Comunicado público por un nuevo atentado

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica denuncia y rechaza un nuevo atentado contra líderes de la lucha contra la minería

Conferencia de Prensa ofrecida hoy 8 de octubre para denunciar los nuevos atentados
que sufren miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador.
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Las y los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, denunciamos un atentado de muerte contra Alejandro Guevara Velasco de la Asociación Ambiental La Maraña, organización parte de nuestra red, ocurrido el pasado jueves tres de octubre. Expresamos  nuestra indignación y el más enérgico rechazo a la persecución que sufren miembros de nuestra lucha en El Salvador.

Hacemos del conocimiento público que el día jueves 3 de octubre de 2013, Alejandro Guevara, líder de la comunidad La Maraña en Cabañas, fue atacado a muerte en su vivienda en el municipio de Ilobasco.  Entre 6:30 y 7:00 P.M., al menos tres disparos de bala fueron dirigidos a su persona sin que ninguno alcanzara a impactarle. El ataque con arma de fuego fue dirigido desde un costado de su vivienda, a una distancia que impidió al agredido reconocer a al/los hechor/es. Varios minutos después del ataque, Guevara recibió llamadas telefónicas anónimas desde un número móvil desconocido donde se le preguntaba si había algún fallecido en la vivienda.

Dado el historial de persecución, amenazas y asesinatos ocurridos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos vinculados al trabajo que impulsamos como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, no vacilamos en denunciar y rechazar de manera tajante este nuevo hecho de violencia y exigimos una vez más Justicia.

A la Fiscalía General de la República, así como a la Policía Nacional Civil, exigimos categóricamente agotar las líneas de investigación que sean necesarias para esclarecer estos hechos violentos. Exigimos se garantice que los hechores materiales e intelectuales de estos atentados no se escondan bajo un nuevo halo de impunidad, como ha sido el caso de anteriores afrentas a la dignidad y la vida de otros de nuestros compañeros y compañeras.

De igual forma, para evitar más violencia contra miembros de las organizaciones que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, demandamos a la Asamblea Legislativa y del Presidente de la República concretar la prohibición definitiva de la explotación minera metálica en El Salvador.

Hacemos el llamado a la población salvadoreña, las organizaciones sociales y a las autoridades correspondientes a nivel local y nacional a que nos mantengamos alerta ante este episodio violento contra líderes comunitarios que forman parte de la lucha antiminera en El Salvador.

¡Exigimos investigaciones serias y profesionales sobre estos nuevos hechos de violencia!

¡Alto a la persecución y a los actos intimidatorios contra nuestra lucha por la vida y el rechazo a la minería metálica en El Salvador!

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador

San Salvador, 4 de octubre de 2013

Escuche este comunicado en versión de audio. Transmitido en Radio Victoria el día 8 de octubre de 2013. 

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Delegación internacional en Defensa del Agua en El Salvador visitó departamento de Cabañas

La Delegación Internacional #EnDefensaDelAgua visitó comunidades de Cabañas, al norte de El Salvador, para intercambiar experiencias y ampliar horizontes en la lucha contra proyectos mineros como El Dorado, instalado en ese departamento. El proyecto El Dorado ha sido impedido en el país por no reunir requerimientos técnicos y por no contar con la aprobación social para su funcionamiento. Miembros de la delegación representan organizaciones que, incluso, desde Canadá impulsan campañas contra la demanda que Pacific Rim ha interpuesto contra el Estado salvadoreño por 314 millones de dólares.

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IV Caminata Ambiental por la defensa del Agua

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se movilizó durante el fin de semana contra los proyectos mineros en Cabañas, principalmente contra El Dorado de la canadiense Pacific Rim. 

