Dora Alicia Sorto Recinos, vivía en el cantón Trinidad de Sensuntepeque (Cabañas). Treinta y dos años de edad, madre de siete hijos, el último de ellos tenía ocho meses y aún lo llevaba en su vientre.
Junto a su esposo José Santos Rodríguez, decidió defender su medioambiente, se opuso a la minería metálica y se organizó en el Comité Ambiental de Cabañas (CAC), el cual aglutina a las comunidades de Cabañas que resisten a los proyectos extractivos y forma parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por el contrario, algunos de sus familiares, vecinos y amigos –seducidos por la propaganda o presionados por los chantajes de la empresa canadiense Pacific Rim– aceptaron trabajar como promotores del proyecto minero Santa Rita, que busca explotar metales preciosos en el cerro Limón, ubicado a escasos metros de la vivienda de Dora Alicia y José Santos.
El activismo antiminero de la familia Rodríguez Sorto –y de varios líderes comunitarios de Trinidad, Santa Rosa, Maraña y otros lugares aledaños– fue objeto de amenazas, persecuciones y atentados. José Santos sufrió varios intentos de asesinato, en uno de éstos su agresor –el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar– le cortó dos dedos de su mano derecha.
El domingo 20 de diciembre de este año, Dora Alicia preparaba la celebración de la navidad, cuando supo del asesinato de Ramiro Rivera Gómez, acribillado por un grupo de sicarios que portaban fusiles M-16. Su esposo José Santos acompañaba a Ramiro, pero logró escapar.
La tristeza e indignación por el asesinato de Ramiro y el temor de un nuevo atentado contra José Santos, frustraron el festejo navideño en casa de Dora Alicia y familia.
El sábado 26 de diciembre, José Santos discutía con sus vecinos y miembros del CAC algunas medidas de seguridad que debían implementarse en la comunidad para evitar nuevos crímenes, cuando escuchó cinco disparos cerca de su vivienda. “Quizás mataron a mi esposa”, pensó. Fue corriendo, y constató su trágica sospecha. “Me buscaban a mí, pero al no encontrarme, mataron a Dora”, alcanza a decir, antes de romper el llanto.
Dora Alicia regresaba de lavar ropa de una quebrada cercana, cuando recibió cinco impactos de bala por la espalda que causaron la muerte, a ella y a su bebé de ochos meses, en el instante. Su hijo de dos años, que cargaba en sus brazos, resultó herido en una de sus piernas. Su muerte deja a José Santos y a sus seis hijos, inconsolables.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica denuncia que Dora Alicia fue asesinada por la conflictividad provocada por Pacific Rim y la impunidad que genera la negligencia de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
Con Dora Alicia Sorto Recinos, ya son tres los ambientalistas asesinados, pues antes fueron asesinados Ramiro Rivera Gómez y Gustavo Marcelo Rivera. Pero podrían ser más, si las autoridades no protegen en forma efectiva a las posibles nuevas víctimas y no investigan a los victimarios intelectuales y materiales.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 29 de diciembre de 2009
lunes, 21 de diciembre de 2009
Mesa frente a Minería condena asesinato de ambientalista Ramiro Rivera
El domingo 20 de diciembre recién pasado fue asesinado, en el cantón Trinidad de Sensuntepeque, el ambientalista Ramiro Rivera Gómez, líder de la resistencia comunitaria contra la empresa minera canadiense Pacific Rim, en Cabañas. Junto a él murió la señora Felícita Echeverría y una niña de 13 años resultó herida. Según testigos, varios sicarios emboscaron su vehículo y le dispararon con armas de grueso calibre, a pesar de la presencia de dos agentes policiales que le brindaban seguridad.
Este dirigente comunitario, miembro del Comité Ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fue víctima de persecuciones, amenazas de muerte e intentos de asesinato. El último de éstos sucedió el 7 de agosto de este año, cuando recibió ocho impactos de bala por la espalda. Uno de sus agresores, el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, está detenido y la audiencia judicial se realizará en febrero de 2010.
