Estrategia equivocada

Es aplaudible que el presidente Mauricio Funes haya declarado –el lunes 31 de agosto recién pasado– con claridad y firmeza que no permitirá ningún proyecto de explotación minera, algo que prometió durante la campaña electoral en una carta pública al Arzobispo de San Salvador y en un compromiso escrito a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.

Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.

El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.

Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.

Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.

Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.

En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

40 días de impunidad

Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.

Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.


Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.

Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.

También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.

Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.

Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.

Cabañas, hoy.

Amenazas de muerte, atentados, desapariciones forzadas y asesinatos. No es El Salvador de los años setenta u ochenta, ni siquiera la actual Honduras ultrajada por los golpistas. Es el departamento de Cabañas, hoy.


Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.


Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.

Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.



Martes 28 de julio. Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.


Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.



Viernes 7 de agosto. Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.



Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.



Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.



*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Sábado, 01 de Agosto de 2009 / 09:33 h “Todo comenzó con difamaciones, ahora son amenazas a muerte”: José Beltrán

APES denuncia y condena las amenazas contra periodistas de Radio Victoria. Acompañan en la denuncia: Adriana Valle, Oneida Ayala, Elin Jordan directivo de ARPAS, Rafael Domínguez, presidente de APES, y José Alexander Beltrán. Foto Diario Co Latino


Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La vena del periodismo en José Alexander Beltrán llegó de forma insospechada. Un reclutamiento rutinario de estudiantes universitarios para Radio Victoria fue suficiente para probar suerte con un taller: “y me quedé en el colador”, narró este joven de 18 años de edad, que realiza su labor periodística en Cabañas.

La denuncia de la desaparición y posterior asesinato del líder social, Gustavo Marcelo Rivera marcó a este grupo de jóvenes, que incansablemente informaron de los pormenores del caso, abriendo sus micrófonos a la comunidad para expresar su preocupación por el resurgimiento de “prácticas del conflicto armado”, que llenó de mucho dolor al país.

“Todo comenzó con difamaciones, recuerdo que llegó una carta por correo a mi familia, denigrándome y aconsejándole a mi familia que ya no fuera a la radio; luego en mayo se robaron la antena de la radio, y el paso siguiente fueron las amenazas, nos tildaban de ser una radio guerrillera y como tal, podíamos desaparecer”, testimonió.

Junto a José Alexander, se encuentra amenazados Vladimir Abarca Ayala de 17 años, y Ludwin Franklin Iraheta de 20 años de edad, quienes han recibido amenazas de muerte, vía telefónica, y en sus correos electrónicos, desde su cobertura del caso del Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, Cabañas.

“En las vigilias que cubrimos y que fueron cinco, Ludwin animaba a la gente a participar expresándose por radio, luego, una mañana en su casa, al abrir su puerta se encontró con una carta que decía - te van a matar- , lo más fuerte que me han dicho a mí es – estás en la lista y para eso no hay edad”, cuenta.

Y no solo los jóvenes periodistas han enfrentado agresiones psicológicas, Radio Victoria, ha venido siendo saboteada en su transmisor, ubicado en el Cerro Moidan, Sensuntepeque.

Esto ha generando su salida al aire por largos espacios de tiempo, sin que, hasta el momento la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, establezca la autoría intelectual y material del hecho.

“Por el momento, ninguno de nosotros está viviendo en San Isidro, Cabañas, estamos obligadamente exiliados, el Procurador de Derechos Humanos Óscar Humberto Luna, dictó medidas cautelares por 72 horas, que se vencen hoy (viernes) , pero no sabemos nada, no podemos regresar por nuestras familias y esto es preocupante”, señaló.

Por su parte, Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció y condenó públicamente las amenazas a muerte de estos jóvenes, porque atenta contra la libertad de expresión e información, que son derechos inherentes de toda sociedad democrática.

“El fiscal no fue claro en adelantar los avances, dijo que han abierto una investigación desde el 25 de julio a través, de la fiscalía de Sensuntepeque, pero no sabemos si ya identificaron los números telefónicos de donde provienen los mensajes o remitentes de los correos electrónicos, sin embargo, para nosotros esto es demasiado lento, muy poco, para algo tan grave: la amenaza a la vida de los periodistas y violentar el derecho de libertad de expresión”, indicó.

