menjívar toma ahora el lugar del ex pecenista Orlando Arévalo, quien impulsaba hace un par de años un proyecto de Ley permisiva de la minería que había sido elaborado, por petición de Pacific Rim, en el despacho de un conocido ex canciller de la República.
El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, se expresó ambiguo: Dijo que su partido está “comprometido con la defensa del medioambiente y la salud humana”, pero afirmó estar consciente de que “el país necesita recursos”, dejando entrever que está dispuesto a considerar la industria minera como posibilidad de obtención de ingresos.
El legislador del PCN, Rubén Orellana, no externó postura; pero en el pasado su partido apoyó decididamente a Pacific Rim.
Sólo los parlamentarios del FMLN, encabezados por Lourdes Palacios, cuestionaron los proyectos extractivos y emplazaron a los representantes mineros con argumentos serios.
Los personeros de Pacific Rim, Commerce Group, Minerales Morazán, Martinique Minerals y otras compañías extractivas llegaron al Parlamento en medio de la protesta de comunidades de la zona norte y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que les exigieron retirarse del país y, a los diputados, apresurar el aval de la Ley antiminera.
Ayer mismo, en horas de la mañana, las comunidades y organizaciones que rechazan la minería metálica se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía (MINEC), a cuyo titular pidieron tomar iniciativa de ley y solicitar a la Asamblea la aprobación de la Ley contra la minería.
La nota exige al MINEC actuar consecuente con la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto minero y de apoyar una normativa que los prohíba.
La carta entregada al ministro Héctor Dada Hirezi también exige la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual podría facilitar las actividades mineras y permitir a las empresas canadienses demandar al Estado salvadoreño en forma más expedita que a través del CAFTA-DR.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
Aunque usted no lo crea, amiga y amigo lector, esto es cierto. La representante de Pacific Rim, Erika Colindres, dijo éstas y otras falsedades a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de una Ley que prohíba la minería de metales.
Sin embargo, la reunión entre los legisladores y los personeros de las empresas extractivas sirvió para clarificar algo de primera importancia para el país: la verdadera postura que sobre los proyectos mineros tienen los distintos grupos parlamentarios.
ARENA, en voz del diputado Vicente Menjívar, respaldó los proyectos mineros. Este legislador de derecha afirmó que “a las empresas mineras no se les puede acusar de ningún daño”, “el país debe aprovechar los beneficios de explotar el oro” y “la minería sustentable es posible”, mientras los representantes mineros, con rostro sonriente, le escuchaban complacidos.
Con semejantes declaraciones, Vicente Menjívar toma ahora el lugar del ex pecenista Orlando Arévalo, quien impulsaba hace un par de años un proyecto de Ley permisiva de la minería que había sido elaborado, por petición de Pacific Rim, en el despacho de un conocido ex canciller de la República.
El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, se expresó ambiguo: Dijo que su partido está “comprometido con la defensa del medioambiente y la salud humana”, pero afirmó estar consciente de que “el país necesita recursos”, dejando entrever que está dispuesto a considerar la industria minera como posibilidad de obtención de ingresos.
El legislador del PCN, Rubén Orellana, no externó postura; pero en el pasado su partido apoyó decididamente a Pacific Rim.
Sólo los parlamentarios del FMLN, encabezados por Lourdes Palacios, cuestionaron los proyectos extractivos y emplazaron a los representantes mineros con argumentos serios.
Los personeros de Pacific Rim, Commerce Group, Minerales Morazán, Martinique Minerals y otras compañías extractivas llegaron al Parlamento en medio de la protesta de comunidades de la zona norte y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que les exigieron retirarse del país y, a los diputados, apresurar el aval de la Ley antiminera.
Ayer mismo, en horas de la mañana, las comunidades y organizaciones que rechazan la minería metálica se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía (MINEC), a cuyo titular pidieron tomar iniciativa de ley y solicitar a la Asamblea la aprobación de la Ley contra la minería.
La nota exige al MINEC actuar consecuente con la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto minero y de apoyar una normativa que los prohíba.
La carta entregada al ministro Héctor Dada Hirezi también exige la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual podría facilitar las actividades mineras y permitir a las empresas canadienses demandar al Estado salvadoreño en forma más expedita que a través del CAFTA-DR.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
martes, 7 de diciembre de 2010
Inminente fracaso de la COP 16*
La XVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP 16, que se realiza desde inicios del presente mes en el famoso balneario mexicano de Cancún, apunta a ser lo que estaba previsto que fuera: un rotundo fracaso para la humanidad y la Madre Tierra, pero un monumental éxito para las suicidas élites económicas y políticas mundiales que se niegan a dejar de contaminar el planeta.
Esta importante cumbre mundial tenía como propósitos discutir y plantear soluciones en varios ámbitos: Adaptación al cambio climático, financiamiento a la producción de energías limpias, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, transferencia de tecnología y educación global sobre cambio climático.
Pero con la información disponible hasta este momento sobre lo que acontece en el referido cónclave planetario, es factible prever que los resultados propuestos no serán alcanzados, sobre todo el referido a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que provocan el calentamiento global.
Incluso, los países ricos no sólo se oponen a avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pretenden revertir el Protocolo de Kioto que obliga a las potencias industriales a reducir gradualmente las emisiones de dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y otros gases contaminantes.
A las élites económicas y políticas –que dominan el mundo mediante la expansión de las empresas transnacionales, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los Tratados de Libre Comercio y la Organización Mundial del Comercio– no les importa el futuro de la humanidad.
En su febril ansia de lucro, esas élites corporativas explotan el petróleo, el gas natural, los metales y otros recursos naturales en forma irracional, causando estragos en la superficie del planeta y en la atmósfera. Esta es una verdadera actitud suicida que consiste, como dice el filósofo alemán Franz Hinnkelamert, en “cortar la rama donde están parados”.
Para contrarrestar a dichas élites, y para que no sean sus intereses los que decidan el destino de la especie humana, es necesaria una creciente concientización y movilización de la sociedad civil mundial, cuyos representantes también han viajado a Cancún para realizar una contra cumbre que no tendrá mayor incidencia en las decisiones de los líderes mundiales allí reunidos.
Evitar el eventual fracaso de la COP 16, más bien depende ahora de la coordinación y la presión que puedan hacer los gobiernos de los países del Sur, los más afectados por el calentamiento global y los que tienen algún nivel de conciencia ambiental. Éstos, que son la mayoría, deberían retomar propuestas como las del Presidente de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario indígena sudamericano insiste en sustituir el actual modelo de explotación, acumulación y consumo que impera en el mundo, por uno que sea equitativo y sustentable, basado en el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y en la necesidad de sobrevivencia de la especie humana.
Esperamos que ésta sea la postura asumida por la representación del gobierno salvadoreño que participa en las discusiones de la COP 16.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta importante cumbre mundial tenía como propósitos discutir y plantear soluciones en varios ámbitos: Adaptación al cambio climático, financiamiento a la producción de energías limpias, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, transferencia de tecnología y educación global sobre cambio climático.
Pero con la información disponible hasta este momento sobre lo que acontece en el referido cónclave planetario, es factible prever que los resultados propuestos no serán alcanzados, sobre todo el referido a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que provocan el calentamiento global.
Incluso, los países ricos no sólo se oponen a avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pretenden revertir el Protocolo de Kioto que obliga a las potencias industriales a reducir gradualmente las emisiones de dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y otros gases contaminantes.
A las élites económicas y políticas –que dominan el mundo mediante la expansión de las empresas transnacionales, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los Tratados de Libre Comercio y la Organización Mundial del Comercio– no les importa el futuro de la humanidad.
En su febril ansia de lucro, esas élites corporativas explotan el petróleo, el gas natural, los metales y otros recursos naturales en forma irracional, causando estragos en la superficie del planeta y en la atmósfera. Esta es una verdadera actitud suicida que consiste, como dice el filósofo alemán Franz Hinnkelamert, en “cortar la rama donde están parados”.
Para contrarrestar a dichas élites, y para que no sean sus intereses los que decidan el destino de la especie humana, es necesaria una creciente concientización y movilización de la sociedad civil mundial, cuyos representantes también han viajado a Cancún para realizar una contra cumbre que no tendrá mayor incidencia en las decisiones de los líderes mundiales allí reunidos.
Evitar el eventual fracaso de la COP 16, más bien depende ahora de la coordinación y la presión que puedan hacer los gobiernos de los países del Sur, los más afectados por el calentamiento global y los que tienen algún nivel de conciencia ambiental. Éstos, que son la mayoría, deberían retomar propuestas como las del Presidente de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario indígena sudamericano insiste en sustituir el actual modelo de explotación, acumulación y consumo que impera en el mundo, por uno que sea equitativo y sustentable, basado en el respeto a los Derechos de la Madre Tierra y en la necesidad de sobrevivencia de la especie humana.
Esperamos que ésta sea la postura asumida por la representación del gobierno salvadoreño que participa en las discusiones de la COP 16.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 30 de noviembre de 2010
Mineras al contraataque*
A pesar del rechazo social a sus proyectos, la negativa gubernamental de otorgarles permisos y su descrédito por la violencia (Pacific Rim en Cabañas) y la contaminación con cianuro, metales pesados y drenaje ácido (Commerce Group en Santa Rosa de Lima), las empresas mineras deberían ir en retirada.
Pero no. Al contrario, Pacific Rim, Commerce Group y compañía han relanzado su ofensiva contra el país.
Esta nueva estrategia incluye enjuiciar a militantes de la resistencia contra la minería, reforzar sus demandas contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y boicotear en el Parlamento la aprobación de Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales.
En este contexto, Pacific Rim promovió el enjuiciamiento de siete ambientalistas de Cabañas la semana pasada, a quienes acusó de cometer delitos como robo agravado, daños a la propiedad privada y privación de libertad.
Según la empresa minera, tales ilícitos fueron cometidos durante actos de protesta de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Sin embargo, el Juzgado de Paz de Sensuntepeque no encontró ninguna prueba y absolvió totalmente a los defensores del medioambiente. Pero los pobladores de Cabañas temen que estos juicios contra los opositores a la minería continúen.
En vez de admitir las demandas de Pacific Rim contra ambientalistas de Cabañas, la Fiscalía y Policía deberían investigar sus posibles vínculos con la violencia que causó la muerte de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, las amenazas a reporteros de Radio Victoria, los atentados al sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra opositores a la minería.
En el marco de su nueva embestida, la minera canadiense también busca contener a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de la Ley que prohíba la minería, presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por eso, el pasado 19 de noviembre solicitó audiencia a dicha comisión a través del diputado Vicente Menjívar. En contra del repudio nacional a las empresas mineras, este diputado de ARENA no tuvo reparos en suscribir la nota firmada por esas tenebrosas compañías.
Las empresas que piden ser oídas en el Parlamento son: Pacific Rim El Salvador S.A. de C.V. (Dorado Exploraciones S.A. de C.V. y Cerro Colorado S.A de C.V.), Minerales Morazán S.A. de C.V, Brett Resources El Salvador S.A. de C.V., Kinross El Salvador S.A. de C.V., Martinique Minerals S.A de C.V. y Triada S.A de C.V.
Y los diputados miembros de la Comisión que recibirá a tales compañías son: Ciro Zepeda y Rubén Orellana, del PCN; Vicente Menjívar, Rigoberto Soto y David Reyes, de ARENA; Lourdes Palacios, Arístides Valencia, Yohalmo Cabrera y Gilberto Rivera, del FMLN; y Rodrigo Samayoa, Mario Tenorio y Juan Carlos Mendoza, de GANA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Pero no. Al contrario, Pacific Rim, Commerce Group y compañía han relanzado su ofensiva contra el país.
Esta nueva estrategia incluye enjuiciar a militantes de la resistencia contra la minería, reforzar sus demandas contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y boicotear en el Parlamento la aprobación de Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales.
En este contexto, Pacific Rim promovió el enjuiciamiento de siete ambientalistas de Cabañas la semana pasada, a quienes acusó de cometer delitos como robo agravado, daños a la propiedad privada y privación de libertad.
Según la empresa minera, tales ilícitos fueron cometidos durante actos de protesta de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Sin embargo, el Juzgado de Paz de Sensuntepeque no encontró ninguna prueba y absolvió totalmente a los defensores del medioambiente. Pero los pobladores de Cabañas temen que estos juicios contra los opositores a la minería continúen.
En vez de admitir las demandas de Pacific Rim contra ambientalistas de Cabañas, la Fiscalía y Policía deberían investigar sus posibles vínculos con la violencia que causó la muerte de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, las amenazas a reporteros de Radio Victoria, los atentados al sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra opositores a la minería.
En el marco de su nueva embestida, la minera canadiense también busca contener a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de la Ley que prohíba la minería, presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por eso, el pasado 19 de noviembre solicitó audiencia a dicha comisión a través del diputado Vicente Menjívar. En contra del repudio nacional a las empresas mineras, este diputado de ARENA no tuvo reparos en suscribir la nota firmada por esas tenebrosas compañías.
Las empresas que piden ser oídas en el Parlamento son: Pacific Rim El Salvador S.A. de C.V. (Dorado Exploraciones S.A. de C.V. y Cerro Colorado S.A de C.V.), Minerales Morazán S.A. de C.V, Brett Resources El Salvador S.A. de C.V., Kinross El Salvador S.A. de C.V., Martinique Minerals S.A de C.V. y Triada S.A de C.V.
Y los diputados miembros de la Comisión que recibirá a tales compañías son: Ciro Zepeda y Rubén Orellana, del PCN; Vicente Menjívar, Rigoberto Soto y David Reyes, de ARENA; Lourdes Palacios, Arístides Valencia, Yohalmo Cabrera y Gilberto Rivera, del FMLN; y Rodrigo Samayoa, Mario Tenorio y Juan Carlos Mendoza, de GANA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 23 de noviembre de 2010
Postura cuestionable*
Para decepción de quienes esperaban un firme rechazo gubernamental a la mina transfronteriza Cerro Blanco, el Presiden Mauricio Funes respaldó, la semana pasada, a las autoridades guatemaltecas en su decisión de no revertir ese proyecto minero que lanzará sus desechos al Lago de Guija y al Río Lempa.
El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.
Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.
El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.
Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.
La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.
El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.
Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.
Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.
Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).
El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.
Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.
Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.
El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.
Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.
La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.
El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.
Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.
Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.
Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).
El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.
Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
martes, 16 de noviembre de 2010
Preguntas sobre una ley que no se aprueba*
La lentitud con que camina el debate sobre una prohibición legislativa de la minería de metales plantea, al menos, cuatro preguntas inevitables.
Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?
Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?
Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?
Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?
Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?
Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?
Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?
Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?
El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?
Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?
Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?
Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?
Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?
Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?
Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?
Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?
El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 15 de noviembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA. MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
Por segunda ocasión El Salvador se encuentra en el banquillo de los acusados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Los delitos: defender el medioambiente, proteger la salud humana y ejercer su soberanía.
Este día se realiza la audiencia inicial contra el Estado salvadoreño por la demanda de Commerce Group, empresa estadounidense que exige una indemnización de 100 millones de dólares y la restitución del permiso de explotación minera que le fue suspendido en el año 2006.
Dicha licencia le clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el Río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenaje ácido y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.
Commerce Group, entonces, siguió los pasos de la canadiense Pacific Rim y demandó al país ante el CIADI, tribunal corporativo del Banco Mundial que en estos momentos decide sobre la validez de los reclamos de la compañía minera que se ampara en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la referida demanda, por ser ilegal e ilegítima, y respaldamos al Estado salvadoreño en su derecho soberano de proteger el medioambiente y la salud de la población.
También exigimos a la Fiscalía General de la República que, como parte de la defensa del Estado, enjuicie a Commerce Group por la contaminación del Río San Sebastián y demás daños ambientales y sociales causados en el nororiente del país.
Además, reiteramos la propuesta de aprobar urgentemente una Ley que prohíba en forma definitiva la exploración y explotación minera metálica, para evitar que nuevas solicitudes denegadas se conviertan en demandas contra el país en el CIADI u otro tribunal corporativo internacional.
Las demandas de Commerce Group y de Pacific Rim también platean la necesidad de revertir los tratados de libre comercio y demás instrumentos jurídicos neoliberales que benefician a las empresas transnacionales y perjudican a los pueblos al violentar su derecho a la autodeterminación.
San Salvador, 15 de noviembre de 2010.
Este día se realiza la audiencia inicial contra el Estado salvadoreño por la demanda de Commerce Group, empresa estadounidense que exige una indemnización de 100 millones de dólares y la restitución del permiso de explotación minera que le fue suspendido en el año 2006.
Dicha licencia le clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el Río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenaje ácido y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.
Commerce Group, entonces, siguió los pasos de la canadiense Pacific Rim y demandó al país ante el CIADI, tribunal corporativo del Banco Mundial que en estos momentos decide sobre la validez de los reclamos de la compañía minera que se ampara en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la referida demanda, por ser ilegal e ilegítima, y respaldamos al Estado salvadoreño en su derecho soberano de proteger el medioambiente y la salud de la población.
También exigimos a la Fiscalía General de la República que, como parte de la defensa del Estado, enjuicie a Commerce Group por la contaminación del Río San Sebastián y demás daños ambientales y sociales causados en el nororiente del país.
Además, reiteramos la propuesta de aprobar urgentemente una Ley que prohíba en forma definitiva la exploración y explotación minera metálica, para evitar que nuevas solicitudes denegadas se conviertan en demandas contra el país en el CIADI u otro tribunal corporativo internacional.
Las demandas de Commerce Group y de Pacific Rim también platean la necesidad de revertir los tratados de libre comercio y demás instrumentos jurídicos neoliberales que benefician a las empresas transnacionales y perjudican a los pueblos al violentar su derecho a la autodeterminación.
San Salvador, 15 de noviembre de 2010.
martes, 9 de noviembre de 2010
Modelo extractivista*
El extractivismo consiste en la explotación irracional de los recursos naturales, sin importar los impactos ambientales y sin dejar beneficios económicos al país de cuyo subsuelo son extraídos el petróleo, los metales preciosos o el gas natural.
Se trata de un nuevo saqueo de las riquezas naturales, principalmente en América Latina, donde las transnacionales sacan los minerales y se los llevan, lo cual impide generar procesos productivos locales para dinamizar las economías nacionales.
Estas compañías ni siquiera pagan los impuestos correspondientes y se limitan a entregar miserables regalías que no compensan los daños irreversibles que provoca la extracción.
En El Salvador, el modelo extractivo se habría consumado con la autorización de los proyectos mineros de Pacific Rim, Commerce Group y demás empresas mineras que no procesarían aquí los minerales, comprarían sus insumos en el exterior e importarían la mano de obra cualificada.
Pero el rechazo a la minería metálica no libra al país del sesgo extractivo del neoliberalismo heredado de los gobiernos de ARENA, pues las empresas aglutinadas en la ANEP mantienen una actitud extractivista: apropiarse de la riqueza nacional e incrementar sus ganancias, sin invertir en el país.
Muchas de estas compañías tampoco pagan los impuestos respectivos, violentan derechos laborales e incumplen normativas ambientales.
Estas empresas extractivistas promovieron la eliminación de la obligatoriedad de la declaración patrimonial para quienes obtengan ingresos superiores a 75 mil dólares, criticaron al Ejecutivo por incrementar el salario mínimo en el sector público y cuestionan el recién anunciado impuesto a las grandes empresas que serviría para financiar los programas gubernamentales de seguridad ciudadana.
En vez de aceptar la necesidad de acordar una reforma tributaria progresiva que incluya impuesto patrimonial, a las ganancias de las grandes empresas, a los bienes suntuarios, a las grandes transferencias financieras y otros tributos directos, la ANEP insiste en incrementar el IVA en dos puntos porcentuales.
La gremial corporativa también se opone a la desdolarización de la economía, aun cuando proyecciones gubernamentales no conocidas públicamente confirman la urgencia de restablecer la política monetaria.
Los personeros de la ANEP también rechazan las críticas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), a pesar de que éste pone a las empresas nacionales en desventaja frente a las transnacionales.
Caso emblemático de lo anterior es la apertura de las licitaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a empresas farmacéuticas extranjeras, tal como lo mandan disposiciones del referido tratado comercial contenidas en el capítulo de compras gubernamentales.
Los perjuicios del CAFTA-DR también se evidencian con el aumento del déficit comercial y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia sobre Inversiones (CIADI), que el 15 de noviembre próximo decidirá si procede el arbitraje promovido por Commerce Group.
El extractivismo, entonces, es una característica del modelo neoliberal que todavía impera en el país y un rasgo distintivo de la reprochable conducta del empresariado aglutinado en la ANEP.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Se trata de un nuevo saqueo de las riquezas naturales, principalmente en América Latina, donde las transnacionales sacan los minerales y se los llevan, lo cual impide generar procesos productivos locales para dinamizar las economías nacionales.
Estas compañías ni siquiera pagan los impuestos correspondientes y se limitan a entregar miserables regalías que no compensan los daños irreversibles que provoca la extracción.
En El Salvador, el modelo extractivo se habría consumado con la autorización de los proyectos mineros de Pacific Rim, Commerce Group y demás empresas mineras que no procesarían aquí los minerales, comprarían sus insumos en el exterior e importarían la mano de obra cualificada.
Pero el rechazo a la minería metálica no libra al país del sesgo extractivo del neoliberalismo heredado de los gobiernos de ARENA, pues las empresas aglutinadas en la ANEP mantienen una actitud extractivista: apropiarse de la riqueza nacional e incrementar sus ganancias, sin invertir en el país.
Muchas de estas compañías tampoco pagan los impuestos respectivos, violentan derechos laborales e incumplen normativas ambientales.
Estas empresas extractivistas promovieron la eliminación de la obligatoriedad de la declaración patrimonial para quienes obtengan ingresos superiores a 75 mil dólares, criticaron al Ejecutivo por incrementar el salario mínimo en el sector público y cuestionan el recién anunciado impuesto a las grandes empresas que serviría para financiar los programas gubernamentales de seguridad ciudadana.
En vez de aceptar la necesidad de acordar una reforma tributaria progresiva que incluya impuesto patrimonial, a las ganancias de las grandes empresas, a los bienes suntuarios, a las grandes transferencias financieras y otros tributos directos, la ANEP insiste en incrementar el IVA en dos puntos porcentuales.
La gremial corporativa también se opone a la desdolarización de la economía, aun cuando proyecciones gubernamentales no conocidas públicamente confirman la urgencia de restablecer la política monetaria.
Los personeros de la ANEP también rechazan las críticas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), a pesar de que éste pone a las empresas nacionales en desventaja frente a las transnacionales.
Caso emblemático de lo anterior es la apertura de las licitaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a empresas farmacéuticas extranjeras, tal como lo mandan disposiciones del referido tratado comercial contenidas en el capítulo de compras gubernamentales.
Los perjuicios del CAFTA-DR también se evidencian con el aumento del déficit comercial y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia sobre Inversiones (CIADI), que el 15 de noviembre próximo decidirá si procede el arbitraje promovido por Commerce Group.
El extractivismo, entonces, es una característica del modelo neoliberal que todavía impera en el país y un rasgo distintivo de la reprochable conducta del empresariado aglutinado en la ANEP.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 2 de noviembre de 2010
¿Es Goldcorp la responsable?*
Por segunda vez, ambientalistas salvadoreños que luchan contra el proyecto minero Cerro Blanco han sido víctimas de graves vejaciones en Guatemala.
Fue el pasado jueves 28 de octubre. Tres representantes del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) fueron interceptados por sujetos armados que se identificaron como miembros de la policía guatemalteca.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 43 de la carretera que conduce de la frontera Las Chinamas a la Ciudad de Guatemala.
Entre las víctimas también se encuentran dos periodistas del Canal 10 que viajaban hacia el congreso de Guatemala para cubrir la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de Energía y Minas del gobierno de Álvaro Colom.
Tales funcionarios responderían a las críticas de los legisladores guatemaltecos por los peligros que para El Salvador representa la mina Cerro Blanco, operada por la transnacional canadiense Gold Corp Inc.
Este proyecto extractivo que se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de Metapán (Santa Ana), podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa. Por esa razón es rechazado por las comunidades salvadoreñas y guatemaltecas.
Incluso las jerarquías católicas de ambos países llaman a los respectivos gobiernos a suspender la mina. El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar ha pedido al Presidente Mauricio Funes interceder ante su homólogo guatemalteco; pero el mandatario salvadoreño aún no atiende la urgente petición pastoral.
Los delincuentes golpearon a los miembros de CEICOM y los periodistas de la televisora estatal salvadoreña, les robaron dinero y equipos (cámaras de video, computadoras portátiles y teléfonos celulares) y les dejaron maniatados en una finca.
Los malhechores les increpaban por trasladarse hacia el congreso guatemalteco, lo cual abre la sospecha de que pueda tratarse de mercenarios de la minera Goldcorp, cuyo propósito sería intimidar a los promotores de la resistencia al cuestionado proyecto minero transfronterizo.
Amedrentar a activistas anti mineros es una práctica común de las empresas extractivas para vencer las resistencias comunitarias a sus proyectos. Pobladores de Cabañas acusan a Pacific Rim de hacer lo mismo en su fallido intento de imponer su proyecto El Dorado.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, de la que CEICOM es parte, condena el hecho y pide a la Administración Funes exigir al gobierno guatemalteco una profunda y exhaustiva investigación.
Por eso, esta mañana demandó del canciller Hugo Martínez una actitud proactiva ante las agresiones contra ambientalistas salvadoreños en Guatemala y frente al peligro nacional que representa la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Fue el pasado jueves 28 de octubre. Tres representantes del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) fueron interceptados por sujetos armados que se identificaron como miembros de la policía guatemalteca.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 43 de la carretera que conduce de la frontera Las Chinamas a la Ciudad de Guatemala.
Entre las víctimas también se encuentran dos periodistas del Canal 10 que viajaban hacia el congreso de Guatemala para cubrir la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de Energía y Minas del gobierno de Álvaro Colom.
Tales funcionarios responderían a las críticas de los legisladores guatemaltecos por los peligros que para El Salvador representa la mina Cerro Blanco, operada por la transnacional canadiense Gold Corp Inc.
Este proyecto extractivo que se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de Metapán (Santa Ana), podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa. Por esa razón es rechazado por las comunidades salvadoreñas y guatemaltecas.
Incluso las jerarquías católicas de ambos países llaman a los respectivos gobiernos a suspender la mina. El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar ha pedido al Presidente Mauricio Funes interceder ante su homólogo guatemalteco; pero el mandatario salvadoreño aún no atiende la urgente petición pastoral.
Los delincuentes golpearon a los miembros de CEICOM y los periodistas de la televisora estatal salvadoreña, les robaron dinero y equipos (cámaras de video, computadoras portátiles y teléfonos celulares) y les dejaron maniatados en una finca.
Los malhechores les increpaban por trasladarse hacia el congreso guatemalteco, lo cual abre la sospecha de que pueda tratarse de mercenarios de la minera Goldcorp, cuyo propósito sería intimidar a los promotores de la resistencia al cuestionado proyecto minero transfronterizo.
Amedrentar a activistas anti mineros es una práctica común de las empresas extractivas para vencer las resistencias comunitarias a sus proyectos. Pobladores de Cabañas acusan a Pacific Rim de hacer lo mismo en su fallido intento de imponer su proyecto El Dorado.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, de la que CEICOM es parte, condena el hecho y pide a la Administración Funes exigir al gobierno guatemalteco una profunda y exhaustiva investigación.
Por eso, esta mañana demandó del canciller Hugo Martínez una actitud proactiva ante las agresiones contra ambientalistas salvadoreños en Guatemala y frente al peligro nacional que representa la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 26 de octubre de 2010
Segunda extorsión*
El Estado salvadoreño estará de nuevo en el banquillo de los acusados por defender el medioambiente y proteger la salud de la población, pues el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) estableció a inicios de esta semana el 15 de noviembre como fecha para la audiencia inicial, por la demanda de Commerce Group.
