miércoles, 29 de junio de 2011

Oportuna declaración presidencial*

El Presidente Mauricio Funes condenó ayer el asesinato del ambientalista Juan Francisco Durán Ayala, y reiteró que su gobierno no permitirá ningún proyecto minero.

Las oportunas declaraciones del Presidente Funes suceden en un contexto de conmoción del movimiento social provocado por el asesinato de Durán Ayala y en el marco de fuertes críticas de las organizaciones ambientalistas por la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica sobre el Sector Minero.

Sobre el asesinato del joven ambientalista, las organizaciones sociales señalan la falta de investigaciones efectivas, y sobre la evaluación ambiental han señalado un presunto intento gubernamental de justificar eventuales proyectos mineros.

Sin embargo, Funes ratificó ayer su decisión de no permitir la minería metálica. “Yo no voy a permitir ningún proyecto de explotación minera, eso lo he dicho, es la posición oficial”, reiteró.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, afirma que Funes ha dado instrucciones claras al ministro de Economía de no autorizar ningún proyecto minero.

Según dicho comunicado, el Presidente está convencido de que, aun cuando la minería generara algunos empleos y recursos financieros al Estado, el costo ambiental y los daños a la salud son mucho mayores.

“Yo no voy a poner en riesgo la salud de la población a cambio de algunos ingresos adicionales que podemos recibir”, dijo Funes, según el comunicado.

Sobre la desaparición y asesinato del ambientalista Durán Ayala, el Presidente expresó que pondrá toda la voluntad y capacidad investigativa de la Policía Nacional Civil para dar con los responsables de ese crimen.

Al mismo tiempo, Funes ofreció mayor seguridad al movimiento ambientalista, “porque su lucha y sus demandas son justas”.

Esperemos, entonces, que estas declaraciones presidenciales se traduzcan en un trabajo de investigación policial más eficaz y que presionen a la Fiscalía General de la República a hacer lo suyo también.

*Editorial Radio La Klave

La desesperación de una empresa minera *

El Presidente Mauricio Funes condenó ayer el asesinato del ambientalista Juan Francisco Durán Ayala, y reiteró que su gobierno no permitirá ningún proyecto minero.

Las oportunas declaraciones del Presidente Funes suceden en un contexto de conmoción del movimiento social provocado por el asesinato de Durán Ayala y en el marco de fuertes críticas de las organizaciones ambientalistas por la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica sobre el Sector Minero.

Sobre el asesinato del joven ambientalista, las organizaciones sociales señalan la falta de investigaciones efectivas, y sobre la evaluación ambiental han señalado un presunto intento gubernamental de justificar eventuales proyectos mineros.

Sin embargo, Funes ratificó ayer su decisión de no permitir la minería metálica. “Yo no voy a permitir ningún proyecto de explotación minera, eso lo he dicho, es la posición oficial”, reiteró.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, afirma que Funes ha dado instrucciones claras al ministro de Economía de no autorizar ningún proyecto minero.

Según dicho comunicado, el Presidente está convencido de que, aun cuando la minería generara algunos empleos y recursos financieros al Estado, el costo ambiental y los daños a la salud son mucho mayores.

“Yo no voy a poner en riesgo la salud de la población a cambio de algunos ingresos adicionales que podemos recibir”, dijo Funes, según el comunicado.

Sobre la desaparición y asesinato del ambientalista Durán Ayala, el Presidente expresó que pondrá toda la voluntad y capacidad investigativa de la Policía Nacional Civil para dar con los responsables de ese crimen.

Al mismo tiempo, Funes ofreció mayor seguridad al movimiento ambientalista, “porque su lucha y sus demandas son justas”.

Esperemos, entonces, que estas declaraciones presidenciales se traduzcan en un trabajo de investigación policial más eficaz y que presionen a la Fiscalía General de la República a hacer lo suyo también.

viernes, 24 de junio de 2011

Fiscalía debe esclarecer asesinatos

Fiscalía debe esclarecer asesinatos de ambientalistas (mp3)

Posicionamiento UCA por amenazas a defensores de Derechos Humanos en Cabañas

Corte Interamericana Derechos Humanos condena asesinato de compañero ambientalista

COMUNICADO DE PRENSA

No. 62/11

CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR


Washington, D.C., 24 de junio de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en El Salvador del defensor de derechos humanos Juan Francisco Durán Ayala, quien era activista del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC), organización que realiza actividades de defensa del medio ambiente frente a los impactos de la explotación minera en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas. La CIDH insta al Estado salvadoreño a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.


Según la información recibida por la CIDH, el 2 de junio de 2011 Juan Francisco Durán Ayala habría colocado afiches y pancartas pidiendo la aprobación de una ley contra la minería y exigiendo la salida de una compañía minera en Cabañas. Al día siguiente, Juan Francisco Durán habría sido visto con vida por última vez cuando salió de su casa para tomar clases en la Universidad Tecnológica de San Salvador. La información recibida indica que el cuerpo sin vida de Juan Francisco Durán fue encontrado con dos disparos en la cabeza en la municipalidad de Soyapango, el 4 de junio.


