viernes, 29 de junio de 2012

Ambición minera impide justicia ambiental*


La Mesa Nacional Frente a la Minería y organizaciones ambientales estiman que de permitir la explotación de metales en El Salvador, las repercusiones al medio ambiente superarían la deuda millonaria que hoy enfrenta el país ante la demanda interpuesta por Pacific Rim
El último informe de las Naciones Unidas UNDAC, (Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres) del 2011 revela que El Salvador está entre los primeros diez países más vulnerables de la tierra. Hay una pérdida del 30% de biodiversidad, es el país más deforestado de América Continental después de Haití. Por otra parte, es el que tiene menos acceso al agua en la región centroamericana.
Luis González, encargado de la Unidad de Clima y Energía de la UNES, señala que “tenemos un acceso al agua, entre 1700 y 1800 m³, cuando el promedio centroamericano es de 10,000 m³. Es decir, que estamos muy por debajo de la media”.
Agrega que El Salvador ha tenido una disminución de caudales de los ríos en los últimos cincuenta años, a excepción del rio Acelhuate, que ha aumentado de caudal porque transporta diariamente 600 toneladas de heces fecales. En esa línea, hay estudios de caudal que indican que la mayoría de ríos desaparecerán entre 1,600 y 1,200 años. Para el caso del rio Lempa, que es la fuente estratégica de recursos hídricos del país, duraría entre 100 y 160 años.
Investigaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) apuntan que solo el 2% de las aguas en el país entra en el rango de buena calidad.
Ante esta situación, González asegura que no es viable la minería en El Salvador, pues uno de los principales impactos que puede generar la explotación minera a nivel nacional, es en el tema de recurso hídrico.
De acuerdo a investigaciones técnicas y científicas las partículas de oro que hay en El Salvador, se encuentran muy diseminadas en el suelo, muchas veces son microscópicas. Por esta razón, el único método, económicamente viable, para poder sacar este oro de las rocas o el suelo, es la lixiviación, un proceso físico, químico, por medio del cual, se separa el oro de la roca combinándolo con cianuro.
El especialista en clima y energía, Luis González, explica que el uso del cianuro es muy nocivo. “El cianuro es un químico muy tóxico, a tal punto que una cantidad de cianuro del tamaño de un grano de arroz, matan a un ser humano adulto. Además, los metales pesados que se liberan, pueden ser arsénico, selenio, plomo que también son contaminantes y pueden matar”.
Según estudios de la UNES, por cada proyecto minero se utilizarían diariamente, 40 toneladas de cianuro. Este, como muchos metales pesados es bioacumulante, lo que significa, que si la naturaleza lo absorbe poco a poco puede llegar a acumularse en los órganos blandos del ser humano. En consecuencia, surge un degeneramiento a nivel celular y deriva una cantidad de enfermedades como insuficiencia renal, migraña, impotencia, infertilidad, daños en feto, etc.
La mayor parte de empresas mineras de oro en el mundo son canadienses. En El Salvador, quien ha estado a la punta es Pacific Rim. Muchas otras empresas como minerales Morazán, también son subsidiarias de Pacific Rim. Sin embargo, González comenta que “es una empresa junior, que se especializa, más que todo, en hacer exploración y cuando está lista la exploración lo venden en proyecto a una empresa más grande”.
Actualmente, Pacific Rim opera con un permiso de exploración. Sin embargo, ante la oposición del Estado de no permitir la explotación minera, esta empresa ha interpuesto una demanda por 120 millones de dólares contra el país ante el Centro de Resolución de Conflictos en Inversión CIADI, argumentando expropiación de ganancias.
Hasta el momento, el proceso sigue abierto, y solo mediante una Ley que prohíba la minería se puede evitar la intervención de empresas mineras y de posibles demandas al Estado. De acuerdo a González, mientras el proceso se mantenga, Pacific Rim puede aumentar la cifra de la demanda bajo el argumento de costes procesales. Además, esto involucra al Estado salvadoreño a pagar una gran cantidad de dinero en abogados internacionales que están siguiendo el caso. Según estudios de FESPAD ya se gastaron más de 5 millones de dólares.
No obstante, para el representante de UNES, Pacific Rim ha actuado en El Salvador como actúan todas las empresas en el mundo. “Llegan a la comunidad y empiezan con la compra de voluntades, a la alcaldía a patrocinar las fiestas patronales, uniformes para los niños, algunos bolsones, campañas médicas y oftalmológicas y obviamente ha generado la falsa promesa de algún tipo de empleo, lo que ha provocado que en departamentos como Cabañas, uno de los municipios más afectados por la minería metálica, se divida el pensamiento de la gente.

