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viernes, 29 de junio de 2012

Posicionamiento ante la discusión de la Ley General de Aguas en El Salvador

La Ley General del Agua debe prohibir la minería metálica en El Salvador

En el marco de la discusión y recopilación de elementos para la aprobación de una nueva Ley General de Aguas y considerando la urgente necesidad de contar con una legislación que resuelva la grave crisis hídrica que vive El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expone que:  

La crisis hídrica que atraviesa el país ha quedado demostrada con diversos estudios e informes que demuestran el uso irracional, irresponsable e insostenible del agua que se ha impulsado en las últimas décadas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales oficializó en 2010 que el 98% del agua en El Salvador no es apta para el consumo humano; la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aseveró  en 2009 que El Salvador es el país con menos disponibilidad de agua potable de toda la región mesoamericana.

La crisis hídrica es el centro de la crisis ambiental en El Salvador es muestra irrefutable de  la mercantilización explotadora a la que ha estado sujeta la naturaleza. La misma falta de una ley general de aguas es muestra de que las políticas públicas referidas al agua nunca se han orientado hacia su manejo equitativo y sustentable. Lejos de considerar el acceso al agua como un derecho humano fundamental, el agua se ha considerado como un bien mercadeable, sujeto a disposiciones de oferta y la demanda, como si la vida pudiera comprarse. Hoy somos tajantes en decir: No puede privilegiarse el lucro por sobre los derechos al Agua, a la Salud y a un Medio Ambiente sano. 

En El Salvador, ninguna Ley que pretenda garantizar el manejo adecuado del recurso hídrico debe dejar fuera temáticas como la Minería Metálica, las Represas Hidroeléctricas y el Ordenamiento Territorial. En un país al borde del estrés hídrico, partiendo de que por ejemplo, la explotación de minerales metálicos consume cantidades industriales de agua, es ilógico que la Ley General de Aguas no se refiera ni regule esta actividad económica. Si el objeto de la Ley de Aguas es garantizar el uso adecuado del recurso hídrico agua, debería estar orientada a prohibir la explotación de minas de metales en el país porque es una industria inviable e incompatible con las condiciones ecosistémicas de El Salvador. 

Las propuesta de Ley General de Aguas presentada por la sociedad civil salvadoreña y el Gobierno salvadoreños son instrumentos que reúnen aspectos vitales para la gestión adecuada del agua. Consideramos que estas propuestas deben discutirse y estudiarse a fin de robustecer sus contenidos. Reiteramos nuestro apoyo a que se consideren elementos como: El diseño de acciones y marcos jurídicos que garanticen la atención urgente de la crisis hídrica, la prohibición de la minería metálica, el cese a la construcción de más represas hidroeléctricas, las acciones encaminadas a enfrentar el cambio climático y el manejo especial al que debería someterse el Río Lempa. De igual forma, como en la actualidad sucede con las Juntas de Agua, debe privilegiarse la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo y control de los recursos hídricos locales, en lugar de privilegiar el control desde entes privados y centralizados.

La ley general de aguas debe resolver la grave crisis hídrica del país y sin lugar a dudas, debe cerrar los espacios para la activación de la minería metálica en El Salvador. 


27 de junio de 2012

miércoles, 22 de junio de 2011

Invitación a misa de segundo aniversario de Martirio Marcelo Rivera

Los que pensaron que con matar al cuerpo matarían a Marcelo, se equivocaron porque él aún vive entre nosotros"


La Familia Rivera Moreno y La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES, invitan a la Santa Misa del Segundo Aniversario de la desaparición forzada, tortura y asesinato de nuestro hermano, compañero, amigo y Mártir y Ambientalista Marcelo Rivera


Acto de Eucaristía, celebrada por Fray Oscar.

Fecha y hora: Domingo 26 de junio, a las 10.00 a.m.

Lugar: Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador



En presencia de nuestro profeta y mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, recordaremos a nuestros mártires que ofrendaron sus vidas por un ambiente sano y una vida digna para las presentes y futuras generaciones de nuestro país, pediremos justicia y fin a la impunidad.

De manera especial recordaremos el reciente asesinato del joven ambientalista Francisco Durán Ayala, enviando muestras de solidaridad moral a su familia y compañeros.


Estamos seguros que estas vidas truncadas, su obra, testimonio y aportes valiosos para el proceso de liberación de nuestro pueblo, sirvan de ejemplo a seguir y fortalezcan el espíritu de lucha de salvadoreñas y salvadoreños que siguen inspirados en una sociedad justa, democrática y sustentable.


Les esperamos.


“Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles.”

lunes, 13 de junio de 2011

Grave revés para la la resistencia antiminera de la región

El Gobierno de Guatemala anunció hoy lunes 13 de junio que no cerrará la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos a pesar de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenaba cerrar dicho proyecto.

Esta decisión del Gobierno guatemalteco es, sin eufemismos, una de las manifestaiciones más cínicas de los tomadores de decisión en ese país. Resulta sorprendente que, luego del clamor de 28 comunidades indígenas perjudicadas por la presencia de ese proyecto minero, el gobierno diga que no se existen niveles de contaminación que obliguen a cerrar la mina.

