¿Y si fuera su casa?*

Editorial YSUCA 25 julio 2011

Imagínese usted, amigo y amiga oyente, que un día recibe la visita de una persona bien vestida que le da una noticia y, luego, le hace una propuesta. Le dice que bajo su casa ha descubierto un gran tesoro y que para sacarlo se necesita invertir dinero y utilizar herramientas especializadas. Le dice que usted no podrá sacarlo sin ayuda y por eso le ofrece sus servicios. A cambio de que usted le deje extraer el tesoro, le ofrece empleo para su familia en la obra y el 2% de las ganancias que se obtengan para que también usted obtenga beneficios y pueda reparar los daños que la excavación cause en su casa. ¿Qué haría usted, amigo y amiga oyente, ante una propuesta como esta? ¿Daría permiso para buscar el tesoro aunque eso signifique destruir su vivienda? ¿Lo permitiría a cambio de 2 dólares de cada 100 que se obtengan con la operación?
Para cualquier persona medianamente sensata esta propuesta sería inaceptable, porque implicaría dañar la casa, generar molestias para la familia que la habita y entregar casi la totalidad de la ganancia a alguien de afuera. Similar situación vive El Salvador y otros países del área con la minería metálica. Muchas compañías se han ofrecido a explotar los metales del suelo salvadoreño. Hasta el momento se contabilizan 73 solicitudes de exploración minera en El Salvador; la mayoría han sido hechas por compañías canadienses y estadounidense. ¿Por qué tanto interés en invertir en la minería metálica en El Salvador? Según una de las empresas mineras más conocidas, la Pacific Rim, solo en la mina El Dorado, en el departamento de Cabañas, se estima que hay un millón 400 mil onzas de oro. También se calcula que a nivel nacional puede haber entre 15 y 50 millones de onzas de oro, que a los precios actuales se traducirían en 23 mil millones de dólares y 78 mil millones de dólares, respectivamente. Un verdadero tesoro.
Sin embargo, está abundantemente comprobado y muy bien documentado que la minería metálica causa severos daños al medio ambiente. El Salvador está al borde de una crisis hídrica y para el funcionamiento de una sola mina se requiere un promedio de 900 mil litros de agua diarios. ¿De dónde se sacará tanta agua? ¿Se le quitará a la gente? Además, el cianuro y los ácidos que se utilizan para extraer el oro contaminan todo lo que tocan, incluyendo los mantos acuíferos, el suelo y los cultivos. En pocas palabras, la minería metálica destruye. Además de la destrucción del medio ambiente y de poner en riesgo la vida de la gente, las empresas mineras ofrecen al país el 2% de las ganancias obtenidas. Para colmo, gracias al TLC, estas compañías extranjeras pueden demandar al Estado salvadoreño si consideran que sus derechos han sido vulnerados. Es decir, además de destruir el ambiente, afectar a la población y llevarse el oro, nos pueden demandar.
Lo indignante e incomprensible de esta situación es que algunos sectores de la sociedad apoyan la explotación minera y acusan a los defensores del ambiente de oponerse al desarrollo. Un problema tan serio como este requiere también de una reflexión y una solución serias. El presidente Funes ha dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá la explotación minera durante su gobierno. Lo mismo dijo Antonio Saca durante su gestión. Pero no basta con hacer promesas; se necesita una política de Estado que proteja al país y a su gente. Lo que necesitamos es una ley que impida la explotación, la destrucción y la expoliación de nuestros recursos. La actual, por el contrario, promueve la inversión extranjera con grandes facilidades para las compañías. Esta es una tarea no solo de los y las diputadas, sino de todos los sectores de la sociedad empeñados en promover una mejor vida para todos y todas.

Foro en la UCA: Minería en Cabañas, un problema de país

Este jueves 21 de julio en la UCA. Evento importante para conocer más sobre la minería metálica

Una demostración más de la falta de voluntad estatal para investigar a fondo los crímenes contra ambientalistas en Cabañas*

*Editorial de ARPAS

Las máximas autoridades fiscales y policiales expresaron, hace dos días, en la Asamblea Legislativa, que los crímenes contra ambientalistas en Cabañas se deben a rencillas personales, diferencias familiares y hasta motivos pasionales.

