Justicia posible*

El próximo lunes 20 de septiembre se efectuará la vista pública en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, en el Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador. Estos horrendos crímenes sucedieron en junio de 2009, en una zona rural de Ilobasco, Cabañas.
Los enjuiciados son presuntos autores materiales: seis pandilleros que habrían actuado como sicarios, contratados por responsables intelectuales que aún no han sido investigados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
El proceso ha sido tortuoso, pues la audiencia inicial fue suspendida en tres ocasiones consecutivas. Sin embargo, la permanente demanda de familiares y compañeros de lucha de Gustavo Marcelo obligó la realización de dicha audiencia el pasado 31 de julio. El tribunal ordenó juzgar a los acusados.
Esta constante exigencia de justicia ha sido respaldada por las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por prestigiosos actores de la comunidad internacional: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el congresista James McGovern, entre otros.
En tal sentido, el juicio contra los presuntos autores materiales en este caso es una oportunidad para comenzar la aplicación de justicia contra los responsables de crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esto, porque una eventual condena de los acusados abriría las puertas al enjuiciamiento de todos los autores intelectuales y demás responsables materiales de las amenazas de muerte, atentados y asesinatos de defensores del medioambiente; y terminaría la impunidad que deja al gobierno mal parado ante la población y hace ver mal al país frente al mundo.
Es decir, a la posible condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno, podría seguir la investigación de los autores intelectuales del mismo; así como la condena de los responsables intelectuales y materiales de asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas.
Así, la importancia de que todas las organizaciones de la sociedad civil exijan, al Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador, condenar a los acusados; ya que si esto no sucede se sentará un precedente nefasto para las posibilidades de hacer justicia por los crímenes contra los opositores de Pacific Rim.
En este contexto, el país debe plantear la necesidad de prevenir nuevos actos de violencia minera, aprobando cuanto antes una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Dicha normativa, al obligar el retiro de las empresas extractivas, acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas: la presencia de Pacific Rim.
Esta propuesta de ley, presentada por la Mesa Nacional frente la Minería Metálica en 2007, se encuentra en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa; pero su discusión va a paso lento, sin la urgencia que la situación demanda.
Esto a pesar de la postura favorable expresada por la mayoría de grupos parlamentarios y el apoyo del Ejecutivo, declarado recientemente por el Presidente de la República, Mauricio Funes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.