Francisco Pineda, fundador y presidente del Comité Ambiental Llano de La Hacienda en Cabañas.
Esta afirmación es compartida por Francisco Pineda, fundador y presidente del Comité Ambiental Llano de La Hacienda en Cabañas, quien testifica que la muerte de cinco ambientalistas de la zona, es fruto de la oposición de los colonos ante la explotación de la mina “El Dorado”.
“Las amenazas se dan ante el surgimiento de la organización y de las acciones que realiza. Debido a eso, la empresa se siente amenazada de su capital y demandan al Estado ante el CIADI y es donde inician más las acciones de amenazas hacia nosotros”, comenta Francisco.
Entre los dirigentes ambientalistas asesinados, destaca Dora Alicia Recinos, de 32 años, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, quien murió embarazada de ocho meses.
Juan Francisco Duran Ayala fue el último asesinado el 24 de junio de 2011. Pineda lo describe como un joven que estudiaba licenciatura en idiomas, y quien pudo haberle ayudado en algunas traducciones porque era muy bueno. Tras su desaparición, fue hallado muerto en Lamatepec con un impacto de bala en la cabeza.
“Hasta el momento no tenemos ninguna investigación que nos aclare los hechos, y en los otros casos, declaran que fue por rencias personales”, dice Pineda, quien recibió en 2011 el Goldman Prize, uno de los más relevantes galardones a nivel mundial por su lucha contra la minera Pacific Rim.

Rodolfo Calles de la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador.
Por su parte, Pineda considera que a un año de la muerte de Juan Francisco, no ha habido efectividad por parte de la Fiscalía y las investigaciones se aferran a su hipótesis y hacen caso omiso a las que plantea la población.
En ese sentido, considera que deben tomarse en cuenta sus hipótesis e investigar no solo a miembros de la empresa, si no también, a diputados, “que han tenido mucho acercamiento en las épocas electorales con las empresas. Nosotros creemos que Pacific Rim ha ayudado a financiar parte de las contiendas políticas y por eso sienten mucho compromiso”.
Frente al tema, el alcalde de San Isidro, José Bautista advierte que quien tiene la última palabra para aprobar o no la explotación minera, es la Asamblea Legislativa o el presidente de la República. Asimismo, se muestra hermético respecto a los asesinatos ocurridos en el departamento.
Pero para Francisco Pineda, quien ya perdió la cuenta de las amenazas que lo ajustician, y que a pesar de la seguridad que el Estado le proporciona, no puede desistir en la lucha por defender su territorio, el de la comunidad y del país.
Como parte de las acciones en defensa de los recursos naturales del país, La Mesa Nacional Frente a la Minería, presentó ante el CIADI, un proceso alterno llamado “Amicus Curiae” o Amigos del Tribunal. La idea de este proceso, según Rodolfo Calles, facilitador de la Mesa, es “presentar una cantidad de argumentos de por qué la minería no es viable en El Salvador para ilustra mejor a los jueces de nuestra postura en contra de la minería”.

San Isidro, Cabañas.
A la fecha, no ha habido respuesta de parte del CIADI. Para Rodolfo, esto se debe a que la mayoría de argumentaciones planteadas son de derechos humanos y medioambientales, que para la institución reguladora, no representa una razón de peso, pues es un organismo eminentemente comercial.
Aun así, la Mesa está comprometida a seguir apoyando todo el tema jurídico, seguir dando pruebas y testimonios de por qué la minería afecta al país. Este esfuerzo los respaldan aliados internacionales de Estados Unidos y Canadá, accionistas, campañas de información de sensibilización al público para lograr que Pacific Rim retiren la demanda hacia el Estado.
Actualmente hay 25 solicitudes de permisos de explotación y 29 concesiones de exploración minera de oro y plata, que pueden convertirse en 25 nuevas demandas al país, porque hay todavía un marco jurídico nacional que no prohíbe la minería como tal.
En ese sentido, la Mesa Nacional propone una ley que prohíba la minería metálica, en primera instancia, para evitar que haya más muertos en Cabañas, porque mientras exista la probabilidad de explotación minera habrá oposición y violencia. En segundo lugar, para eliminar la amenaza de la degradación ambiental.
“Si en caso perdemos la demanda, es preferible pagar los 100 o 200 millones, antes que permitir que haya minería en El Salvador, porque el costo ambiental es muchísimo más amplio que la cifra a pagar”, afirmó.
Por Ivannia Serrano / VOCES http://voces.org.sv