Aunque ustedes no lo crean, estimados y estimadas radioescuchas, eso llegaron a de decir, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea, el Fiscal General de la República, Romeo Barahona, y el director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, acompañado de su subdirector de investigaciones, Howard Coto.

Y esto constituye otra demostración de que la Fiscalía y la Policía no tienen voluntad política para realizar las investigaciones integrales, exhaustivas y profundas, que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y diversas entidades internacionales, les han pedido hacer sobre los asesinatos y amenazas de muerte contra ambientalistas y comunicadores comunitarios en Cabañas.

Como hemos dicho en editoriales anteriores, hay dos hechos que los negligentes titulares fiscales y policiales evaden, para plantear la risible hipótesis de las rencillas personales como causa de los crímenes en Cabañas.

El primer hecho que evade la Fiscalía y la Policía es el contexto de conflictividad provocado por la presencia de las empresas mineras, y las posturas encontradas que surgen al interior de las comunidades frente a los proyectos mineros, unos se ponen a favor y otros en contra. Esto significa que, aún cuando las compañías mineras no estuvieran directamente involucradas en los asesinatos y amenazas, sí son causantes de la confrontación que precede a dichos crímenes.

Este parece ser el caso de los asesinatos en el Cantón Trinidad, de Sensuntepeque. De hecho, el Tribunal de Sentencia, de esa cabecera departamental, determinó, en el juicio por atentado contra Ramiro Rivera, tres meses antes de ser asesinado, que la confrontación comunitaria en esa zona se debía a las posturas encontradas que sobre la minería de metales tienen los pobladores.

Y el segundo hecho que evade la Fiscalía y la Policía es que los ambientalistas asesinados, antes de ser asesinados, fueron perseguidos, atacados y amenazados de muerte; y quienes les perseguían, atacaban o amenazaban les decían claramente que esto era debido a su oposición a los proyectos mineros.

Este es el caso del ambientalista de San Isidro, Marcelo Rivera, y podría ser también el Juan Francisco Durán, desaparecido y asesinado precisamente después de colocar propaganda anti minera en las calles de la ciudad de Ilobasco.

Sin embargo, a pesar de estas dos razones, la conflictividad causada por la minería y las amenazas previas a los asesinatos, la Fiscalía y la Policía se niegan a trazar líneas de investigación sobre autorías intelectuales que incluyan a las compañías mineras, a los alcaldes pro mineros de Cabañas y a otros personeros de la empresa Pacific Rim.

Para colmo, el Fiscal General dijo que no es conveniente pretender involucrar a Pacific Rim en los crímenes de Cabañas porque eso podría afectar el juicio contra el Estado que se lleva a cabo en el CIADI, el tribunal corporativo del Banco Mundial donde la minera canadiense ha demandado a nuestro país.

¡Es al contrario, señor Fiscal! Usted debe investigar a Pacific Rim y demostrarle a ese tribunal que esta empresa le ha causado daños a El Salvador: secó varios nacimientos de agua, corrompió a algunos funcionarios y provocó conflictos en las comunidades, y que por eso su demanda no es legal ni legítima.

¡Hágalo Fiscal Barahona!, es su deber constitucional.

Delicadas declaraciones del Fiscal General sobre amenazas y crímenes en Cabañas*

El Fiscal General de la República, Romeo Barahona, expresó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, que los casos de amenazas y asesinatos en Cabañas, no tienen relación con la lucha contra la minería, sino que “por rencillas entre familias”.

Lo anterior lo sustenta el Fiscal General, luego de finalizadas las investigaciones de los hechos suscitados entre 2008 y 2009, en el departamento de Cabañas, tras el desaparecimiento y asesinato de algunos ambientalistas, provocados “por rencillas familiares”, de algunas comunidades.

Es cierto que, dichas investigaciones concluyeron que una de las familias en disputa con otra, contrató sicarios para eliminar a miembros de otros, y viceversa. Lo que no se ha destacado de aquella pesquisa es que las familias enfrentadas, unas estaban a favor de la minería metálica, mientras que la otra estaba en contra. Y que fue precisamente ese posicionamiento a favor o en contra de la minería la que llevó a las familias a estar enfrentadas.

