@GloriaCoLatino
Lidia Urías Leiva, sobrevive junto a su familia en el caserío Palo Bonito, municipio de Guacotecti, Cabañas, donde la incursión de la empresa minera Pacific Rim, en el cerro La Tabla, ha generado problemas con el abastecimiento del agua y la seguridad alimentaria de las familias asentadas en la zona.
“Al principio, cuando los encargados de esta minera se reunieron con nosotros y explicaron que la exploración no iba a afectar los mantos acuíferos estuvimos con ellos en el Centro Escolar Palo Bonito, pero al final las exploraciones nos dieron dificultades con el agua y la sobreviencia de los cultivos de quienes vivimos en este lugar”, explicó.
Lidia reseñó que personeros de la empresa -les afirmaron- que el agua que tomarían para la exploración sería del subsuelo y no de los mantos acuíferos o ríos, lo que lamentó, porque muchos ofrecimientos que dieron a los pobladores sobre progreso fueron solamente “espejitos por oro”.
“Unos meses después de iniciadas las exploraciones bajó el agua en todos sus niveles, hasta el agua superficial porque teníamos la bendición que medio arreglábamos un pozo y teníamos agua… pero nos dimos cuenta, que ya no era así, no pudimos seguir con nuestros proyectos productivos y muchas cosas se dejaron por la falta de agua”, comentó.
La escasez del vital líquido afectó a muchas comunidades que integran el caserío Palo Bonito fue significativa porque afectó también el pastizal y agua para el ganado u otra crianza de especies domésticas.
“Yo pienso que estas compañías mineras no deberían de permitirles la entrada porque no dejan nada a los pueblos, lejos de eso les quita, les roba lo más preciado, sus riquezas de su subsuelo, dejándonos gran cantidad de veneno, enfermedades y eso no es justo para nuestros pueblos, son muchos los que ya no tenemos nada”, afirmó.
Lidia reseñó que en un principio los cultivos en las tierras de su padre surtieron de las frutas y hortalizas al campamento de la minería Pacific Rim (ahora Oceana Gold) pero luego, la baja producción de los árboles frutales y granos básicos impidió el intercambio comercial.
Gran parte de la población de los alrededores de la mina El Dorado, en Guacotecti, Cabañas, no están de acuerdo con que se realicen trabajos de minería a cielo abierto en la zona. Foto Diario Co Latino/ Guillermo Martínez
“Estamos afectados por este proyecto que implementó la Pacific Rim es una minería de cielo abierto y si calculamos la extensión del proyecto, parte de nuestra propiedad se va al vacío, así como para otras familias, porque estamos a un par de kilómetros del proyecto y ¿Quién reconocería esto?… algunos aceptaron el dinero para abandonar la zona pero, la mayoría estamos aquí y queremos que esa empresa de muerte se vayan del país”, afirmó.
A Lidia, la minería metálica no solo golpeó su tierra; la muerte de su hijo David Urías de 19 años, aún sin datos concluyentes sobre la circunstancias de los hechos, la ha llevado a dudar de las investigaciones y exige justicia por el asesinato ocurrido el 30 de junio de 2012.
“Esta ha sido la mayor embestida que hemos sufrido y tenemos la duda, ¿Por qué? tuvo que ser así… estoy clara que ellos (minería) no les conviene que esté aquí. Mi hijo siempre me acompañó en las diferentes actividades que se montaron y tengo serias dudas sobre el crimen, porque las autoridades no fueron convincentes con sus datos en la investigación, solo dijeron fueron “pandilleros”, -y como le dije al fiscal- sigo esperando y exijo justicia”.
La idea de Lidia Urías no cae en saco roto, la violencia contra los y las ambientalistas en el país cobró la vida de otras tres personas en el año 2009, cuando Pacific Rim llegó al municipio de San Isidro, Cabañas. Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto que estaba en su octavo mes de gestación fueron amenazados a muerte y luego asesinados en circunstancias poco claras, afirman los ambientalistas.
