Las empresas mineras nos siguen viendo la cara de tontos. Ayer, para la indignación de algunos y la risa de otros, llegaron a la Asamblea Legislativa a plantear que el cianuro no es dañino, que el 68.8% de los ingresos de la industria minera quedaría en el país y que en los lugares donde hubo minas puede construirse turicentros.
Aunque usted no lo crea, amiga y amigo lector, esto es cierto. La representante de Pacific Rim, Erika Colindres, dijo éstas y otras falsedades a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de una Ley que prohíba la minería de metales.
Sin embargo, la reunión entre los legisladores y los personeros de las empresas extractivas sirvió para clarificar algo de primera importancia para el país: la verdadera postura que sobre los proyectos mineros tienen los distintos grupos parlamentarios.
ARENA, en voz del diputado Vicente Menjívar, respaldó los proyectos mineros. Este legislador de derecha afirmó que “a las empresas mineras no se les puede acusar de ningún daño”, “el país debe aprovechar los beneficios de explotar el oro” y “la minería sustentable es posible”, mientras los representantes mineros, con rostro sonriente, le escuchaban complacidos.
Con semejantes declaraciones, Vicente Menjívar toma ahora el lugar del ex pecenista Orlando Arévalo, quien impulsaba hace un par de años un proyecto de Ley permisiva de la minería que había sido elaborado, por petición de Pacific Rim, en el despacho de un conocido ex canciller de la República.
El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, se expresó ambiguo: Dijo que su partido está “comprometido con la defensa del medioambiente y la salud humana”, pero afirmó estar consciente de que “el país necesita recursos”, dejando entrever que está dispuesto a considerar la industria minera como posibilidad de obtención de ingresos.
El legislador del PCN, Rubén Orellana, no externó postura; pero en el pasado su partido apoyó decididamente a Pacific Rim.
Sólo los parlamentarios del FMLN, encabezados por Lourdes Palacios, cuestionaron los proyectos extractivos y emplazaron a los representantes mineros con argumentos serios.
Los personeros de Pacific Rim, Commerce Group, Minerales Morazán, Martinique Minerals y otras compañías extractivas llegaron al Parlamento en medio de la protesta de comunidades de la zona norte y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que les exigieron retirarse del país y, a los diputados, apresurar el aval de la Ley antiminera.
Ayer mismo, en horas de la mañana, las comunidades y organizaciones que rechazan la minería metálica se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía (MINEC), a cuyo titular pidieron tomar iniciativa de ley y solicitar a la Asamblea la aprobación de la Ley contra la minería.
La nota exige al MINEC actuar consecuente con la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto minero y de apoyar una normativa que los prohíba.
La carta entregada al ministro Héctor Dada Hirezi también exige la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual podría facilitar las actividades mineras y permitir a las empresas canadienses demandar al Estado salvadoreño en forma más expedita que a través del CAFTA-DR.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
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