Sensuntepeque, Cabañas. La IV Caminata Ambiental por la Defensa del Agua se desarrolló el pasado 20 de octubre con la participación de comunidades y organizaciones de todo el país. Más imágenes aquí. Comunicaciones Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

Comunidades y organizaciones de todo el país se movilizaron el sábado 20 de octubre durante la IV Caminata por la defensa del Agua. Las y los participantes se concentraron en Sensuntepeque, municipio de Cabañas para manifestarse contra los proyectos de minería que empresas transnacionales pretenden impulsar en el referido departamento. Diferentes comunidades asistieron para un recorrido por todo el centro urbano de Sensuntepeque portando pancartas, posters y mensajes alusivos al rechazo a los proyectos mineros, especialmente contra El Dorado que pretende ser explotado por la minera canadiense Pacific Rim.

Organizaciones religiosas, asociaciones comunitarias, grupos juveniles, entre otros sectores, manifestaron su descontento con los diferentes proyectos mineros que podrían activarse en dicho departamento y en otros como Chalatenango y Morazán. Las participaciones y los llamados giraron en torno a que la Asamblea Legislativa apruebe en el corto plazo una Ley que prohíba definitivamente la Minería Metálica y se enfatizó, además, lo contraproducente que sería la aprobación de una suspensión temporal administrativa de la extracción de metales.

Saliendo del Centro Penitenciario de Sensuntepeque a las 9 de la mañana y caminando hasta el parque Luciano Hernández, a una hora del punto de partida, la IV Caminata por la defensa del Agua no contó con la participación de funcionarios del gobierno local a pesar de que fueron invitados a la actividad.  

  Imágenes de la actividad

IV Caminata por la defensa del agua en Cabañas

Foro Público por la prohibición de la Minería Metálica en Ilobasco

El Foro se desarrolló en el marco del Día Interamericano del Agua y forma parte de una serie de actividades impulsadas por la Alianza Ambiental durante la semana. Foto Comunicaciones MNFM

La Alianza Ambiental de El Salvador desarrolló el miércoles 3 de Octubre un foro Público sobre la necesidad de aprobar una Ley General de Agua y una Ley que Prohíba la Minería Metálica en El Salvador. La actividad se desarrolló en Ilobasco, Departamento de Cabañas.

Participaron representantes y voceros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y el Foro Nacional del Agua. Asistieron estudiantes de centros escolares, agricultores, miembros de las cooperativas de la zona y población en general de Cabañas.

 Vea esta selección de fotos y las palabras de apertura

Presentación de estudio

El río Titihuapa ubicado en la zona sur de Cabañas ha sido el escudo de lucha de comunidades que se han opuesto contra empresas transnacionales mineras en El Salvador. La defensa del Titihuapa es un emblema de la lucha antiminera en El Salvador y es una invitación constante a seguir construyendo alternativas al extractivismo.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica saluda con entusiasmo y mucho orgullo la culminación de esta publicación. Este tipo de insumos permiten comprender lo importante que es prohibir industrias tan contaminantes y destructivas como la Minería Metálica. Seguiremos empujando para que El Salvador sea libre de la contaminación minera.

Invitación a misa de segundo aniversario de Martirio Marcelo Rivera

“Los que pensaron que con matar al cuerpo matarían a Marcelo, se equivocaron porque él aún vive entre nosotros"

La Familia Rivera Moreno y La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES, invitan a la Santa Misa del Segundo Aniversario de la desaparición forzada, tortura y asesinato de nuestro hermano, compañero, amigo y Mártir y Ambientalista Marcelo Rivera

Acto de Eucaristía, celebrada por Fray Oscar.

Fecha y hora: Domingo 26 de junio, a las 10.00 a.m.

Lugar: Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador

En presencia de nuestro profeta y mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, recordaremos a nuestros mártires que ofrendaron sus vidas por un ambiente sano y una vida digna para las presentes y futuras generaciones de nuestro país, pediremos justicia y fin a la impunidad.

De manera especial recordaremos el reciente asesinato del joven ambientalista Francisco Durán Ayala, enviando muestras de solidaridad moral a su familia y compañeros.

Estamos seguros que estas vidas truncadas, su obra, testimonio y aportes valiosos para el proceso de liberación de nuestro pueblo, sirvan de ejemplo a seguir y fortalezcan el espíritu de lucha de salvadoreñas y salvadoreños que siguen inspirados en una sociedad justa, democrática y sustentable.

Les esperamos.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles.”

40 días de impunidad

Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.

Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.


Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.

Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.

También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.

Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.

Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.

Cabañas, hoy.

Amenazas de muerte, atentados, desapariciones forzadas y asesinatos. No es El Salvador de los años setenta u ochenta, ni siquiera la actual Honduras ultrajada por los golpistas. Es el departamento de Cabañas, hoy.


Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.


Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.

Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.



Martes 28 de julio. Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.


Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.



Viernes 7 de agosto. Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.



Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.



Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.



*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Iglesias históricas nombran “Mártir del Medio Ambiente” a Marcelo Rivera

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Las Iglesias Luterana y Católica elevaron a “Mártir del Medio Ambiente” al activista social, Gustavo Marcelo Rivera, por su labor social y política en San Isidro, Cabañas, en contra de la incursión minera de Pacific Rim y sus constantes denuncias de corrupción del gobierno local.

Al acto ecuménico se unió el de los diputados del partido FMLN, Lourdes Palacios y Antonio Echeverría, quienes se pronunciaron por una pronta y cumplida justicia, ya que, Marcelo también era activista del partido de izquierda y fue el principal denunciante de los casos de votos foráneos, en su municipio el pasado 18 de enero.

Durante el evento, se dieron forcejeos que entre los miembros de las organizaciones sociales y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) por la Plaza Gerardo Barrios, conocida como Plaza Cívica.

Los agentes del CAM trataron de impedir la celebración del Primer Festival Justicia y Paz “Gustavo Marcelo Rivera”, pero no pasó a más, y se estableció que las plazas son lugares públicos, agregando la defensa del derecho a la libertad de expresión.

La Reverenda Cecilia Alfaro y Fray Óscar Granados, de la Orden Franciscana, afirmaron que la muerte cruel e impune de Marcelo, un joven entregado a la lucha social, recordaba de nuevo la entrega de Jesús en la Cruz.

La Reverenda Alfaro agregó, “es el primer mártir ambiental, que dedicó su corta vida a causas justas, fue un hombre que se dio a su población y lo sacrificaron, para golpear al pueblo”.Mientras, Fray Granados señaló que Mártir significa “ser testigo” y como tal, Marcelo Rivera “luchó como Jesús, negándose a abandonar a la gente a obras de muerte, con la muerte de Marcelo podemos decir que Dios pasó por San Isidro, Cabañas”, comentó.

Por su parte, Lourdes Palacios señaló que la Fiscalía General de la República deberá rendir cuentas y realizar una investigación consistente y a profundidad.

“Se debe hacer pagar por la injusticia cometida, y no podemos negar que la Pacific Rim estuvo atrás de esto, Gustavo hizo señalamientos claros y fue de las persona que pidió que no se instalaran las minas”, argumentó.

Mientras, Gustavo Pineda, jurista de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) , instó a los presentes a emprender una lucha constante de presión ante la Fiscalía.

“Es un camino largo, pero debemos reivindican la memoria de nuestro amigo Gustavo Marcelo que defendió la vida, no se puede seguir permitiendo que la Pacific Rim continúe envenenando la tierra”, señaló. A estos pronunciamientos, se unió el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, quien compartió que la PDDH seguirá trabajando para exigir al Estado salvadoreño el esclarecimiento del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.

“El Procurador (Óscar Humberto Luna) me dijo que les dijera que vamos a seguir de cerca el caso y nos comprometemos a no desfallecer mientras el caso no se esclarezca”, sostuvo.