Esta minera estadounidense exige al gobierno un pago de 100 millones de dólares por suspenderle una licencia de explotación en Santa Rosa de Lima, La Unión. Dicho permiso le fue revertido por contaminar el Río San Sebastián y causar otros daños irreversibles al ecosistema.
Tales perjuicios fueron revelados en estudios realizados por vulcanólogos de la Universidad de El Salvador (UES) y miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
También fueron constatados por destacados científicos, entre ellos el químico italiano Flaviano Bianchini y Dina Larios, geóloga de la Ohio University; y por indagaciones de campo efectuadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Por esto el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), durante el gobierno del ex presidente Antonio Saca, le anuló la licencia de extracción de oro y plata.
Commerce Group, entonces, decidió seguir el ejemplo de Pacific Rim y demandó al Estado en el CIADI, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
EL 15 de noviembre los “jueces” Albert Jan van den Berg (Holanda), Horacio Grigera (Argentina) y J. Christopher Thomas (Canadá) decidirán si el país es enjuiciado por “violentar los derechos” de Commerce Group que contaminó agua, aire y suelo en el norte unionense.
Si estos árbitros consideran válida la demanda de Commerce Group, El Salvador enfrentará dos juicios en el CIADI que en agosto de este año admitió la querella de Pacific Rim, causante de conflictos sociales, daños ambientales y contaminación institucional en su intento de explotar la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Que las empresas mineras exijan millonarias indemnizaciones a un país que hasta los salarios de los empleados públicos financia con préstamos, es un acto de extorsión que el pueblo entero debe rechazar.
Y a estas dos extorsiones pueden sumarse otras, si la Asamblea Legislativa no aprueba una Ley que prohíba en forma definitiva la minería. La semana pasada, desde este espacio de opinión en Co Latino, se alertó sobre la posibilidad de que 83 solicitudes de permisos de exploración y de explotación se conviertan en demandas contra El Salvador en el CIADI.
El combate a las extorsiones de las compañías extractivas también incluye revertir el CAFTA-DR, revisar los acuerdos bilaterales de inversión, la Ley de Inversiones y otras normativas que otorgan derechos a las transnacionales en detrimento la soberanía nacional y los derechos humanos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta minera estadounidense exige al gobierno un pago de 100 millones de dólares por suspenderle una licencia de explotación en Santa Rosa de Lima, La Unión. Dicho permiso le fue revertido por contaminar el Río San Sebastián y causar otros daños irreversibles al ecosistema.
Tales perjuicios fueron revelados en estudios realizados por vulcanólogos de la Universidad de El Salvador (UES) y miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
También fueron constatados por destacados científicos, entre ellos el químico italiano Flaviano Bianchini y Dina Larios, geóloga de la Ohio University; y por indagaciones de campo efectuadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Por esto el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), durante el gobierno del ex presidente Antonio Saca, le anuló la licencia de extracción de oro y plata.
Commerce Group, entonces, decidió seguir el ejemplo de Pacific Rim y demandó al Estado en el CIADI, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
EL 15 de noviembre los “jueces” Albert Jan van den Berg (Holanda), Horacio Grigera (Argentina) y J. Christopher Thomas (Canadá) decidirán si el país es enjuiciado por “violentar los derechos” de Commerce Group que contaminó agua, aire y suelo en el norte unionense.
Si estos árbitros consideran válida la demanda de Commerce Group, El Salvador enfrentará dos juicios en el CIADI que en agosto de este año admitió la querella de Pacific Rim, causante de conflictos sociales, daños ambientales y contaminación institucional en su intento de explotar la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Que las empresas mineras exijan millonarias indemnizaciones a un país que hasta los salarios de los empleados públicos financia con préstamos, es un acto de extorsión que el pueblo entero debe rechazar.
Y a estas dos extorsiones pueden sumarse otras, si la Asamblea Legislativa no aprueba una Ley que prohíba en forma definitiva la minería. La semana pasada, desde este espacio de opinión en Co Latino, se alertó sobre la posibilidad de que 83 solicitudes de permisos de exploración y de explotación se conviertan en demandas contra El Salvador en el CIADI.
El combate a las extorsiones de las compañías extractivas también incluye revertir el CAFTA-DR, revisar los acuerdos bilaterales de inversión, la Ley de Inversiones y otras normativas que otorgan derechos a las transnacionales en detrimento la soberanía nacional y los derechos humanos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 19 de octubre de 2010
El negocio de demandar al Estado*
El pasado martes 12 de octubre, el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, reveló una preocupante información que debería alertar al país entero: la existencia de 73 solicitudes de licencias de exploración minera.
Dicho funcionario también declaró que existen diez solicitudes de permisos ambientales para extraer oro, plata y otros metales del subsuelo nacional.
Estas afirmaciones del titular del MARN fueron expresadas, el pasado martes 12 de octubre, en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que estudia la propuesta de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva las actividades mineras.
La información externada por el ministro Rosa Chávez desnuda una estrategia perversa de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración y de explotación para, después, demandar al Estado por negar dichos permisos.
Es decir: conociendo la decisión gubernamental de no permitir la minería metálica, las empresas extractivas piden licencias para operar, esperando que su petición sea rechaza, para luego exigir millonarias indemnizaciones.
Esto hacen Pacific Rim y Commerce Group, que piden 100 millones de dólares cada una en sus demandas procesadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), basadas en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
En tal sentido, El Salvador podría enfrentar próximamente 83 nuevas demandas en el CIADI o en cualquier otro tribunal corporativo, y pagar varios miles de millones de dólares, en caso de perder los respectivos arbitrajes.
Así, el interés real de las compañías mineras –que suscriben las 83 solicitudes de exploración y de explotación– no es extraer los minerales, sino conseguir dinero fácil demandando al Estado por negar los permisos. El negocio es demandar al país, para lograr millonarias indemnizaciones.
Frente a tan descarada estrategia, la solución es clara: prohibir en forma definitiva la minería metálica a través de una Ley, para evitar más solicitudes de exploración y de explotación presentadas por las tenebrosas empresas extractivas.
Dicha Ley también evitaría nuevas demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Ante esto, es oportuno reiterar el llamado a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento para que dictamen ya a favor de la propuesta de ley prohibitiva de la minería y, al pleno legislativo, a que la aprueben con extrema prioridad.
Los datos revelados por el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, debería ser el detonante de una fuerte movilización y presión ciudadana a favor de la aprobación de la referida Ley, para acabar con esta estrategia de extorsión de las empresas mineras.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Dicho funcionario también declaró que existen diez solicitudes de permisos ambientales para extraer oro, plata y otros metales del subsuelo nacional.
Estas afirmaciones del titular del MARN fueron expresadas, el pasado martes 12 de octubre, en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que estudia la propuesta de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva las actividades mineras.
La información externada por el ministro Rosa Chávez desnuda una estrategia perversa de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración y de explotación para, después, demandar al Estado por negar dichos permisos.
Es decir: conociendo la decisión gubernamental de no permitir la minería metálica, las empresas extractivas piden licencias para operar, esperando que su petición sea rechaza, para luego exigir millonarias indemnizaciones.
Esto hacen Pacific Rim y Commerce Group, que piden 100 millones de dólares cada una en sus demandas procesadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), basadas en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
En tal sentido, El Salvador podría enfrentar próximamente 83 nuevas demandas en el CIADI o en cualquier otro tribunal corporativo, y pagar varios miles de millones de dólares, en caso de perder los respectivos arbitrajes.
Así, el interés real de las compañías mineras –que suscriben las 83 solicitudes de exploración y de explotación– no es extraer los minerales, sino conseguir dinero fácil demandando al Estado por negar los permisos. El negocio es demandar al país, para lograr millonarias indemnizaciones.
Frente a tan descarada estrategia, la solución es clara: prohibir en forma definitiva la minería metálica a través de una Ley, para evitar más solicitudes de exploración y de explotación presentadas por las tenebrosas empresas extractivas.
Dicha Ley también evitaría nuevas demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Ante esto, es oportuno reiterar el llamado a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento para que dictamen ya a favor de la propuesta de ley prohibitiva de la minería y, al pleno legislativo, a que la aprueben con extrema prioridad.
Los datos revelados por el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, debería ser el detonante de una fuerte movilización y presión ciudadana a favor de la aprobación de la referida Ley, para acabar con esta estrategia de extorsión de las empresas mineras.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 18 de octubre de 2010
NOTA DE PRENSA
Acontecimientos recientes confirman claramente la necesidad de prohibir en forma definitiva la minería de metales en nuestro país.
El primero es la preocupante declaración del ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, el pasado martes 12 del presente mes en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, referida a la existencia de 73 nuevas solicitudes de licencias de exploración minera y 10 solicitudes de permisos ambientales para explotar minerales. Por esta razón, el ministro expresó la intención gubernamental de establecer una moratoria, que cerraría las puertas a más solicitudes de empresas extractivas.
Y el segundo es el accidente que soterró a los 33 mineros en Chile, que fueron rescatados la semana pasada tras permanecer más de dos meses a 700 metros bajo tierra. El hecho, que algunos medios de comunicación convirtieron en “reality show”, demuestra los peligros de la extracción de metales del subsuelo. Diariamente suceden en diversos países del mundo derrumbes y explosiones en minas subterráneas en las que mueren decenas, cientos y hasta miles de mineros. Como casos emblemáticos pueden mencionarse la muerte de 65 mineros en México (febrero de 2008), 69 mineros fallecidos en Ucrania (noviembre de 2007) y 73 mineros muertos en China (febrero de 2009). En este país asiático, donde suceden accidentes mineros casi a diario, se registra la peor tragedia minera: la muerte de 1,572 mineros, debido a la explosión en una mina de carbón en 1942.
Ambos hechos demuestran cuán necesario es prohibir la minería metálica en forma definitiva, a través de una Ley.
El primer hecho devela la estrategia de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración para, después, demandar al Estado por negárselas, tal como hicieron Pacific Rim y Commerce Group; por lo que la aprobación de una Ley contra la minería es impostergable. Y el segundo expone algunos de los peligros que enfrenta el país, en caso de no prohibir la minería metálica, peligros que podemos evitar avalando una Ley prohibitiva de la minería de metales.
En tal sentido, es aplaudible que Monseñor José Luis Escobar haya pedido, en conferencia de prensa el pasado domingo 10 de octubre, la aprobación de una Ley contra la minería. Al llamado, planteado por el Arzobispo de San Salvador a la Asamblea Legislativa, debemos sumarnos todos los salvadoreños y salvadoreñas.
San Salvador, 19 de octubre de 2010.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El primero es la preocupante declaración del ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, el pasado martes 12 del presente mes en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, referida a la existencia de 73 nuevas solicitudes de licencias de exploración minera y 10 solicitudes de permisos ambientales para explotar minerales. Por esta razón, el ministro expresó la intención gubernamental de establecer una moratoria, que cerraría las puertas a más solicitudes de empresas extractivas.
Y el segundo es el accidente que soterró a los 33 mineros en Chile, que fueron rescatados la semana pasada tras permanecer más de dos meses a 700 metros bajo tierra. El hecho, que algunos medios de comunicación convirtieron en “reality show”, demuestra los peligros de la extracción de metales del subsuelo. Diariamente suceden en diversos países del mundo derrumbes y explosiones en minas subterráneas en las que mueren decenas, cientos y hasta miles de mineros. Como casos emblemáticos pueden mencionarse la muerte de 65 mineros en México (febrero de 2008), 69 mineros fallecidos en Ucrania (noviembre de 2007) y 73 mineros muertos en China (febrero de 2009). En este país asiático, donde suceden accidentes mineros casi a diario, se registra la peor tragedia minera: la muerte de 1,572 mineros, debido a la explosión en una mina de carbón en 1942.
Ambos hechos demuestran cuán necesario es prohibir la minería metálica en forma definitiva, a través de una Ley.
El primer hecho devela la estrategia de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración para, después, demandar al Estado por negárselas, tal como hicieron Pacific Rim y Commerce Group; por lo que la aprobación de una Ley contra la minería es impostergable. Y el segundo expone algunos de los peligros que enfrenta el país, en caso de no prohibir la minería metálica, peligros que podemos evitar avalando una Ley prohibitiva de la minería de metales.
En tal sentido, es aplaudible que Monseñor José Luis Escobar haya pedido, en conferencia de prensa el pasado domingo 10 de octubre, la aprobación de una Ley contra la minería. Al llamado, planteado por el Arzobispo de San Salvador a la Asamblea Legislativa, debemos sumarnos todos los salvadoreños y salvadoreñas.
San Salvador, 19 de octubre de 2010.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 12 de octubre de 2010
Acertada petición eclesial*
Consecuente con su postura de rechazo a la extracción de metales, la Iglesia Católica pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una Ley que prohíba esta nociva industria, tal como lo demandan las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El llamado al Parlamento lo hizo Monseñor José Luis Escobar Alas en su conferencia de prensa del pasado domingo 10 de octubre. “Como Iglesia le pedimos a los diputados que pronto promulguen la Ley (prohibitiva de la minería), que escuchen el clamor de la gente”, expresó el Arzobispo de San Salvador.
El jerarca religioso argumentó que los daños de la extracción de metales son irreversibles, por lo que la mayoría de la población rechaza esos tenebrosos proyectos. “Al hacer una encuesta se darán cuenta de que la gran mayoría de la población se opone a la explotación minera en el país”, declaró.
La solicitud de Monseñor Escobar Alas surge justo cuando la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa discute la propuesta de Ley que prohíba la minería metálica y regule adecuadamente la minería no metálica, presentada hace tres años.
Dicha instancia parlamentaria escuchó hace tres semanas los argumentos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y ayer recibió a los titulares del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales para conocer los suyos.
La petición del Arzobispo capitalino es consecuente con la postura antiminera expresada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) planteada en su pronunciamiento “Cuidemos la Casa de Todos”, publicado el 3 de mayo de 2007.
