viernes, 21 de agosto de 2009

40 días de impunidad



Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.

Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.


Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.

Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.

También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.

Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.

Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.


miércoles, 12 de agosto de 2009

Cabañas, hoy.

Amenazas de muerte, atentados, desapariciones forzadas y asesinatos. No es El Salvador de los años setenta u ochenta, ni siquiera la actual Honduras ultrajada por los golpistas. Es el departamento de Cabañas, hoy.


Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.


Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.

Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.



Martes 28 de julio.
Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.


Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.



Viernes 7 de agosto.
Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.



Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.



Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.



*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

sábado, 1 de agosto de 2009

Sábado, 01 de Agosto de 2009 / 09:33 h “Todo comenzó con difamaciones, ahora son amenazas a muerte”: José Beltrán


APES denuncia y condena las amenazas contra periodistas de Radio Victoria. Acompañan en la denuncia: Adriana Valle, Oneida Ayala, Elin Jordan directivo de ARPAS, Rafael Domínguez, presidente de APES, y José Alexander Beltrán. Foto Diario Co Latino


Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La vena del periodismo en José Alexander Beltrán llegó de forma insospechada. Un reclutamiento rutinario de estudiantes universitarios para Radio Victoria fue suficiente para probar suerte con un taller: “y me quedé en el colador”, narró este joven de 18 años de edad, que realiza su labor periodística en Cabañas.

La denuncia de la desaparición y posterior asesinato del líder social, Gustavo Marcelo Rivera marcó a este grupo de jóvenes, que incansablemente informaron de los pormenores del caso, abriendo sus micrófonos a la comunidad para expresar su preocupación por el resurgimiento de “prácticas del conflicto armado”, que llenó de mucho dolor al país.

“Todo comenzó con difamaciones, recuerdo que llegó una carta por correo a mi familia, denigrándome y aconsejándole a mi familia que ya no fuera a la radio; luego en mayo se robaron la antena de la radio, y el paso siguiente fueron las amenazas, nos tildaban de ser una radio guerrillera y como tal, podíamos desaparecer”, testimonió.

Junto a José Alexander, se encuentra amenazados Vladimir Abarca Ayala de 17 años, y Ludwin Franklin Iraheta de 20 años de edad, quienes han recibido amenazas de muerte, vía telefónica, y en sus correos electrónicos, desde su cobertura del caso del Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, Cabañas.

“En las vigilias que cubrimos y que fueron cinco, Ludwin animaba a la gente a participar expresándose por radio, luego, una mañana en su casa, al abrir su puerta se encontró con una carta que decía - te van a matar- , lo más fuerte que me han dicho a mí es – estás en la lista y para eso no hay edad”, cuenta.

Y no solo los jóvenes periodistas han enfrentado agresiones psicológicas, Radio Victoria, ha venido siendo saboteada en su transmisor, ubicado en el Cerro Moidan, Sensuntepeque.

Esto ha generando su salida al aire por largos espacios de tiempo, sin que, hasta el momento la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, establezca la autoría intelectual y material del hecho.

“Por el momento, ninguno de nosotros está viviendo en San Isidro, Cabañas, estamos obligadamente exiliados, el Procurador de Derechos Humanos Óscar Humberto Luna, dictó medidas cautelares por 72 horas, que se vencen hoy (viernes) , pero no sabemos nada, no podemos regresar por nuestras familias y esto es preocupante”, señaló.

Por su parte, Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció y condenó públicamente las amenazas a muerte de estos jóvenes, porque atenta contra la libertad de expresión e información, que son derechos inherentes de toda sociedad democrática.

“El fiscal no fue claro en adelantar los avances, dijo que han abierto una investigación desde el 25 de julio a través, de la fiscalía de Sensuntepeque, pero no sabemos si ya identificaron los números telefónicos de donde provienen los mensajes o remitentes de los correos electrónicos, sin embargo, para nosotros esto es demasiado lento, muy poco, para algo tan grave: la amenaza a la vida de los periodistas y violentar el derecho de libertad de expresión”, indicó.

Mientras, Elín Jordan, directivo de ARPAS, consideró que acallar el derecho de información y una falta de investigación por parte del sistema de justicia, era preocupante.

“Queremos un trabajo de investigación profesional, porque se han activado los Escuadrones de la Muerte y esto no es delincuencia común, son gente que es pagada por el poder y hay intereses económicos como Pacific Rim; porque Marcelo Rivera no fue asesinado por delincuencia común, el fue un luchador ambiental, y eso lo denunció Radio Victoria”, dijo.

Los pobladores de San Isidro Cabañas acompañaron este día a los periodistas amenazados, como muestra de solidaridad con su radio comunitaria, para demandar del Presidente de la República, Mauricio Funes, una investigación exhaustiva del hecho. El mandatario se comprometió con el caso, y condenó las amenazas a los jóvenes periodistas.

Ver nota original en:http://www.diariocolatino.com/es/20090801/nacionales/69862/