La CIDH destaca que el asesinato de Juan Francisco Durán es el cuarto del cual la CIDH ha sido informada en los últimos dos años en contra de defensores y defensoras que se han opuesto a las actividades de minería en Cabañas. Al respecto, de acuerdo a la información presentada a la Comisión en su 140 período de sesiones, Marcelo Rivera Moreno, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y activista contra las operaciones de la mina El Dorado, habría sido encontrado muerto en un pozo el 30 de junio de 2009 tras haber estado desaparecido durante 12 días; Ramiro Rivera Gómez, miembro del CAC, habría sido asesinado el 20 de diciembre de 2009 cuando viajaba en una camioneta por un camino rural del cantón Trinidad; y Dora Alicia Sorto, también integrante del CAC, habría sido asesinada por arma de fuego el 26 de diciembre de 2009.


La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de El Salvador a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad las defensoras y defensores del derecho al medio ambiente en el país.


En los últimos años, la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos son temas que están cada vez más presentes en el trabajo de la CIDH y en las solicitudes y peticiones que se presentan a la Comisión. Mientras tanto, la CIDH está recibiendo cada vez más denuncias sobre asesinatos, amenazas y hostigamientos contra los defensores y las defensoras que trabajan en este campo. La CIDH reitera que labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Como anteriormente lo ha señalado la Comisión, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


Ciudadanos estadounidenses y salvadoreños residiendo en EUA claman justicia por ambientalistas asesinados*

Comunicado de Prensa

Por más de 30 años las organizaciones Ciudades Hermanas, la Fundación SHARE, y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES, hemos apoyado al movimiento social en El Salvador. Hoy estamos aquí en solidaridad con el pueblo salvadoreño, exigiendo al Fiscal General de la República, Romeo Barahona, que ponga fin a la impunidad en El Salvador.

Como residentes estadounidenses, incluyendo representantes de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, apoyamos los logros que se han dado como resultado de la lucha valiente del pueblo organizado, tal como el detenimiento de la minería en el país y la alternancia de gobierno que se dio en 2009. Esta semana nos hemos reunido con nuestros aliados y aliadas del movimiento social, quienes nos han puesto al tanto del clima de impunidad en el que se vive en el país. Estamos conscientes y pendientes de las campañas de intimidación contra el movimiento social salvadoreño, y nos preocupa mucho el papel que ha jugado la Fiscalía General de la República al permitir una impunidad que arremete contra las vidas de la ciudadanía salvadoreña.

En el departamento de Cabañas se ha formado una fuerte resistencia a los proyectos mineros porque estos representan una grave amenaza a la vida de las personas por los impactos ambientales nocivos que provocan y la desestabilización social que causan en las comunidades. Este mes se ha dado otro hecho de violencia contra la resistencia anti-minera. Juan Francisco Durán Ayala desapareció el 4 de junio, un día después de estar en Ilobasco, repartiendo afiches y volantes contra la minería metálica, en el marco de una consulta pública sobre el sector minero. Identificaron su cadáver diez días después. Fue asesinado a balazos.

El asesinato de Juan Francisco es el cuarto asesinato de un ambientalista que se oponía a la minería en Cabañas. El cadáver de Marcelo Rivera, líder comunitario de San Isidro, fue encontrado en julio de 2009 con señales de tortura, y los ambientalistas Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera fueron asesinados a balazos en diciembre de 2009. Hasta ahora, las investigaciones de estos crímenes no han producido capturas de autores intelectuales. Además, hasta ahora, el personal de Radio Victoria ha recibido una oleada constante de amenazas de muerte por personas que se hacen llamar un grupo de exterminio, y no se ha llevado a cabo ninguna investigación por parte de la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía ni ha visitado a la Radio para buscar evidencia sobre las amenazas.

La violencia e intimidación continua crea un clima que obstaculiza el trabajo del movimiento social de Cabañas y de todo El Salvador. Las organizaciones sociales se ven obligadas a dedicar más energía y recursos para poder proteger a sus miembros, en vez de promover sus programas de alfabetización, conscientización, y desarrollo sostenible. La impunidad produce el miedo a las represalias, y así impide la plena participación de la población en foros públicos. De esta manera, la inacción de la Fiscalía legitima la idea que la violencia es un método viable y seguro de promover intereses políticos y sociales y también de manejar un debate público.

Además de la inacción de la Fiscalía en los asesinatos de los ambientalistas de Cabañas, estamos conscientes de otros casos de impunidad, como lo es el caso de Rubén Humberto Mejía Sotelo, un consejal municipal de Mejicanos, asesinado el día 14 de este mes. Igualmente, el alto nivel de corrupción en ciertas carteras de gobiernos anteriores no ha sido investigado de manera satisfactoria, a pesar de evidencia contundente que ha sido presentada por funcionarios actuales del gobierno.

Tal es el caso del ex ministro de salud, Guillermo Maza, a quien, a pesar de haber sido capturado, después dejado en libertad, y ahora capturado de nuevo, no se le ha enjuiciado por la malversación de fondos destinados a la reconstrucción de hospitales dañados en el terremoto de 2001. La Fiscalía tampoco ha investigado de manera conclusiva las denuncias de corrupción y malversación de fondos hechas por el anterior ministro de gobernación, Humberto Centeno, contra René Figueroa, Rodrigo Ávila, Coronel Jorge Murcia, Miguel Tomás López, José Armando Zepeda, y Julio Alberto Ramírez, todos funcionarios de la administración del ex-presidente, Antonio Saca. En estos casos de corrupción en los ministerios de salud y gobernación de la administración anterior, decenas de millones de dólares fueron robados al pueblo salvadoreño por funcionarios corruptos.

Por último, se dan las instancias de asesinatos de activistas políticos que no se han investigado como crímenes de naturaleza política. Son los casos de los asesinatos de Francisco Antonio Manzanares y Juana de Manzanares, en julio de 2006, y de Gilberto Soto, sindicalista de los Teamsters, en noviembre de 2004. Tanto la Fiscalía General como el Jefe Fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, tienen bajo su cargo llevar a cabo investigaciones que tienen como fin enjuiciar a los culpables de estos asesinatos.

La alternancia de gobierno que se dio en 2009 permite una apertura hacia la transparencia de manejos de fondos públicos. El patrón de impunidad frente a la corrupción gubernamental se fortalece con la inacción del Fiscal General, y de esta manera los esfuerzos de transparencia del nuevo gobierno son socavados. Al final del día, el que paga la cuenta con creces es el pueblo salvadoreño.

Con los ejemplos que hemos puesto, vemos que el Fiscal General actual no está cumpliendo con su deber de investigar el crimen que le corresponde según la Constitución de la República. Por lo tanto, reiteramos las exigencias de nuestros aliados y aliadas en El Salvador, llamando al señor Fiscal General Romeo Barahona a:

Investigar de manera profunda todos los casos de violencia, asesinatos y amenazas contra el movimiento anti-minero de Cabañas y dar con los autores intelectuales, con una investigación del vínculo entre la corrupción de las autoridades municipales, las empresas mineras, y estos hechos de violencia.

Investigar plenamente el asesinato del consejal municipal de Mejicanos, Rubén Humberto Mejía Sotelo.

Hacer justicia en los casos de corrupción de gobiernos anteriores que asegure la devolución de los fondos robados al pueblo salvadoreño en el desfalco de fondos por ministros corruptos.

Hacer justicia en los casos de la familia Manzanares y del sindicalista Gilberto Soto, entre otros casos de naturaleza política que actualmente siguen en la impunidad.

Queremos recalcar que entre nosotros hay miembros de la comunidad salvadoreña que residen en los Estados Unidos y tienen especial interés en que El Salvador sea un país en el que se abogue por la vida humana. Las heridas que dejó la guerra civil que impulsó la emigración hacia Estados Unidos siguen sanando, y la impunidad continua en El Salvador representa, en gran medida, la continuación de la desigualdad que hizo necesario el conflicto armado. Como miembros de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, estamos muy conscientes de esto, y permanecemos solidarios con la lucha por la justicia en este país.

Por último, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño y nuestro compromiso de dar seguimiento a estos casos de impunidad e informar a nuestro pueblo en los Estados Unidos y a nuestro gobierno de las preocupaciones de nuestros aliados y aliadas en El Salvador sobre la actuación de la Fiscalía.

*Comunicado de prensa leído a medios de comunicación nacionales e internacionales el 24 de junio de 2011 frente a instalaciones de FGR


Más acciones para exigir justicia a la FGR

Ambientalistas demandan actuación del fiscal general por crímenes en Cabañas

En Cabañas se ha formado una fuerte resistencia a los proyectos mineros, ya que a juicio de los ambientalistas estas compañías, aparte de llevarse los pocos metales que le quedan al país, estarían dejando graves daños al medio ambiente, como por ejemplo la contaminación de los ríos.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2011 10:00 | POR IVÁN PÉREZ

Varias organizaciones sociales, compuestas por norteamericanos y salvadoreños residentes en los Estados Unidos, le pidieron este viernes mayor protagonismo al fiscal general, Romeo Barahona, para que se termine la impunidad en los casos de asesinatos y amenazas contra los ambientalistas que se oponen al desarrollo de la minería metálica en el norte de Cabañas.

Los manifestantes llegaron hasta las sede de la fiscalía para exigir el esclarecimiento de los crímenes contra Marcelo Rivera y otros ambientalistas que han perdido la vida en circunstancias todavía desconocidos, siendo clave su participación en los movimientos sociales contra la empresa minera, Pacific Rim.

“Nos preocupa este clima de acoso que existe en contra de los compañeros que están haciendo esta lucha contra las corporaciones mineras”, dijo Edwin Argueta, un salvadoreño residente en los EE.UU. y que viajó hasta El Salvador para participar en esta exigencia hacia el fiscal general.