Recientemente, se conoció del desaparecimiento y asesinato de otro ambientalista. Se trata de Juan Francisco Durán Ayala, quien era un reconocido activista contra la minería metálica, y que por ello lo llevó a participar en sendas movilizaciones de protesta. Al final, una de esas acciones es que desaparece el también joven estudiante de la UTEC.
Durán Ayala desapareció, un día después de haber participado en acciones de protesta contra la minería, el 3 de junio pasado. Ese día subió a un autobús con rumbo hacia San Salvador porque tenía clases en la universidad Tecnológica (UTEC) donde estudiaba idiomas y que, además, era instructor, pero nunca llegó a su destino.

El cadáver de Durán Ayala fue enterrado como desconocido, bajo sospechas de haber sido víctima de las pandillas.
El asesinato de Durán Ayala, se ha sumado al del también ambientalista Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, y Dora Alicia Sorto. Tal como lo dijo el Fiscal, estos casos fueron investigados, y llevados a los autores materiales a los tribunales.
Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil hayan encontrado en el proceso de investigación anterior, el involucramiento de dos familias en pugnas por su opción a la minería metálica, no los debería llevar a concluir que todos los crímenes de los ambientalistas, son producto de una simple pugna entre dos familias, sino, ir más allá.

Ese más allá significa que las autoridades investiguen que la pugna entre las familias esté promovida por el tema de la minería, y, más importante, cómo evitar que los que están en contra o a favor de la minería resulten muertos o amenazados.

Por eso nos parecen delicadas las declaraciones, que podrían constituirse en conclusiones, dadas por el Fiscal General de la República, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

*Artículo publicado en Colatino

Lider ambientalista contra minería es capturado por Policía hondureña

COMUNICADOR SOCIAL Y DIRIGENTE AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIA ES CAPTURADO POR LA POLICIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DNIC) DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN.

El Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras (OEDHH) a la comunidad nacional e internacional informa:1.-Que este día martes 05 de julio de 2011, hemos sido informados por el Profesor Ronnal López Líder Ambientalista del Valle de Siria, que a las 6:45 a.m. de la mañana fue capturado por cinco elementos de la Policía Nacional de Investigación Criminal (DNIC) al mando del Inspector Ruiz, el Comunicador Social, Profesor de Educación Primaria y Secundaria y Dirigente ambientalista del valle de Siria, Profesor CARLOS AMADOR de 48 años de edad (.

2.- La captura se realizo en el Parque local frente a la Alcaldía Municipal, cuando el Profesor Carlos Amador se disponía a trasladarse a su centro de trabajo, en el Instituto público “Gonzalo Barahona” y fue trasladado en una patrulla de la policía nacional preventiva a la delegación municipal, de donde llevado en un vehículo particular hasta la ciudad de Talanga a eso de las 8.10 a.m., donde fue encerrado en una de las celdas de la sede policial de la DNIC.

3.-Al momento de la captura se le informo de sus derechos y el motivo de la captura por orden judicial del Tribunal de Letras de Talanga de fecha 25 de junio del presente año, por denuncia de la FAMILIA RAUDALES URRUTIA en vista de acusarlo de oponerse a la implementación de un Plan de Manejo Forestal autorizado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para un área de 600 hectáreas ubicadas en el CERRO LA TERRACITA, aldea el Terrero, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

4.-El Profesor y Comunicador Social Carlos Amador desde el año 2010 acompaña solidariamente la lucha que más de 1000 familias de estas comunidades se oponen a la explotación de esta Reserva forestal para proteger las fuentes de agua que durante cientos de años han conservado y que ahora por un permiso de explotación otorgado por el Estado les quieren afectar su derecho fundamental de defensa de la vida para beneficiar a una solo familia (RAUDALES URRUTIA) en detrimento de los derechos colectivos de varias comunidades rurales de este municipio al norte de Francisco Morazán. Por esta lucha ha habido muertos y heridos y varias personas procesadas.5.-El Profesor Carlos Amador es militante de los colegios magisteriales COLPROSUMAH Y COPRUMH y Director del Programa Noticioso “En línea directa con el pueblo” de la Radio “Porvenir Stereo” que se trasmite de las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m.6.- Junto al profesor Carlos Amador se encuentra capturado el Dirigente Comunitario MARLON ROBELO HERNÁNDEZ (de 40 años de edad), y Presidente del Patronato de la Aldea El Terrero, quien fue detenido a eso de las 7:00 a.m. en la Escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El Pedernal, municipio de el Porvenir, acusado por los mismos delitos y principal luchador en defensa de la protección de los bosques y fuentes de agua del CERRO LA TERRACITA que abastecen a las comunidades de este sector.

