Comunicado de Prensa
Por más de 30 años las organizaciones Ciudades Hermanas, la Fundación SHARE, y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES, hemos apoyado al movimiento social en El Salvador. Hoy estamos aquí en solidaridad con el pueblo salvadoreño, exigiendo al Fiscal General de la República, Romeo Barahona, que ponga fin a la impunidad en El Salvador.
Como residentes estadounidenses, incluyendo representantes de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, apoyamos los logros que se han dado como resultado de la lucha valiente del pueblo organizado, tal como el detenimiento de la minería en el país y la alternancia de gobierno que se dio en 2009. Esta semana nos hemos reunido con nuestros aliados y aliadas del movimiento social, quienes nos han puesto al tanto del clima de impunidad en el que se vive en el país. Estamos conscientes y pendientes de las campañas de intimidación contra el movimiento social salvadoreño, y nos preocupa mucho el papel que ha jugado la Fiscalía General de la República al permitir una impunidad que arremete contra las vidas de la ciudadanía salvadoreña.
En el departamento de Cabañas se ha formado una fuerte resistencia a los proyectos mineros porque estos representan una grave amenaza a la vida de las personas por los impactos ambientales nocivos que provocan y la desestabilización social que causan en las comunidades. Este mes se ha dado otro hecho de violencia contra la resistencia anti-minera. Juan Francisco Durán Ayala desapareció el 4 de junio, un día después de estar en Ilobasco, repartiendo afiches y volantes contra la minería metálica, en el marco de una consulta pública sobre el sector minero. Identificaron su cadáver diez días después. Fue asesinado a balazos.
El asesinato de Juan Francisco es el cuarto asesinato de un ambientalista que se oponía a la minería en Cabañas. El cadáver de Marcelo Rivera, líder comunitario de San Isidro, fue encontrado en julio de 2009 con señales de tortura, y los ambientalistas Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera fueron asesinados a balazos en diciembre de 2009. Hasta ahora, las investigaciones de estos crímenes no han producido capturas de autores intelectuales. Además, hasta ahora, el personal de Radio Victoria ha recibido una oleada constante de amenazas de muerte por personas que se hacen llamar un grupo de exterminio, y no se ha llevado a cabo ninguna investigación por parte de la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía ni ha visitado a la Radio para buscar evidencia sobre las amenazas.
La violencia e intimidación continua crea un clima que obstaculiza el trabajo del movimiento social de Cabañas y de todo El Salvador. Las organizaciones sociales se ven obligadas a dedicar más energía y recursos para poder proteger a sus miembros, en vez de promover sus programas de alfabetización, conscientización, y desarrollo sostenible. La impunidad produce el miedo a las represalias, y así impide la plena participación de la población en foros públicos. De esta manera, la inacción de la Fiscalía legitima la idea que la violencia es un método viable y seguro de promover intereses políticos y sociales y también de manejar un debate público.
Además de la inacción de la Fiscalía en los asesinatos de los ambientalistas de Cabañas, estamos conscientes de otros casos de impunidad, como lo es el caso de Rubén Humberto Mejía Sotelo, un consejal municipal de Mejicanos, asesinado el día 14 de este mes. Igualmente, el alto nivel de corrupción en ciertas carteras de gobiernos anteriores no ha sido investigado de manera satisfactoria, a pesar de evidencia contundente que ha sido presentada por funcionarios actuales del gobierno.
Tal es el caso del ex ministro de salud, Guillermo Maza, a quien, a pesar de haber sido capturado, después dejado en libertad, y ahora capturado de nuevo, no se le ha enjuiciado por la malversación de fondos destinados a la reconstrucción de hospitales dañados en el terremoto de 2001. La Fiscalía tampoco ha investigado de manera conclusiva las denuncias de corrupción y malversación de fondos hechas por el anterior ministro de gobernación, Humberto Centeno, contra René Figueroa, Rodrigo Ávila, Coronel Jorge Murcia, Miguel Tomás López, José Armando Zepeda, y Julio Alberto Ramírez, todos funcionarios de la administración del ex-presidente, Antonio Saca. En estos casos de corrupción en los ministerios de salud y gobernación de la administración anterior, decenas de millones de dólares fueron robados al pueblo salvadoreño por funcionarios corruptos.
Por último, se dan las instancias de asesinatos de activistas políticos que no se han investigado como crímenes de naturaleza política. Son los casos de los asesinatos de Francisco Antonio Manzanares y Juana de Manzanares, en julio de 2006, y de Gilberto Soto, sindicalista de los Teamsters, en noviembre de 2004. Tanto la Fiscalía General como el Jefe Fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, tienen bajo su cargo llevar a cabo investigaciones que tienen como fin enjuiciar a los culpables de estos asesinatos.
La alternancia de gobierno que se dio en 2009 permite una apertura hacia la transparencia de manejos de fondos públicos. El patrón de impunidad frente a la corrupción gubernamental se fortalece con la inacción del Fiscal General, y de esta manera los esfuerzos de transparencia del nuevo gobierno son socavados. Al final del día, el que paga la cuenta con creces es el pueblo salvadoreño.
Con los ejemplos que hemos puesto, vemos que el Fiscal General actual no está cumpliendo con su deber de investigar el crimen que le corresponde según la Constitución de la República. Por lo tanto, reiteramos las exigencias de nuestros aliados y aliadas en El Salvador, llamando al señor Fiscal General Romeo Barahona a:
Investigar de manera profunda todos los casos de violencia, asesinatos y amenazas contra el movimiento anti-minero de Cabañas y dar con los autores intelectuales, con una investigación del vínculo entre la corrupción de las autoridades municipales, las empresas mineras, y estos hechos de violencia.
Investigar plenamente el asesinato del consejal municipal de Mejicanos, Rubén Humberto Mejía Sotelo.
Hacer justicia en los casos de corrupción de gobiernos anteriores que asegure la devolución de los fondos robados al pueblo salvadoreño en el desfalco de fondos por ministros corruptos.
Hacer justicia en los casos de la familia Manzanares y del sindicalista Gilberto Soto, entre otros casos de naturaleza política que actualmente siguen en la impunidad.
Queremos recalcar que entre nosotros hay miembros de la comunidad salvadoreña que residen en los Estados Unidos y tienen especial interés en que El Salvador sea un país en el que se abogue por la vida humana. Las heridas que dejó la guerra civil que impulsó la emigración hacia Estados Unidos siguen sanando, y la impunidad continua en El Salvador representa, en gran medida, la continuación de la desigualdad que hizo necesario el conflicto armado. Como miembros de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, estamos muy conscientes de esto, y permanecemos solidarios con la lucha por la justicia en este país.
Por último, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño y nuestro compromiso de dar seguimiento a estos casos de impunidad e informar a nuestro pueblo en los Estados Unidos y a nuestro gobierno de las preocupaciones de nuestros aliados y aliadas en El Salvador sobre la actuación de la Fiscalía.
*Comunicado de prensa leído a medios de comunicación nacionales e internacionales el 24 de junio de 2011 frente a instalaciones de FGR
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