viernes, 29 de junio de 2012

Posicionamiento ante la discusión de la Ley General de Aguas en El Salvador

La Ley General del Agua debe prohibir la minería metálica en El Salvador

En el marco de la discusión y recopilación de elementos para la aprobación de una nueva Ley General de Aguas y considerando la urgente necesidad de contar con una legislación que resuelva la grave crisis hídrica que vive El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expone que:  

La crisis hídrica que atraviesa el país ha quedado demostrada con diversos estudios e informes que demuestran el uso irracional, irresponsable e insostenible del agua que se ha impulsado en las últimas décadas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales oficializó en 2010 que el 98% del agua en El Salvador no es apta para el consumo humano; la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aseveró  en 2009 que El Salvador es el país con menos disponibilidad de agua potable de toda la región mesoamericana.

La crisis hídrica es el centro de la crisis ambiental en El Salvador es muestra irrefutable de  la mercantilización explotadora a la que ha estado sujeta la naturaleza. La misma falta de una ley general de aguas es muestra de que las políticas públicas referidas al agua nunca se han orientado hacia su manejo equitativo y sustentable. Lejos de considerar el acceso al agua como un derecho humano fundamental, el agua se ha considerado como un bien mercadeable, sujeto a disposiciones de oferta y la demanda, como si la vida pudiera comprarse. Hoy somos tajantes en decir: No puede privilegiarse el lucro por sobre los derechos al Agua, a la Salud y a un Medio Ambiente sano. 

En El Salvador, ninguna Ley que pretenda garantizar el manejo adecuado del recurso hídrico debe dejar fuera temáticas como la Minería Metálica, las Represas Hidroeléctricas y el Ordenamiento Territorial. En un país al borde del estrés hídrico, partiendo de que por ejemplo, la explotación de minerales metálicos consume cantidades industriales de agua, es ilógico que la Ley General de Aguas no se refiera ni regule esta actividad económica. Si el objeto de la Ley de Aguas es garantizar el uso adecuado del recurso hídrico agua, debería estar orientada a prohibir la explotación de minas de metales en el país porque es una industria inviable e incompatible con las condiciones ecosistémicas de El Salvador. 

Las propuesta de Ley General de Aguas presentada por la sociedad civil salvadoreña y el Gobierno salvadoreños son instrumentos que reúnen aspectos vitales para la gestión adecuada del agua. Consideramos que estas propuestas deben discutirse y estudiarse a fin de robustecer sus contenidos. Reiteramos nuestro apoyo a que se consideren elementos como: El diseño de acciones y marcos jurídicos que garanticen la atención urgente de la crisis hídrica, la prohibición de la minería metálica, el cese a la construcción de más represas hidroeléctricas, las acciones encaminadas a enfrentar el cambio climático y el manejo especial al que debería someterse el Río Lempa. De igual forma, como en la actualidad sucede con las Juntas de Agua, debe privilegiarse la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo y control de los recursos hídricos locales, en lugar de privilegiar el control desde entes privados y centralizados.

La ley general de aguas debe resolver la grave crisis hídrica del país y sin lugar a dudas, debe cerrar los espacios para la activación de la minería metálica en El Salvador. 


27 de junio de 2012

Ambición minera impide justicia ambiental*


La Mesa Nacional Frente a la Minería y organizaciones ambientales estiman que de permitir la explotación de metales en El Salvador, las repercusiones al medio ambiente superarían la deuda millonaria que hoy enfrenta el país ante la demanda interpuesta por Pacific Rim
El último informe de las Naciones Unidas UNDAC, (Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres) del 2011 revela que El Salvador está entre los primeros diez países más vulnerables de la tierra. Hay una pérdida del 30% de biodiversidad, es el país más deforestado de América Continental después de Haití. Por otra parte, es el que tiene menos acceso al agua en la región centroamericana.
Luis González, encargado de la Unidad de Clima y Energía de la UNES, señala que “tenemos un acceso al agua, entre 1700 y 1800 m³, cuando el promedio centroamericano es de 10,000 m³. Es decir, que estamos muy por debajo de la media”.
Agrega que El Salvador ha tenido una disminución de caudales de los ríos en los últimos cincuenta años, a excepción del rio Acelhuate, que ha aumentado de caudal porque transporta diariamente 600 toneladas de heces fecales. En esa línea, hay estudios de caudal que indican que la mayoría de ríos desaparecerán entre 1,600 y 1,200 años. Para el caso del rio Lempa, que es la fuente estratégica de recursos hídricos del país, duraría entre 100 y 160 años.
Investigaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) apuntan que solo el 2% de las aguas en el país entra en el rango de buena calidad.
Ante esta situación, González asegura que no es viable la minería en El Salvador, pues uno de los principales impactos que puede generar la explotación minera a nivel nacional, es en el tema de recurso hídrico.
De acuerdo a investigaciones técnicas y científicas las partículas de oro que hay en El Salvador, se encuentran muy diseminadas en el suelo, muchas veces son microscópicas. Por esta razón, el único método, económicamente viable, para poder sacar este oro de las rocas o el suelo, es la lixiviación, un proceso físico, químico, por medio del cual, se separa el oro de la roca combinándolo con cianuro.
El especialista en clima y energía, Luis González, explica que el uso del cianuro es muy nocivo. “El cianuro es un químico muy tóxico, a tal punto que una cantidad de cianuro del tamaño de un grano de arroz, matan a un ser humano adulto. Además, los metales pesados que se liberan, pueden ser arsénico, selenio, plomo que también son contaminantes y pueden matar”.
Según estudios de la UNES, por cada proyecto minero se utilizarían diariamente, 40 toneladas de cianuro. Este, como muchos metales pesados es bioacumulante, lo que significa, que si la naturaleza lo absorbe poco a poco puede llegar a acumularse en los órganos blandos del ser humano. En consecuencia, surge un degeneramiento a nivel celular y deriva una cantidad de enfermedades como insuficiencia renal, migraña, impotencia, infertilidad, daños en feto, etc.
La mayor parte de empresas mineras de oro en el mundo son canadienses. En El Salvador, quien ha estado a la punta es Pacific Rim. Muchas otras empresas como minerales Morazán, también son subsidiarias de Pacific Rim. Sin embargo, González comenta que “es una empresa junior, que se especializa, más que todo, en hacer exploración y cuando está lista la exploración lo venden en proyecto a una empresa más grande”.
Actualmente, Pacific Rim opera con un permiso de exploración. Sin embargo, ante la oposición del Estado de no permitir la explotación minera, esta empresa ha interpuesto una demanda por 120 millones de dólares contra el país ante el Centro de Resolución de Conflictos en Inversión CIADI, argumentando expropiación de ganancias.
Hasta el momento, el proceso sigue abierto, y solo mediante una Ley que prohíba la minería se puede evitar la intervención de empresas mineras y de posibles demandas al Estado. De acuerdo a González, mientras el proceso se mantenga, Pacific Rim puede aumentar la cifra de la demanda bajo el argumento de costes procesales. Además, esto involucra al Estado salvadoreño a pagar una gran cantidad de dinero en abogados internacionales que están siguiendo el caso. Según estudios de FESPAD ya se gastaron más de 5 millones de dólares.
No obstante, para el representante de UNES, Pacific Rim ha actuado en El Salvador como actúan todas las empresas en el mundo. “Llegan a la comunidad y empiezan con la compra de voluntades, a la alcaldía a patrocinar las fiestas patronales, uniformes para los niños, algunos bolsones, campañas médicas y oftalmológicas y obviamente ha generado la falsa promesa de algún tipo de empleo, lo que ha provocado que en departamentos como Cabañas, uno de los municipios más afectados por la minería metálica, se divida el pensamiento de la gente.

Francisco Pineda, fundador y presidente del Comité Ambiental Llano de La Hacienda en Cabañas.
Esta afirmación es compartida por Francisco Pineda, fundador y presidente del Comité Ambiental Llano de La Hacienda en Cabañas, quien testifica que la muerte de cinco ambientalistas de la zona, es fruto de la oposición de los colonos ante la explotación de la mina “El Dorado”.
“Las amenazas se dan ante el surgimiento de la organización y de las acciones que realiza. Debido a eso, la empresa se siente amenazada de su capital y demandan al Estado ante el CIADI y es donde inician más las acciones de amenazas hacia nosotros”, comenta Francisco.
Entre los dirigentes ambientalistas asesinados, destaca Dora Alicia Recinos, de 32 años, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, quien murió embarazada de ocho meses.
Juan Francisco Duran Ayala fue el último asesinado el 24 de junio de 2011. Pineda lo describe como un joven que estudiaba licenciatura en idiomas, y quien pudo haberle ayudado en algunas traducciones porque era muy bueno. Tras su desaparición, fue hallado muerto en Lamatepec con un impacto de bala en la cabeza.
“Hasta el momento no tenemos ninguna investigación que nos aclare los hechos, y en los otros casos, declaran que fue por rencias personales”, dice Pineda, quien recibió en 2011 el Goldman Prize, uno de los más relevantes galardones a nivel mundial por su lucha contra la minera Pacific Rim.

