Minera presiona al Estado salvadoreño
La demanda fue interpuesta producto de que el gobierno salvadoreño ha frenado; por el momento, la práctica de la empresa minera Pacific Rim. Se tiene de plazo hasta marzo del 2015 para que un juez determine si la demanda procede o no.
Fernando Santos CastroPeriodista Voces
Todo comenzó en 2006 se cuando en la Asamblea Legislativa se intentó aprobar una ley de prohibición minera en nuestro país, partiendo de la mala experiencia que se tiene con el caso de la mina El Dorado en el municipio de San Isidro del departamento de Cabañas; donde la empresa canadiense Pacific Rim desde el 2005 realizaba extracción de oro y plata.
Entre las malas experiencias tenemos a las personas que han sido perseguidas, e incluso asesinadas por denunciar el costo medioambiental y los impactos que supone esta minería.
Héctor Berrios del Movimiento Unificado Francisco Sánchez (MUFRAS) manifestó: “En 2009 se montó una campaña de terror, el objetivo era atemorizar psicológicamente a todos los miembros de la resistencia que nos oponemos a los proyectos mineros”. Berrios no duda en responsabilizar de tales acciones a la propia minera canadiense.
La práctica minera en este territorio violentó los derechos humanos en la zona, y sus pobladores quedaron a expensas de contraer enfermedades por ingerir agua contaminada con los químicos utilizados en la extracción, los cuales se filtran en el suelo ayudados por las lluvias.
Por otra parte Saúl Baños de la fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) enfatizó: “El Salvador no tiene las condiciones financieras, ambientales y sociales para la minería”, por lo que lamentó la poca consideración de parte de una empresa de gran capital que solo piensa en enriquecerse no importando la salud de los habitantes.
Ante lo antes expresado la Mesa Nacional frente a la minería metálica y Oxfam, iniciaron una campaña que permitirá darle un perfil más alto a la situación adversa que están viviendo las comunidades aledañas a la mina El Dorado, aparte del posible pago que tendría que realizar en concepto de indemnización el Estado salvadoreño.
Otro de los propósitos de la campaña es aglutinar con diferentes organismos nacionales e internacionales, para que la falta de una ley de prohibición minera se conozca en todo sentido, y que de alguna manera el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, no falle en contra del Estado salvadoreño, a cancelar una indemnización de $301 millones, por haber detenido momentáneamente el proyecto minero en 2009.
La Mesa así como Oxfam también muestran su preocupación que Pacific Rim en noviembre del año pasado fue comprada por otra empresa minera de capital australiano Oceana Gold, de mayor capital, lo cual podría favorecer sus intereses en detrimento de los afectados por la explotación minera.
En caso de que se fallara a favor de la empresa transnacional, tendríamos un indicador de que las empresas multinacionales con casos pendientes contra El Salvador, podrían continuar pujando para salir airosos, generando mayor pobreza para el país.
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