Por esta posición valiente, la CEDES fue víctima de vejámenes de Pacific Rim, empresa canadiense que ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Esta compañía minera enviaba a grupos de supuestos trabajadores a apostarse frente a Catedral Metropolita para insultar a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, a quien reclamaban por su digna postura de defensa del medioambiente y la vida.
La jerarquía católica también ha levantado su voz contra la minería transfronteriza, específicamente contra la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa (Guatemala), la cual podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el llamado de Monseñor Escobar Alas acelere la aprobación de la Ley contra la minería, y provoque la discusión de otras normativas ambientales urgentes: Ley General de Agua, Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, reformas a la Ley de Protección Civil, entre otras.
El Arzobispo de San Salvador también debería exigir la aprobación de la Ley de Medicamentos, Ley de Desarme, Ley de Partidos Políticos, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Convivencia Pacífica.
Todas las instituciones y sectores nacionales que, en distintos momentos, se han manifestado en contra de los proyectos mineros, deben ser consecuentes con dicha postura y seguir el ejemplo de Monseñor Escobar Alas: exigir al Parlamento la pronta aprobación de una Ley que prohíba la minería metálica.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El llamado al Parlamento lo hizo Monseñor José Luis Escobar Alas en su conferencia de prensa del pasado domingo 10 de octubre. “Como Iglesia le pedimos a los diputados que pronto promulguen la Ley (prohibitiva de la minería), que escuchen el clamor de la gente”, expresó el Arzobispo de San Salvador.
El jerarca religioso argumentó que los daños de la extracción de metales son irreversibles, por lo que la mayoría de la población rechaza esos tenebrosos proyectos. “Al hacer una encuesta se darán cuenta de que la gran mayoría de la población se opone a la explotación minera en el país”, declaró.
La solicitud de Monseñor Escobar Alas surge justo cuando la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa discute la propuesta de Ley que prohíba la minería metálica y regule adecuadamente la minería no metálica, presentada hace tres años.
Dicha instancia parlamentaria escuchó hace tres semanas los argumentos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y ayer recibió a los titulares del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales para conocer los suyos.
La petición del Arzobispo capitalino es consecuente con la postura antiminera expresada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) planteada en su pronunciamiento “Cuidemos la Casa de Todos”, publicado el 3 de mayo de 2007.
Por esta posición valiente, la CEDES fue víctima de vejámenes de Pacific Rim, empresa canadiense que ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Esta compañía minera enviaba a grupos de supuestos trabajadores a apostarse frente a Catedral Metropolita para insultar a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, a quien reclamaban por su digna postura de defensa del medioambiente y la vida.
La jerarquía católica también ha levantado su voz contra la minería transfronteriza, específicamente contra la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa (Guatemala), la cual podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el llamado de Monseñor Escobar Alas acelere la aprobación de la Ley contra la minería, y provoque la discusión de otras normativas ambientales urgentes: Ley General de Agua, Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, reformas a la Ley de Protección Civil, entre otras.
El Arzobispo de San Salvador también debería exigir la aprobación de la Ley de Medicamentos, Ley de Desarme, Ley de Partidos Políticos, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Convivencia Pacífica.
Todas las instituciones y sectores nacionales que, en distintos momentos, se han manifestado en contra de los proyectos mineros, deben ser consecuentes con dicha postura y seguir el ejemplo de Monseñor Escobar Alas: exigir al Parlamento la pronta aprobación de una Ley que prohíba la minería metálica.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 5 de octubre de 2010
Crítica válida y oportuna*
El congresista demócrata James McGovern criticó a la Fiscalía General de la República por negarse a investigar repudiables crímenes que permanecen impunes, a pesar de las constantes demandas de diversos sectores nacionales y de reconocidos actores de la comunidad internacional.
Para el prestigioso legislador estadounidense, existen problemas institucionales que constituyen serios obstáculos para la búsqueda de la justicia, la superación de la impunidad y para la consolidación democrática.
“Uno de estos obstáculos es la Fiscalía, donde muchos casos de asesinatos, corrupción, narcotráfico y lavado de dinero no avanzan”, señaló McGovern, al tiempo que pidió apoyar al Presidente Mauricio Funes y defendió a la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas, acosada por una comisión integrada por diputados de derecha.
El influyente congresista ha pedido a la Fiscalía en reiteradas ocasiones investigar el asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, los posibles vínculos del ex jefe de la DAN Godofredo Miranda con el narcotráfico, el asesinato de la niña Katya Miranda, entre otros casos sonados.
McGovern, incluso se reunió con el Fiscal General Romeo Barahona para solicitarle directamente una investigación profunda de dichos crímenes, durante su visita al país para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UCA, en noviembre del año pasado.
En aquella ocasión, el prestigioso funcionario estadounidense también pidió a Barahona investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, opositor a la minera canadiense Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Los señalamientos de McGovern fueron un día después de que el Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, acusara a la Fiscalía de no investigar unos cincuenta casos de corrupción cometidos por ex funcionarios de los gobiernos de ARENA.
Entre éstos destacan los delitos cometidos por el ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez, especialmente en la fallida construcción del Bulevar Diego de Holguín; el robo del dinero con que se construiría el Hospital de Maternidad y el entierro de medicamentos en un almacén del Ministerio de Salud, en los que podría estar involucrado el ex ministro Guillermo Maza; las anomalías en los ministerios de Gobernación y de Seguridad durante la administración del ex presidente Antonio Saca; entre otros.
Ninguno de ésos ha sido investigado por la Fiscalía, a pesar de las pruebas presentadas por Gerson Martínez, María Isabel Rodríguez y otros funcionarios del actual gobierno. Con esto la Fiscalía General de la República violenta el derecho a la justicia e incumple su función constitucional de perseguir los delitos.
Ante tal situación, la ciudadanía organizada y la población en general deben presionar a Barahona para que cambie de actitud o solicitar a la Asamblea Legislativa su destitución y la elección de un nuevo Fiscal General que tenga la voluntad política de hacer valer la legalidad en el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el prestigioso legislador estadounidense, existen problemas institucionales que constituyen serios obstáculos para la búsqueda de la justicia, la superación de la impunidad y para la consolidación democrática.
“Uno de estos obstáculos es la Fiscalía, donde muchos casos de asesinatos, corrupción, narcotráfico y lavado de dinero no avanzan”, señaló McGovern, al tiempo que pidió apoyar al Presidente Mauricio Funes y defendió a la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas, acosada por una comisión integrada por diputados de derecha.
El influyente congresista ha pedido a la Fiscalía en reiteradas ocasiones investigar el asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, los posibles vínculos del ex jefe de la DAN Godofredo Miranda con el narcotráfico, el asesinato de la niña Katya Miranda, entre otros casos sonados.
McGovern, incluso se reunió con el Fiscal General Romeo Barahona para solicitarle directamente una investigación profunda de dichos crímenes, durante su visita al país para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UCA, en noviembre del año pasado.
En aquella ocasión, el prestigioso funcionario estadounidense también pidió a Barahona investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, opositor a la minera canadiense Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Los señalamientos de McGovern fueron un día después de que el Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, acusara a la Fiscalía de no investigar unos cincuenta casos de corrupción cometidos por ex funcionarios de los gobiernos de ARENA.
Entre éstos destacan los delitos cometidos por el ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez, especialmente en la fallida construcción del Bulevar Diego de Holguín; el robo del dinero con que se construiría el Hospital de Maternidad y el entierro de medicamentos en un almacén del Ministerio de Salud, en los que podría estar involucrado el ex ministro Guillermo Maza; las anomalías en los ministerios de Gobernación y de Seguridad durante la administración del ex presidente Antonio Saca; entre otros.
Ninguno de ésos ha sido investigado por la Fiscalía, a pesar de las pruebas presentadas por Gerson Martínez, María Isabel Rodríguez y otros funcionarios del actual gobierno. Con esto la Fiscalía General de la República violenta el derecho a la justicia e incumple su función constitucional de perseguir los delitos.
Ante tal situación, la ciudadanía organizada y la población en general deben presionar a Barahona para que cambie de actitud o solicitar a la Asamblea Legislativa su destitución y la elección de un nuevo Fiscal General que tenga la voluntad política de hacer valer la legalidad en el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 28 de septiembre de 2010
Positiva actitud parlamentaria*
Si la actitud de los diputados y diputadas de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático es auténtica, la Asamblea Legislativa tiene disposición de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva.
Los miembros de dicha comisión parlamentaria mostraron total receptividad, el martes 21 de septiembre recién pasado, cuando representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica les expusieron las razones urgentes para aprobar una legislación prohibitiva de la extracción de oro y plata.
En la cita hubo diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto ARENA. Ante ellos, la Mesa insistió en los motivos para prohibir la minería metálica a través de una ley: descartar terminantemente la industria extractiva, evitar nuevas demandas de empresas mineras contra el Estado, eliminar el factor de violencia en Cabañas y tener más fuerza moral para exigir a Guatemala cerrar la mina Cerro Blanco.
La Mesa aprovechó la oportunidad para reforzar sus argumentos científico-técnicos sobre la inviabilidad ambiental, social y económica de la minería de metales preciosos en el país, mediante la intervención de la Dra. Dina Larios, geóloga de la Ohio University.
La científica salvadoreña-estadounidense destacó el carácter irreversible del drenaje ácido, la contaminación con metales pesados y los daños del cianuro. “Revertir estos efectos puede llevar decenas, cientos y hasta miles de años”, indicó a los legisladores que escuchaban atentos.
De igual forma insistió en las características territoriales, hídricas y poblacionales de El Salvador, que inviabilizan la minería metálica. “No es lo mismo una mina donde no hay casas en cien kilómetros a la redonda, que una en medio de comunidades y sobre mantos acuíferos”, ejemplificó la geóloga de Ohio.
Con la experiencia adquirida en sus estudios de minería en países como Chile, Brasil y Colombia, la Dra. Larios advirtió a los parlamentarios la dimensión de los daños al medioambiente y a la salud humana: “Con todo el deterioro ecológico actual, este país aún tiene futuro, porque la contaminación es reversible; pero el desarrollo de proyectos mineros cerraría toda posibilidad de recuperación ambiental”.
Por eso la destacada científica instó a los diputados a acelerar la prohibición de la explotación minera y aprobar medidas de reversión de la contaminación, especialmente de los recursos hídricos, llamando especialmente a reducir los niveles de contaminación del Río Lempa, afluente del que depende la vida del país. Así mismo se refirió a la necesidad de detener proyectos mineros transfronterizos, como Cerro Blanco, en Jutiapa Guatemala, cerca de nuestra frontera.
Todos los diputados declararon apoyo a una ley prohibitiva de la extracción de metales. Incluso un diputado del PCN, partido que antes respaldaba la ley permisiva de la minería impulsada por Pacific Rim, sugirió impulsar desde el SICA y el PARLACEN normativas antimineras en los países vecinos porque “si no, de poco servirá que nosotros lo hagamos”.
La coyuntura es propicia para que todos los sectores sociales, académicos, religiosos y empresariales salvadoreños demanden de la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley que prohíba la exploración y explotación minera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Los miembros de dicha comisión parlamentaria mostraron total receptividad, el martes 21 de septiembre recién pasado, cuando representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica les expusieron las razones urgentes para aprobar una legislación prohibitiva de la extracción de oro y plata.
En la cita hubo diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto ARENA. Ante ellos, la Mesa insistió en los motivos para prohibir la minería metálica a través de una ley: descartar terminantemente la industria extractiva, evitar nuevas demandas de empresas mineras contra el Estado, eliminar el factor de violencia en Cabañas y tener más fuerza moral para exigir a Guatemala cerrar la mina Cerro Blanco.
La Mesa aprovechó la oportunidad para reforzar sus argumentos científico-técnicos sobre la inviabilidad ambiental, social y económica de la minería de metales preciosos en el país, mediante la intervención de la Dra. Dina Larios, geóloga de la Ohio University.
La científica salvadoreña-estadounidense destacó el carácter irreversible del drenaje ácido, la contaminación con metales pesados y los daños del cianuro. “Revertir estos efectos puede llevar decenas, cientos y hasta miles de años”, indicó a los legisladores que escuchaban atentos.
De igual forma insistió en las características territoriales, hídricas y poblacionales de El Salvador, que inviabilizan la minería metálica. “No es lo mismo una mina donde no hay casas en cien kilómetros a la redonda, que una en medio de comunidades y sobre mantos acuíferos”, ejemplificó la geóloga de Ohio.
Con la experiencia adquirida en sus estudios de minería en países como Chile, Brasil y Colombia, la Dra. Larios advirtió a los parlamentarios la dimensión de los daños al medioambiente y a la salud humana: “Con todo el deterioro ecológico actual, este país aún tiene futuro, porque la contaminación es reversible; pero el desarrollo de proyectos mineros cerraría toda posibilidad de recuperación ambiental”.
Por eso la destacada científica instó a los diputados a acelerar la prohibición de la explotación minera y aprobar medidas de reversión de la contaminación, especialmente de los recursos hídricos, llamando especialmente a reducir los niveles de contaminación del Río Lempa, afluente del que depende la vida del país. Así mismo se refirió a la necesidad de detener proyectos mineros transfronterizos, como Cerro Blanco, en Jutiapa Guatemala, cerca de nuestra frontera.
Todos los diputados declararon apoyo a una ley prohibitiva de la extracción de metales. Incluso un diputado del PCN, partido que antes respaldaba la ley permisiva de la minería impulsada por Pacific Rim, sugirió impulsar desde el SICA y el PARLACEN normativas antimineras en los países vecinos porque “si no, de poco servirá que nosotros lo hagamos”.
La coyuntura es propicia para que todos los sectores sociales, académicos, religiosos y empresariales salvadoreños demanden de la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley que prohíba la exploración y explotación minera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
jueves, 23 de septiembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
El martes 21 de septiembre, el Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los autores materiales del asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera; y, un día después, la Fiscalía General de la República cerró el caso, sin investigar a los responsables intelectuales de dicho crímen.
Ante estos hechos, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Consideramos positiva la resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia que condena a los ejecutores materiales del asesinato de Marcelo Rivera, en tanto constituye un paso inicial en el camino hacia la justicia por todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
2. Rechazamos la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso, pues niega la posibilidad de investigar a los hechores intelectuales del horrendo crimen.
