Hierro y plomo, características del río San Sebastián
Dora Reyes | Miércoles, 22 Julio 2015
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Ambientalistas piden iniciar proceso judicial en contra de la empresa Commerce Group responsable de contaminar el río San Sebastián
Representantes de la Mesa Nacional Frente a la Minería y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación judicial para responsabilizar a la empresa Commerce Group de los daños, que según ellos, ocasionó al río San Sebastián en el departamento de La Unión, debido a la minería metálica.
El río San Sebastián es de color marrón y su olor es similar al del moho, esto después de que se convirtiera en el receptor del drenaje ácido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastián, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Gruop.
Commerce Group, compañía estadounidense abandonó la zona, según la Mesa Frente a la Minería, en 1980 debido al conflicto armado que vivió El Salvador.
"Hacemos la denuncia pública de la contaminación del río San Sebastián que está altamente contaminado por químicos utilizados por los procesos de minería que realizó Commerce Group, existen daños a la salud de los habitantes de la zona, por ello hacemos un llamado al juez ambiental, Samuel Lizama, para que inicie un proceso investigativo y determine responsabilidades por los daños que quedaron en la zona", dijo Saúl Baños, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería.
La Mesa asegura que debido a la minería en la zona se contaminó el río San Sebastián, cambiando su calidad de agua a causa del drenaje ácido de minas que ha ocasionado impactos ambientales en las aguas superficiales y subterráneas.
Asimismo, Baños manifestó que como organización presentarán la denuncia formal para judicializar el caso a través del tribunal ambiental, además presentarán una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como medida de presión al Estado.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de su representante, Yanira Cortez, afirmó que la institución comenzó una investigación hace un año sobre el daño ambiental de la zona y que se dará a conocer en septiembre de este año.
Agregó que a nivel judicial no se han tomado las medidas necesarias para responsabilizar a la empresa, aunque en la Fiscalía hay dos demandas sobre el caso.
"La contaminación de la zona es un daño ambiental grave que está sufriendo el país y la salud de las personas. Nos preocupa éste caso porque es de impunidad porque además que se cerró la mina la autoridad ambiental no retomó todos las medidas necesarias para cerrarla. Están siendo afectadas unas 20 mil personas por los metales pesados como hierro, magnesio, plomo y otros", puntualizó Cortez.
Asimismo las autoridades pidieron al juez Lizama y al gobierno central que se inicie un proceso judicial para responsabilizar a la empresa y que se emita un Decreto Ejecutivo que prohíba la minería metálica, mientras no se haya aprobado una ley que la impida.
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