Preguntas sobre una ley que no se aprueba*

La lentitud con que camina el debate sobre una prohibición legislativa de la minería de metales plantea, al menos, cuatro preguntas inevitables.

Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?

Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?

Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?

Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?

Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?

Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?

Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?

Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?

El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.