El Padre Gerardo Poter aseguró que esperan una investigación justa y efectiva para que la población de San Isidro, Cabañas, pueda encontrar la confianza que ha perdido de sus autoridades locales, fiscales y policiales.

“No vamos a creer nunca que fue una muerte por delincuencia común, en ningún momento él estuvo involucrado en violencia o pandillas, como lo han dicho; esto fue planificado y luego, ejecutado, por eso, pedimos una investigación profesional”, solicitó.

Francisco Bosch afirmó que las organizaciones sociales se están preparando para trabajar de lleno en el esclarecimiento del desaparecimiento y asesinato de Marcelo Rivera, que forjó junto a un grupo de jóvenes la defensa de su municipio.

“Claro, la muerte de Marcelo cuando lo tenemos tan vivo en la memoria, no pueden llamarse muertos, nosotros ante esta situación vamos a luchar por la verdad y lo vamos a rememorar siempre, porque no se ha ido. Lo que queremos es que se vaya la Pacific Rim”, puntualizó.

El Festival reunió cantantes de trova, hip hop, danza y poesía, muchos de ellos adolescentes, quienes entregaron su “talento” grupos que había formado Gustavo Marcelo Rivera en la Casa de la Cultura.

“MC Lethal” lo explica a su manera en su hip hop alternativo al cantar: “engañar, robar y destrozar es un abuso en mi tierra, pero a mi gente no la engañan los ladrones disfrazados/por la plata baila el perro, sólo miren el alcalde de mi pueblo”.

Asesinato de Marcelo Rivera: ¿Delincuencia común?

¿Inoperancia? o ¿mala intención? Es sospechoso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) se apresuren a declarar que la desaparición forzada y posterior asesinato de Gustavo Marcelo Rivera Moreno es un acto de la delincuencia común.
Ésa es la hipótesis inicial planteada por el Subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado Howard Augusto Coto, y el Jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Antonio Delgado.

Según estos funcionarios de la seguridad pública, Gustavo Marcelo –quien no era borracho ni se reunía con miembros de pandillas– departía con un grupo de mareros quienes, después de una acalorada discusión, le quitaron la vida. En tal sentido, el activista ambiental y dirigente político de Cabañas sería sólo una de las 13 personas asesinadas a diario en El Salvador.

Pero diversas pruebas –que serán presentadas en los tribunales– desmienten la historia del comisionado Coto y del fiscal Delgado. Abundan elementos que sugieren posibles móviles políticos y líneas de investigación para encontrar a los responsables –intelectuales y materiales– de dichos crímenes, la principal son las amenazas y persecuciones que sufrió debido a su rechazo a la minería y su resistencia a acciones de fraude electoral.

El propósito de este artículo es insistir en dos argumentos que sostienen la tesis de que la desaparición forzada y asesinato de Rivera Moreno no son un simple acto de delincuencia común.

Primero. Gustavo Marcelo no es una víctima común. Y esto no es discriminar a otras víctimas de la feroz delincuencia que azota al país, pues todas las vidas humanas que se pierden son importantes. Se trata de destacar algunas de sus características que lo convierten en “una víctima no común”.

Al momento de su desaparición era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), organización con sede en San Isidro y en Los Ángeles (California, EE.UU), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería. También dirigía la Casa de la Cultura de San Isidro e integraba la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.

Es decir, era un líder comunitario, funcionario público, activista del medioambiente y dirigente político.

Su lucha antiminera y su labor por la democracia en San Isidro lo enfrentaron a intereses de la empresa Pacific Rim –que pretendía extraer más 800 millones de dólares en oro de la mina El Dorado– y del alcalde José Ignacio Bautista, acusado de cometer fraude en los comicios del 18 de enero.