Rodolfo Calles de la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador.
Por su parte, Pineda considera que a un año de la muerte de Juan Francisco, no ha habido efectividad por parte de la Fiscalía y las investigaciones se aferran a su hipótesis y hacen caso omiso a las que plantea la población.
En ese sentido, considera que deben tomarse en cuenta sus hipótesis e investigar no solo a miembros de la empresa, si no también, a diputados, “que han tenido mucho acercamiento en las épocas electorales con las empresas. Nosotros creemos que Pacific Rim ha ayudado a financiar parte de las contiendas políticas y por eso sienten mucho compromiso”.
Frente al tema, el alcalde de San Isidro, José Bautista advierte que quien tiene la última palabra para aprobar o no la explotación minera, es la Asamblea Legislativa o el presidente de la República. Asimismo, se muestra hermético respecto a los asesinatos ocurridos en el departamento.
Pero para Francisco Pineda, quien ya perdió la cuenta de las amenazas que lo ajustician, y que a pesar de la seguridad que el Estado le proporciona, no puede desistir en la lucha por defender su territorio, el de la comunidad y del país.
Como parte de las acciones en defensa de los recursos naturales del país, La Mesa Nacional Frente a la Minería, presentó ante el CIADI, un proceso alterno llamado “Amicus Curiae” o Amigos del Tribunal. La idea de este proceso, según Rodolfo Calles, facilitador de la Mesa, es “presentar una cantidad de argumentos de por qué la minería no es viable en El Salvador para ilustra mejor a los jueces de nuestra postura en contra de la minería”.

San Isidro, Cabañas.
A la fecha, no ha habido respuesta de parte del CIADI. Para Rodolfo, esto se debe a que la mayoría de argumentaciones planteadas son de derechos humanos y medioambientales, que para la institución reguladora, no representa una razón de peso, pues es un organismo eminentemente comercial.
Aun así, la Mesa está comprometida a seguir apoyando todo el tema jurídico, seguir dando pruebas y testimonios de por qué la minería afecta al país. Este esfuerzo los respaldan aliados internacionales de Estados Unidos y Canadá, accionistas, campañas de información de sensibilización al público para lograr que Pacific Rim retiren la demanda hacia el Estado.
Actualmente hay 25 solicitudes de permisos de explotación y 29 concesiones de exploración minera de oro y plata, que pueden convertirse en 25 nuevas demandas al país, porque hay todavía un marco jurídico nacional que no prohíbe la minería como tal.
En ese sentido, la Mesa Nacional propone una ley que prohíba la minería metálica, en primera instancia, para evitar que haya más muertos en Cabañas, porque mientras exista la probabilidad de explotación minera habrá oposición y violencia. En segundo lugar, para eliminar la amenaza de la degradación ambiental.
“Si en caso perdemos la demanda, es preferible pagar los 100 o 200 millones, antes que permitir que haya minería en El Salvador, porque el costo ambiental es muchísimo más amplio que la cifra a pagar”, afirmó.
Por Ivannia Serrano / VOCES http://voces.org.sv

miércoles, 27 de junio de 2012

Minería metálica vrs. Reactivación Agropecuaria en El Salvador

La Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES Santa Marta, organización que forma parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, se complace en anunciar la publicación del estudio: "Estudio Comparativo del impacto económico de la explotación minero-metálica vrs. el impacto económico de la reactivación agropecuaria en la zona norte de El Salvador". 

Con la claridad de que el conocimiento gestionado de forma solidaria, puesto a disposición de la población de manera democrática, oportuna y bajo la finalidad primordial emancipadora, celebramos esta publicación e invitamos a la sociedad salvadoreña y a las hermanos y hermanas del mundo a seguir informándonos y educándonos en las alternativas al modelo extractivo y la mercantilización de la naturaleza. 