Con mucha indignación, las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenamos este repudiable crimen, y expresamos lo siguiente:
1. La muerte del compañero Ramiro no es aislada, ni es un delito de delincuencia común; pues sucede en el contexto de amenazas, agresiones, desapariciones, torturas y asesinato de opositores a los proyectos mineros, de los cuales el caso de Gustavo Marcelo Rivera es el más emblemático. Estos crímenes se dan en medio de un clima de conflictividad creciente, causado por Pacific Rim, a través de la compra de voluntades, división de comunidades y promoción de actos violentos contra los activistas antimineros.
2. El asesinato Ramiro Rivera resulta de la impunidad que impera en la zona. Seguramente la falta de justicia en la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, incentivó a los asesinos materiales e intelectuales del compañero Ramiro. En tal sentido no sólo es responsable Pacific Rim por generar conflictos en las comunidades y familias, sino también las autoridades policiales, fiscales y judiciales por permitir la impunidad que motiva a cometer nuevos crímenes.
3. Toda esta problemática en Cabañas también refleja cierta indolencia del propio Presidente de la República, Mauricio Funes, quien no se pronuncia sobre estos casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la Mesa y de la Comunidad Internacional. Recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern le pidió intervenir.
El 9 de diciembre recién pasado, líderes comunitarios de Cabañas y representantes de la Mesa llegaron hasta Casa Presidencial para entregar a Funes una carta, que no pudo recibir porque tenía otros compromisos. La misiva pedía, entre otras cosas, investigar a profundidad el caso de Marcelo Rivera y aplicar medidas efectivas de seguridad para todos los ambientalistas amenazados. Probablemente una respuesta inmediata habría evitado el asesinato del compañero Ramiro.
Frente a tal situación, la Mesa reitera sus demandas de enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los atentados, amenazas, asesinatos y demás crímenes contra los defensores del medioambiente en Cabañas; e incluir en la lista de sospechosos de autores intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos a la empresa minera Pacific Rim y todos sus lacayos.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
Este dirigente comunitario, miembro del Comité Ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fue víctima de persecuciones, amenazas de muerte e intentos de asesinato. El último de éstos sucedió el 7 de agosto de este año, cuando recibió ocho impactos de bala por la espalda. Uno de sus agresores, el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, está detenido y la audiencia judicial se realizará en febrero de 2010.
Con mucha indignación, las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenamos este repudiable crimen, y expresamos lo siguiente:
1. La muerte del compañero Ramiro no es aislada, ni es un delito de delincuencia común; pues sucede en el contexto de amenazas, agresiones, desapariciones, torturas y asesinato de opositores a los proyectos mineros, de los cuales el caso de Gustavo Marcelo Rivera es el más emblemático. Estos crímenes se dan en medio de un clima de conflictividad creciente, causado por Pacific Rim, a través de la compra de voluntades, división de comunidades y promoción de actos violentos contra los activistas antimineros.
2. El asesinato Ramiro Rivera resulta de la impunidad que impera en la zona. Seguramente la falta de justicia en la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, incentivó a los asesinos materiales e intelectuales del compañero Ramiro. En tal sentido no sólo es responsable Pacific Rim por generar conflictos en las comunidades y familias, sino también las autoridades policiales, fiscales y judiciales por permitir la impunidad que motiva a cometer nuevos crímenes.
3. Toda esta problemática en Cabañas también refleja cierta indolencia del propio Presidente de la República, Mauricio Funes, quien no se pronuncia sobre estos casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la Mesa y de la Comunidad Internacional. Recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern le pidió intervenir.
El 9 de diciembre recién pasado, líderes comunitarios de Cabañas y representantes de la Mesa llegaron hasta Casa Presidencial para entregar a Funes una carta, que no pudo recibir porque tenía otros compromisos. La misiva pedía, entre otras cosas, investigar a profundidad el caso de Marcelo Rivera y aplicar medidas efectivas de seguridad para todos los ambientalistas amenazados. Probablemente una respuesta inmediata habría evitado el asesinato del compañero Ramiro.
Frente a tal situación, la Mesa reitera sus demandas de enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los atentados, amenazas, asesinatos y demás crímenes contra los defensores del medioambiente en Cabañas; e incluir en la lista de sospechosos de autores intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos a la empresa minera Pacific Rim y todos sus lacayos.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Sobre la Carta a Funes*
Construir una estrategia común contra las demandas de las empresas mineras, es la propuesta central de la carta pública de las comunidades cristianas y organizaciones populares de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica al Presidente de la República, Mauricio Funes.