Y segundo. Su asesinato no fue perpetrado en forma común. Fue desaparecido forzosamente y, a las tres semanas, se le encontró asesinado, con señales de tortura, al peor estilo de los escuadrones de la muerte. Evidentemente se trata –y el comisionado Coto y el fiscal Delgado lo saben– de un sicariato que tiene autores intelectuales. Es decir, sus motivos trascienden al actuar de la delincuencia común.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Minería, derechos humanos, institucionalidad y estado de derecho*

La industria minera violenta derechos humanos en todos los países donde se realiza. Amenazas, destierros, enfermedades y asesinatos, son algunos atropellos a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, especialmente de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.

Cuando las empresas extractivas encuentran depósitos minerales, intentan comprar las tierras a quienes las habitan y trabajan. Pero, cuando las comunidades se resisten, empiezan las presiones y amenazas que terminan en desplazamientos forzosos. Esto violenta los derechos a la propiedad, vivienda y trabajo.

Ya instaladas, las mineras provocan conflictos entre familias, vecindarios y comunidades. También envenenan agua, aire y suelos. Además dañan la pesca, agricultura y ganadería. Todo esto atenta contra los derechos a la seguridad e integridad física y psíquica, alimentación y a un medioambiente sano.

La contaminación con cianuro, metales pesados y drenaje ácido causa diversas enfermedades. Esto incumple los derechos a la salud y bienestar. Cuando los padecimientos como insuficiencia renal y cáncer de piel o pulmonar son mortales, se violenta el más fundamental de los derechos: la vida.

Al interior de las minas, los obreros reciben bajos salarios, realizan extenuantes jornadas de trabajo y son víctimas de constantes derrumbes, explosiones y otros accidentes. Con esto, los derechos a una remuneración digna, seguridad laboral y otros derechos son irrespetados por las empresas extractivas.

Cuando termina la explotación y procede el cierre de las minas, las compañías se retiran sin resarcir los daños que causaron. Las comunidades quedan con su ecosistema destruido, actividades productivas arruinadas y su vida amenazada. El derecho a compensación o indemnización justa, es violentado.

Para imponerse a la voluntad popular y al interés nacional, las compañías mineras corrompen y ponen de su lado a las instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales y municipales. Pero no sólo compran la voluntad de funcionarios estatales, sino también de líderes comunitarios y religiosos.

El marco legal, sobre todo ambiental y laboral, es atropellado constantemente. La impunidad es compañera frecuente de las empresas mineras. Aún así, éstas acostumbran presentarse como víctimas, enjuician a pobladores y demandan en tribunales corporativos a gobiernos que rechazan sus peticiones.

Esta realidad es alarmante en países africanos y asiáticos como Gana, Kenia, Birmania e Indonesia. Pero también puede suceder en El Salvador. Las vejaciones y delitos cometidos por Pacific Rim muestran que la minería arrasaría con los derechos humanos, el estado de derecho y nuestras instituciones.

El secado de afluentes en San Isidro, daños a la agricultura en Guacotecti y los conflictos en Sensuntepeque violan derechos humanos. El irrespeto a las leyes de Minería y de Medio Ambiente, niegan el estado de derecho. Y el activismo minero de varios alcaldes y diputados, daña la institucionalidad.

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Explotación minera y elecciones del 18 de enero.

Comunicado de prensa de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

Las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, expresamos lo siguiente:
1. Agradecemos al Arzobispo saliente de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, por la firme postura de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) contra la exploración y explotación minera metálica en el país.
2. Felicitamos al Arzobispo electo, Monseñor José Luis Escobar Alas –quien asumirá la jefatura de la Iglesia Católica– en febrero próximo, por ratificar dicha postura en favor del medioambiente y la vida.
3. Frente las elecciones legislativas y municipales de este 18 de enero, retomamos la sugerencia –planteada por Monseñor Sáenz Lacalle– de identificar a los partidos y los políticos que apoyan la minería de metales y responsabilizarlos por los daños que ésta pueda causar.