Sinópsis
En el subsuelo de toda la zona Norte de El Salvador, descansan innumerables yacimientos de metales preciosos. Las empresas extranjeras que han solicitado la explotación de tan codiciado recurso natural salvadoreño, resaltan los grandes beneficios económicos que la industria metálica generaría en las poblaciones rurales de El Salvador. Esta investigación científica realizada por el Licenciado Santiago Ruiz y revisada por el Doctor Salvador Arias, dos de los más destacados economistas salvadoreños, pone al descubierto la verdadera distribución de la riqueza que generarían las minas salvadoreñas y los grandes beneficios para los inversionistas extranjeros. Comprueba la conveniencia económica de la producción agropecuaria para las grandes mayorías de pequeñas productoras y productores agropecuarios de la zona norte de El Salvador en contraposición a la producción minero metálica. Y Demuestra que existe una alternativa más rentable para gran parte de la población, en la producción agrícola sustentable, ratificando que el progreso de El Salvador está cimentado en su producción, procesamiento y comercialización de productos agroecológicos y en la garantía de la seguridad alimentaria de su población actual y de las futuras generaciones.  

viernes, 15 de junio de 2012

¡Fuera Pacific Rim de El Salvador! ¡No al TLC con Canadá!

Los siguientes videos fueron grabados durante la concentración pública que hizo la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica frente al Consulado canadiense el pasado miércoles 13 de junio. La concentración se hizo para denunciar el encubrimiento que ha tenido la empresa minera Pacific Rim por parte de las autoridades consulares canadienses. Además, se exigió el cese de las negociaciones para la firma de un TLC con Canadá. 

 



miércoles, 13 de junio de 2012

Comunicado



Además del rechazo al Tratado de Libre Comercio con Canadá, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica exhortó al gobierno de dicho país a presionar para que la empresa Pacific Rim, de origen canadiense, desista de la demanda millonaria contra el Estado salvadoreño. 
  La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechaza
Tratado de Libre Comercio con Canadá

El pasado 1 de junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó que Pacific Rim, una empresa minera de origen canadiense, tiene derecho a demandar al Estado salvadoreño, por no permitirle la explotación de la mina El Dorado en Cabañas. Ahora, el Estado salvadoreño está obligado a comprobar que su negativa a otorgar el permiso es una decisión soberana de política pública que cualquier país puede tomar y no un capricho del gobierno como lo presenta la empresa.

Nuestra protesta hoy frente al Consulado de Canadá es, justamente, para condenar la actitud mercenaria de corporaciones como Pacific Rim que, situadas en la médula del modelo neoliberal, se aprovechan de acuerdos comerciales para extorsionar a los Estados cuando existen conflicto de intereses. Demandamos al gobierno canadiense que deje de proteger y promocionar a esta voraz empresa minera y la obligue a retirar la demanda a El Salvador en el CIADI. El arbitraje iniciado por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño por 120 millones de dólares y amparado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en la Ley salvadoreña de Inversiones, debería ser muestra suficiente para desenmascarar  la actitud mercenaria de las corporaciones.

Denunciamos que esta situación se debe a la implementación en nuestro país de las recetas neoliberales de liberalización comercial,  privatización de servicios y bienes públicos impulsada por los gobiernos de ARENA. Los TLCs firmados y vigentes además de erosionar nuestra soberanía, vienen  a precarizar más los derechos sociales, económicos y laborales de la población.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos nuestro más enérgico repudio a que la soberanía de El Salvador y los intereses de su población se sometan a los designios de tribunales diseñados para promover los intereses corporativos, al mismo tiempo que legitiman el saqueo y la destrucción de la vida del planeta.

Nuestra lucha antiminera nos lleva a rechazar las obscuras negociaciones que El Salvador, está teniendo para pactar un Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual toma como base el firmado con Estados Unidos. Canadá es un país que obtiene más del 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) a partir de la extracción minera en otros países y que, a juzgar por la actividad comercial actual entre ambos países, no tendría ningún otro interés de inversión.

Por lo anterior, llamamos al Gobierno canadiense a que cese las negociaciones del TLC con El Salvador, al mismo tiempo que deje de proteger a Pacific Rim y la obligue a reititar la demnada al El Salvador en el CIADI.

Alto a las demanda millonaria de Pacific Rim contra el Estado Salvadoreño en el CIADI
NO al Tratado de Libre Comercio con Canadá.
13 de junio de 2012


MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA


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viernes, 8 de junio de 2012

El Salvador vrs Pacific Rim: Cobertura de Prensa / Press Coverage

Prensa en El Salvador / Salvadoran press coverage

El Diario De Hoy:

La Prensa Gráfica:

Diario CoLatino: 

El Mundo:

Contrapunto: 

Radio Mi Gente: 

Blog Neto Rivas: 

Prensa en Estados Unidos y Canadá / U.S. and Canadian Press Coverage:

Reuters Canada:  

Reuters:  

CNBC:  

IPS Press Room: 

Rabble.ca:  

New York Times: 

Mining Weekly: 

The Tyee:  

Milwaukee Labor Press:  

NACLA: 

Common Dreams (also in Other Words): 

Huffington Post:  

Eyes on Trade Post:  

Metro Latino News: 

Pac Rim’s press release titled Pacific Rim Mining Arbitration Case to Proceed Under El Salvador Foreign Investment Law; CAFTA Portion of Claim Dismissed by ICSID was also picked up and reprinted in 




Salvo la digna excepción (que confirma la regla), la más reciente decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ha sido deliberadamente ahogada en la agenda mediática; y al parecer, permanecerá ausente de debate en foros académicos y políticos; pero la realidad que trata de ocultarse debería darnos al menos desconfianza. 