En el departamento de Cabañas se ha formado una fuerte resistencia a los proyectos mineros, ya que a juicio de los ambientalistas estas compañías, aparte de llevarse los pocos metales que le quedan al país, estarían dejando graves daños al medio ambiente, como por ejemplo la contaminación de los ríos.

“Para nosotros en los Estados Unidos es importante reconocer esta lucha y allá hay grupos religiosos, congresistas, organizaciones sociales que apoyan a los salvadoreños en esta lucha contra la Pacific Rim”, expresaba la norteamericana Caty Hoffman.

El último caso que la Fiscalía tiene pendiente de investigar es el desaparecimiento del ambientalista Juan Francisco Durán , quien fue visto con vida la última vez el día 4 de junio, un día después de repartir afiches y volantes contra la minería en el municipio de Ilobasco, ya que con esa campaña se promovía una consulta pública sobre la conveniencia o no de los proyectos mineros.

En julio de 2009 fue encontrado el cadáver de Marcelo Rivera, con evidentes señales de haber sido torturado antes de su asesinato, seguido el crimen de Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera. En todos estos casos la fiscalía no ha podido dar con los responsables y materiales y de allí que estas organizaciones piden el cese de la impunidad.

jueves, 23 de junio de 2011

Invitación a conferencia de prensa

Invitación a conferencia de prensa

El pasado 3 de junio de 2011, el joven Juan Francisco Duran Ayala estudiante de la Universidad Tecnológica, de 30 años de edad y que trabajaba como voluntario del Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del agua y la Cultura CAC, desapareció y según fuentes policiales fue encontrado su cadáver en la colonia Amatepec del municipio de Soyapango, en San Salvador a altas horas de la noche y fue levantado por medicina legal a las cero horas y 35 minutos del día 4 de junio. Según el acta de Medicina Legal, el motivo de su muerte es por destrucción cerebral producido por proyectiles disparados por arma de fuego. El día 09 fue sepultado en una fosa común en el cementerio la bermeja de San Salvador.

Por esto, como Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del agua y la Cultura CAC, estamos convocando a una conferencia de prensa el día viernes 24 de junio de 2011 a partir de las 9am en el cementerio la bermeja de San salvador, donde se realizara la exhumación del cadáver del Compañero Juan Francisco Duran Ayala Voluntario del Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura CAC y a su velación a partir de las 4pm el día viernes en la casa familiar en Ilobasco sobre la carretera salida a Tejutepeque a una cuadra del Instituto Nacional y a la misa de cuerpo presente el día sábado a partir de la 1pm y posteriormente a la conducción de sus restos al cementerio general de la misma ciudad.

Para mayor información llamar a los teléfonos: 2301 9829 y al 7554 6727 con el Padre Neftalí Ruiz secretario del CAC oh al 7896 9647 con Francisco pineda Presidente del CAC.

Invita el Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura CAC, Familia y amigos.

Vuelven los Escuadrones de la Muerte*

(Clic sobre la imágen para agrandar)
*Tania Handal

miércoles, 22 de junio de 2011

Invitación a misa de segundo aniversario de Martirio Marcelo Rivera

Los que pensaron que con matar al cuerpo matarían a Marcelo, se equivocaron porque él aún vive entre nosotros"


La Familia Rivera Moreno y La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES, invitan a la Santa Misa del Segundo Aniversario de la desaparición forzada, tortura y asesinato de nuestro hermano, compañero, amigo y Mártir y Ambientalista Marcelo Rivera


Acto de Eucaristía, celebrada por Fray Oscar.

Fecha y hora: Domingo 26 de junio, a las 10.00 a.m.

Lugar: Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador



En presencia de nuestro profeta y mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, recordaremos a nuestros mártires que ofrendaron sus vidas por un ambiente sano y una vida digna para las presentes y futuras generaciones de nuestro país, pediremos justicia y fin a la impunidad.

De manera especial recordaremos el reciente asesinato del joven ambientalista Francisco Durán Ayala, enviando muestras de solidaridad moral a su familia y compañeros.


Estamos seguros que estas vidas truncadas, su obra, testimonio y aportes valiosos para el proceso de liberación de nuestro pueblo, sirvan de ejemplo a seguir y fortalezcan el espíritu de lucha de salvadoreñas y salvadoreños que siguen inspirados en una sociedad justa, democrática y sustentable.


Les esperamos.


“Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles.”