Por tanto, exigimos lo siguiente:
1. Que la Fiscalía abra líneas de investigación que conduzcan a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Marcelo Rivera. Una de estas líneas puede ser la autoría de las sistemáticas amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que sufrió, por oponerse a la minería de Pacific Rim y por criticar a uno de sus principales lacayos en Cabañas: José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro. Otra línea de investigación podría ser la procedencia de las fuertes sumas de dinero, con la que fueron pagados los sicarios.
2. Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investiguen a todos los autores intelectuales y materiales de los demás crímenes contra miembros de la resistencia comunitaria a los proyectos de Pacific Rim: el asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de organizaciones comunitarias de Cabañas.
Si eso no sucede, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llevará estos casos a instituciones de justicia internacional, al tiempo que podría demandar a las autoridades fiscales y policiales por incumplir su función constitucional de perseguir el delito y por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordena una investigación integral, exhaustiva y profunda de todos los crímenes contra opositores a la minería de Pacific Rim.
San Salvador, 23 de septiembre de 2010.
Ante estos hechos, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Consideramos positiva la resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia que condena a los ejecutores materiales del asesinato de Marcelo Rivera, en tanto constituye un paso inicial en el camino hacia la justicia por todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
2. Rechazamos la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso, pues niega la posibilidad de investigar a los hechores intelectuales del horrendo crimen.
Por tanto, exigimos lo siguiente:
1. Que la Fiscalía abra líneas de investigación que conduzcan a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Marcelo Rivera. Una de estas líneas puede ser la autoría de las sistemáticas amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que sufrió, por oponerse a la minería de Pacific Rim y por criticar a uno de sus principales lacayos en Cabañas: José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro. Otra línea de investigación podría ser la procedencia de las fuertes sumas de dinero, con la que fueron pagados los sicarios.
2. Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investiguen a todos los autores intelectuales y materiales de los demás crímenes contra miembros de la resistencia comunitaria a los proyectos de Pacific Rim: el asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de organizaciones comunitarias de Cabañas.
Si eso no sucede, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llevará estos casos a instituciones de justicia internacional, al tiempo que podría demandar a las autoridades fiscales y policiales por incumplir su función constitucional de perseguir el delito y por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordena una investigación integral, exhaustiva y profunda de todos los crímenes contra opositores a la minería de Pacific Rim.
San Salvador, 23 de septiembre de 2010.
martes, 21 de septiembre de 2010
¡Bienvenida la justicia!*
El Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los asesinos materiales de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, tras concluir la vista pública de dos días. Después de escuchar una veintena de testimonios y las declaraciones de un cómplice criteriado con oportunidad, que fueron contrastadas con las pruebas periciales, el tribunal mandó a la cárcel por cuarenta años a los principales criminales.
Ambientalista, promotor cultural y dirigente político, Gustavo Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Destacaba por su oposición a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim y por sus críticas a la gestión del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Este acto de justicia es resultado de la lucha de los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de importantes actores de la comunidad internacional que demandan justicia contra los responsables de los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
El proceso fue difícil, pues desde el inicio las autoridades fiscales y policiales omitieron investigar a los responsables intelectuales, definieron el caso como de delincuencia común y capturaron únicamente a pandilleros que actuaron como sicarios. Luego, la audiencia inicial fue suspendida tres veces; pero finalmente el proceso concluyó con la condena de los asesinos materiales.
Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia no es el final, sino el inicio de la lucha por la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de todos los crímenes contra opositores a las actividades mineras.
Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables intelectuales y demás autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Así, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán indagar la procedencia de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió por su postura antiminera y sus críticas al alcalde de San Isidro.
De igual forma, aumentará la exigencia de identificar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim.
Aquí, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán investigar, entre otras cosas, la procedencia de las fuertes sumas dinero utilizado para pagar a los sicarios que acribillaron a Ramiro y Dora, en medio de la conflictividad provocada por la presencia de Pacific Rim.
Ante la falta de investigaciones en los casos de amenazas a reporteros de Radio Victoria, atentado contra el padre Quintanilla y demás delitos contra defensores del medioambiente, la Mesa podría demandar a la Fiscalía y Policía por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incumplir su función constitucional de persecución del delito.
Por ahora, la condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno es una señal de la justicia posible. Entonces, ¡Bienvenida la justicia!
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ambientalista, promotor cultural y dirigente político, Gustavo Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Destacaba por su oposición a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim y por sus críticas a la gestión del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Este acto de justicia es resultado de la lucha de los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de importantes actores de la comunidad internacional que demandan justicia contra los responsables de los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
El proceso fue difícil, pues desde el inicio las autoridades fiscales y policiales omitieron investigar a los responsables intelectuales, definieron el caso como de delincuencia común y capturaron únicamente a pandilleros que actuaron como sicarios. Luego, la audiencia inicial fue suspendida tres veces; pero finalmente el proceso concluyó con la condena de los asesinos materiales.
Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia no es el final, sino el inicio de la lucha por la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de todos los crímenes contra opositores a las actividades mineras.
Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables intelectuales y demás autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Así, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán indagar la procedencia de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió por su postura antiminera y sus críticas al alcalde de San Isidro.
De igual forma, aumentará la exigencia de identificar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim.
Aquí, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán investigar, entre otras cosas, la procedencia de las fuertes sumas dinero utilizado para pagar a los sicarios que acribillaron a Ramiro y Dora, en medio de la conflictividad provocada por la presencia de Pacific Rim.
Ante la falta de investigaciones en los casos de amenazas a reporteros de Radio Victoria, atentado contra el padre Quintanilla y demás delitos contra defensores del medioambiente, la Mesa podría demandar a la Fiscalía y Policía por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incumplir su función constitucional de persecución del delito.
Por ahora, la condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno es una señal de la justicia posible. Entonces, ¡Bienvenida la justicia!
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
domingo, 19 de septiembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA: Comunidades de Cabañas y Mesa Nacional frente a la Minería Metálica exigimos justicia
Este día inicia la vista pública contra presuntos autores materiales del asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, en el Tribunal Especializado “B” de Sentencia.
Ante esto, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Exigimos al juez, que resolverá sobre el caso, condenar a los detenidos: seis de los pandilleros que actuaron como sicarios en la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo, crímenes perpetrados en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco (Cabañas). Si no lo hace, sentará un nefasto precedente de impunidad y dejará mal parado al Estado salvadoreño ante la Comunidad Internacional que espera justicia.
2. Demandamos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil abrir líneas de investigación que permitan identificar a los responsables intelectuales de dichos crímenes. En tal sentido, debe investigarse la procedencia de las amenazas, persecuciones y atentados que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a sus críticas al alcalde de San Isidro (Cabañas), José Ignacio Bautista.
3. Exhortamos a la Fiscalía y Policía que cumpla con la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les ordena investigar a los autores intelectuales y materiales de todos los crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a la explotación minera: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas a periodistas de Radio Victoria, intentos de asesinato contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas y otras vejaciones contra activistas antimineros.
San Salvador, 20 de septiembre de 2010.
Ante esto, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Exigimos al juez, que resolverá sobre el caso, condenar a los detenidos: seis de los pandilleros que actuaron como sicarios en la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo, crímenes perpetrados en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco (Cabañas). Si no lo hace, sentará un nefasto precedente de impunidad y dejará mal parado al Estado salvadoreño ante la Comunidad Internacional que espera justicia.
2. Demandamos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil abrir líneas de investigación que permitan identificar a los responsables intelectuales de dichos crímenes. En tal sentido, debe investigarse la procedencia de las amenazas, persecuciones y atentados que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a sus críticas al alcalde de San Isidro (Cabañas), José Ignacio Bautista.
3. Exhortamos a la Fiscalía y Policía que cumpla con la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les ordena investigar a los autores intelectuales y materiales de todos los crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a la explotación minera: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas a periodistas de Radio Victoria, intentos de asesinato contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas y otras vejaciones contra activistas antimineros.
San Salvador, 20 de septiembre de 2010.
martes, 14 de septiembre de 2010
Justicia posible*
El próximo lunes 20 de septiembre se efectuará la vista pública en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, en el Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador. Estos horrendos crímenes sucedieron en junio de 2009, en una zona rural de Ilobasco, Cabañas.
Los enjuiciados son presuntos autores materiales: seis pandilleros que habrían actuado como sicarios, contratados por responsables intelectuales que aún no han sido investigados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
El proceso ha sido tortuoso, pues la audiencia inicial fue suspendida en tres ocasiones consecutivas. Sin embargo, la permanente demanda de familiares y compañeros de lucha de Gustavo Marcelo obligó la realización de dicha audiencia el pasado 31 de julio. El tribunal ordenó juzgar a los acusados.
Esta constante exigencia de justicia ha sido respaldada por las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por prestigiosos actores de la comunidad internacional: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el congresista James McGovern, entre otros.
En tal sentido, el juicio contra los presuntos autores materiales en este caso es una oportunidad para comenzar la aplicación de justicia contra los responsables de crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esto, porque una eventual condena de los acusados abriría las puertas al enjuiciamiento de todos los autores intelectuales y demás responsables materiales de las amenazas de muerte, atentados y asesinatos de defensores del medioambiente; y terminaría la impunidad que deja al gobierno mal parado ante la población y hace ver mal al país frente al mundo.
Es decir, a la posible condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno, podría seguir la investigación de los autores intelectuales del mismo; así como la condena de los responsables intelectuales y materiales de asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas.
Así, la importancia de que todas las organizaciones de la sociedad civil exijan, al Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador, condenar a los acusados; ya que si esto no sucede se sentará un precedente nefasto para las posibilidades de hacer justicia por los crímenes contra los opositores de Pacific Rim.
En este contexto, el país debe plantear la necesidad de prevenir nuevos actos de violencia minera, aprobando cuanto antes una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Dicha normativa, al obligar el retiro de las empresas extractivas, acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas: la presencia de Pacific Rim.
Esta propuesta de ley, presentada por la Mesa Nacional frente la Minería Metálica en 2007, se encuentra en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa; pero su discusión va a paso lento, sin la urgencia que la situación demanda.
Esto a pesar de la postura favorable expresada por la mayoría de grupos parlamentarios y el apoyo del Ejecutivo, declarado recientemente por el Presidente de la República, Mauricio Funes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Los enjuiciados son presuntos autores materiales: seis pandilleros que habrían actuado como sicarios, contratados por responsables intelectuales que aún no han sido investigados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
El proceso ha sido tortuoso, pues la audiencia inicial fue suspendida en tres ocasiones consecutivas. Sin embargo, la permanente demanda de familiares y compañeros de lucha de Gustavo Marcelo obligó la realización de dicha audiencia el pasado 31 de julio. El tribunal ordenó juzgar a los acusados.
Esta constante exigencia de justicia ha sido respaldada por las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por prestigiosos actores de la comunidad internacional: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el congresista James McGovern, entre otros.
En tal sentido, el juicio contra los presuntos autores materiales en este caso es una oportunidad para comenzar la aplicación de justicia contra los responsables de crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esto, porque una eventual condena de los acusados abriría las puertas al enjuiciamiento de todos los autores intelectuales y demás responsables materiales de las amenazas de muerte, atentados y asesinatos de defensores del medioambiente; y terminaría la impunidad que deja al gobierno mal parado ante la población y hace ver mal al país frente al mundo.
Es decir, a la posible condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno, podría seguir la investigación de los autores intelectuales del mismo; así como la condena de los responsables intelectuales y materiales de asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas.
Así, la importancia de que todas las organizaciones de la sociedad civil exijan, al Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador, condenar a los acusados; ya que si esto no sucede se sentará un precedente nefasto para las posibilidades de hacer justicia por los crímenes contra los opositores de Pacific Rim.
En este contexto, el país debe plantear la necesidad de prevenir nuevos actos de violencia minera, aprobando cuanto antes una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Dicha normativa, al obligar el retiro de las empresas extractivas, acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas: la presencia de Pacific Rim.
Esta propuesta de ley, presentada por la Mesa Nacional frente la Minería Metálica en 2007, se encuentra en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa; pero su discusión va a paso lento, sin la urgencia que la situación demanda.
Esto a pesar de la postura favorable expresada por la mayoría de grupos parlamentarios y el apoyo del Ejecutivo, declarado recientemente por el Presidente de la República, Mauricio Funes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Complicidad estadounidense
El gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad en las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial que podría obligar al país a pagar 200 millones de dólares a esas compañías extractivas.
Primero porque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), que hoy sirve a las empresas mineras como plataforma jurídica para enjuiciar a los Estados que no obedecen a sus intereses, fue impuesto por el Congreso estadounidense, a iniciativa de la nefasta administración Bush.
Dicho acuerdo comercial, que podría ser revertido por los valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue aprobado en forma inconsulta y contrariando principios constitucionales básicos: sus Capítulos de Inversión y de Solución de Controversias ponen al país de rodillas ante los designios de las corporaciones transnacionales.
Las disposiciones referidas a la “expropiación indirecta”, “trato nacional” y de “nación más favorecida” son verdaderas aberraciones jurídicas que menoscaban el principio de soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y las posibilidades estatales de implementación de políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos humanos.
La más absurda de éstas es la “expropiación indirecta” que, según el CAFTA-DR, es cualquier acción u omisión gubernamental que afecte las ganancias y perspectivas de ganancias de los inversionistas. Por ejemplo: una normativa ambiental que obligue a las empresas a invertir en tecnologías menos contaminantes, leyes que establezcan mejores condiciones laborales, etc.
Bajo esta lógica, las compañías mineras en cuestión consideran “expropiación indirecta” la oposición del gobierno salvadoreño a la minería de metales: la negación del permiso de explotación a Pacific Rim en San Isidro (Cabañas) y la suspensión de la licencia de operación a Commerce Group en Santa Rosa de Lima (La Unión).
Las demás disposiciones señaladas del CAFTA-DR son también perjudiciales. Por ejemplo, el “trato nacional” obliga a los Estados a dar a las transnacionales los mismos beneficios que a empresas nacionales. En tal sentido, CNN puede ser subsidiada tanto como una radio comunitaria que sea favorecida por programas de promoción de la cultura local.