Luis Francisco López, abogado ambiental y columnista de VOCES.
Por Luis Francisco López*
En primer lugar, según la pagina oficial de la Fiscalía General de la República el acontecimiento está siendo presentado como un éxito del Estado salvadoreño y derrota para PacificRim[1], más ello es falso; el Arbitraje continúa y nos exponemos a un fallo condenatorio por $120 millones[2]en concepto de indemnización para la minera canadiense y una eventual luz verde a todo proyecto minero, presente o futuro!
Hasta el momento en el Arbitraje Internacional han pasado dos etapas decisivas; la primera, con respecto a las Objeciones Preliminares sobre el fondo del asunto, en la cual El Salvador, alegó que la demanda de PacificRim era frívola,por tanto, no debía tomarse en cuenta y el caso no debía ser admitido; sobre ello, el Tribunal dictaminó en agosto de 2010 “que no considera que El Salvador haya demostrado que estas reclamaciones sean frívolas y que el caso debería seguirse conociendo”.
La fase que recién acaba de concluir, es por lo que respecta a las Objeciones de Jurisdicción, dentro de las cuales El Salvador argumentó cuatro objeciones, a saber: La desestimación del caso, en virtud que PacificRim había abusado del proceso; La prescripción del derecho a demandar; Que la ley de Inversiones de El Salvador, no le otorga jurisdicción al CIADI; y La negación de los beneficios que otorga el CAFTA-DR, ya que PacificRim es propiedad o está controlada por inversionistas canadienses y Canadá no es un país Parte, CAFTA-DR, esta facultad está contemplada en el Capítulo 10, Art. 10.12.
En términos correctos, solo la Desestimación o la Prescripción hubieran podido tener un efecto positivo para El Salvador, pues implicaban la terminación del procedimiento, empero, la única tesis que fue aceptada es por lo que concierne a negarle los beneficios CAFTA-DR a PacificRim, dado que resulta obvio que dicha empresa, es controlada por capital canadiense y dicho país no es miembro CAFTA-DR; pero vale aclarar que esto no debería de ser valorado como “triunfo”, pues fue rechazada la tesis que El Salvador, niega la jurisdicción CIADI en virtud de la Ley de Inversiones; por esta razón, que el proceso continúa.
Y es que en honor a la verdad, era difícil aceptar esta última tesis cuando la Ley de Inversiones es al extremo benevolente para con el capital transnacional, permiteque cualquier inversionista pueda demandar al Estado, aun cuando Canadá (como Estado) no ha reconocido la legalidad, legitimidad ni jurisdicción del CIADI; la ley salvadoreña de inversiones protege al transnacional inversor como persona natural o jurídica, mutilando la soberanía del mismo Estado. Ésta es la visión neoliberal implementada por ARENA con Francisco Flores y Miguel Lacayo a la cabeza[3], que ahora 12 años después produce sus efectos.
De hecho ésta reciente interpretación del CIADI, debería producir más preocupación que espasmos de alegría, pues abre un peligroso precedente, en el sentido que ahora según éste Tribunal Arbitral, cualquier inversionista extranjero (sin importar su nacionalidad), que se sienta “acosado” por regulaciones nacionales puede demandar a El Salvador.No dudo que empresas comoAstaldiSpA, Calvo, Red Fox, cuyas inversiones proceden de países ajenos al CAFTA-DR estarán poniendo mucha atención a esta última resolución.
El CAFTA-DR, la Ley de Inversiones y el CIADI (Apéndice del Banco Mundial), son instrumentos e instituciones creados para defender el Sistema Capitalista y el Modelo Neoliberal, defienden lainversión y el mercado, no las personas; en ellos no caben alegatos de Derechos Humanos o Ambientales.Respeto a los abogados que deciden participar en estos Arbitrajes Internacionales, en ese camino se puede hallar incluso hasta una eventual derrota a los intereses de PacificRim (lo cual me alegraría mucho);pero con todo, el laudo o resolución siempre será favorable al capital transnacional.No se puede pedir Justicia al CIADI, es como pedirle peras al olmo, no es de su naturaleza!
Este tipo de instancias internacionales, constituyen verdaderos juicios ideológicos, nótese queno defienden intereses oligarcas o partidarios; de hecho, dentro de las reclamaciones de PacificRim se encuentrael alegato de que las administraciones ARENERAS ofrecieron lo que ellos llaman “Autorizaciones presuntas”, es decir, que había pláticas bilaterales con altos funcionarios que prometían permisos o autorizaciones para el proyecto El Dorado,[4]hay inclusive menciones especiales para Antonio Saca, Hugo Barrera y Vilma de Escobar.[5]
Por simple morbo, resultaría interesante estar pendiente de la fase probatoria, para descubrir quienes son los ex funcionarios verdaderamente implicados y si ello constituyese algún delito, ver que hace la Asamblea Legislativa a la luz del Art. 236 de la Constitución[6]; pero insisto, el diseño de este tipo de foros arbitrales y sus reglas de procedimiento, buscarán defender siempre la inversión transnacional capitalista, como lo demuestran los últimos fallos condenatorios dictados para Chile, Perú, Venezuela, Argentina y Paraguay.
Por lo anterior, las personas e instituciones de pensamiento crítico, debemos no solo reflexionar sobre lo que acontece en Washington (sede permanente del CIADI), necesitamos reconocerle como instrumentojurídico de dominación, para a partir de ello, unir fuerza social con los que se oponen al Chaparral, al Cimarrón, a la Minería, a la privatización de la naturaleza y al falso desarrollo, para demandaren el más corto plazo, al menos los siguientes puntos:
Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se dedique menos mostrar musculo frente a los otros Órganos de Estado y que resuelva de una vez por todas, las demandas de inconstitucionalidadcontra el CAFTA-DR interpuestas hace seis años por el Movimiento Social y por el FMLN.
Que la Asamblea Legislativa derogue inmediatamente el artículo 15 de la Ley de Inversiones y prohíba de manera rotunda e inequívoca la minería metálica nacional; así mismo, que dicho ente, constituya una Comisión Especial para investigar quienes son los funcionarios involucrados en lo que PacificRim llama“Autorizaciones presuntas” y cual es la responsabilidad penal o civil que tienen.
Que el Ministerio de Economía reconozca que la Evaluación Ambiental Estratégica para el tema minería, pierde vigencia con la última resolución del CIADI, pues con independencia de lo que se haga o diga dicha Evaluación, ahora el Estado enfrenta la posibilidad “real” de seguir siendo demandado en vía doble, CAFTA-DR y Ley de Inversiones.
Ello es necesario si queremos tener un pueblo soberano, independiente y con viabilidad social en el corto plazo.


* Abogado Ambiental y Columnista de VOCES.

[1]Cfr.El Salvador deja fuera a PacificRim de los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. http://www.fiscalia.gob.sv/?p=1911
[2] Esta cantidad puede ser mayor o menor, según las pruebas que se presenten ante el Tribunal Arbitral.
[3] La Ley de Inversiones fue una iniciativa de ellos.
[4] Distrito minero de oro y plata, localizado en el Departamento de Cabañas.
[5] Todos los documentos con excepción del último, pueden ser consultados en la página oficial del MINEC, http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:otros-documentos&Itemid=63
[6] Dicho artículo prescribe que: El Presidente y el Vicepresidente de la República,los Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministrosde Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de lasCámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte deCuentas de la República, el Fiscal General de la República, elProcurador General de la República, el Presidente y Miembros del ConsejoCentral de Elecciones y los representantes diplomáticos,responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales ycomunes que cometan.
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Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llama a cerrar filas contra las corporaciones mineras

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en el marco de la XII Caminata Ecológica presentaron diferentes cartas a autoridades del Gobierno salvadoreño para exigir acciones que cierren los espacios a la posibilidad de que se active la minería metálica en el país. Las demandas giran en torno a no firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea y Canadá, por considerarlos acuerdos que van tras los recursos naturales y los medios de vida de la población salvadoreña. Además, se solicitó la discusión, aprobación y ratificación de una nueva Ley de Minería que PROHÍBA expresamente dicha industria extractiva. 


A continuación las correspondencias al Ministro de Economía y a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. 

CARTA PÚBLICA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Lic. Armando Flores
Ministro de Economía.
Presente.

Estimada Sr. Ministro:

Seguimos viendo con preocupación la ambigua postura sobre la minería metálica adoptada por la cartera que usted dirige, la cual plantea que el Ejecutivo aún no tiene postura a favor o en contra de la explotación minera y que ésta dependerá de los resultados de una Evaluación Ambiental Estratégica. La Evaluación finalizo el año pasado y aún no han sido hecho público los resultados de la misma, faltando así al compromiso  asumido por  la cartera que usted preside y la empresa consultora TAU, al inicio de la misma.

El silencio respecto a los resultados de la EAE  contradice la postura del Presidente Mauricio Funes, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que su gobierno tiene la decisión de no permitir ningún proyecto de explotación de metales. El mandatario, incluso, un año después de asumir la presidencia afirmó que apoyaría una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales, y prometió sancionarla si ésta es aprobada por la Asamblea Legislativa.

Frente a dicha postura clara y contundente, nos sorprende la posición del Ministerio de Economía (MINEC). El MINEC, consecuente con la postura de Casa Presidencial, más bien debería tomar la iniciativa de ley y pedir a la Asamblea Legislativa aprobar la Ley que el Presidente Funes respalda y no estar promoviendo una moratoria, la cual no resuelve en nada el problema de la destrucción y contaminación que produce la minería metálica, así como tampoco evita el brote de conflictos sociales en territorios donde se instalan las compañías mineras.

El MINEC debe saber que mientras no se apruebe una Ley prohibitiva de la minería, el país puede seguir siendo demandado por empresas mineras que podrían ampararse a la Ley de Inversiones si sus solicitudes siguen siendo denegadas. Es decir, a los actuales arbitrajes  de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), pueden seguir muchos otros arbitrajes contra el Estado salvadoreño, el cual tendrá que seguir invirtiendo cuantiosas sumas de dinero para pagar las firmas de abogados que defiendan al país de dicha demandas. Basándonos en el fallo que hiciera el CIADI el pasado 1 de junio sobre la demanda de Pacific Rim, vemos que la única razón por la que se ha desestimado parcialmente los alegatos de la empresa minera es porque ésta no es estadounidense y no forma parte del CIADI. Y no debemos olvidar que existen numerosas compañías mineras procedentes de Estados Unidos y de otros países con intenciones de extraer el oro y la plata de nuestro subsuelo a las que no podrá negárseles permisos sin que esto conlleve un proceso de arbitraje. Además, el Gobierno de Mauricio Funes firmará este mes un Tratado de Libre Comercio con Canadá, que también contiene los artículos que permiten a las empresas demandar a los Estados cuando se sienten vulneradas en sus derechos de inversión.