martes, 21 de junio de 2011

Persecución y muerte en Cabañas

Editorial Radio YSUCA
20/06/2011




El 14 de junio fue localizado el cadáver de Francisco Durán Ayala, estudiante de 30 años de edad de la Universidad Tecnológica. 11 días antes, Durán había sido reportado como desaparecido; no se volvió a saber de él hasta el día en que su cuerpo fue identificado en la colonia Lamatepec de Soyapango. Aunque este asesinato que enluta a otra familia salvadoreña pasará a engrosar la copiosa y creciente lista de víctimas de la violencia, aunque para las autoridades sea un caso más, hay indicios que señalan que la muerte del estudiante no se debió a la violencia común.
Cualquier investigador de mediana capacidad profesional debe incluir en sus líneas de trabajo para esclarecer este caso la problemática ambiental que se vive en el departamento de Cabañas. Francisco Durán Ayala era voluntario en el Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura, y desapareció el 3 de junio, poco después de haber pegando afiches en Ilobasco en contra de la empresa minera transnacional Pacific Rim.
De probarse la vinculación entre el asesinato de Durán y su trabajo como activista, este sería el cuarto caso de homicidio relacionado con la lucha por la defensa del medio ambiente en Cabañas. El 18 de junio de 2009 fue asesinado el ambientalista Marcelo Rivera; el 20 de diciembre del mismo año, cayó Ramiro Rivera Gómez; y seis días después murió a balazos Dora Alicia Recinos Sorto, con ocho meses de embarazo. Todas estas personas tenían en común su lucha por la defensa del medio ambiente y su férrea oposición a la explotación minera en Cabañas. ¿No es esto demasiada coincidencia? Pero aún hay más. Comunicadores de Radio Victoria, también del departamento de Cabañas, tienen dos años de estar recibiendo amenazas por acompañar a este sector del pueblo que se opone a la instalación de las empresas mineras transnacionales. Varios de estos comunicadores se han visto obligados a salir del país ante el peligro de muerte y tres de ellos gozan de medidas cautelares a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las amenazas contra los comunicadores de Radio Victoria han sido reiteradamente denunciadas en el país y en el exterior por instancias que promueven y defienden la libertad de expresión, al igual que la persecución y los asesinatos contra los ambientalistas. Incluso Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado sobre estos crímenes, cometidos contra personas que aman su tierra y la defienden frente a poderosas y oscuras fuerzas.
En el otro extremo, y a pesar de las reiteradas denuncias, tenemos la actuación de las autoridades nacionales. De hecho, los cuatro asesinatos de estos ambientalistas tienen en común que no han sido aclarados; por ende, sus autores, tanto materiales como intelectuales, han quedado en la impunidad. Desde Radio YSUCA nos solidarizamos con los familiares de Francisco Durán Ayala y con las personas que de forma pacífica ejercen su derecho a defender los que les parece justo. Y nos unimos a las voces que exigen que la Fiscalía General de la República salga de su letargo e investigue a profundidad estos hechos lamentables. Es urgente que las autoridades, de una vez por todas, le pongan freno a esta ofensiva contra los defensores del medio ambiente que lleva ya más de dos años.


lunes, 20 de junio de 2011

BASTA YA DE IMPUMIDAD. EXIJAMOS JUSTICIA POR AMENAZAS Y ASESINATOS EN CABAÑAS

Participemos junto con la familia del joven ambientalista asesinado Juan Francisco y el CAC en la campaña de exigir a las autoridades — en específico la oficina del Fiscal General y la Policía Nacional Civil (PNC)— para que se lleven a cabo una investigación detallada y exhaustiva sobre todos los casos de violencia hacia lideres en Cabañas y que formen un equipo especializado para investigar el desaparecimiento de Juan Francisco.

El CAC exige que las investigaciones busquen posibles vínculos entre este caso de violencia y tanto los alcaldes de la zona: José Ignacio Bautista, Edgar Bonilla y José María Dimas Castellano como sus vínculos con la compañía minera Pacific Rim.

1. Envía un correo electrónica al Fiscal General de la República Romeo Barahona (ver ejemplar abajo) y a Manuel Melgar, Ministro de Justicia y Seguridad, exigiendo una plena investigación y protección para los y las victimas. Por favor envía su correo al correo del asistente de Barahona a:

hector.burgos@fgr.gob.sv y al Ministro Melgar

jusegministro@seguridad.gob.sv y su asistente:Sandra.lazo@seguridad.gob.sv.

2.Si habla español, por favor llama a Fiscal General Romeo Barahona al #: 011-503- 2230-6350 y al Ministro Melgar: # 011-503-7070-0081 .

Ejemplar para enviar al Fiscal General Barahona hector.burgos@fgr.gob.sv

Estimado Señor Fiscal General de la República,

Como miembro de la comunidad internacional, quiero expresar mi profunda preocupación sobre las nuevas amenazas y los casos de violencia contra líderes sociales en Cabañas.

Hace más de una semana Juan Francisco Duran Ayala, miembro del Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y Cultura (CAC) desapareció, a pocos días después de haber participado en actividades contra la minería en Cabañas. Urge que el PNC y la Fiscalía establezcan un equipo especializado de investigación sobre este caso.

Además, urge una investigación profunda y eficaz sobre este último caso y todas las amenazas contra los ambientalistas de Cabañas, para determinar quiénes son los autores materiales, intelectuales y financieros. Es necesario también re-abrir los casos de Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera para investigar vínculos entre estos caso, los asesinatos de Darwin Serrano y Gerardo Abrego León, las nuevas amenazas contra el personal de Radio Victoria, y la desaparición de Juan Francisco Duran Ayala.

Finalmente, tomando en cuenta los nexos entre esta violencia y la lucha contra la minería, los casos de violencia y las amenazas contra líderes sociales en Cabañas requieren una investigación profunda para identificar los autores materiales e intelectuales. Estas investigaciones deben de incluir posibles nexos entre la violencia y la compañía minera Pacific Rim, y las autoridades locales como los alcaldes de San Isidro, Ilobasco y Sensuntepeque.

El hecho de que la violencia y amenazas que se han dado en Cabañas desde 2007 siguen en impunidad ha permitido que surgieran los nuevos casos de violencia. Pido que, por favor, tome las medidas necesarias para asegurar justicia y protección para los afectados.

Agradezco de antemano sus gestiones para agilizar las investigaciones y espero que pronto se haga justicia en estos casos. Estaré pendiente de las acciones de la Fiscalía y seguiré informando a los y las funcionarias de gobierno en mi país sobre estos casos.

sábado, 18 de junio de 2011

CONDENAMOS EL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO JUAN FRANCISCO DURAN AYALA

Juan Francisco Durán Ayala, promotor del Comité Ambiental de Cabañas- CAC-, una de las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica fue asesinado el 4 de junio recién pasado. Su cuerpo fue reconocido hasta más de 10 días después de haber sido encontrado acribillado a balazos en el municipio de Soyapango en San Salvador. Al repudiar y condenar su asesinato, expresamos nuestra solidaridad con la familia Duran Ayala, con los compañeros-as del CAC, y con las comunidades que resisten a la minería metálica en Cabañas.

Este joven líder comunitario, de 30 años de edad, hijo ejemplar y visionario, compañero entregado a la lucha por la justicia y la defensa del medio ambiente; estudiante de la Universidad Tecnológica en San Salvador, fue visto por última vez pegando afiches y pancartas de protesta contra la minería metálica en Ilobasco en el marco de una consulta pública sobre el sector minero, un día antes de su desaparecimiento.

Juan Francisco es el cuarto ambientalista antiminero que es asesinado en Cabañas. Hace cerca de dos años fue secuestrado y luego asesinado el compañero Marcelo Rivera, apreciado líder comunitario pionero de la resistencia contra la minería en Cabañas. Hasta ahora, las investigaciones realizadas no han producido el enjuiciamiento, mucho menos las capturas de los autores intelectuales. Similar suerte han tenido los otros procesos de investigación por los asesinatos de los líderes antimineros Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera. En este marco de impunidad y falta de justicia, se suman a este clima de violencia e intimidación, las frecuentes amenazas contra periodistas de Radio Victoria y otros líderes comunitarios que resisten a la explotación minera que impulsa la empresa canadiense Pacific Rim.

¿Cuántas veces tendremos que repetirlo? Los proyectos de minería metálica son una grave amenaza para la vida de las personas, tanto por los impactos ambientales que provoca, como también por la desestabilización y conflictividad social que origina en las comunidades. Está claro que la espiral de asesinatos y amenazas contra defensores ambientales y de derechos humanos en Cabañas, tiene vínculos directos con la presencia de empresas y proyectos mineros en esa localidad.

Para que el asesinato de Juan Francisco no se quede impune y se haga justicia, demandamos a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República que lleguen al fondo de las investigaciones. Las investigaciones deben arrojar datos creíbles y confiables, que determinen la culpabilidad material e intelectual de este horrendo crimen y de todos los demás crímenes contra ambientalistas antimineros.

Exigimos que se establezca con claridad la influencia que la promoción de estos megaproyectos de explotación minera tiene en generar estos hechos de violencia e intimidación; que no se descarten anticipadamente líneas de investigación sobre la implicación que pudieran tener sus operadores y promotores locales. No es posible que no se estén investigando a los poderes locales de los municipios de Sensuntepeque, San Isidro e Ilobasco, sobretodo cuando se ha comprobado que defienden intereses de las empresas mineras y se olvidan descaradamente de la calidad de vida de las personas.

Llamamos a las organizaciones sociales y populares del país a demandar el fin de la impunidad, a elevar la lucha contra la criminalización de la lucha social y ambiental, a exigir el castigo de los asesinos de nuestros compañeros. A los compañeros de la solidaridad internacional, a profundizar el acompañamiento a nuestra lucha, desnudando las prácticas intimidatorias y criminales de las transnacionales mineras, en particular de Pacific Rim, quienes quieren hacer negocio con el oro empapado con la sangre generosa de nuestros y nuestras mártires.

Al igual que nuestros compañeros del Comité Ambiental de Cabañas, para honrar la vida generosa y ejemplar de Juan Francisco, aseguramos a quienes están detrás de esta campaña de terror que no retrocederemos en nuestra lucha por prohibir la minería en El Salvador, ni tampoco en nuestra firme convicción de sacar a las empresas mineras de nuestras comunidades.

¡Ni una muerte más, ni una mina más !

¡No a la minería metálica en El Salvador!

