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Pac Rim’s press release titled Pacific Rim Mining Arbitration Case to Proceed Under El Salvador Foreign Investment Law; CAFTA Portion of Claim Dismissed by ICSID was also picked up and reprinted in
Salvo la digna excepción (que confirma la regla), la más reciente decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ha sido deliberadamente ahogada en la agenda mediática; y al parecer, permanecerá ausente de debate en foros académicos y políticos; pero la realidad que trata de ocultarse debería darnos al menos desconfianza.
Luis Francisco López, abogado ambiental y columnista de VOCES.
Por Luis Francisco López*
En primer lugar, según la pagina oficial de la Fiscalía General de la República el acontecimiento está siendo presentado como un éxito del Estado salvadoreño y derrota para PacificRim[1], más ello es falso; el Arbitraje continúa y nos exponemos a un fallo condenatorio por $120 millones[2]en concepto de indemnización para la minera canadiense y una eventual luz verde a todo proyecto minero, presente o futuro!
Hasta el momento en el Arbitraje Internacional han pasado dos etapas decisivas; la primera, con respecto a las Objeciones Preliminares sobre el fondo del asunto, en la cual El Salvador, alegó que la demanda de PacificRim era frívola,por tanto, no debía tomarse en cuenta y el caso no debía ser admitido; sobre ello, el Tribunal dictaminó en agosto de 2010 “que no considera que El Salvador haya demostrado que estas reclamaciones sean frívolas y que el caso debería seguirse conociendo”.
La fase que recién acaba de concluir, es por lo que respecta a las Objeciones de Jurisdicción, dentro de las cuales El Salvador argumentó cuatro objeciones, a saber: La desestimación del caso, en virtud que PacificRim había abusado del proceso; La prescripción del derecho a demandar; Que la ley de Inversiones de El Salvador, no le otorga jurisdicción al CIADI; y La negación de los beneficios que otorga el CAFTA-DR, ya que PacificRim es propiedad o está controlada por inversionistas canadienses y Canadá no es un país Parte, CAFTA-DR, esta facultad está contemplada en el Capítulo 10, Art. 10.12.
En términos correctos, solo la Desestimación o la Prescripción hubieran podido tener un efecto positivo para El Salvador, pues implicaban la terminación del procedimiento, empero, la única tesis que fue aceptada es por lo que concierne a negarle los beneficios CAFTA-DR a PacificRim, dado que resulta obvio que dicha empresa, es controlada por capital canadiense y dicho país no es miembro CAFTA-DR; pero vale aclarar que esto no debería de ser valorado como “triunfo”, pues fue rechazada la tesis que El Salvador, niega la jurisdicción CIADI en virtud de la Ley de Inversiones; por esta razón, que el proceso continúa.
Y es que en honor a la verdad, era difícil aceptar esta última tesis cuando la Ley de Inversiones es al extremo benevolente para con el capital transnacional, permiteque cualquier inversionista pueda demandar al Estado, aun cuando Canadá (como Estado) no ha reconocido la legalidad, legitimidad ni jurisdicción del CIADI; la ley salvadoreña de inversiones protege al transnacional inversor como persona natural o jurídica, mutilando la soberanía del mismo Estado. Ésta es la visión neoliberal implementada por ARENA con Francisco Flores y Miguel Lacayo a la cabeza[3], que ahora 12 años después produce sus efectos.
De hecho ésta reciente interpretación del CIADI, debería producir más preocupación que espasmos de alegría, pues abre un peligroso precedente, en el sentido que ahora según éste Tribunal Arbitral, cualquier inversionista extranjero (sin importar su nacionalidad), que se sienta “acosado” por regulaciones nacionales puede demandar a El Salvador.No dudo que empresas comoAstaldiSpA, Calvo, Red Fox, cuyas inversiones proceden de países ajenos al CAFTA-DR estarán poniendo mucha atención a esta última resolución.
