Por segunda ocasión El Salvador se encuentra en el banquillo de los acusados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Los delitos: defender el medioambiente, proteger la salud humana y ejercer su soberanía.
Este día se realiza la audiencia inicial contra el Estado salvadoreño por la demanda de Commerce Group, empresa estadounidense que exige una indemnización de 100 millones de dólares y la restitución del permiso de explotación minera que le fue suspendido en el año 2006.
Dicha licencia le clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el Río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenaje ácido y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.
Commerce Group, entonces, siguió los pasos de la canadiense Pacific Rim y demandó al país ante el CIADI, tribunal corporativo del Banco Mundial que en estos momentos decide sobre la validez de los reclamos de la compañía minera que se ampara en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la referida demanda, por ser ilegal e ilegítima, y respaldamos al Estado salvadoreño en su derecho soberano de proteger el medioambiente y la salud de la población.
También exigimos a la Fiscalía General de la República que, como parte de la defensa del Estado, enjuicie a Commerce Group por la contaminación del Río San Sebastián y demás daños ambientales y sociales causados en el nororiente del país.
Además, reiteramos la propuesta de aprobar urgentemente una Ley que prohíba en forma definitiva la exploración y explotación minera metálica, para evitar que nuevas solicitudes denegadas se conviertan en demandas contra el país en el CIADI u otro tribunal corporativo internacional.
Las demandas de Commerce Group y de Pacific Rim también platean la necesidad de revertir los tratados de libre comercio y demás instrumentos jurídicos neoliberales que benefician a las empresas transnacionales y perjudican a los pueblos al violentar su derecho a la autodeterminación.
San Salvador, 15 de noviembre de 2010.
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