Organizaciones que conforman La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, han sido convocadas por el Ministerio de Economía para “colaborar” en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que pretende dar insumos que ayuden a identificar las garantías necesarias Como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica manifestamos que esta EAE ha adolece de al menos dos deficiencias de fondo y otras más en aspectos de forma y metodología. Sobre las deficiencias de fondo, nos parece incongruente que el Ejecutivo, en voz del Presidente Funes, haya dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá la minería de metales en El Salvador y que ahora esté impulsando una Evaluación Ambiental para determinar la viabilidad o inviabilidad de los proyectos mineros. Si los argumentos que esgrimió Funes para rechazar la minería metálica se basan en el daño ambiental, social y económico que provocaría dicha industria y la estrechez territorial, la densidad poblacional y la crisis hídrica que sufre el país, ¿Qué necesidad hay de demorar aún más la prohibición definitiva de la minería metálica en el país? ¿Por qué iniciar procesos opacos de evaluación y consulta que, tal como hemos dicho antes, aún tiene deficiencias que solventar?
Por otro lado, las autoridades de gobierno todavía deben explicar qué hace el Ministerio de Economía coordinando la Evaluación Ambiental Estratégica del sector minero si, como su nombre lo indica, se trata de un estudio sobre la viabilidad ambiental y no un estudio de costos y rentabilidades de la industria minería. Se podría concluir, entonces, que al Ejecutivo le importa principalmente la viabilidad económica de la minería y no el grave impacto ambiental que, según Florian Erzinger - especialista en química ambiental de sistemas acuáticos-, sufrirían directamente más 4 millones de salvadoreños y salvadoreñas.
En cuanto a las inconsistencias de forma, señalamos que los términos de referencia con los que se licitó dicha evaluación, son conceptualmente engañosos. Contemplan extrañamente el concepto de minería sostenible, a pesar de que durante seis años de trabajo de gestión de información científica, de organización y concientización en torno al peligro de la minería, hemos demostrado que la minería verde, sostenible, responsable, no existe y no es más que una estrategia publicitaria para intentar ocultar sus impactos negativos.
La EAE, además de prestarse a interpretaciones conceptuales peligrosas, ha sido hasta hoy poco transparente. Desde La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica hemos denunciado en ocasiones anteriores que desconocemos la metodología empleada para la realización de la EAE y nada nos asegura que este proceso sea nada más que un protocolo que cumplir y una forma de contar con nuestra participación para validar la minería. No conocemos los criterios con los que se elaboró el listado de 153 instituciones y organizaciones que debían participar en la EAE y que está excluyendo a ministerios de gobierno, universidades, Iglesias, organizaciones y redes comunitarias, entre otros.
Hemos señalado además que la EAE debe convocar indispensablemente al mayor número de sectores sociales, comunicando oportunamente las formas de participación y la metodología con la que se utilizará dicha información para producir resultados. Hasta ahora, este proceso ha sido fruto de una agenda oculta que, consideramos debe transparentarse y ponerse a disposición de todos los sectores públicos y privados relacionados con las dinámicas ambientales, productivas, económicas, políticas y sociales del país.
La consulta ciudadana que está llevando a cabo el Ministerio de Economía, en el marco del EAE, no puede asumir por defecto que existen los mecanismos que regulen y garanticen efectivamente la participación ciudadana. Insistimos en que los resultados de este proceso serán sustancialmente limitados por falta de una Ley de Participación Ciudadana.
Como Mesa Nacional Frente a la Minería no nos oponemos a que se consulte a la población, pero exigimos que esta consulta se haga una vez se haya difundido y debatido ampliamente, y a nivel nacional, la información necesaria. ¿Por qué pedir argumentos a quien no se le han facilitado oficialmente los medios para formarse parámetros de opinión que puedan ayudarle a decidir libremente?
Ya lo dijimos en ocasiones anteriores: El Salvador necesita políticas públicas serias y democráticas, no solo demagogia encubierta en procedimientos y protocolos de buena voluntad.
San Salvador, 24 de mayo de 2011
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