La transnacional canadiense Pacific Rim llegó al país a mediados del año 2002, con la intención de investigar los yacimientos de oro y plata que podrían estar en el subsuelo del territorio nacional. Identificando 25 sitios que probablemente podrían explotar y para lo cual, invirtieron 80 millones de dólares en concepto de exploración.
Y luego, que la administración del ex presidente Mauricio Funes cancelara el permiso de explotación a la Pacific Rim ahora, Oceana Gold presentó una demanda contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por 301 millones de dólares, como compensación a su inversión y que se encuentra pendiente de resolución.
Actualmente, las transnacionales mineras enfrentan una fuerte oposición de la sociedad civil organizada y poblaciones indígenas del Triángulo del Norte, la minería metálica como lo han denunciando diversas organizaciones nacionales, regionales e internacionales es una fuente contaminante de suelos por los metales pesados y vorazmente extractiva por los miles de metros cúbicos de agua utilizados en sus procesos. Que heredan en las zonas de explotación estrés hídrico y drenaje ácido que anula la vida de diversas especies.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), junto a diversos representantes de la región centroamericana inauguraron el “Primer Encuentro Binacional de Organizaciones Ambientalistas y la Lucha Minera”, a fin de discutir sobre la minería industrial y artesanal y el grave impacto en la salud de las personas.
González afirmó que la reunión permitió una reflexión compartida además, de abordar el tema sobre la violencia que generan las empresas mineras en el tejido social de la comunidad, que ha llegado a dividir a la población.
“No hay duda que la minería es una industria lesiva para el ser humano y tiene graves impactos en la región centroamericana; estamos uniendo los problemas con otros países, porque la minería complejiza la lucha y el tema de la violencia es un factor de unidad; los casos de muertes de ambientalistas en el país y Honduras nos unen en situaciones de muertes y amenazas. Ahora buscamos una agenda compartida para poder avanzar y contar con marcos regulatorios nacionales que nos permitan prohibir esta actividad”, indicó.
Mientras, Vidalina Morales, de ADES, expresó la preocupación de las comunidades con la supuesta reactivación de actividades de la empresa Oceana Gold en el proyecto minero que ahora se hace llamar Fundación El Dorado, en Cabañas.
“Esta amenaza es latente en nuestra comunidad, y a pesar de ser fuerte, que llevamos 10 años de lucha ininterrumpida, la empresa continúa tratando de instalarse para explotar el proyecto minero. De ahí nuestra lucha permanente y de buscar la visibilidad de la problemática, porque en este país es inviable la minería porque somos altamente poblados y tenemos estrés hídrico”, opinó.
Gelsomina Munguía, de Honduras, aclaró que la lucha contra la minería metálica debería contar con mucha más fuerza de los pueblos, al señalar la necesidad que Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se unan para crear un esfuerzo regional.
“El mundo está enloquecido por el maldito oro y plata que lo tiñe la sangre de los ambientalistas y los pobladores que luchan por su tierra; que cuenten la experiencia minera, quienes vienen del Valle de Siria o San Martín… señores nos están asesinando todos los ríos de Honduras”, dijo.
A su denuncia, se sumó José Dionisio Rodríguez, quien lamentó que en Honduras la mayoría de los medios de comunicación estén plegados a las grandes empresas y quitan la voz de las comunidades y sus demandas.
“Estamos acá, por la misma lucha que es la minería, algo tan difícil de controlar, comenzamos hace 10 años con el departamento El Paraíso y sus comunidades al principio nos rechazaron, nos tildaron de tontos, cuando les explicábamos el interés de las mineras por la riqueza y el dinero, que los campesinos no les interesamos y que tenemos autoridades de Estado en contra de su pueblo”, puntualizó.
Entre las conclusiones, el movimiento ambiental se decidió articular la lucha contra la minería metálica en la región; así también, formularon nuevas estrategias y procesos encaminados a sistematizar la lucha de ambos países.