Jueves 16 de junio de 2011


jueves, 16 de junio de 2011

Fotos de las semanas anteriores

Conferencia de Prensa y reunión Alianza Ambiental de El Salvador
Mesa frente a la Minería exigen justicia por asesinato de ambientalista

Pidamos justicia por el asesinato de Juan Francisco

En esta dirección:http://www.salvalaselva.org/mailalert/718/contra-la-impunidad-en-el-salvador-y-ni-una-mina-mas encontrarás una forma de contribuir a que en El Salvador los asesinatos a ambientalistas opositores a la minería no queden en la impunidad. Se trata de una carta electrónica que será reenviada a las autoriades del Gobierno salvadoreño para exigirles que lleguen al fondo de las investigaciones por nuestros 4 compañeros ambientalistas asesinados.

Juan Francisco, Dora Alicia, Ramiro y Marcelo merecen justicia.

Presionemos juntos a que en El Salvador las instituciones sirvan para garantizar la justicia equitativamente para todos y todas. La defensa del medioambiente es una tarea noble y lo es más aún cuando se defiende a quien lo hacen. Actuemos juntos, colabora con tu firma.


lunes, 13 de junio de 2011

Grave revés para la la resistencia antiminera de la región

El Gobierno de Guatemala anunció hoy lunes 13 de junio que no cerrará la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos a pesar de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenaba cerrar dicho proyecto.

Esta decisión del Gobierno guatemalteco es, sin eufemismos, una de las manifestaiciones más cínicas de los tomadores de decisión en ese país. Resulta sorprendente que, luego del clamor de 28 comunidades indígenas perjudicadas por la presencia de ese proyecto minero, el gobierno diga que no se existen niveles de contaminación que obliguen a cerrar la mina.

Esta decisión, al igual que la disolución de la mesa de diálogo entre opositores indígenas a la minería y las autoridades panameñas hace algunas semanas, son duros golpes a la resistencia minera en la región centroamericana. En El Salvador no podemos ignorar estas coyunturas si, sobretodo, el desacato del Gobierno de Colom en Guatemala es un claro irrespeto a la institucionalidad que los Estados del continente americano se han comprometido a respetar. Esto también diluye las posibilidades de que El Salvador pueda exigir a Guatemala el cierre efectivo de la mina fronteriza Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa. La sociedad civil debe ponerse en alerta ante esta situación porque todas y todos seríamos los principales afectados con la contaminación del Río Ostuma, el Lago de Güija, sin más, del Río Lempa. Esta es la real amenaza de la mina Cerro Blanco, que está a solo 80 kms. de la frontera con El Salvador.


De igual relevancia es hacer notar que la CIDH, además de exigir el cierre del proyecto minero, entre los puntos de la resolución emitida por la CIDH, se encuentra la adopción de medidas restaurativas para descontaminar fuentes de agua de 18 comunmidades y también para garantizar la salud de las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. El grave problema es que estas medidas quedan virtualmente descartadas cuando el informe presentado por las autoridades de gobierno determina que no existe causalidad entre el trabajo de extracción de oro y plata y los niveles de contaminación en la zona.

Esto, además, es especialmente significativo para El Salvador porque por ejemplo, uno de los argumentos que han esgrimido las comunidades de Cabañas para oponerse al proyecto de El Dorado en el municipio de San Isidro, es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)presentado por la minera Pacific Rim en, no contempla garantías de ningún tipo ante accidentes o afectaciones durante el proceso. Esto lo dice también el geólogo de la Universidad de Texas, Robert Morán y constituye, de hecho, una de las principales críticas que el científico hace al EIA del proyecto El Dorado.

El desacato del Gobierno de Guatemala a la resolución de la CIDH pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región territorial en la que El Salvador está enclavada. Se ha dicho que las cuencas de los ríos no pertenecen a un país y no pueden pretenderlo tampoco. Por lo tanto, permitir proyectos mineros, sea donde sea, también tiene efectos perversos en los ecosistemas de los países vecinos. La lucha regional contra la minería debe, pues, fortalecerse y no dejarse amedrentar por este tipo de reveses.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica esperamos que las autoridades salvadoreñas no tomen como ejemplo esta forma de gobernar. Es inadmisible ignorar el clamor de las poblaciones más vulnerables, sobretodo cuando éstas se fundamentan en razones científicas y comprobables. No es casualidad que hayamos activado nuestra campaña contra la mina en Cerro Blanco, en la que pedimos a nuestros gobernantes que actúen para presionar sus pares guatemaltecos en la prohibición y cierre de dicha mina. Es necesario que el Gobierno salvadoreño de muestras concretas de rechazar la minería. De lo contrario, nada nos asegura que estemos a salvo de la devacle minera.

martes, 7 de junio de 2011

Ciudadanía se informa sobre los impactos negativos de la minería metálica en El Salvador

Créditos: A. Carías. UNES.


Presentan libro que reune impactos negativos de minería metálica
En la actualidad existen demandas contra el estado salvadoreño por haber otorgado permisos de exploración y luego haber negado el permiso de explotación.

La Mesa Nacional Frente la Minería Metálica presentó este día el libro “La Minería Moderna: perversidad emblemática de la mascarada globalizante” de Ángel Selva Sutter.