Esta decisión, al igual que la disolución de la mesa de diálogo entre opositores indígenas a la minería y las autoridades panameñas hace algunas semanas, son duros golpes a la resistencia minera en la región centroamericana. En El Salvador no podemos ignorar estas coyunturas si, sobretodo, el desacato del Gobierno de Colom en Guatemala es un claro irrespeto a la institucionalidad que los Estados del continente americano se han comprometido a respetar. Esto también diluye las posibilidades de que El Salvador pueda exigir a Guatemala el cierre efectivo de la mina fronteriza Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa. La sociedad civil debe ponerse en alerta ante esta situación porque todas y todos seríamos los principales afectados con la contaminación del Río Ostuma, el Lago de Güija, sin más, del Río Lempa. Esta es la real amenaza de la mina Cerro Blanco, que está a solo 80 kms. de la frontera con El Salvador.


De igual relevancia es hacer notar que la CIDH, además de exigir el cierre del proyecto minero, entre los puntos de la resolución emitida por la CIDH, se encuentra la adopción de medidas restaurativas para descontaminar fuentes de agua de 18 comunmidades y también para garantizar la salud de las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. El grave problema es que estas medidas quedan virtualmente descartadas cuando el informe presentado por las autoridades de gobierno determina que no existe causalidad entre el trabajo de extracción de oro y plata y los niveles de contaminación en la zona.

Esto, además, es especialmente significativo para El Salvador porque por ejemplo, uno de los argumentos que han esgrimido las comunidades de Cabañas para oponerse al proyecto de El Dorado en el municipio de San Isidro, es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)presentado por la minera Pacific Rim en, no contempla garantías de ningún tipo ante accidentes o afectaciones durante el proceso. Esto lo dice también el geólogo de la Universidad de Texas, Robert Morán y constituye, de hecho, una de las principales críticas que el científico hace al EIA del proyecto El Dorado.

El desacato del Gobierno de Guatemala a la resolución de la CIDH pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región territorial en la que El Salvador está enclavada. Se ha dicho que las cuencas de los ríos no pertenecen a un país y no pueden pretenderlo tampoco. Por lo tanto, permitir proyectos mineros, sea donde sea, también tiene efectos perversos en los ecosistemas de los países vecinos. La lucha regional contra la minería debe, pues, fortalecerse y no dejarse amedrentar por este tipo de reveses.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica esperamos que las autoridades salvadoreñas no tomen como ejemplo esta forma de gobernar. Es inadmisible ignorar el clamor de las poblaciones más vulnerables, sobretodo cuando éstas se fundamentan en razones científicas y comprobables. No es casualidad que hayamos activado nuestra campaña contra la mina en Cerro Blanco, en la que pedimos a nuestros gobernantes que actúen para presionar sus pares guatemaltecos en la prohibición y cierre de dicha mina. Es necesario que el Gobierno salvadoreño de muestras concretas de rechazar la minería. De lo contrario, nada nos asegura que estemos a salvo de la devacle minera.

viernes, 21 de agosto de 2009

40 días de impunidad



Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.

Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.


Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.

Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.

También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.

Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.

Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.


miércoles, 11 de marzo de 2009

Ávila ¿apoya la minería?


Nos alegra que el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, se declaró en contra de la minería metálica, luego que el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, exhortó al actual mandatario y a los aspirantes presidenciales rechazar la extracción de metales.

Ayer, 10 de marzo, Mauricio Funes firmó su compromiso en contra de la minería metálica.

Sin embargo, nos preocupa profundamente que el candidato presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila, guarde silencio ante la demanda ciudadana de rechazar los proyectos mineros y desobedezca el llamado de Monseñor Escobar Alas.

¿Qué se puede pensar de un candidato que se niega públicamente a rechazar la minería metálica, aun cuando su campaña electoral se basa en la firma de compromisos?


Por tanto, la ciudadanía debe reflexionar: en estas elecciones elijamos a un presidente comprometido con la protección del medioambiente y la defensa de la vida humana. El país no puede correr el riesgo con un candidato que se negó a rechazar la explotación minera.

Demandamos la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba la minería metálica



Las comunidades cristianas y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, al país entero, expresamos lo siguiente:

1. Nos complace la declaración pública del presidente Elías Antonio Saca de no permitir los proyectos de explotación minera metálica, debido a los graves daños que dicha industria provocaría al medioambiente y a la salud humana, principalmente por el uso de químicos tóxicos como cianuro.

2. Es necesario que el mandatario otorgue sustento legal a sus declaraciones y demuestre que no está haciendo campaña electoral, sino que en verdad está dispuesto a prohibir la minería. Para esto debe aprobar un decreto ejecutivo y promover una ley que prohíba esta nociva industria.



3. El candidato presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila, debe posicionarse en contra de los proyectos mineros, tal como ya lo hizo Mauricio Funes, candidato del FMLN, quien aceptó el llamado que recientemente planteó Monseñor José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador.



Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y con el apóyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, exigimos al actual y al futuro gobierno rechazar en forma definitiva la exploración y explotación minera para garantizar la protección del medioambiente, las posibilidades de desarrollo productivo y la vida de las futuras generaciones del país.

A la Asamblea Legislativa, demandamos la aprobación del Proyecto de Ley de Minería que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentó en diciembre de 2006, la cual regula la minería no metálica y prohíbe la minería de metales.


MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA