COMUNICADO DE PRENSA

El martes 21 de septiembre, el Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los autores materiales del asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera; y, un día después, la Fiscalía General de la República cerró el caso, sin investigar a los responsables intelectuales de dicho crímen.
Ante estos hechos, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Consideramos positiva la resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia que condena a los ejecutores materiales del asesinato de Marcelo Rivera, en tanto constituye un paso inicial en el camino hacia la justicia por todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
2. Rechazamos la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso, pues niega la posibilidad de investigar a los hechores intelectuales del horrendo crimen.
Por tanto, exigimos lo siguiente:
1. Que la Fiscalía abra líneas de investigación que conduzcan a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Marcelo Rivera. Una de estas líneas puede ser la autoría de las sistemáticas amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que sufrió, por oponerse a la minería de Pacific Rim y por criticar a uno de sus principales lacayos en Cabañas: José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro. Otra línea de investigación podría ser la procedencia de las fuertes sumas de dinero, con la que fueron pagados los sicarios.
2. Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investiguen a todos los autores intelectuales y materiales de los demás crímenes contra miembros de la resistencia comunitaria a los proyectos de Pacific Rim: el asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de organizaciones comunitarias de Cabañas.
Si eso no sucede, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llevará estos casos a instituciones de justicia internacional, al tiempo que podría demandar a las autoridades fiscales y policiales por incumplir su función constitucional de perseguir el delito y por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordena una investigación integral, exhaustiva y profunda de todos los crímenes contra opositores a la minería de Pacific Rim.

San Salvador, 23 de septiembre de 2010.