El libro contiene un estudio que recopila y sistematiza las diferentes investigaciones que se han desarrollado en torno a la minería y los supuestos aportes al desarrollo y a la economía. Selva considera que no existe tan desarrollo derivado de la explotación minera ya que el 99% de las ganancias se va hacia el extranjero. Además señaló que la minería es un derivado de la globalización y del modelo neoliberal que basa todos sus preceptos en la rentabilidad por sobre los derechos individuales como la salud. A manera de ejemplo Selva comentó que para pulverizar seis mil tonelada de roca es necesario utilizar una tonelada de cianuro de sodio. Para lograr la extracción del oro disuelto en pequeñas cantidades en la tierra se vuelve necesario consumir grandes cantidades de agua, una razón de 20 mil a 1, es decir por cada tonelada cianuro de sodio se necesitan 20 mil toneladas de agua.

A partir de lo expuesto por el Selva, Ángel Ibarra, de la Mesa Nacional, analizó la situación del país, concluyendo que debido a la situación de vulnerabilidad ecológica y económica del país es inviable la explotación minera en El Salvador tanto a cielo abierto como de vetas de minerales. A su juicio la explotación minera vendría a contaminar aún más los mantos acuíferos generando una catástrofe sanitaria ya que el sistema de salud no podría dar respuesta a toda la demanda generada. El tratado de Libre Comercio es otra de las fuentes de problemas en las que ambos analistas coincidieron. Para ellos el gobierno recibe fuertes presiones internacionales para dejar operar a las mineras. En la actualidad existen demandas contra el estado salvadoreño por haber otorgado permisos de exploración y luego haber negado el permiso de explotación.

Más fotos gracias a UNES haciendo click aquí

A la presentación también se hizo presente Oscar Luna, Procurador de los Derechos Humanos, quien instó al gobierno a la pronta creación de una Ley de Minería que expresamente prohíba todas las formas de explotación metálica. Desde 2007 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene en estudio todos los proyectos de minería por considerar que las formas en los que son promovidos violan el derecho de información de los ciudadanos ya que solo informan de los posibles beneficios y no de las consecuencias negativas. Finalmente Luna consideró que el análisis de la situación debe hacerse de manera integral, para él las empresas mineras actúan impunemente con la complacencia del gobierno. “Como procurador no me puedo oponer a ningún proyecto que vaya orientado al desarrollo en este país pero si me voy a oponer a cualquier proyecto que aunque sirva para el desarrollo afecte los derechos humanos”, sentenció.


*Nota aparecida en el periódico en línea: www.lapagina.com.sv

viernes, 3 de junio de 2011

Invitación a EVENTO


Invitación a la presentación del libro: "Minería Moderna en El Salvador: Perversidad Emblemática de la Mascarada Globalizante", un estudio del Dr. Ernesto Selva Sutter, quien dirige el departamento de Salud Pública de la Universidad Centroamericana UCA. El libro será comentado por el Dr. Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña y miembro de la Mesa Frente a la Minería, y el Dr. Oscar Luna, procurador General de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Martes 7 de junio.
830am
Auditorio Edificio ICAS
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



miércoles, 1 de junio de 2011

Concentración enfrente del Ministerio de Economía

En el marco de la XI Gran Caminata Ecológica, a la que diferentes organizaciones de la sociedad civil, iglesias y universidades han convocado para mañana jueves 2 de junio, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica hará una concentración frente al Ministerio de Economía para hacerle entrega de más de 20 estudios técnicos y científicos sobre los impactos negativos de la minería metálica en El Salvador. Esta entrega de documentos, que incluye estudios de expertos nacionales y extranjeros en materia de hidrología, geología, química y economía, corresponde al interés de la Mesa frente a la Minería de hacer valer su posicionamiento técnico en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica que lleva a cabo actualmente el MINEC.

La comitiva de la Mesa Nacional frente a la Minería saldrá acompañando la Caminata Ecológica desde la plaza del Salvador del Mundo. La convocatoria es a las 8:00am, hora en que se ha convocado al resto organizaciones sociales e instituciones que participarán en el evento. Una vez iniciada la Caminata, la comitiva de la Mesa se dirigirá al ministerio de Economía para hacer la entrega de documentos y para exigir una reunión con los funcionarios del ramo que están coordinando la Evaluación Ambiental Estratégica en mención.

Esta actividad es de suma importancia en nuestro interés por garantizar que el Ministerio de Economía y el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica tenga conocimiento sobre las enormes desventajas ambientales, sociales y económicas que la minería metálica produciría en nuestro país. Asimismo, esta acción es un esfuerzo más por hacer prevalecer la visión técnica y científica que sustenta cada uno de nuestros argumentos en rechazo a la minería metálica. No retrocederemos en nuestros planteamientos porque estamos seguros de la justeza de los mismos. Gozamos del reconocimiento de instituciones ambientales y de derechos humanos a nivel mundial que dan fue de la legitimidad de nuestras demandas. Además gozamos del apoyo de gran parte del pueblo salvadoreño que ya en 2008 dejó planteado a la opinión pública su rechazo a la minería metálica. Existen encuestas que pueden comprobarlo.