Mientras, Elín Jordan, directivo de ARPAS, consideró que acallar el derecho de información y una falta de investigación por parte del sistema de justicia, era preocupante.

“Queremos un trabajo de investigación profesional, porque se han activado los Escuadrones de la Muerte y esto no es delincuencia común, son gente que es pagada por el poder y hay intereses económicos como Pacific Rim; porque Marcelo Rivera no fue asesinado por delincuencia común, el fue un luchador ambiental, y eso lo denunció Radio Victoria”, dijo.

Los pobladores de San Isidro Cabañas acompañaron este día a los periodistas amenazados, como muestra de solidaridad con su radio comunitaria, para demandar del Presidente de la República, Mauricio Funes, una investigación exhaustiva del hecho. El mandatario se comprometió con el caso, y condenó las amenazas a los jóvenes periodistas.

Ver nota original en:http://www.diariocolatino.com/es/20090801/nacionales/69862/

Minería y golpe de Estado*

Minería y golpe de Estado*


Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.

En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.

Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.

Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.

Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.

“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.

En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.

La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).

Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería

Ver este articulo tambien en http://www.diariocolatino.com/es/20090722/opiniones/69442/

Iglesias históricas nombran “Mártir del Medio Ambiente” a Marcelo Rivera

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Las Iglesias Luterana y Católica elevaron a “Mártir del Medio Ambiente” al activista social, Gustavo Marcelo Rivera, por su labor social y política en San Isidro, Cabañas, en contra de la incursión minera de Pacific Rim y sus constantes denuncias de corrupción del gobierno local.

Al acto ecuménico se unió el de los diputados del partido FMLN, Lourdes Palacios y Antonio Echeverría, quienes se pronunciaron por una pronta y cumplida justicia, ya que, Marcelo también era activista del partido de izquierda y fue el principal denunciante de los casos de votos foráneos, en su municipio el pasado 18 de enero.

Durante el evento, se dieron forcejeos que entre los miembros de las organizaciones sociales y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) por la Plaza Gerardo Barrios, conocida como Plaza Cívica.

Los agentes del CAM trataron de impedir la celebración del Primer Festival Justicia y Paz “Gustavo Marcelo Rivera”, pero no pasó a más, y se estableció que las plazas son lugares públicos, agregando la defensa del derecho a la libertad de expresión.

La Reverenda Cecilia Alfaro y Fray Óscar Granados, de la Orden Franciscana, afirmaron que la muerte cruel e impune de Marcelo, un joven entregado a la lucha social, recordaba de nuevo la entrega de Jesús en la Cruz.

La Reverenda Alfaro agregó, “es el primer mártir ambiental, que dedicó su corta vida a causas justas, fue un hombre que se dio a su población y lo sacrificaron, para golpear al pueblo”.Mientras, Fray Granados señaló que Mártir significa “ser testigo” y como tal, Marcelo Rivera “luchó como Jesús, negándose a abandonar a la gente a obras de muerte, con la muerte de Marcelo podemos decir que Dios pasó por San Isidro, Cabañas”, comentó.

Por su parte, Lourdes Palacios señaló que la Fiscalía General de la República deberá rendir cuentas y realizar una investigación consistente y a profundidad.

“Se debe hacer pagar por la injusticia cometida, y no podemos negar que la Pacific Rim estuvo atrás de esto, Gustavo hizo señalamientos claros y fue de las persona que pidió que no se instalaran las minas”, argumentó.

Mientras, Gustavo Pineda, jurista de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) , instó a los presentes a emprender una lucha constante de presión ante la Fiscalía.

“Es un camino largo, pero debemos reivindican la memoria de nuestro amigo Gustavo Marcelo que defendió la vida, no se puede seguir permitiendo que la Pacific Rim continúe envenenando la tierra”, señaló. A estos pronunciamientos, se unió el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, quien compartió que la PDDH seguirá trabajando para exigir al Estado salvadoreño el esclarecimiento del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.

“El Procurador (Óscar Humberto Luna) me dijo que les dijera que vamos a seguir de cerca el caso y nos comprometemos a no desfallecer mientras el caso no se esclarezca”, sostuvo.