www.conflictosmineros.net

Condenable agresión contra la radiodifusión comunitaria

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se solidariza con la emisora comunitaria Radio Juventud ante los atropellos sufridos recientemente por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Estos hechos, juntos con los sufridos por Radio Victoria en Cabañas, son muestra de la vulnerabilidad a la que estan expuestos los proyectos participativos de las comunidades salvadoreñas. El llamado es para el Estado, que garantice el bienestar de todas y todos en este país y para que garantice las condiciones para la participación y la inclusión ciudadana en todas sus dimensiones.

Condenable agresión contra la radiodifusión comunitaria*

El viernes de la semana pasada, Radio Juventud, emisora socia de ARPAS, fue víctima de atropellos cometidos por elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército, quienes irrumpieron el local de la radio sin una orden judicial y actuando con violencia a pesar de no encontrar resistencia alguna.

La Radio Juventud pertenece a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), y está ubicada en las instalaciones del Centro de Capacitación para el Desarrollo Local y las Economías Solidarias.

Los policías y soldados rompieron un cerco metálico y golpearon fuertemente un portón, a pesar de la cooperación que ofrecía el personal de PROCOMES.

Al ingresar al centro de capacitación, los agentes policiales y de la Fuerza Armada encañonaron al personal y registraron todo lo que había en el lugar, aduciendo que tenían información de que ahí se escondían armas y se protegía a delincuentes. Horas más tarde, otra propiedad de PROCOMES fue cateada y capturado uno de sus vigilantes.

PROCOMES es una ONG de desarrollo local que incluye entre sus prioridades la prevención de la violencia y la generación de oportunidades para jóvenes excluido; y consecuente con esto, Radio Juventud es una emisora que abre sus puertas a muchos jóvenes.

Desde este espacio editorial condenamos esta agresión contra Radio Juventud y acompañaremos las acciones legales que PROCOMES impulse a fin de que este atropello no quede impune.

Es lamentable que emisoras comunitarias sean víctimas de actos de violencia. Además de Radio Juventud, otras dos emisoras socias de ARPAS son víctimas de violencia.

Una de ellas es Radio Tazumal, ubicada en la ciudad de Chalchuapa. El personal de esta emisora es, desde hace un par de años, víctima de amenazas, extorsiones y permanente acoso pandilleril; y en diciembre del año pasado, un joven miembro del colectivo radiofónico fue asesinado. Y hasta hoy, no se conocen resultados de investigaciones fiscales ni policiales.

Y la otra radio de ARPAS, víctima de violencia es, desde luego, Radio Victoria. Varios miembros de esta emisora han sido amenazados de muerte, debido a su labor informativa sobre los problemas de Cabañas y a la postura editorial de la radio en contra de los proyectos mineros.

Sirva entonces, este editorial, para alzar la voz contra todos los actos de violencia que sufren compañeras y compañeros miembros de radios comunitarias.

Demandamos protección efectiva por parte de las autoridades estatales y exigimos investigaciones fiscales y policiales eficaces sobre los actos de violencia, especialmente de aquellos que buscan intimidar y silenciar nuestras radios.

Porque éstos no sólo son crímenes que atentan contra la seguridad, la integridad y la vida de los comunicadores comunitarios; sino que también son crímenes contra toda la población, porque –como hemos dicho en editoriales anteriores– atentan contra la libertad de expresión, vulneran el derecho a la información y atentan contra el derecho a la comunicación de todas las personas
*Editorial ARPAS. Lunes 04 de julio.

Decreto que suspende mineria en Puno*

Financiarán actividades de remediación en cuencas Ramis y Suches. Prohíben uso de equipos de extracción aurífera. Ante la demanda de la población azangarina, primero se ha dictado la suspensión de petitorios mineros en todo el departamento de Puno por 36 meses, dictada por Decreto Supremo N° 033-2011-EM que decreta la adecuación de los Petitorios Mineros en trámite al DS Nº023-2011-EM Reglamento del procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas, CONSULTA condición previa al inicio de actividades mineras; y Suspende la Admisión de Petitorios Mineros en todo el departamento de Puno por 36 meses.

Foto: AINI Noticias

Se ha publicado el Decreto Supremo N° 035-2011-EM que complementa al DU Nº028-2011; en esta norma que se publicó se señala las zonas de Pampa Blanca y Chaquiminas (Ananea), Accocala (Cuyocuyo), Huacchani (Crucero), Suches (Cojata), como las zonas auriferas donde se prohíbe el uso de equipos de extracción de oro; cabe mencionar que las mencionadas áreas son cabeceras de cuenca.
La congresista Susana Vilca precisó "según la norma emitida por el Ejecutivo, serán los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Gobierno Regional de Puno, las entidades que financiarán las actividades de remediación de las cuencas Ramis y Suches; presupuestos que requieren cada uno de los proyectos planteados para una efectiva remediación de la cuencas, que además se indica serían ejecutados en el ejercicio presupuestal del segundo semestre del año en curso 2011" manifestó.

En otro momento la congresista Vilca dijo "Ojalá no se le busque más, cinco pies al gato, las reglas ya están dadas, lo que si debemos es observar que las leyes se cumplan, por el bienestar de nuestra población, todos podemos aportar soluciones a cualquier impase y no actuar con intencionalidades adversas y personalistas, sino buscar y encontrar el bien común, y no se arriesgue mas la vida de nuestros hermanos", sentenció Vilca.

*Publicado en noalamina.org

Triunfo de los vecinos: suspenden concesiones mineras

Cinco muertes para suspender las concesiones mineras. Después de casi 50 días de paralización, cinco muertos y cuantiosas pérdidas materiales el gobierno de Alan García en Perú suspendió por tres años a las nuevas concesiones mineras en el sur del país. La autoridad decretó además que las empresas mineras y petroleras deberán someter sus planes de exploración a consultas de las comunidades locales, entre las que ha habido una gran oposición de parte de la etnia aimara.

Por su parte, la empresa minera Bear Creek, dijo que recurrirá al mecanismo de resolución de controversias incluido en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, luego de que el gobierno revocara el viernes la concesión para su proyecto de plata Santa Ana, en Puno, debido a las protestas de los movimientos indígenas. "La empresa tiene la intención de iniciar una inmediata y vigorosa defensa de sus derechos a Santa Ana", dijo el CEO, Andrew Swarthout.
Por ejemplo, se han derogado concesiones mineras, entre ellas Santa Ana, y se ha establecido la realización de una consulta previa de los pueblos indígenas para la administración de petitorios mineros en la zona aimara. También se ha declarado de necesidad pública e interés nacional la recuperación ambiental de los ríos Ramis y Suches, contaminados por la minería informal; un problema que se reavivó por lo menos hace cuatro años, pero que el gobierno simplemente nunca atendió

Corresponsales Latinoamérica se reúnen y se solidarizan con Radio Victoria

Evaluación Ambiental Estratégica debe ser representativa y debe dar insumos para prohibir la minería metálica

Miembros de la Mesa frente a la Minería Metálica exigen que Evaluación

Ambiental Estratégica del sector minero sea más incluyente y prohíba mineriá metálica.

El Ministerio de Economía (MINEC) está impulsando desde hace varios meses una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el sector minero del país. Diferentes organizaciones sociales, ambientales, académicas, etc., que rechazamos esta actividad extractiva hemos sido convocadas a participar en la construcción de esta política pública. Así mismo, en repetidas ocasiones, hemos denunciado públicamente las serias deficiencias de las que adolece este proceso de construcción política minera.

Hasta hoy desconocemos, por ejemplo, cuáles fueron los criterios para seleccionar a las personas e instituciones que participarían en la EAE. Esto es importante aclararlo porque seguiremos defendiendo que la EAE está excluyendo a la mayoría de la población y que no está tomando en cuenta los sufrimientos de las poblaciones que están en el entorno de proyectos mineros. Y más grave aún es que, cuando se les pregunta, lo hacen de las formas menos idóneas. No es posible que a las personas en las comunidades de Cabañas, donde los niveles de escolaridad son de los más bajos del país, les estén preguntando si son especialistas en el tema minero.