En segundo lugar, Estados Unidos es cómplice de Pacific Rim y Commerce Group por apoyar sus gestiones de arbitraje. En el caso de Commerce Group el respaldo es lógico, porque es compañía estadounidense; aunque inaceptable, en tanto ha cometido graves delitos ambientales, entre estos la contaminación del Río San Sebastián.
Sin embargo, la ayuda a Pacific Rim es un escándalo, ya que las autoridades estadounidenses concedieron la nacionalidad a dicha minera canadiense para que, estableciendo una cede en Estados Unidos, pudiera acogerse al CAFTA-DR, como empresa estadounidense, y enjuiciar al Estado salvadoreño por rechazar sus proyectos extractivos.
Por tanto, el gobierno de EE.UU., igual que el canadiense, son cómplices de las compañías mineras que extorsionan a El Salvador con millonarias demandas en el CIADI. El gobierno de Canadá, para no quedarse atrás, presiona a los países centroamericanos con la firma de un tratado comercial, tal como lo hizo su homólogo estadounidense con el CAFTA-DR.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Primero porque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), que hoy sirve a las empresas mineras como plataforma jurídica para enjuiciar a los Estados que no obedecen a sus intereses, fue impuesto por el Congreso estadounidense, a iniciativa de la nefasta administración Bush.
Dicho acuerdo comercial, que podría ser revertido por los valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue aprobado en forma inconsulta y contrariando principios constitucionales básicos: sus Capítulos de Inversión y de Solución de Controversias ponen al país de rodillas ante los designios de las corporaciones transnacionales.
Las disposiciones referidas a la “expropiación indirecta”, “trato nacional” y de “nación más favorecida” son verdaderas aberraciones jurídicas que menoscaban el principio de soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y las posibilidades estatales de implementación de políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos humanos.
La más absurda de éstas es la “expropiación indirecta” que, según el CAFTA-DR, es cualquier acción u omisión gubernamental que afecte las ganancias y perspectivas de ganancias de los inversionistas. Por ejemplo: una normativa ambiental que obligue a las empresas a invertir en tecnologías menos contaminantes, leyes que establezcan mejores condiciones laborales, etc.
Bajo esta lógica, las compañías mineras en cuestión consideran “expropiación indirecta” la oposición del gobierno salvadoreño a la minería de metales: la negación del permiso de explotación a Pacific Rim en San Isidro (Cabañas) y la suspensión de la licencia de operación a Commerce Group en Santa Rosa de Lima (La Unión).
Las demás disposiciones señaladas del CAFTA-DR son también perjudiciales. Por ejemplo, el “trato nacional” obliga a los Estados a dar a las transnacionales los mismos beneficios que a empresas nacionales. En tal sentido, CNN puede ser subsidiada tanto como una radio comunitaria que sea favorecida por programas de promoción de la cultura local.
En segundo lugar, Estados Unidos es cómplice de Pacific Rim y Commerce Group por apoyar sus gestiones de arbitraje. En el caso de Commerce Group el respaldo es lógico, porque es compañía estadounidense; aunque inaceptable, en tanto ha cometido graves delitos ambientales, entre estos la contaminación del Río San Sebastián.
Sin embargo, la ayuda a Pacific Rim es un escándalo, ya que las autoridades estadounidenses concedieron la nacionalidad a dicha minera canadiense para que, estableciendo una cede en Estados Unidos, pudiera acogerse al CAFTA-DR, como empresa estadounidense, y enjuiciar al Estado salvadoreño por rechazar sus proyectos extractivos.
Por tanto, el gobierno de EE.UU., igual que el canadiense, son cómplices de las compañías mineras que extorsionan a El Salvador con millonarias demandas en el CIADI. El gobierno de Canadá, para no quedarse atrás, presiona a los países centroamericanos con la firma de un tratado comercial, tal como lo hizo su homólogo estadounidense con el CAFTA-DR.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 31 de agosto de 2010
A salvo del peligro*
El accidente que mantiene sepultados a treinta y tres mineros en el norte de Chile refleja los peligros de la extracción de metales del subsuelo con el método de minería subterránea, que consiste en cavar túneles incluso más abajo de los setecientos metros de profundidad de la mina San José.
Las empresas extractivas suelen presentar la minería subterránea como un modelo menos contaminante y peligroso, con respecto a la minería a cielo abierto. Sin embargo, el referido caso chileno y muchos otros accidentes en países como México, China o China, demuestran lo contrario.
El peligro es mayor en lugares de riesgo sísmico, pues incrementa la posibilidad de derrumbes al interior de los túneles que llegan hasta las vetas de metales preciosos. En la mayoría de estos accidentes, los mineros atrapados mueren de inmediato debido a la falta de oxígeno.
En tal sentido, el accidente minero en Chile debe ratificar la decisión del gobierno salvadoreño de impedir estos proyectos de Pacific Rim y otras compañías extractivas. Recordemos que la mina que pretendía instalar en San Isidro, Cabañas, estaba diseñada como subterránea.
Otros accidentes peligrosos en los proyectos mineros tienen que ver con el derrame de cianuro y otros químicos tóxicos utilizados para separar el oro y plata del resto de metales. Estos fueron abordados en el artículo “Minería: una industria accidentada” (Co Latino, 15 de oct. de 2008).
En estos casos los vertidos contaminan irreversiblemente ríos y mantos acuíferos, y acaban con diversas especies acuáticas y terrestres. Los intentos de recuperación de los afluentes cuestan millones de dólares a los gobiernos, que sacrifican inversiones sociales para atender daños mineros.
Casi siempre esto sucede cuando los depósitos de colas, lagunas donde las mineras depositan sus desechos, sucumben ante huracanes o su membrana se rompe a causa de movimientos telúricos. Pacific Rim iba a construir un depósito de residuos en un terreno cercano a varias comunidades.
Ahora que inicia la discusión sobre la ley que prohíba la minería de metales, en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, el país entero debe movilizarse y presionar a los diputados y diputadas para que aprueben cuanto antes dicha normativa.
En teoría todos los grupos parlamentarios están a favor de prohibir la explotación minera, excepto el PCN que en su momento abanderó una propuesta de ley permisiva de la minería, elaborada por un reconocido ex canciller y ex candidato presidencial, empleado de Pacific Rim.
La referida comisión parlamentaria, presidida casualmente por el pecenista Ciro Zepeda, pasó dilatando la discusión durante más de un mes; pero la semana pasada el debate comenzó. Los legisladores ya tienen respaldo del Ejecutivo, pues el Presidente Funes avala la propuesta de ley.
El próximo 21 de septiembre, una delegación de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará a los parlamentarios sus argumentos a favor de la iniciativa, entre los que reitera la urgencia de evitar más demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Todos los ojos están sobre la Asamblea Legislativa, que tiene la responsabilidad de prohibir en forma definitiva la exploración y explotación minera para poner al país a salvo del peligro.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Las empresas extractivas suelen presentar la minería subterránea como un modelo menos contaminante y peligroso, con respecto a la minería a cielo abierto. Sin embargo, el referido caso chileno y muchos otros accidentes en países como México, China o China, demuestran lo contrario.
El peligro es mayor en lugares de riesgo sísmico, pues incrementa la posibilidad de derrumbes al interior de los túneles que llegan hasta las vetas de metales preciosos. En la mayoría de estos accidentes, los mineros atrapados mueren de inmediato debido a la falta de oxígeno.
En tal sentido, el accidente minero en Chile debe ratificar la decisión del gobierno salvadoreño de impedir estos proyectos de Pacific Rim y otras compañías extractivas. Recordemos que la mina que pretendía instalar en San Isidro, Cabañas, estaba diseñada como subterránea.
Otros accidentes peligrosos en los proyectos mineros tienen que ver con el derrame de cianuro y otros químicos tóxicos utilizados para separar el oro y plata del resto de metales. Estos fueron abordados en el artículo “Minería: una industria accidentada” (Co Latino, 15 de oct. de 2008).
En estos casos los vertidos contaminan irreversiblemente ríos y mantos acuíferos, y acaban con diversas especies acuáticas y terrestres. Los intentos de recuperación de los afluentes cuestan millones de dólares a los gobiernos, que sacrifican inversiones sociales para atender daños mineros.
Casi siempre esto sucede cuando los depósitos de colas, lagunas donde las mineras depositan sus desechos, sucumben ante huracanes o su membrana se rompe a causa de movimientos telúricos. Pacific Rim iba a construir un depósito de residuos en un terreno cercano a varias comunidades.
Ahora que inicia la discusión sobre la ley que prohíba la minería de metales, en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, el país entero debe movilizarse y presionar a los diputados y diputadas para que aprueben cuanto antes dicha normativa.
En teoría todos los grupos parlamentarios están a favor de prohibir la explotación minera, excepto el PCN que en su momento abanderó una propuesta de ley permisiva de la minería, elaborada por un reconocido ex canciller y ex candidato presidencial, empleado de Pacific Rim.
La referida comisión parlamentaria, presidida casualmente por el pecenista Ciro Zepeda, pasó dilatando la discusión durante más de un mes; pero la semana pasada el debate comenzó. Los legisladores ya tienen respaldo del Ejecutivo, pues el Presidente Funes avala la propuesta de ley.
El próximo 21 de septiembre, una delegación de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará a los parlamentarios sus argumentos a favor de la iniciativa, entre los que reitera la urgencia de evitar más demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Todos los ojos están sobre la Asamblea Legislativa, que tiene la responsabilidad de prohibir en forma definitiva la exploración y explotación minera para poner al país a salvo del peligro.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 24 de agosto de 2010
Respaldo presidencial a ley antiminera*
El Presidente de la República, Mauricio Funes, se pronunció, el pasado 21 de agosto, a favor de una ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva.
En declaraciones posteriores al recibimiento de la propuesta de política pública para la juventud, el Presidente mostró voluntad de respaldar el proyecto de nueva ley de minería que impulsa la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde finales de 2007.
Funes dijo a los medios de comunicación estar dispuesto a llevar dicha propuesta de ley a discusión con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con los que su gobierno logra consensos en otros temas.
Como reacción, representantes de la Mesa expresaron ayer, en conferencia de prensa, su satisfacción por las referidas declaraciones del Presidente, a las que calificaron como “un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno”.
La Mesa recordó que Funes “se comprometió a no permitir los proyectos mineros, primero como candidato y después ya como Presidente, pero se negaba a impulsar una ley que los prohíba argumentando que sus palabras eran suficientes”.
“Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera, es un aplaudible cambio de actitud”, plantea el posicionamiento de la Mesa.
Para tomar la palabra a Funes, la Mesa anunció que en los próximos días le entregará su proyecto de ley para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
Dicha propuesta de ley, que se encuentra en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento, prohíbe expresamente la minería metálica y regula más estrictamente la minería no metálica.
Según la Mesa, esta ley es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group, compañías mineras que exigen al país millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación.
Esta ley también terminaría la violencia minera, al obligar la retirada de las empresas; y daría más fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el respaldo presidencial al proyecto de ley prohibitiva de la minería mueva a los diputados, que aún no pueden discutirla, porque el presidente de la comisión respectiva se niega a convocarla, tras varios meses de haber sido creada.
La postura del Presidente Funes también va a generar el respaldo de todas las instituciones y sectores sociales, políticos, económicos, académicos y religiosos del país, a dicha propuesta de ley para que la Asamblea Legislativa la apruebe lo más pronto posible.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
En declaraciones posteriores al recibimiento de la propuesta de política pública para la juventud, el Presidente mostró voluntad de respaldar el proyecto de nueva ley de minería que impulsa la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde finales de 2007.
Funes dijo a los medios de comunicación estar dispuesto a llevar dicha propuesta de ley a discusión con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con los que su gobierno logra consensos en otros temas.
Como reacción, representantes de la Mesa expresaron ayer, en conferencia de prensa, su satisfacción por las referidas declaraciones del Presidente, a las que calificaron como “un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno”.
La Mesa recordó que Funes “se comprometió a no permitir los proyectos mineros, primero como candidato y después ya como Presidente, pero se negaba a impulsar una ley que los prohíba argumentando que sus palabras eran suficientes”.
“Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera, es un aplaudible cambio de actitud”, plantea el posicionamiento de la Mesa.
Para tomar la palabra a Funes, la Mesa anunció que en los próximos días le entregará su proyecto de ley para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
Dicha propuesta de ley, que se encuentra en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento, prohíbe expresamente la minería metálica y regula más estrictamente la minería no metálica.
Según la Mesa, esta ley es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group, compañías mineras que exigen al país millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación.
Esta ley también terminaría la violencia minera, al obligar la retirada de las empresas; y daría más fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
Ojalá el respaldo presidencial al proyecto de ley prohibitiva de la minería mueva a los diputados, que aún no pueden discutirla, porque el presidente de la comisión respectiva se niega a convocarla, tras varios meses de haber sido creada.
La postura del Presidente Funes también va a generar el respaldo de todas las instituciones y sectores sociales, políticos, económicos, académicos y religiosos del país, a dicha propuesta de ley para que la Asamblea Legislativa la apruebe lo más pronto posible.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
COMUNICADO DE PRENSA
El Presidente de la República, Mauricio Funes, se pronunció, el 21 de agosto recién pasado, a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales en el país.
El Mandatario mostró disposición de apoyar el proyecto de ley, propuesto por la Mesa Nacional frente a la Minería, y discutirlo con los partidos políticos representados en el Parlamento.
Ante dichas declaraciones presidenciales, la Mesa expresa lo siguiente:
En primer lugar, saluda con satisfacción las declaraciones del Presidente Funes, ya que constituyen un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno.
El Mandatario se comprometió a no permitir los proyectos mineros, como candidato presidencial, primero, y después ya como Jefe de Estado; sin embargo, se negaba a impulsar una ley que los prohíba, argumentando que sus palabras eran suficientes.
Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera es un aplaudible cambio de actitud.
