martes, 28 de diciembre de 2010

Faltan leyes y tribunales *

La semana pasada planteamos un balance negativo de la gestión ambiental del Ejecutivo, especialmente en la problemática minera. Ahora revisamos el quehacer de los órganos legislativo y judicial en materia ambiental, con el mismo énfasis en el tema extractivo.

La tesis es que no sólo el Ejecutivo ha tenido un desempeño deficitario en el ámbito ambiental durante el año 2010, sino también la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea no aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley General de Agua, Ley de Agua Potable y Saneamiento, nueva Ley de Minería y otras normativas que ayudarían a resolver graves problemas ambientales; y la Corte no instaló los tribunales ambientales para procesar a los autores intelectuales y materiales de escandalosos crímenes ambientales que están impunes.

La Ley de Ordenamiento Territorial fue entrampada a pesar de la innegable necesidad de su aprobación: El Salvador es el país más vulnerable del mundo, según el Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en caso de Desastres (UNDAC) y la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Según dichas entidades, el 88.7% del territorio nacional es zona de riesgo y el 95% de la población corre peligro de sufrir algún desastre, como resultado de la crisis ambiental provocada por el uso desordenado del suelo.

La Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento tampoco fueron avaladas, a pesar de la preocupante situación de los recursos hídricos del país: más del 90% de los afluentes superficiales están contaminados y sólo del 11% de los ríos puede potabilizarse el agua, según el propio Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN). A la falta de leyes se suma la no implementación de una política ambiental del Ejecutivo orientada a descontaminar los ríos y quebradas.

La Ley prohibitiva de la minería de metales no se aprobó a pesar de la decisión del Ejecutivo de no permitir ningún proyecto extractivo, del contundente rechazo de todos los sectores nacionales y de la creciente tendencia a prohibir la explotación minera en la mayoría de países del mundo.

En Centroamérica, el Congreso de Costa Rica prohibió recientemente la minería a cielo abierto y la Corte Suprema de Justicia revirtió el proyecto minero Crucitas, ubicado en las riberas del limítrofe Río San Juan; y en la Unión Europea fue vedado el uso de cianuro, lo cual en la práctica significa una prohibición de la minería aurífera, pues ese químico tóxico es el más utilizado para separar el oro del resto de metales.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia salvadoreña tiene como mayor deuda la no instalación de los tribunales ambientales que ordenó crear la Ley de Medioambiente, aprobada en 1998. Es decir, con semejante omisión, la Corte ha permitido durante doce años la impunidad de crímenes como la destrucción de la Finca El Espino y la Cordillera El Bálsamo, el vertido de desechos industriales y domésticos en ríos y quebradas, la contaminación minera de Commerce Group en La Unión y el secado de pozos por Pacific Rim en Cabañas, entre otros delitos ambientales.

Ojalá en el año 2011 el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia cumplan su obligación constitucional de resguardar el medioambiente y los recursos naturales, de lo cual dependen las posibilidades de continuidad de la vida en el país. Una mayor organización, movilización y presión ciudadana ayudaría en este sentido.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.