En esta misma línea, reprobamos que personeros de la empresa minera Pacific Rim pretendan deslegitimar el conocimiento de la gente diciendo que su oposición es únicamente ideológica. No puede existir una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica si solo piensa en opiniones de especialistas y se olvida de la experiencia negativa que las personas han tenido y están teniendo con los proyectos mineros. Deben diseñarse, por ende, canales y medios de consulta adecuados y representativos que puedan captar las razones por las que la gente está tremendamente descontenta con la posibilidad de que haya minería metálica en su suelo. Al descontento de la gente no hay que tenerle miedo si lo que en realidad se busca es comprender sus motivos.

Si no se diseñan los mecanismos adecuados de consulta, seguirá siendo evidenciado que a la empresa consultora que ejecuta la EAE y, consecuentemente al MINEC, les interesa la opinión de escritorio y bolígrafo únicamente. Seguirá sucediendo lo que pasó hace poco en Ilobasco, Cabañas, donde hay proyectos mineros en perspectiva: El taller de la EAE fue suspendido porque no estaba previsto que las comunidades se presentaran para expresar su rechazo. Efectivamente, lo hicieron de forma masiva, pero que no olviden los señores consultores, que la amenaza también es masiva.

Por otro lado, los mecanismos de consulta y los talleres de la EAE ni siquiera están considerando a universidades, organizaciones no gubernamentales, autónomas, ministerios de Gobierno, todos ellos sectores que podrían incidir de manera trascendental en el esclarecimiento de lo peligroso e inviable de la minería metálica para El Salvador.

Algunas organizaciones sociales que participan en la Mesa Nacional de la Minería Metálica han asistido a los talleres y consultas de la EAE y han visto que los argumentos en rechazo a la minería son sistemáticamente anulados o desacreditados en los informes finales de cada sesión. Las memorias de los talleres no hablan nada, por ejemplo, de nuestros planteamientos respecto a la construcción de una alternativa de desarrollo a partir de los aportes de la población que reactive la producción agrícola, la ganadería, la piscicultura, una política de Soberanía Alimentaria, etc. Los únicos escenarios posibles según esos informes son el provecho economicista de la minería metálica y en ningún momento se considera la prohibición, únicamente su regulación.

Esto es inaceptable y constituye una muestra de irrespeto hacia la validez de los conocimientos acumulados tras años de trabajo sobre las enormes desventajas de la minería metálica. Cabe la pregunta: Si eliminan y censuran nuestros comentarios y aportes ¿Cuál es el sentido de estos talleres y las consultas? ¿Cuál es el sentido de compartir experiencias y conocimientos si no hay compromisos ni siquiera para tomarlos en cuenta? Pareciera, pues, que solo se busca hacer la fachada de un proceso participativo.

Si la Evaluación Ambiental Estratégica busca que digamos cuál es la forma en que debe hacerse minería en El Salvador para que sea amigable con el medioambiente, nosotros respondemos enfáticamente que el único camino es la prohibición absoluta de minería metálica. Es falso, como señalan los documentos oficiales, que veamos en la EAE la oportunidad para fortalecer el marco jurídico e institucional del país en términos de que se producirá una política ambiental responsable. Somos enfáticos en decir que no hay garantías de ningún tipo con la minería metálica y que no puede haber desarrollo equitativo sin sustentabilidad ambiental.

La ley que prohíba la minería metálica en El Salvador no debe tardar más. Más de 40 estudios técnicos y científicos que entregamos hoy a la consultora que ejecuta la Evaluación Ambiental Estratégica, mismos que ya entregamos a los ministerios de Medioambiente y Economía, son prueba de la importancia de prohibir, lo más pronto posible, la minería metálica en nuestro país.

Aunque la Asamblea Legislativa se desgasta con acciones para postergar la prohibición de la minería metálica, pidiendo un estudio sobre la forma en que otros países en Latinoamérica han regulado dicha actividad industrial, sabemos que no hay argumentos que puedan matizar la destrucción y el daño que la actividad minero-metálica significa para el país.

Prohibiendo la explotación de minas de oro y plata, sea a cielo abierto o de forma subterránea, El Salvador se estaría convirtiendo en el primer país del mundo que se libera de la amenaza contaminante de la minería metálica. Con tanta unanimidad en el rechazo a las empresas mineras y sus proyectos de muerte, es difícil pensar en un caso donde la obligación política, ambiental, ética y moral de quienes nos gobiernan había sido tan única y tan clara.

San Salvador, 29 de junio de 2011