Postura cuestionable*

Para decepción de quienes esperaban un firme rechazo gubernamental a la mina transfronteriza Cerro Blanco, el Presiden Mauricio Funes respaldó, la semana pasada, a las autoridades guatemaltecas en su decisión de no revertir ese proyecto minero que lanzará sus desechos al Lago de Guija y al Río Lempa.

El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.

Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.

El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.

Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.

La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.

El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.

Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.

Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.

Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).

El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.

Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.