Decisión aberrante*

El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y declaró procedente la demanda de Pacific Rim.

Esta empresa canadiense, amparada en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), exige una millonaria indemnización al gobierno de El Salvador por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.

En una valoración inicial sobre esta aberrante situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea tres consideraciones básicas.

La primera es que la decisión del CIADI es un precedente nefasto porque enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos que considera inviables social y ambientalmente; y admite la demanda de una empresa acusada de secar afluentes, generar violencia y comprar voluntades.

Dicho caso asemeja al de un ladrón que irrumpe en una casa, golpea a quien la habita y –como éste no se deja robar– lo demanda en un tribunal. El juez considera justo el reclamo, y lo admite. El malhechor exige que su víctima le entregue sus pertenencias. ¿El juzgador obligará a la víctima a compensar a su verdugo? Eso se sabrá cuando el CIADI emita su resolución, después del juicio en Washington.

La segunda consideración es que el gobierno debe replantear su estrategia de defensa ante las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información a la población y la negativa de unificar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil.

Y la tercera es la urgencia de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales para evitar nuevas demandas contra el Estado, y desmontar el andamiaje jurídico neoliberal que permite a empresas transnacionales enjuiciar a gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos.

La ley prohibitiva de la extracción de metales también dará mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala la suspensión de la mina Cerro Blanco, que podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa; y acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas, al obligar la retirada de las empresas mineras.

Desmantelar la estructura legal favorable a las compañías extractivas incluye revertir el CAFTA-DR, no ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA) y descartar un acuerdo comercial con Canadá; derogar la Ley de Inversiones; revisar los convenios bilaterales de inversión; y renunciar al CIADI.

Éste es el camino que ya recorren Ecuador, Bolivia y otros países suramericanos que avanzan rápidamente en la recuperación de su soberanía y autodeterminación.

Finalmente la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama al país entero a indignarse y a movilizarse contra las demandas de las empresas mineras, porque es inaceptable que el verdugo demande a su víctima.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.