La misiva no pudo ser entregada, pues el Mandatario ignoró a sus remitentes y se fue a inaugurar la construcción de un puente de la Carretera Longitudinal del Norte. En su lugar, envió al subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien ofrecía recibir la misiva “sin ningún compromiso”, probablemente por temor a ser desautorizado después por Funes.
En su carta, la Mesa respalda la decisión gubernamental de impedir la minería de metales; pero reitera al Ejecutivo la necesidad de promover en la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que establezca expresamente dicha prohibición.
Para enfrentar las demandas de empresas mineras que reclaman al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación, la Mesa plantea la necesidad de revertir o –al menos– modificar el DR-CAFTA, la Ley de Inversiones y demás disposiciones legales en que se amparan las compañías extractivas.
Para evitar nuevos arbitrajes, en la carta se plantea la urgencia de revisar todos los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más tratados comerciales que violenten los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. También se recomienda al Presidente Funes considerar la opción de retirarse del CIADI, como lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países.
La Mesa recuerda en su misiva la necesidad de investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera, y la urgencia de garantizar la seguridad a líderes comunitarios, representantes de organizaciones ambientalistas y periodistas de Cabañas, quienes son perseguidos, agredidos y amenazados de muerte.
La indiferencia gubernamental, ante las propuestas de la Mesa, contrasta con el enorme reconocimiento nacional e internacional a su lucha contra los proyectos mineros y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group.
Un día antes de la fallida entrega de la carta a Funes, la Mesa y Radio Victoria recibieron sendos reconocimientos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y, un día después, fue galardona por la Asociación Pro Búsqueda, en el marco del cuarto aniversario de la desaparición física del célebre sacerdote Jon Cortina. El honor fue igualmente para Radio Victoria y de manera póstuma para Marcelo Rivera.
Con éstos, la Mesa recibió cuatro reconocimientos en este año, incluido el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffit, otorgado por el prestigioso Institute Policy Studies (IPS), el 15 de octubre, el National Press Club de Washington.
Ahora que el Ejecutivo se apresta a evaluar el trabajo realizado hasta hoy, es pertinente que el Presidente Funes, sus ministros de Medioambiente y de Economía, y los secretarios Técnicos y de Asuntos Estratégicos, revisen y replanteen su actitud frente a las demandas de las empresas extractivas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La misiva no pudo ser entregada, pues el Mandatario ignoró a sus remitentes y se fue a inaugurar la construcción de un puente de la Carretera Longitudinal del Norte. En su lugar, envió al subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien ofrecía recibir la misiva “sin ningún compromiso”, probablemente por temor a ser desautorizado después por Funes.
En su carta, la Mesa respalda la decisión gubernamental de impedir la minería de metales; pero reitera al Ejecutivo la necesidad de promover en la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que establezca expresamente dicha prohibición.
Para enfrentar las demandas de empresas mineras que reclaman al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones por negarles permisos de explotación, la Mesa plantea la necesidad de revertir o –al menos– modificar el DR-CAFTA, la Ley de Inversiones y demás disposiciones legales en que se amparan las compañías extractivas.
Para evitar nuevos arbitrajes, en la carta se plantea la urgencia de revisar todos los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más tratados comerciales que violenten los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. También se recomienda al Presidente Funes considerar la opción de retirarse del CIADI, como lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países.
La Mesa recuerda en su misiva la necesidad de investigar a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato del activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera, y la urgencia de garantizar la seguridad a líderes comunitarios, representantes de organizaciones ambientalistas y periodistas de Cabañas, quienes son perseguidos, agredidos y amenazados de muerte.
La indiferencia gubernamental, ante las propuestas de la Mesa, contrasta con el enorme reconocimiento nacional e internacional a su lucha contra los proyectos mineros y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group.
Un día antes de la fallida entrega de la carta a Funes, la Mesa y Radio Victoria recibieron sendos reconocimientos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y, un día después, fue galardona por la Asociación Pro Búsqueda, en el marco del cuarto aniversario de la desaparición física del célebre sacerdote Jon Cortina. El honor fue igualmente para Radio Victoria y de manera póstuma para Marcelo Rivera.