Y en segundo lugar, la Mesa anuncia que en los próximos días entregará al Presidente Funes su propuesta de Ley, presentada a la Asamblea Legislativa en octubre de 2007, para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que la Ley que prohíba la minería de metales es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group que exigen millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación minera.
Esta Ley también acabará con el factor de violencia en Cabañas, pues obligará la retirada de las empresas mineras; y dará mayor fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
San Salvador, 24 de agosto de 2010.
El Mandatario mostró disposición de apoyar el proyecto de ley, propuesto por la Mesa Nacional frente a la Minería, y discutirlo con los partidos políticos representados en el Parlamento.
Ante dichas declaraciones presidenciales, la Mesa expresa lo siguiente:
En primer lugar, saluda con satisfacción las declaraciones del Presidente Funes, ya que constituyen un giro importante en el abordaje de la problemática minera por parte del actual gobierno.
El Mandatario se comprometió a no permitir los proyectos mineros, como candidato presidencial, primero, y después ya como Jefe de Estado; sin embargo, se negaba a impulsar una ley que los prohíba, argumentando que sus palabras eran suficientes.
Por tanto, su reciente disposición de respaldar una legislación que prohíba definitivamente la exploración y explotación minera es un aplaudible cambio de actitud.
Y en segundo lugar, la Mesa anuncia que en los próximos días entregará al Presidente Funes su propuesta de Ley, presentada a la Asamblea Legislativa en octubre de 2007, para que le dé iniciativa, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que la Ley que prohíba la minería de metales es necesaria para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, como las de Pacific Rim y Commerce Group que exigen millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación minera.
Esta Ley también acabará con el factor de violencia en Cabañas, pues obligará la retirada de las empresas mineras; y dará mayor fuerza moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco cerrar la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa.
San Salvador, 24 de agosto de 2010.
martes, 17 de agosto de 2010
Mentiras y confesiones*
Mentiras y confesiones*
La mentira es la base de la estrategia de Pacific Rim. Al gobierno intentó sorprenderlo con mentiras, diciendo que sus actividades no causarían ningún daño, para que le otorgara permisos de explotación minera. Sin embargo, secó afluentes, generó violencia y compró voluntades.
Con mentiras también quiso lograr su “licencia social”, tratando de engañar a las comunidades de Cabañas, y a la población en general, sobre falsos beneficios económicos y aportes al desarrollo. Todos recordamos la feroz campaña publicitaria sobre la “minería verde”, en la que Pacific Rim gastó varios de los 100 millones de dólares que hoy nos exige como indemnización.
La misma estrategia mentirosa usa para sostener su demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Pacific Rim dice que El Salvador violó sus derechos, derechos que nunca adquirió porque los permisos de explotación no son automáticos, sino que dependen de requisitos que Pacific Rim incumplió: no superó las observaciones ambientales, no hizo un estudio de factibilidad y no era propietaria de toda el área donde pretendía operar.
Otra mentira con que Pacific Rim engaña al CIADI consiste en presentarse como empresa estadounidense, para ampararse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR). Pacific Rim es canadiense, y cambió su nacionalidad después de surgida la controversia legal para demandar al país a través del CAFTA-DR.
Aquí Pacific Rim también miente por omisión: no revela al CIADI que los hechos denunciados son anteriores a la entrada en vigencia del CAFTA-DR. Es decir, oculta otro dato que desvirtúa su demanda: el gobierno salvadoreño negó el permiso de explotación en 2004 y el CAFTA-DR se implementó en 2006; y, al no ser retroactivo, la demanda no procede bajo sus disposiciones.
A diferencia de Pacific Rim, que oculta los pecados que comete, la Embajada de Canadá en El Salvador no tiene vergüenza para admitirlos. En una carta dirigida a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fechada 29 de julio de 2010 y firmada por la embajadora Claire A. Paulin, confiesa que el gobierno canadiense apoya a las compañías mineras.
“El gobierno de mi país ha demostrado mucho interés hacia los retos asociados al desarrollo del sector extractivo en El Salvador y en otras partes del mundo”, razón por la cual –dice– Canadá “impulsa una política de responsabilidad social de las empresas”, estrategias de relaciones públicas y de imagen detrás de las cuales las transnacionales esconden los daños ambientales y sociales que provocan.
Otra confesión que debería indignar al país es el reconocimiento de que el gobierno canadiense presiona al salvadoreño y a los demás que integran el CA-4 para suscribir un tratado de libre comercio que, en opinión de la Mesa frente a la Minería, podría favorecer a las empresas extractivas canadienses: Pacific Rim, Gold Corp, Barrick Gold, etc.
“Canadá considera importante continuar avanzando en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el grupo del CA-4, pues se espera que dicho acuerdo traiga beneficios para todos los participantes”, reza la nota, la cual responde a una misiva que la Mesa entregó a la Embajada de Canadá el pasado 22 de julio, donde le pide abstenerse de apoyar a Pacific Rim y de imponer el referido tratado comercial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La mentira es la base de la estrategia de Pacific Rim. Al gobierno intentó sorprenderlo con mentiras, diciendo que sus actividades no causarían ningún daño, para que le otorgara permisos de explotación minera. Sin embargo, secó afluentes, generó violencia y compró voluntades.
Con mentiras también quiso lograr su “licencia social”, tratando de engañar a las comunidades de Cabañas, y a la población en general, sobre falsos beneficios económicos y aportes al desarrollo. Todos recordamos la feroz campaña publicitaria sobre la “minería verde”, en la que Pacific Rim gastó varios de los 100 millones de dólares que hoy nos exige como indemnización.
La misma estrategia mentirosa usa para sostener su demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Pacific Rim dice que El Salvador violó sus derechos, derechos que nunca adquirió porque los permisos de explotación no son automáticos, sino que dependen de requisitos que Pacific Rim incumplió: no superó las observaciones ambientales, no hizo un estudio de factibilidad y no era propietaria de toda el área donde pretendía operar.
Otra mentira con que Pacific Rim engaña al CIADI consiste en presentarse como empresa estadounidense, para ampararse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR). Pacific Rim es canadiense, y cambió su nacionalidad después de surgida la controversia legal para demandar al país a través del CAFTA-DR.
Aquí Pacific Rim también miente por omisión: no revela al CIADI que los hechos denunciados son anteriores a la entrada en vigencia del CAFTA-DR. Es decir, oculta otro dato que desvirtúa su demanda: el gobierno salvadoreño negó el permiso de explotación en 2004 y el CAFTA-DR se implementó en 2006; y, al no ser retroactivo, la demanda no procede bajo sus disposiciones.
A diferencia de Pacific Rim, que oculta los pecados que comete, la Embajada de Canadá en El Salvador no tiene vergüenza para admitirlos. En una carta dirigida a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fechada 29 de julio de 2010 y firmada por la embajadora Claire A. Paulin, confiesa que el gobierno canadiense apoya a las compañías mineras.
“El gobierno de mi país ha demostrado mucho interés hacia los retos asociados al desarrollo del sector extractivo en El Salvador y en otras partes del mundo”, razón por la cual –dice– Canadá “impulsa una política de responsabilidad social de las empresas”, estrategias de relaciones públicas y de imagen detrás de las cuales las transnacionales esconden los daños ambientales y sociales que provocan.
Otra confesión que debería indignar al país es el reconocimiento de que el gobierno canadiense presiona al salvadoreño y a los demás que integran el CA-4 para suscribir un tratado de libre comercio que, en opinión de la Mesa frente a la Minería, podría favorecer a las empresas extractivas canadienses: Pacific Rim, Gold Corp, Barrick Gold, etc.
“Canadá considera importante continuar avanzando en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el grupo del CA-4, pues se espera que dicho acuerdo traiga beneficios para todos los participantes”, reza la nota, la cual responde a una misiva que la Mesa entregó a la Embajada de Canadá el pasado 22 de julio, donde le pide abstenerse de apoyar a Pacific Rim y de imponer el referido tratado comercial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 10 de agosto de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y admitió la demanda de Pacific Rim, empresa canadiense que exige al gobierno una millonaria indemnización por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, plantea tres consideraciones:
La primera es que la decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente; y admite la demanda de una empresa que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su fallido intento de extraer metales del subsuelo nacional. En tal sentido, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenan categóricamente la decisión del CIADI, tribunal del Banco Mundial proclive a los intereses corporativos.
La segunda es que el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información y su negativa a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar las demandas de las empresas mineras.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, y derogar toda la legislación que permite a transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group demandar gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos. Esto incluye revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), rechazar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), descartar el TLC con Canadá, derogar la Ley de Inversiones, revisar los convenios bilaterales de inversión y renunciar al CIADI.
San Salvador, 10 de agosto de 2010.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, plantea tres consideraciones:
La primera es que la decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente; y admite la demanda de una empresa que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su fallido intento de extraer metales del subsuelo nacional. En tal sentido, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenan categóricamente la decisión del CIADI, tribunal del Banco Mundial proclive a los intereses corporativos.
La segunda es que el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información y su negativa a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar las demandas de las empresas mineras.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, y derogar toda la legislación que permite a transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group demandar gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos. Esto incluye revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), rechazar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), descartar el TLC con Canadá, derogar la Ley de Inversiones, revisar los convenios bilaterales de inversión y renunciar al CIADI.
San Salvador, 10 de agosto de 2010.
Decisión aberrante*
El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y declaró procedente la demanda de Pacific Rim.
Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.
La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.
Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.
La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.
La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.
Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.
Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.
Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.
La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.
Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.
La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.
La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.
Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.
Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.
Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 4 de agosto de 2010
¿Y los autores intelectuales?
Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos
autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.
Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.
Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.
Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Es positiva en tanto se procesa a pandilleros que actuaron como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los autores intelectuales, a pesar de los indicios sobre posible responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República omite sospechosamente.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su férrea oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha decidida contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Ayer, en conferencia de prensa, representantes comunitarios de Cabañas y de las organizaciones de la Mesa reiteraron su demanda de una investigación “integral, profunda y exhaustiva”, como la ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita la identificación de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Rivera Moreno.
Así mismo insistieron en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
En la misma conferencia, miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y de la Mesa denunciaron vejaciones que sufrieron en Guatemala, el mismo 30 de julio, cuando viajaban a la capital del vecino país para reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes coordinan acciones contra la mina Cerro Blanco, ubicada cerca de nuestra frontera.
Nelly Rivera, David Pereira y Cidia Cortez, fueron privados de libertad y víctimas de robo, junto al sacerdote franciscano Armando González y una colaboradora suya en la lucha contra este proyecto de la canadiense Gold Corp. Y, a pesar de que la mina podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, el gobierno salvadoreño no ha protestado ante su similar guatemalteco.
Los representantes de CEICOM no descartan la posibilidad de que los hechos denunciados estén relacionados con su activismo contra la minería de metales transfronteriza. En su opinión, podría tratarse de actos intimidatorios que busquen hacerles desistir de su labor en defensa del medioambiente y la vida. “Una estrategia de las empresas mineras, para desarticular la resistencia, es la intimidación y el terror”, señalaron.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 3 de agosto de 2010
NOTA DE PRENSA
Finalmente, después de tres intentos fallidos, se realizó la audiencia inicial contra los presuntos autores materiales del asesinato del ambientalista, promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo Rivera Moreno. El pasado viernes 30 de julio, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador dictaminó que los seis acusados sean enjuiciados por ese crimen cometido en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco, Cabañas.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Positiva en tanto se procesa a supuestos pandilleros que habrían actuado como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los posibles autores intelectuales, a pesar de la existencia de abundantes indicios sobre responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República se niega a tomar en cuenta.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Por eso, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos la demanda de una investigación “integral, exhaustiva y profunda”, ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita identificar a todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo.
Así mismo, insistimos en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 3 de agosto de 2010.
Para la Mesa Nacional frente la Minería Metálica, dicha decisión judicial es positiva; pero insuficiente. Positiva en tanto se procesa a supuestos pandilleros que habrían actuado como sicarios y, por tanto, como responsables materiales; pero insuficiente porque no se investiga a los posibles autores intelectuales, a pesar de la existencia de abundantes indicios sobre responsabilidad intelectual que la Fiscalía General de la República se niega a tomar en cuenta.
La principal línea de investigación, en este sentido, podrían ser las persecuciones y amenazas que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a su lucha contra el fraude electoral en San Isidro, durante los comicios legislativos y municipales del 18 de enero de 2009, en los que resultó reelecto el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Por eso, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos la demanda de una investigación “integral, exhaustiva y profunda”, ordenada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permita identificar a todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo.
Así mismo, insistimos en que se investigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los demás crímenes contra ambientalistas en Cabañas: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, amenazas a periodistas de Radio Victoria y al reverendo Neftalí Ruiz, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla e intento de asesinato a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 3 de agosto de 2010.
jueves, 22 de julio de 2010
CARTA A EMBAJADORA DE CANADÁ EN EL SALVADOR
San Salvador, 22 de julio de 2010.
Sra. Claire A. Paulin
Embajadora de Canadá
Presente.
El 22 de julio ha sido declarado “Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto”, por organizaciones de la sociedad civil canadiense y la comunidad salvadoreña en Canadá que denuncian a las empresas mineras que contaminan el medioambiente, provocan enfermedades mortales, generan conflictos sociales, causan pérdidas económicas y corrompen a gobiernos en muchos países de América Latina y otras regiones del mundo.
La mayoría de estas compañías son de origen canadiense: Gold Corp, Barrick Gold y otras. En El Salvador, la principal minera canadiense es Pacific Rim. Esta compañía secó afluentes en San Isidro, generó violencia en comunidades de Sensuntepeque y ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permisos explotación.
Estas empresas, casi siempre, son apoyadas por las embajadas de Canadá, que cabildean licencias de operación y leyes permisivas de la minería. Por eso, hoy, organizaciones sociales en todo el mundo protestan en las sedes diplomáticas canadienses. En El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el respaldo de Ciudades Hermanas, Salvaide, CISPES y Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region, solicita a usted lo siguiente:
1. Abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense instaladas en El Salvador.
2. Gestionar el retiro inmediato de estas empresas, dado que el gobierno salvadoreño, en forma soberana y atendiendo el unánime rechazo nacional a la minería de metales, ha decidido no permitir ningún proyecto minero.