El CAFTA-DR, la Ley de Inversiones y el CIADI (Apéndice del Banco Mundial), son instrumentos e instituciones creados para defender el Sistema Capitalista y el Modelo Neoliberal, defienden lainversión y el mercado, no las personas; en ellos no caben alegatos de Derechos Humanos o Ambientales.Respeto a los abogados que deciden participar en estos Arbitrajes Internacionales, en ese camino se puede hallar incluso hasta una eventual derrota a los intereses de PacificRim (lo cual me alegraría mucho);pero con todo, el laudo o resolución siempre será favorable al capital transnacional.No se puede pedir Justicia al CIADI, es como pedirle peras al olmo, no es de su naturaleza!
Este tipo de instancias internacionales, constituyen verdaderos juicios ideológicos, nótese queno defienden intereses oligarcas o partidarios; de hecho, dentro de las reclamaciones de PacificRim se encuentrael alegato de que las administraciones ARENERAS ofrecieron lo que ellos llaman “Autorizaciones presuntas”, es decir, que había pláticas bilaterales con altos funcionarios que prometían permisos o autorizaciones para el proyecto El Dorado,[4]hay inclusive menciones especiales para Antonio Saca, Hugo Barrera y Vilma de Escobar.[5]
Por simple morbo, resultaría interesante estar pendiente de la fase probatoria, para descubrir quienes son los ex funcionarios verdaderamente implicados y si ello constituyese algún delito, ver que hace la Asamblea Legislativa a la luz del Art. 236 de la Constitución[6]; pero insisto, el diseño de este tipo de foros arbitrales y sus reglas de procedimiento, buscarán defender siempre la inversión transnacional capitalista, como lo demuestran los últimos fallos condenatorios dictados para Chile, Perú, Venezuela, Argentina y Paraguay.
Por lo anterior, las personas e instituciones de pensamiento crítico, debemos no solo reflexionar sobre lo que acontece en Washington (sede permanente del CIADI), necesitamos reconocerle como instrumentojurídico de dominación, para a partir de ello, unir fuerza social con los que se oponen al Chaparral, al Cimarrón, a la Minería, a la privatización de la naturaleza y al falso desarrollo, para demandaren el más corto plazo, al menos los siguientes puntos:
Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se dedique menos mostrar musculo frente a los otros Órganos de Estado y que resuelva de una vez por todas, las demandas de inconstitucionalidadcontra el CAFTA-DR interpuestas hace seis años por el Movimiento Social y por el FMLN.
Que la Asamblea Legislativa derogue inmediatamente el artículo 15 de la Ley de Inversiones y prohíba de manera rotunda e inequívoca la minería metálica nacional; así mismo, que dicho ente, constituya una Comisión Especial para investigar quienes son los funcionarios involucrados en lo que PacificRim llama“Autorizaciones presuntas” y cual es la responsabilidad penal o civil que tienen.
Que el Ministerio de Economía reconozca que la Evaluación Ambiental Estratégica para el tema minería, pierde vigencia con la última resolución del CIADI, pues con independencia de lo que se haga o diga dicha Evaluación, ahora el Estado enfrenta la posibilidad “real” de seguir siendo demandado en vía doble, CAFTA-DR y Ley de Inversiones.
Ello es necesario si queremos tener un pueblo soberano, independiente y con viabilidad social en el corto plazo.
[1]Cfr.El Salvador deja fuera a PacificRim de los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. http://www.fiscalia.gob.sv/?p=1911
[2] Esta cantidad puede ser mayor o menor, según las pruebas que se presenten ante el Tribunal Arbitral.
[3] La Ley de Inversiones fue una iniciativa de ellos.
[4] Distrito minero de oro y plata, localizado en el Departamento de Cabañas.
[5] Todos los documentos con excepción del último, pueden ser consultados en la página oficial del MINEC, http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:otros-documentos&Itemid=63
[6] Dicho artículo prescribe que: El Presidente y el Vicepresidente de la República,los Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministrosde Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de lasCámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte deCuentas de la República, el Fiscal General de la República, elProcurador General de la República, el Presidente y Miembros del ConsejoCentral de Elecciones y los representantes diplomáticos,responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales ycomunes que cometan.
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**Fuente: Periódico Voces http://voces.org.sv/2012/06/06/justicia-ambiental-pidiendo-peras-al-ciadi/#_edn6
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