El Fiscal General de la República, Romeo Barahona, expresó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, que los casos de amenazas y asesinatos en Cabañas, no tienen relación con la lucha contra la minería, sino que “por rencillas entre familias”.
Lo anterior lo sustenta el Fiscal General, luego de finalizadas las investigaciones de los hechos suscitados entre 2008 y 2009, en el departamento de Cabañas, tras el desaparecimiento y asesinato de algunos ambientalistas, provocados “por rencillas familiares”, de algunas comunidades.
Es cierto que, dichas investigaciones concluyeron que una de las familias en disputa con otra, contrató sicarios para eliminar a miembros de otros, y viceversa. Lo que no se ha destacado de aquella pesquisa es que las familias enfrentadas, unas estaban a favor de la minería metálica, mientras que la otra estaba en contra. Y que fue precisamente ese posicionamiento a favor o en contra de la minería la que llevó a las familias a estar enfrentadas.
Recientemente, se conoció del desaparecimiento y asesinato de otro ambientalista. Se trata de Juan Francisco Durán Ayala, quien era un reconocido activista contra la minería metálica, y que por ello lo llevó a participar en sendas movilizaciones de protesta. Al final, una de esas acciones es que desaparece el también joven estudiante de la UTEC.
Durán Ayala desapareció, un día después de haber participado en acciones de protesta contra la minería, el 3 de junio pasado. Ese día subió a un autobús con rumbo hacia San Salvador porque tenía clases en la universidad Tecnológica (UTEC) donde estudiaba idiomas y que, además, era instructor, pero nunca llegó a su destino.
El cadáver de Durán Ayala fue enterrado como desconocido, bajo sospechas de haber sido víctima de las pandillas.
El asesinato de Durán Ayala, se ha sumado al del también ambientalista Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, y Dora Alicia Sorto. Tal como lo dijo el Fiscal, estos casos fueron investigados, y llevados a los autores materiales a los tribunales.
Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil hayan encontrado en el proceso de investigación anterior, el involucramiento de dos familias en pugnas por su opción a la minería metálica, no los debería llevar a concluir que todos los crímenes de los ambientalistas, son producto de una simple pugna entre dos familias, sino, ir más allá.
Ese más allá significa que las autoridades investiguen que la pugna entre las familias esté promovida por el tema de la minería, y, más importante, cómo evitar que los que están en contra o a favor de la minería resulten muertos o amenazados.
Por eso nos parecen delicadas las declaraciones, que podrían constituirse en conclusiones, dadas por el Fiscal General de la República, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
*Artículo publicado en Colatino
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