miércoles, 30 de julio de 2014

Noticia publicada en Diario El Mundo

Redacción Economía
Martes 29, julio 2014 | 12:01 am
Pacific Rim demandó al país en 2009 por negarle el permiso para explotar la mina de oro “El Dorado”./DEM
Pacific Rim demandó al país en 2009 por negarle el permiso para explotar la mina de oro “El Dorado”./DEM
Organizaciones sociales de El Salvador presentaron un Amicus Curiae (que en latín significa “amigo del tribunal”) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, en el que destacan que, en la disputa con la minera Pac Rim Cayman LLC, las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño cumplen con obligaciones internacionales, indicó un boletín de Oxfam.
La entrega del documento es parte de las acciones de las comunidades afectadas por al minería metálica en el país, indicaron. Las organizaciones argumentan que “las medidas adoptadas por El Salvador en relación al proyecto minero propuesto por Pac Rim cumplen con las obligaciones internacionales que el país adquirió en tratados de derechos humanos y medio ambiente”.
Según el escrito, estas obligaciones le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un marco normativo que permita asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales amenazados por actividades riesgosas realizadas por terceros. Asimismo, se refiere a que en las circunstancias hídricas y ambientales del país, la minería tiene graves implicaciones y e impone riesgos considerados inaceptables para la población y el medio ambiente; por lo que la aplicación de tal normativa “no constituye un hecho ilícito, sino todo lo contrario”.
Las organizaciones expresaron su confianza de poder fortalecer la postura del Estado salvadoreño para lograr un fallo a favor del país en su absolución ante el tribunal.
Desde 2009, la minera canadiense Pacific Rim demandó a El Salvador por $310 millones por no haberle concedido un permiso de explotación de la Mina de Oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
En el CIADI, el caso continúa en la etapa de fondo. Se espera que el tribunal emita su resolución final el próximo mes de septiembre.
Oxfam y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica dijeron que continuarán con acciones para que Pacific Rim/Oceana Gold retire la demanda contra El Salvador.

lunes, 28 de julio de 2014

Noticia publicada en Voces


Organizaciones sociales presentan segundo Amicus Curiae en el caso Pacific Rim contra El Salvador

Literalmente, Amicus curiae significa amigo de la corte o amigo del tribunal, es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, al arbitrio del respectivo tribunal.
El viernes 25 de julio del 2014, un grupo de organizaciones que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, con el acompañamiento del Centro para el Derecho Internacional Ambiental -CIEL-, con sede en Washington, presentaron un escrito de amicus curiae dirigido al Sr. V.V. Veeder, Esq., Dr. Guido Santiago Tawil, y profesora Brigitte Stern; todos miembros del Tribunal instalado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-, lugar donde se ventila el caso Pac Rim Cayman LLC contra la República de El Salvador, caso bajo referencia CIADI No° ARB/09/12.
El escrito de amicus curiae fue presentado de conformidad con el artículo 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. Las organizaciones que lo presentaron consideraron oportuno remitir el escrito de amicus curiae en este momento, con debida antelación a la audiencia de fondo y habiendo tomado conocimiento de las presentaciones escritas de las partes contendientes, para no perturbar el procedimiento arbitral, de acuerdo con los términos del artículo 37(2) ya referenciado.
Específicamente, las organizaciones solicitaron al Tribunal recibir y considerar el escrito de amicus curiae. También solicitaron que el Tribunal mantenga su posición en favor de la transparencia del arbitraje, que ha visto como los memoriales de las partes, las audiencias y sus transcripciones han estado abiertas y disponibles al público.
Como fuera señalado en escrito de amicus curiae presentado por las mismas organizaciones en mayo de 2011 cuando se desarrollaba la etapa de jurisdicción, y que en esa oportunidad fue aceptado por el Tribunal, las organizaciones que ahora lo presentaron, como ya se mencionó, son miembras de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, una coalición de organizaciones comunitarias, centros de investigación, y organizaciones ambientales, de derechos humanos y religiosas sin ánimo de lucro, que en conjunto tienen como objetivo mejorar el diálogo sobre políticas públicas relativas a la extracción de metales en El Salvador.
Asimismo, como fuera señalado en el escrito de amicus curiae presentado en la etapa de jurisdicción, ahora nuevamente se sostiene que los hechos que originaron la reclamación del demandante están entrelazados con el cambio social y político que se ha producido desde el advenimiento de la democracia representativa en El Salvador tras la guerra civil, y no existe duda alguna que la decisión del Tribunal sobre el fondo del asunto tendrá un impacto en las comunidades que las organizaciones representan – en sus tierras, en su forma de vida, e inclusive en su bienestar y en sus derechos humanos. Por consiguiente, los organizaciones tienen un interés significativo en el procedimiento, y resulta críticamente importante que sus voces sean escuchadas y sus perspectivas sean apreciadas.
Además, las organizaciones conocen de modo particular el complejo debate político sobre minería de metales y sustentabilidad en El Salvador. Como participantes activos en este diálogo social, y están en una posición única que les permite proporcionarle al Tribunal una visión particular y distinta de aquéllas presentadas por las Partes contendientes. A su vez, con la presentación del escrito, las oragnizaciones proporcionan perspectivas que se refieren a ciertas cuestiones dentro del ámbito de la diferencia y que le permitirían al Tribunal una mejor apreciación de la controversia.
En este escrito, las organizaciones también argumentan que las medidas adoptadas por El Salvador en relación con el proyecto minero propuesto por Pac Rim Cayman encuentran apoyo en las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y ambiente. En particular, las obligaciones de derechos humanos en materia ambiental le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un marco normativo que permita asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales amenazados por actividades riesgosas de terceros.
En el contexto específico de las circunstancias hídricas y ambientales de El Salvador, la minería impone riesgos inaceptables para la población y el ambiente. Por consiguiente, la aplicación por parte de El Salvador de un marco jurídico interno que proporcione protección efectiva a los derechos de las personas amenazadas por la actividad riesgosa de terceros no constituye un hecho ilícito, sino todo lo contrario. De igual forma, la cabal implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, exige la adopción de medidas que reflejen el contenido del diálogo social relativo a la utilización de recursos naturales en el país. Por tanto, las organizaciones argumentan que las reclamaciones de la demandante no tienen asidero y deben ser desestimadas.

Noticia publicada en Voces


Organizaciones sociales presentan segundo Amicus Curiae en el caso Pacific Rim contra El Salvador

Literalmente, Amicus curiae significa amigo de la corte o amigo del tribunal, es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, al arbitrio del respectivo tribunal.
El viernes 25 de julio del 2014, un grupo de organizaciones que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, con el acompañamiento del Centro para el Derecho Internacional Ambiental -CIEL-, con sede en Washington, presentaron un escrito de amicus curiae dirigido al Sr. V.V. Veeder, Esq., Dr. Guido Santiago Tawil, y profesora Brigitte Stern; todos miembros del Tribunal instalado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-, lugar donde se ventila el caso Pac Rim Cayman LLC contra la República de El Salvador, caso bajo referencia CIADI No° ARB/09/12.
El escrito de amicus curiae fue presentado de conformidad con el artículo 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. Las organizaciones que lo presentaron consideraron oportuno remitir el escrito de amicus curiae en este momento, con debida antelación a la audiencia de fondo y habiendo tomado conocimiento de las presentaciones escritas de las partes contendientes, para no perturbar el procedimiento arbitral, de acuerdo con los términos del artículo 37(2) ya referenciado.
Específicamente, las organizaciones solicitaron al Tribunal recibir y considerar el escrito de amicus curiae. También solicitaron que el Tribunal mantenga su posición en favor de la transparencia del arbitraje, que ha visto como los memoriales de las partes, las audiencias y sus transcripciones han estado abiertas y disponibles al público.
Como fuera señalado en escrito de amicus curiae presentado por las mismas organizaciones en mayo de 2011 cuando se desarrollaba la etapa de jurisdicción, y que en esa oportunidad fue aceptado por el Tribunal, las organizaciones que ahora lo presentaron, como ya se mencionó, son miembras de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, una coalición de organizaciones comunitarias, centros de investigación, y organizaciones ambientales, de derechos humanos y religiosas sin ánimo de lucro, que en conjunto tienen como objetivo mejorar el diálogo sobre políticas públicas relativas a la extracción de metales en El Salvador.
Asimismo, como fuera señalado en el escrito de amicus curiae presentado en la etapa de jurisdicción, ahora nuevamente se sostiene que los hechos que originaron la reclamación del demandante están entrelazados con el cambio social y político que se ha producido desde el advenimiento de la democracia representativa en El Salvador tras la guerra civil, y no existe duda alguna que la decisión del Tribunal sobre el fondo del asunto tendrá un impacto en las comunidades que las organizaciones representan – en sus tierras, en su forma de vida, e inclusive en su bienestar y en sus derechos humanos. Por consiguiente, los organizaciones tienen un interés significativo en el procedimiento, y resulta críticamente importante que sus voces sean escuchadas y sus perspectivas sean apreciadas.
Además, las organizaciones conocen de modo particular el complejo debate político sobre minería de metales y sustentabilidad en El Salvador. Como participantes activos en este diálogo social, y están en una posición única que les permite proporcionarle al Tribunal una visión particular y distinta de aquéllas presentadas por las Partes contendientes. A su vez, con la presentación del escrito, las oragnizaciones proporcionan perspectivas que se refieren a ciertas cuestiones dentro del ámbito de la diferencia y que le permitirían al Tribunal una mejor apreciación de la controversia.
En este escrito, las organizaciones también argumentan que las medidas adoptadas por El Salvador en relación con el proyecto minero propuesto por Pac Rim Cayman encuentran apoyo en las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y ambiente. En particular, las obligaciones de derechos humanos en materia ambiental le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un marco normativo que permita asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales amenazados por actividades riesgosas de terceros.
En el contexto específico de las circunstancias hídricas y ambientales de El Salvador, la minería impone riesgos inaceptables para la población y el ambiente. Por consiguiente, la aplicación por parte de El Salvador de un marco jurídico interno que proporcione protección efectiva a los derechos de las personas amenazadas por la actividad riesgosa de terceros no constituye un hecho ilícito, sino todo lo contrario. De igual forma, la cabal implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, exige la adopción de medidas que reflejen el contenido del diálogo social relativo a la utilización de recursos naturales en el país. Por tanto, las organizaciones argumentan que las reclamaciones de la demandante no tienen asidero y deben ser desestimadas.

Noticia de la Campaña contra Pacific Rim / Oceana Gold en la revista Voces Nuestras



En El Salvador

Activistas lanzan una campaña internacional contra compañías mineras que han violado derechos humanos en comunidades en El Salvador. Varios casos de asesinatos y amenazas a personas vinculadas a la defensa del ambiente permanecen sin resolverse.

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miércoles, 23 de julio de 2014

Noticia publicada en Diario Co Latino

Resistencia ciudadana contra la minería metálica en el país

@GloriaCoLatino
“En esta fecha nos unimos a las millones de voces alrededor del planeta en rechazo a la megaminería”, dijo Vidalina Morales, en conmemoración de la lucha internacional contra las transnacionales mineras que provocan miseria y contaminación del medioambiente.
Este año, la Jornada Internacional se denominó “Contra la Megaminería en Defensa de la Vida y el Agua”,  celebrado alrededor del mundo el 22 de julio, para abogar  por un mundo sin tóxicos que provocan la destrucción de ecosistemas, corredores biológicos o bosques.
Vidalina Morales, representante de las comunidades del municipio de San Isidro, Cabañas en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, aseguró que no permitirán que la empresa Oceana Gold continúe amenazando sus vidas con su proyecto minero.
“Alzamos también nuestra voz y nos unimos al rechazo de estos proyectos que atentan contra la vida, contra la dignidad y la soberanía de los pueblos; vamos a seguir en resistencia y no permitiremos ese proyecto en nuestro territorio”, afirmó.
Mientras, Bernardo Belloso  explicó que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica continuarán denunciando y desplegando actividades para que autoridades y población civil tomen conciencia que se necesita con urgencia de crear una ley que prohíba la extracción de metales.
“La megaminería genera altos impactos y el país ya tiene experiencias sobre este tipo consecuencias, como la Mina de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, provocando la muerte del río que atraviesa el proyecto minero”, dijo. Asimismo, recordó los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Francisco Durán, originarios de Sensuntepeque, Cabañas, quienes se opusieron a la exploración y explotación minera. “Las transnacionales mineras como Pacific Rim/Oceana Gold pretenden saquear la riqueza de nuestros pueblos y mantienen una demanda contra el Estado salvadoreño por no permitir que contaminen nuestra agua, nuestra tierra y nuestro aire”, manifestó.
Sobre el litigio que mantienen el Estado salvadoreño y Pacific Rim/Oceana Gold en el CIADI, Pedro Cabezas, de CRIPDES, señaló que es un proceso largo lleno de apelaciones por tecnicismos legales que podrían incluso, durar algunos años. “Lo importante aquí es que las comunidades y organizaciones mantendremos la presión social, para que el Estado no contemple como una opción dar permiso a la compañía minera; entre más presión social exista por el potencial daño del accionar de la minería podríamos salvar al país de un mayor deterioro”, explicó.
La Mesa Nacional frente a la Minería (MNFM) reiteró el llamado a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa a fin de retomar de manera responsable la aprobación de una propuesta de Ley de Prohibición de la Minería, presentada en el año 2013.