Con éstos, la Mesa recibió cuatro reconocimientos en este año, incluido el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffit, otorgado por el prestigioso Institute Policy Studies (IPS), el 15 de octubre, el National Press Club de Washington.
Ahora que el Ejecutivo se apresta a evaluar el trabajo realizado hasta hoy, es pertinente que el Presidente Funes, sus ministros de Medioambiente y de Economía, y los secretarios Técnicos y de Asuntos Estratégicos, revisen y replanteen su actitud frente a las demandas de las empresas extractivas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
CARTA ABIERTA DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES POPULARES DE LA MESA NACIONAL FRENTE A LAMINERÍA METÁLICA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MAURICIO FU
Señor Presidente de la República, Mauricio Funes:
A las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos complace la decisión gubernamental de no permitir la explotación minera, reiterada por usted en varias ocasiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de una estrategia clara del Estado salvadoreño para enfrentar las demandas de las empresas extractivas y la impunidad en el asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, líder de la resistencia contra Pacific Rim en Cabañas.
Debido esta situación, le expresamos lo siguiente:
1. Respaldamos su firme decisión de no permitir la explotación minera en el país. Celebramos esto como un triunfo de la resistencia de las comunidades de la zona norte y las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas y de desarrollo local que defendemos el medioambiente y la vida.
Al prohibir la minería de metales, El Salvador evitó una catástrofe ecológica, social y económica sin precedentes. Nuestra pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis de los recursos hídricos, extrema vulnerabilidad socioambiental y la fragilidad institucional, habrían facilitado una tragedia nacional irreversible.
Sin embargo, la prohibición no tiene efecto legal sin una normativa que la establezca. Por tanto, es necesario que el Ejecutivo promueva en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera. Esto, incluso, debe garantizarse con una reforma constitucional.
2. Proponemos a su gobierno construir un frente común contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group. Estas empresas mineras de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, exigen al Estado salvadoreño 100 millones de dólares, cada una, por negarles permisos de explotación minera.
Tales demandas se procesan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial, proclive a las corporaciones transnacionales demandantes y hostil a los Estados demandados, según su historial de resoluciones.
El Salvador debe salirse del CIADI –como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países sudamericanos– para evitar más demandas injustas en su contra.
3. También es necesario solicitar al Parlamento la derogación o –al menos– modificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA), pues Pacific Rim y Commerce Group se amparan en sus disposiciones sobre Inversión y Solución de Controversias para demandar al país.
Para enfrentar las demandas de las mineras, también se debe reformar la Ley de Inversiones, revisar los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que en la práctica arrodillan a los Estados ante las transnacionales, hacen que los gobiernos renuncien a la defensa de la soberanía y quitan a los pueblos el derecho a su autodeterminación.
4. Además, es urgente que las autoridades de seguridad pública investiguen a profundidad la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista ambiental, promotor cultural y dirigente político de Cabañas.
Rivera fue un opositor a Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, principal lacayo de la minera canadiense en la zona.
Actualmente se procesa a presuntos autores materiales de dicho crimen, pero no a los responsables intelectuales. Policía y Fiscalía insisten en que fue un crimen de delincuencia común, para no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual.
El caso conmueve a la comunidad internacional y –si las autoridades correspondientes no profundizan en las investigaciones– la credibilidad del Estado estará en riesgo, como lo advirtió recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern.
5. Por último, le planteamos la necesidad urgente de implementar medidas de protección a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos, agredidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.
Tal situación es especialmente preocupante en Cabañas. Las autoridades deben acatar el llamado que, sobre esto, hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Estimado Presidente Funes:
Gobierno y sociedad civil organizada debemos juntarnos para cerrar filas contra las empresas mineras y sus demandas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica le propone elaborar una estrategia común para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, y realizar las acciones necesarias para evitar nuevos arbitrajes de compañías extractivas contra El Salvador, que acaben con las finanzas, la soberanía y la institucionalidad del país.
San Salvador, 9 de diciembre de 2009.
