jueves, 19 de mayo de 2011

Aprendamos de la experiencia de otros*

Recientemente, en Panamá, los diálogos entre el gobierno y organizaciones sociales para negociar el contenido de una ley minera han dejado, como triste saldo final, cero acuerdos.

La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngobe Buglé y la comisión Adhoc de la Asamblea panameña no lograron consensuar sobre la base jurídica que ha de normar la actividad minera metálica en ese país centroamericano.

Este hecho, después de dos meses de negociación, deja a las comunidades indígenas reunidas en la Coordinadora para la Defensa de Recursos y Derechos, sin una ley que prohíba definitivamente la minería y sin la cancelación de aquellos proyectos ya comenzados.

Esto confirma lo que hemos dicho en otras ocasiones: los derechos soberanos de los países se ven subordinados a los intereses de empresas transnacionales, la inclusión del principio precautorio en la defensa del medio ambiente aún está lejos de ser totalmente real en la gestión pública latinoamericana, las minorías poblacionales y étnicas siguen sufriendo las embestidas de un sistema político que no es capaz de incluir sus necesidades en la agenda oficial, entre otras muchas conclusiones.

Lo anterior debe servir como referente para la experiencia que la oposición a la minería en El Salvador, ya que en estos meses, el Ministerio de Economía de El Salvador, a través de una consultora española, está llevando a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) sobre el tema de minería. El estudio pretende dotar de insumos técnicos para confirmar la viabilidad de la minería en términos ambientales, sociales, institucionales y políticos. Al respecto, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, ha manifestado hasta el cansancio su rechazo a este proceso.

Las principales razones para esta negativa a aceptar el EAE propuesto son la poca transparencia en la metodología y el proceso de utilización de información obtenida, la poca y restringida consulta ciudadana que se está llevando a cabo, la selección asaroza de personas e instituciones con opinión y argumentos sobre la inviabilidad o viabilidad minera, entre otros argumentos.

La experiencia panameña y este traspié para liberar a su país de la amenaza minera, debe al menos servir a El Salvador para tomar cartas en la prohibición de la minería metálica y en la exigencia de procesos democráticos y legítimos de consulta y evaluación ambiental, sobretodo cuando existe información científica y empírica suficiente para descartar cualquier posibilidad con la minería en este país.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador insiste:

-Que debe mejorarse la metodología para evaluar la factibilidad política, social, institucional y ambientale la minería en El Salvador. No hacerlo sería caer en la demagogia que busca disfrazar de acuerdos reales a quellos procesos incompletos y poco democráticos.

-Que, si el interés verdadero de la EAE es contribuir a la conformación de políticas públicas legítimas , esta debe ser una evaluación inclusiva, hecha de cara a la población, considerando aquellos mecanismos que puedan poner a su alcance la información y los medios para hacer escuchar su voz.

De no rescatar aunque sea estos dos elementos que mencionamos -pero que son apenas dos de entre varias anomalías encontradas-, sucederá tristemente lo que ha sido en Panamá durante estas semanas, donde quienes gobiernan no son capaces de retomar las necesidades del pueblo y deciden cumplir con agendas extranjeras que, únicamente, benefician al capital transnacional.

*Equipo de comunicaciones Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica