El Gobierno de Guatemala anunció hoy lunes 13 de junio que no cerrará la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos a pesar de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenaba cerrar dicho proyecto.
Esta decisión del Gobierno guatemalteco es, sin eufemismos, una de las manifestaiciones más cínicas de los tomadores de decisión en ese país. Resulta sorprendente que, luego del clamor de 28 comunidades indígenas perjudicadas por la presencia de ese proyecto minero, el gobierno diga que no se existen niveles de contaminación que obliguen a cerrar la mina.
Esta decisión, al igual que la disolución de la mesa de diálogo entre opositores indígenas a la minería y las autoridades panameñas hace algunas semanas, son duros golpes a la resistencia minera en la región centroamericana. En El Salvador no podemos ignorar estas coyunturas si, sobretodo, el desacato del Gobierno de Colom en Guatemala es un claro irrespeto a la institucionalidad que los Estados del continente americano se han comprometido a respetar. Esto también diluye las posibilidades de que El Salvador pueda exigir a Guatemala el cierre efectivo de la mina fronteriza Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa. La sociedad civil debe ponerse en alerta ante esta situación porque todas y todos seríamos los principales afectados con la contaminación del Río Ostuma, el Lago de Güija, sin más, del Río Lempa. Esta es la real amenaza de la mina Cerro Blanco, que está a solo 80 kms. de la frontera con El Salvador.
De igual relevancia es hacer notar que la CIDH, además de exigir el cierre del proyecto minero, entre los puntos de la resolución emitida por la CIDH, se encuentra la adopción de medidas restaurativas para descontaminar fuentes de agua de 18 comunmidades y también para garantizar la salud de las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. El grave problema es que estas medidas quedan virtualmente descartadas cuando el informe presentado por las autoridades de gobierno determina que no existe causalidad entre el trabajo de extracción de oro y plata y los niveles de contaminación en la zona.
Esto, además, es especialmente significativo para El Salvador porque por ejemplo, uno de los argumentos que han esgrimido las comunidades de Cabañas para oponerse al proyecto de El Dorado en el municipio de San Isidro, es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)presentado por la minera Pacific Rim en, no contempla garantías de ningún tipo ante accidentes o afectaciones durante el proceso. Esto lo dice también el geólogo de la Universidad de Texas, Robert Morán y constituye, de hecho, una de las principales críticas que el científico hace al EIA del proyecto El Dorado.
El desacato del Gobierno de Guatemala a la resolución de la CIDH pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región territorial en la que El Salvador está enclavada. Se ha dicho que las cuencas de los ríos no pertenecen a un país y no pueden pretenderlo tampoco. Por lo tanto, permitir proyectos mineros, sea donde sea, también tiene efectos perversos en los ecosistemas de los países vecinos. La lucha regional contra la minería debe, pues, fortalecerse y no dejarse amedrentar por este tipo de reveses.
Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica esperamos que las autoridades salvadoreñas no tomen como ejemplo esta forma de gobernar. Es inadmisible ignorar el clamor de las poblaciones más vulnerables, sobretodo cuando éstas se fundamentan en razones científicas y comprobables. No es casualidad que hayamos activado nuestra campaña contra la mina en Cerro Blanco, en la que pedimos a nuestros gobernantes que actúen para presionar sus pares guatemaltecos en la prohibición y cierre de dicha mina. Es necesario que el Gobierno salvadoreño de muestras concretas de rechazar la minería. De lo contrario, nada nos asegura que estemos a salvo de la devacle minera.