3. Solicitar al Congreso de Canadá la pronta aprobación del Proyecto de Ley C-300, que castiga a las mineras canadienses que violenten los derechos humanos en cualquier país del mundo.
4. Suspender la negociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá y el CA-4, porque favorecería a las empresas mineras y violentaría la soberanía de nuestros países.
Sin más que agregar, nos suscribimos atentamente.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ciudades Hermanas.
Salvaide.
Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region.
Sra. Claire A. Paulin
Embajadora de Canadá
Presente.
El 22 de julio ha sido declarado “Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto”, por organizaciones de la sociedad civil canadiense y la comunidad salvadoreña en Canadá que denuncian a las empresas mineras que contaminan el medioambiente, provocan enfermedades mortales, generan conflictos sociales, causan pérdidas económicas y corrompen a gobiernos en muchos países de América Latina y otras regiones del mundo.
La mayoría de estas compañías son de origen canadiense: Gold Corp, Barrick Gold y otras. En El Salvador, la principal minera canadiense es Pacific Rim. Esta compañía secó afluentes en San Isidro, generó violencia en comunidades de Sensuntepeque y ahora demanda al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permisos explotación.
Estas empresas, casi siempre, son apoyadas por las embajadas de Canadá, que cabildean licencias de operación y leyes permisivas de la minería. Por eso, hoy, organizaciones sociales en todo el mundo protestan en las sedes diplomáticas canadienses. En El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el respaldo de Ciudades Hermanas, Salvaide, CISPES y Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region, solicita a usted lo siguiente:
1. Abstenerse de favorecer a Pacific Rim y demás mineras canadiense instaladas en El Salvador.
2. Gestionar el retiro inmediato de estas empresas, dado que el gobierno salvadoreño, en forma soberana y atendiendo el unánime rechazo nacional a la minería de metales, ha decidido no permitir ningún proyecto minero.
3. Solicitar al Congreso de Canadá la pronta aprobación del Proyecto de Ley C-300, que castiga a las mineras canadienses que violenten los derechos humanos en cualquier país del mundo.
4. Suspender la negociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá y el CA-4, porque favorecería a las empresas mineras y violentaría la soberanía de nuestros países.
Sin más que agregar, nos suscribimos atentamente.
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ciudades Hermanas.
Salvaide.
Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region.
martes, 20 de julio de 2010
CUATRO RAZONES PARA APROBAR UNA LEY QUE PROHÍBA LA MINERÍA DE METALES EN EL SALVADOR
1. Prohibir en forma definitiva la minería metálica. El Presidente Mauricio Funes ha reiterado en varias ocasiones que, durante su administración, no habrá proyectos mineros. Sin embargo, la sola declaración presidencial es insuficiente para prohibirlos definitivamente. Es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para evitar que futuros gobiernos sí los permitan. En tal sentido, una ley (y una eventual reforma constitucional) es la única manera de cerrar en forma definitiva las posibilidades de explotación minera para librar al país de los peligros que representa la extracción de metales del subsuelo: contaminación ambiental, enfermedades mortales, actos de violencia, pérdidas económicas y corrupción.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 21 julio de 2010.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
San Salvador, 21 julio de 2010.
Preguntas al fiscal Delgado y al comisionado Coto*
La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) insisten en que la causa de los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos no es el conflicto minero, sino viejas rencillas personales y familiares.
Según este planteamiento del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, y del subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, los protagonistas de tales disputas entre parientes son principalmente miembros de las familias Rivera Gómez y Menjívar, del cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
Esta hipótesis, con que Fiscalía y Policía pretenden cerrar los referidos casos, no responde a varias preguntas que ponen en duda la seriedad, transparencia e independencia de la investigación, cuyos resultados se presentan siete meses después de perpetrados los horrendos crímenes. Veamos algunas, de carácter inicial.
1. Si antiguas discrepancias familiares motivan las acciones violentas en Trinidad, ¿por qué éstas iniciaron justo cuando llegó la empresa canadiense Pacific Rim a la zona? Dicho de otra forma, ¿por qué crímenes como éstos no sucedían antes de que empezaran las exploraciones mineras?
2. Si por simples desacuerdos entre parientes fueron asesinados Ramiro y Dora, ¿por qué las amenazas previas les recriminaban enfáticamente su postura antiminera? (Pacific Rim decía a sus trabajadores que perderían el empleo por culpa de los opositores a la minería, y hasta los movilizó a protestar contra el ex arzobispo Sáenz Lacalle).
3. Si triviales diferencias familiares provocan los crímenes en Trinidad, ¿por qué el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque determinó, el 15 de marzo de este año, que los conflictos en dicho lugar se deben a las posiciones encontradas de sus pobladores con respecto a la minería metálica?
4. Si los asesinatos de Ramiro y Dora fueron por pleitos entre los Rivera Gómez y Menjívar, ¿cómo podrían esas empobrecidas familias pagar miles de dólares por actos de sicariato? y ¿quién paga los bufetes de abogados capitalinos que aparecen en los tribunales de Cabañas defendiendo a promotores de Pacific Rim y acusando a activistas antimineros?
5. Si los asesinatos de Ramiro y Dora se deben a riñas entre las familias Rivera Gómez y Menjívar, ¿por qué no es detenido Óscar Menjívar, uno de los Menjívar simpatizantes de Pacific Rim, a pesar de que Fiscalía y Policía lo vinculan con los crímenes?, ¿acaso está protegido por la compañía minera?
6. Si los asesinatos de ambientalistas en Trinidad se deben a las desavenencias Rivera Gómez-Menjívar, ¿por qué otro opositor a la minería de metales: Marcelo Rivera Moreno, quien no pertenece a las familias Rivera Gómez o Menjívar ni vive en Trinidad, también fue cruelmente asesinado, en junio de 2009, después de ser desaparecido y torturado?
También reporteros de Radio Victoria, los sacerdotes Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz, el ambientalista Francisco Pineda y otros opositores a la minería, ajenos a las familias Rivera Gómez o Menjívar y residentes lejanos de Trinidad, están amenazados como Ramiro y Dora antes de ser asesinados.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Según este planteamiento del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, y del subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, los protagonistas de tales disputas entre parientes son principalmente miembros de las familias Rivera Gómez y Menjívar, del cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas).
Esta hipótesis, con que Fiscalía y Policía pretenden cerrar los referidos casos, no responde a varias preguntas que ponen en duda la seriedad, transparencia e independencia de la investigación, cuyos resultados se presentan siete meses después de perpetrados los horrendos crímenes. Veamos algunas, de carácter inicial.
1. Si antiguas discrepancias familiares motivan las acciones violentas en Trinidad, ¿por qué éstas iniciaron justo cuando llegó la empresa canadiense Pacific Rim a la zona? Dicho de otra forma, ¿por qué crímenes como éstos no sucedían antes de que empezaran las exploraciones mineras?
2. Si por simples desacuerdos entre parientes fueron asesinados Ramiro y Dora, ¿por qué las amenazas previas les recriminaban enfáticamente su postura antiminera? (Pacific Rim decía a sus trabajadores que perderían el empleo por culpa de los opositores a la minería, y hasta los movilizó a protestar contra el ex arzobispo Sáenz Lacalle).
3. Si triviales diferencias familiares provocan los crímenes en Trinidad, ¿por qué el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque determinó, el 15 de marzo de este año, que los conflictos en dicho lugar se deben a las posiciones encontradas de sus pobladores con respecto a la minería metálica?
4. Si los asesinatos de Ramiro y Dora fueron por pleitos entre los Rivera Gómez y Menjívar, ¿cómo podrían esas empobrecidas familias pagar miles de dólares por actos de sicariato? y ¿quién paga los bufetes de abogados capitalinos que aparecen en los tribunales de Cabañas defendiendo a promotores de Pacific Rim y acusando a activistas antimineros?
5. Si los asesinatos de Ramiro y Dora se deben a riñas entre las familias Rivera Gómez y Menjívar, ¿por qué no es detenido Óscar Menjívar, uno de los Menjívar simpatizantes de Pacific Rim, a pesar de que Fiscalía y Policía lo vinculan con los crímenes?, ¿acaso está protegido por la compañía minera?
6. Si los asesinatos de ambientalistas en Trinidad se deben a las desavenencias Rivera Gómez-Menjívar, ¿por qué otro opositor a la minería de metales: Marcelo Rivera Moreno, quien no pertenece a las familias Rivera Gómez o Menjívar ni vive en Trinidad, también fue cruelmente asesinado, en junio de 2009, después de ser desaparecido y torturado?
También reporteros de Radio Victoria, los sacerdotes Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz, el ambientalista Francisco Pineda y otros opositores a la minería, ajenos a las familias Rivera Gómez o Menjívar y residentes lejanos de Trinidad, están amenazados como Ramiro y Dora antes de ser asesinados.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 14 de julio de 2010
¿Quién es el delincuente?*
Las más recientes declaraciones de Thomas Shrake, presidente de la transnacional minera Pacific Rim, podrían pasar desapercibidas, sino fuera por el carácter delictivo de su contenido mentiroso, difamatorio, calumniador.
El martes 8 de junio de este año, Shrake llamó “ONG delincuente” a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a la que identificó como responsable de la conflictividad minera en Cabañas.
Citado por el Congreso de Canadá, que se apresta a aprobar una ley para regular la conducta de las compañías extractivas canadienses que operan dentro y fuera de ese país norteamericano, Shrake también acusó a ADES Santa Marta de “oponerse al desarrollo” y “desinformar sobre falsos daños de los proyectos mineros”.
Ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre el desempeño de Pacific Rim en Cabañas, Shrake intentó desvirtuar los resultados del informe “El Salvador: Oro, Armas y Poder de Decisión”, realizado por el Dr. Richard Steiner, investigador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en febrero de 2010.
El estudio detalla la violencia criminal en Cabañas que incluye el asesinato de tres ambientalistas y varios atentados, persecuciones y amenazas de muerte contra opositores a la minería, crímenes de los que Shrake se desvincula y acusa a ADES Santa Marta de promover la conflictividad, sin tener prueba alguna.
El propósito de Shrake es obvio: desprestigiar a una organización de desarrollo comunitario que ganó respeto en el país y en el mundo por sus sólidos argumentos contra la explotación minera, su apoyo decidido a las comunidades en el legítimo derecho a un medioambiente sano y su audaz iniciativa en la promoción de una postura que ahora es de consenso nacional: NO a la minería metálica.
Esto último es necesario destacarlo porque Shrake insiste en que el rechazo a la minería es sólo un capricho de ADES Santa Marta, y que el resto del país está a favor de esta tenebrosa industria. Por conveniencia, el presidente de Pacific Rim elude el hecho de que el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual, le negó los permisos de explotación.
Esta decisión es respaldada por la Conferencia Episcopal de El Salvador, la extinta Comisión Nacional de Desarrollo (absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) y otros actores importantes de la vida nacional; pero Shrake no lo menciona.
El presidente de Pacific Rim debería ser inteligente y dejar de decir cosas ridículas, como que el agua residual de las minas es aún más limpia que en su estado natural o que es más el cianuro de los orines de la población de San Isidro que el utilizado para la extracción de metales preciosos (Aunque los lectores y lectoras de esta columna no lo crean, Shrake dijo esto a los congresistas canadienses que escucharon sus risibles afirmaciones).
Pero el presidente de Pacific Rim debería, especialmente, evitar las acusaciones falsas porque podría terminar enjuiciado. Shrake, incluso, podría ser investigado por hacer lo que dice que otros hacen.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El martes 8 de junio de este año, Shrake llamó “ONG delincuente” a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a la que identificó como responsable de la conflictividad minera en Cabañas.
Citado por el Congreso de Canadá, que se apresta a aprobar una ley para regular la conducta de las compañías extractivas canadienses que operan dentro y fuera de ese país norteamericano, Shrake también acusó a ADES Santa Marta de “oponerse al desarrollo” y “desinformar sobre falsos daños de los proyectos mineros”.
Ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre el desempeño de Pacific Rim en Cabañas, Shrake intentó desvirtuar los resultados del informe “El Salvador: Oro, Armas y Poder de Decisión”, realizado por el Dr. Richard Steiner, investigador de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en febrero de 2010.
El estudio detalla la violencia criminal en Cabañas que incluye el asesinato de tres ambientalistas y varios atentados, persecuciones y amenazas de muerte contra opositores a la minería, crímenes de los que Shrake se desvincula y acusa a ADES Santa Marta de promover la conflictividad, sin tener prueba alguna.
El propósito de Shrake es obvio: desprestigiar a una organización de desarrollo comunitario que ganó respeto en el país y en el mundo por sus sólidos argumentos contra la explotación minera, su apoyo decidido a las comunidades en el legítimo derecho a un medioambiente sano y su audaz iniciativa en la promoción de una postura que ahora es de consenso nacional: NO a la minería metálica.
Esto último es necesario destacarlo porque Shrake insiste en que el rechazo a la minería es sólo un capricho de ADES Santa Marta, y que el resto del país está a favor de esta tenebrosa industria. Por conveniencia, el presidente de Pacific Rim elude el hecho de que el gobierno, tanto la gestión anterior como la actual, le negó los permisos de explotación.
Esta decisión es respaldada por la Conferencia Episcopal de El Salvador, la extinta Comisión Nacional de Desarrollo (absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) y otros actores importantes de la vida nacional; pero Shrake no lo menciona.
El presidente de Pacific Rim debería ser inteligente y dejar de decir cosas ridículas, como que el agua residual de las minas es aún más limpia que en su estado natural o que es más el cianuro de los orines de la población de San Isidro que el utilizado para la extracción de metales preciosos (Aunque los lectores y lectoras de esta columna no lo crean, Shrake dijo esto a los congresistas canadienses que escucharon sus risibles afirmaciones).
Pero el presidente de Pacific Rim debería, especialmente, evitar las acusaciones falsas porque podría terminar enjuiciado. Shrake, incluso, podría ser investigado por hacer lo que dice que otros hacen.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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