Por tanto, Sr. Ministro, este día demandamos de usted lo siguiente:

1.    Que tome la iniciativa de ley como ministerio y pida a la Asamblea Legislativa aprobar una Ley que prohíba en forma definitiva la exploración y explotación minera en el país.
2.      No firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
3.     No firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá. (CA4)


San Salvador, 7 de junio de 2012


PIEZA DE CORRESPONDENCIA A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
  
Señoras y señores:
SECRETARIAS Y SECRETARIOS
JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Presente. -
 
Los abajo firmantes, en representación de las comunidades y organizaciones ciudadanas que conforman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, haciendo uso del derecho que la Constitución de la República nos otorga para exigir nuestros derechos  ante la Honorable Asamblea Legislativa, y en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente, a ustedes  respetuosamente EXPONEMOS:

Que la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, el día 7 de diciembre de 2006, presentamos a esta Honorable Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia donde pedimos que se prohíba la minería metálica en nuestro país a través de la aprobación de una nueva ley. Nuestra principal preocupación se fundamenta en la alta vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro país, la cual ha quedado  demostrada a través de la ocurrencia de varios fenómenos socio naturales que han causado graves estragos a la población; así como la situación de riesgo a la que se expone a la población salvadoreña, debido a la grave contaminación ambiental que la minería metálica causaría a las comunidades de la zona norte del país al ser aprobada y  los irreparable daños que causaría la contaminación con metales pesados al Río Lempa y otros afluentes importantes del país, afectando la salud, las actividades domésticas, turísticas y productivas de más de cuatro millones de personas que dependemos de las referidas cuencas.

2° Como hemos demostrado técnica y científicamente en muchas ocasiones con más de treinta estudios, la minería metálica no traería beneficios sustanciales al país. Por el contrario, las empresas mineras transnacionales han mentido a la población salvadoreña con campañas engañosas prometiendo empleos que no son sostenibles, negando irresponsablemente el impacto que causarán al medio ambiente e inventando beneficios sociales y económicos imposibles para las comunidades. Su único interés es asegurar la explotación de minerales como oro y plata, mediante la utilización de cianuro y otros elementos químicos que contaminan el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad y la cadena alimenticia  provocando serios daños irreversibles al medio ambiente y a los seres humanos.

Que las empresas mineras en lo único que han contribuido al país es en la generación de gastos por costas procesales en la defensa del estado por las demandas interpuestas ante el CIADI. Empresas transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group pretenden obligar al Estado para que pague millonarias sumas de dinero por negarles los permisos de explotación minera de oro y plata. Demandaron al país ante el Centro Internacional de Arreglo relativos a las Inversiones –CIADI- aún a sabiendas que no tenían jurisdicción para hacerlo según las reglas del CAFTA. Esto ha quedado demostrado en la reciente resolución dada por el Tribunal Arbitral, quien declaró que Pacific Rim no tenía jurisdicción  para demandar al estado salvadoreño, quedando de manifiesto una vez más, que estas empresas transnacionales lo único que les importa es el lucro, sin importarles los daños que ocasionan a las personas y a los estados, teniendo que pagar estos últimos, cuantiosas sumas de dinero por su defensa.

Que la prohibición de la minería en nuestro país es oportuna en tanto que revertiría la actual ley de minería permisiva de los proyectos mineros y la sustituiría por una normativa que prohíba dicha actividad, evitando que el Estado enfrente  nuevas demandas similares a las de Pacific Rim y Commerce Group. Con la reciente resolución dada por el CIADI, se corre el peligro que nuevas empresas mineras utilicen el mecanismo que el tribunal ha dejado abierto para demandar al país. Por otro lado, si se prohíbe la explotación minera, esto daría mayor solvencia moral a El Salvador para exigir a Guatemala suspender la mina Cerro Blanco, la cual contaminará inevitablemente el Lago de Guija y el Río Lempa. Finalmente, una Ley que prohíba la minería metálica, obligaría a las empresas mineras a retirarse del país, acabando así con el factor de conflictividad y asesinatos en las comunidades amenazadas por la minería metálica.

Que en nuestra Constitución de la República se establece que “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo”, que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”, y que “Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible” de nuestro país.

Por todo lo antes expuesto, a  ustedes atentamente SOLICITAMOS:

Que la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático inicie a la brevedad posible la discusión del proyecto de Ley  de Minería presentado por La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en diciembre de 2006, se emita dictamen favorable y sea elevado al pleno para que se apruebe dicha normativa. Así prohibiremos en forma definitiva la exploración y explotación de la minería metálica en el territorio salvadoreño, y garantizaremos la vida de las presentes y futuras generaciones de nuestro país.