jueves, 7 de julio de 2011

Una demostración más de la falta de voluntad estatal para investigar a fondo los crímenes contra ambientalistas en Cabañas*

*Editorial de ARPAS

Las máximas autoridades fiscales y policiales expresaron, hace dos días, en la Asamblea Legislativa, que los crímenes contra ambientalistas en Cabañas se deben a rencillas personales, diferencias familiares y hasta motivos pasionales.

Aunque ustedes no lo crean, estimados y estimadas radioescuchas, eso llegaron a de decir, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea, el Fiscal General de la República, Romeo Barahona, y el director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, acompañado de su subdirector de investigaciones, Howard Coto.

Y esto constituye otra demostración de que la Fiscalía y la Policía no tienen voluntad política para realizar las investigaciones integrales, exhaustivas y profundas, que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y diversas entidades internacionales, les han pedido hacer sobre los asesinatos y amenazas de muerte contra ambientalistas y comunicadores comunitarios en Cabañas.

Como hemos dicho en editoriales anteriores, hay dos hechos que los negligentes titulares fiscales y policiales evaden, para plantear la risible hipótesis de las rencillas personales como causa de los crímenes en Cabañas.

El primer hecho que evade la Fiscalía y la Policía es el contexto de conflictividad provocado por la presencia de las empresas mineras, y las posturas encontradas que surgen al interior de las comunidades frente a los proyectos mineros, unos se ponen a favor y otros en contra. Esto significa que, aún cuando las compañías mineras no estuvieran directamente involucradas en los asesinatos y amenazas, sí son causantes de la confrontación que precede a dichos crímenes.

Este parece ser el caso de los asesinatos en el Cantón Trinidad, de Sensuntepeque. De hecho, el Tribunal de Sentencia, de esa cabecera departamental, determinó, en el juicio por atentado contra Ramiro Rivera, tres meses antes de ser asesinado, que la confrontación comunitaria en esa zona se debía a las posturas encontradas que sobre la minería de metales tienen los pobladores.

Y el segundo hecho que evade la Fiscalía y la Policía es que los ambientalistas asesinados, antes de ser asesinados, fueron perseguidos, atacados y amenazados de muerte; y quienes les perseguían, atacaban o amenazaban les decían claramente que esto era debido a su oposición a los proyectos mineros.

Este es el caso del ambientalista de San Isidro, Marcelo Rivera, y podría ser también el Juan Francisco Durán, desaparecido y asesinado precisamente después de colocar propaganda anti minera en las calles de la ciudad de Ilobasco.

Sin embargo, a pesar de estas dos razones, la conflictividad causada por la minería y las amenazas previas a los asesinatos, la Fiscalía y la Policía se niegan a trazar líneas de investigación sobre autorías intelectuales que incluyan a las compañías mineras, a los alcaldes pro mineros de Cabañas y a otros personeros de la empresa Pacific Rim.

Para colmo, el Fiscal General dijo que no es conveniente pretender involucrar a Pacific Rim en los crímenes de Cabañas porque eso podría afectar el juicio contra el Estado que se lleva a cabo en el CIADI, el tribunal corporativo del Banco Mundial donde la minera canadiense ha demandado a nuestro país.

¡Es al contrario, señor Fiscal! Usted debe investigar a Pacific Rim y demostrarle a ese tribunal que esta empresa le ha causado daños a El Salvador: secó varios nacimientos de agua, corrompió a algunos funcionarios y provocó conflictos en las comunidades, y que por eso su demanda no es legal ni legítima.

¡Hágalo Fiscal Barahona!, es su deber constitucional.