El propósito de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica no es sugerir a la ciudadanía por cuál partido o candidatos votar, sino recordar las posturas de éstos. Eso sí, queremos pedirle a la población que acuda a las urnas y vote conciente, pensando en la necesidad de defender el medioambiente y la vida de las generaciones actuales y venideras.
Nuestra aspiración es que los legisladores y alcaldes que sean electos el domingo se desempeñen en sus cargos como funcionarios patriotas, comprometidos con el desarrollo sustentable, la democracia plena, la soberanía nacional y la dignidad humana.

San Salvador, 14 de enero de 2009.

Quién debe demandar a quién

del Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

En declaraciones recientes de su presidente Thomas Shrake, Pacific Rim reiteró su amenaza de demandar al estado salvadoreño –amparándose en disposiciones del CAFTA– por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).

Según la empresa canadiense, la negativa del gobierno es arbitraria y violatoria de sus “derechos” adquiridos con la “inversión” de $77 millones en actividades de exploración minera y financiamiento de “obras sociales” en la zona.

Pacific Rim se presenta como víctima del “irrespeto a las reglas del libre comercio” y al “sesgo anti inversionista” del gobierno, como lo refleja una pieza publicitaria –disfrazada de nota periodística– del Wall Street Journal publicada el pasado 25 de agosto.

Pero el reclamo de la minera no tiene base legal, pues la Ley de Minería establece que las licencias de explotación no son automáticas, sino que dependen del cumplimiento de los requisitos ambientales, requerimientos que –como ha declarado varias veces el ex-ministro Hugo Barrera– Pacific Rim no pudo cumplir.

Por tanto, el Ejecutivo no ha irrespetado ninguna normativa ni violentado “derechos” de Pacific Rim. Al contrario, es la empresa minera la que ha incumplido leyes y atropellado derechos de la población, delitos por los cuales sus directivos, accionistas y promotores deben ser enjuiciados.

O ¿acaso es legal que Pacific Rim haga exploraciones mineras con permisos vencidos? ¿No es delito que la empresa minera seque y contamine afluentes en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque? ¿Es lícito que Pacific Rim difunda propaganda anónima y publicidad engañosa (minería verde)?

¿No es ilegal quitar los colores patrios de las escuelas para pintarlas con el verde y blanco de la compañía minera? ¿Es lícito que Pacific Rim compre la voluntad de diputados y alcaldes ¿Es legal que la empresa canadiense provoque conflictos en comunidades próximas a sus proyectos? ¿No es delito difamar y amenazar a las más altas autoridades de la Iglesia Católica, representantes de agencias de cooperación y a líderes comunitarios que rechazan la explotación minera?

Entonces, ¿quién debe demandar a quién: Pacific Rim al gobierno salvadoreño por negarle el permiso, o es la Fiscalía la que debe procesar a la empresa minera por los ilícitos cometidos?

¿Quién es la víctima: Pacific Rim, o los pobladores de Chacalín, El Palmito, Hacienda Vieja, Palo Bonito y otras comunidades que se quedaron sin agua; Pacific Rim, o Santos Rodríguez, poblador de Cabañas, agredido por un simpatizante minero; Pacific Rim, o el Arzobispo de San Salvador, insultado por activistas de la empresa minera?

¿Debe el gobierno indemnizar a Pacific Rim por las pérdidas resultantes de una “inversión” arriesgada, o es la empresa minera la que debe compensar los daños ambientales y sociales causados?

Quién debe demandar a quién. Ésa es la cuestión. Son las víctimas las que demandan al victimario, y no al revés. El gobierno, además de proceder judicialmente contra Pacific Rim, debe negarle en forma definitiva el permiso para no darle justificaciones sobre la supuesta violación a sus “derechos” adquiridos.

La Asamblea Legislativa, por su parte, debe aprobar una ley que prohíba la minería de metales para cerrar las puertas a las empresas mineras y evitar nuevas amenazas como la posible demanda de Pacific Rim.