Juan Francisco Durán Ayala, promotor del Comité Ambiental de Cabañas- CAC-, una de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica fue asesinado el 4 de junio recién pasado. Su cuerpo fue reconocido hasta más de 10 días después de haber sido encontrado acribillado a balazos en el municipio de Soyapango en San Salvador. Al repudiar y condenar su asesinato, expresamos nuestra solidaridad con la familia Duran Ayala, con los compañeros-as del CAC, y con las comunidades que resisten a la minería metálica en Cabañas.
Este joven líder comunitario, de 30 años de edad, hijo ejemplar y visionario, compañero entregado a la lucha por la justicia y la defensa del medio ambiente; estudiante de la Universidad Tecnológica en San Salvador, fue visto por última vez pegando afiches y pancartas de protesta contra la minería metálica en Ilobasco en el marco de una consulta pública sobre el sector minero, un día antes de su desaparecimiento.
Juan Francisco es el cuarto ambientalista antiminero que es asesinado en Cabañas. Hace cerca de dos años fue secuestrado y luego asesinado el compañero Marcelo Rivera, apreciado líder comunitario pionero de la resistencia contra la minería en Cabañas. Hasta ahora, las investigaciones realizadas no han producido el enjuiciamiento, mucho menos las capturas de los autores intelectuales. Similar suerte han tenido los otros procesos de investigación por los asesinatos de los líderes antimineros Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera. En este marco de impunidad y falta de justicia, se suman a este clima de violencia e intimidación, las frecuentes amenazas contra periodistas de Radio Victoria y otros líderes comunitarios que resisten a la explotación minera que impulsa la empresa canadiense Pacific Rim.
¿Cuántas veces tendremos que repetirlo? Los proyectos de minería metálica son una grave amenaza para la vida de las personas, tanto por los impactos ambientales que provoca, como también por la desestabilización y conflictividad social que origina en las comunidades. Está claro que la espiral de asesinatos y amenazas contra defensores ambientales y de derechos humanos en Cabañas, tiene vínculos directos con la presencia de empresas y proyectos mineros en esa localidad.
Para que el asesinato de Juan Francisco no se quede impune y se haga justicia, demandamos a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República que lleguen al fondo de las investigaciones. Las investigaciones deben arrojar datos creíbles y confiables, que determinen la culpabilidad material e intelectual de este horrendo crimen y de todos los demás crímenes contra ambientalistas antimineros.
Exigimos que se establezca con claridad la influencia que la promoción de estos megaproyectos de explotación minera tiene en generar estos hechos de violencia e intimidación; que no se descarten anticipadamente líneas de investigación sobre la implicación que pudieran tener sus operadores y promotores locales. No es posible que no se estén investigando a los poderes locales de los municipios de Sensuntepeque, San Isidro e Ilobasco, sobretodo cuando se ha comprobado que defienden intereses de las empresas mineras y se olvidan descaradamente de la calidad de vida de las personas.
Llamamos a las organizaciones sociales y populares del país a demandar el fin de la impunidad, a elevar la lucha contra la criminalización de la lucha social y ambiental, a exigir el castigo de los asesinos de nuestros compañeros. A los compañeros de la solidaridad internacional, a profundizar el acompañamiento a nuestra lucha, desnudando las prácticas intimidatorias y criminales de las transnacionales mineras, en particular de Pacific Rim, quienes quieren hacer negocio con el oro empapado con la sangre generosa de nuestros y nuestras mártires.
¡Ni una muerte más, ni una mina más !
¡No a la minería metálica en El Salvador!
Jueves 16 de junio de 2011
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