El Padre Gerardo Poter aseguró que esperan una investigación justa y efectiva para que la población de San Isidro, Cabañas, pueda encontrar la confianza que ha perdido de sus autoridades locales, fiscales y policiales.

“No vamos a creer nunca que fue una muerte por delincuencia común, en ningún momento él estuvo involucrado en violencia o pandillas, como lo han dicho; esto fue planificado y luego, ejecutado, por eso, pedimos una investigación profesional”, solicitó.

Francisco Bosch afirmó que las organizaciones sociales se están preparando para trabajar de lleno en el esclarecimiento del desaparecimiento y asesinato de Marcelo Rivera, que forjó junto a un grupo de jóvenes la defensa de su municipio.

“Claro, la muerte de Marcelo cuando lo tenemos tan vivo en la memoria, no pueden llamarse muertos, nosotros ante esta situación vamos a luchar por la verdad y lo vamos a rememorar siempre, porque no se ha ido. Lo que queremos es que se vaya la Pacific Rim”, puntualizó.

El Festival reunió cantantes de trova, hip hop, danza y poesía, muchos de ellos adolescentes, quienes entregaron su “talento” grupos que había formado Gustavo Marcelo Rivera en la Casa de la Cultura.

“MC Lethal” lo explica a su manera en su hip hop alternativo al cantar: “engañar, robar y destrozar es un abuso en mi tierra, pero a mi gente no la engañan los ladrones disfrazados/por la plata baila el perro, sólo miren el alcalde de mi pueblo”.

Asesinato de Marcelo Rivera: ¿Delincuencia común?

¿Inoperancia? o ¿mala intención? Es sospechoso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) se apresuren a declarar que la desaparición forzada y posterior asesinato de Gustavo Marcelo Rivera Moreno es un acto de la delincuencia común.
Ésa es la hipótesis inicial planteada por el Subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado Howard Augusto Coto, y el Jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Antonio Delgado.

Según estos funcionarios de la seguridad pública, Gustavo Marcelo –quien no era borracho ni se reunía con miembros de pandillas– departía con un grupo de mareros quienes, después de una acalorada discusión, le quitaron la vida. En tal sentido, el activista ambiental y dirigente político de Cabañas sería sólo una de las 13 personas asesinadas a diario en El Salvador.

Pero diversas pruebas –que serán presentadas en los tribunales– desmienten la historia del comisionado Coto y del fiscal Delgado. Abundan elementos que sugieren posibles móviles políticos y líneas de investigación para encontrar a los responsables –intelectuales y materiales– de dichos crímenes, la principal son las amenazas y persecuciones que sufrió debido a su rechazo a la minería y su resistencia a acciones de fraude electoral.

El propósito de este artículo es insistir en dos argumentos que sostienen la tesis de que la desaparición forzada y asesinato de Rivera Moreno no son un simple acto de delincuencia común.

Primero. Gustavo Marcelo no es una víctima común. Y esto no es discriminar a otras víctimas de la feroz delincuencia que azota al país, pues todas las vidas humanas que se pierden son importantes. Se trata de destacar algunas de sus características que lo convierten en “una víctima no común”.

Al momento de su desaparición era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), organización con sede en San Isidro y en Los Ángeles (California, EE.UU), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería. También dirigía la Casa de la Cultura de San Isidro e integraba la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.

Es decir, era un líder comunitario, funcionario público, activista del medioambiente y dirigente político.

Su lucha antiminera y su labor por la democracia en San Isidro lo enfrentaron a intereses de la empresa Pacific Rim –que pretendía extraer más 800 millones de dólares en oro de la mina El Dorado– y del alcalde José Ignacio Bautista, acusado de cometer fraude en los comicios del 18 de enero.

Y segundo. Su asesinato no fue perpetrado en forma común. Fue desaparecido forzosamente y, a las tres semanas, se le encontró asesinado, con señales de tortura, al peor estilo de los escuadrones de la muerte. Evidentemente se trata –y el comisionado Coto y el fiscal Delgado lo saben– de un sicariato que tiene autores intelectuales. Es decir, sus motivos trascienden al actuar de la delincuencia común.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.