A las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos complace la decisión gubernamental de no permitir la explotación minera, reiterada por usted en varias ocasiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de una estrategia clara del Estado salvadoreño para enfrentar las demandas de las empresas extractivas y la impunidad en el asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, líder de la resistencia contra Pacific Rim en Cabañas.
Debido esta situación, le expresamos lo siguiente:
1. Respaldamos su firme decisión de no permitir la explotación minera en el país. Celebramos esto como un triunfo de la resistencia de las comunidades de la zona norte y las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas y de desarrollo local que defendemos el medioambiente y la vida.
Al prohibir la minería de metales, El Salvador evitó una catástrofe ecológica, social y económica sin precedentes. Nuestra pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis de los recursos hídricos, extrema vulnerabilidad socioambiental y la fragilidad institucional, habrían facilitado una tragedia nacional irreversible.
Sin embargo, la prohibición no tiene efecto legal sin una normativa que la establezca. Por tanto, es necesario que el Ejecutivo promueva en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera. Esto, incluso, debe garantizarse con una reforma constitucional.
2. Proponemos a su gobierno construir un frente común contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group. Estas empresas mineras de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, exigen al Estado salvadoreño 100 millones de dólares, cada una, por negarles permisos de explotación minera.
Tales demandas se procesan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial, proclive a las corporaciones transnacionales demandantes y hostil a los Estados demandados, según su historial de resoluciones.
El Salvador debe salirse del CIADI –como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países sudamericanos– para evitar más demandas injustas en su contra.
3. También es necesario solicitar al Parlamento la derogación o –al menos– modificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA), pues Pacific Rim y Commerce Group se amparan en sus disposiciones sobre Inversión y Solución de Controversias para demandar al país.
Para enfrentar las demandas de las mineras, también se debe reformar la Ley de Inversiones, revisar los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que en la práctica arrodillan a los Estados ante las transnacionales, hacen que los gobiernos renuncien a la defensa de la soberanía y quitan a los pueblos el derecho a su autodeterminación.
4. Además, es urgente que las autoridades de seguridad pública investiguen a profundidad la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista ambiental, promotor cultural y dirigente político de Cabañas.
Rivera fue un opositor a Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, principal lacayo de la minera canadiense en la zona.
Actualmente se procesa a presuntos autores materiales de dicho crimen, pero no a los responsables intelectuales. Policía y Fiscalía insisten en que fue un crimen de delincuencia común, para no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual.
El caso conmueve a la comunidad internacional y –si las autoridades correspondientes no profundizan en las investigaciones– la credibilidad del Estado estará en riesgo, como lo advirtió recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern.
5. Por último, le planteamos la necesidad urgente de implementar medidas de protección a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos, agredidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.
Tal situación es especialmente preocupante en Cabañas. Las autoridades deben acatar el llamado que, sobre esto, hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Estimado Presidente Funes:
Gobierno y sociedad civil organizada debemos juntarnos para cerrar filas contra las empresas mineras y sus demandas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica le propone elaborar una estrategia común para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, y realizar las acciones necesarias para evitar nuevos arbitrajes de compañías extractivas contra El Salvador, que acaben con las finanzas, la soberanía y la institucionalidad del país.
San Salvador, 9 de diciembre de 2009.
Minería y Derechos Humanos*
Minería y Derechos Humanos*
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregará, el 10 de diciembre próximo, un recono-cimiento a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.
La distinción será en el marco de la celebración del Sexagésimo Primer Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También será galardonada Radio Victoria, medio participativo de Cabañas, destacado por informar y educar sobre problemáticas ecológicas, especialmente los impactos de la minería de metales.
La entrega de dichos reconocimientos confirma la actitud consecuente de la PDDH con la defensa del medioambiente y la prohibición de la explotación minera, desde la gestión de la ex procuradora Beatrice de Carrillo, quien llamó la atención sobre los peligros de esta industria.
El actual Procurador Óscar Luna, ratificó la postura de su antecesora y se involucró más en este problema. Incluso llevó el debate a nivel regional y logró que sus homólogos centroameri-canos reclamaran a sus gobiernos por la nociva minería.
Recientemente se descubrió la gran amenaza que, para el Río Lempa, constituye una mina en Jutiapa (Guatemala). Tal situación devela cuán avanzada fue la visión regional de la PDDH sobre la problemática minera.
Para todo esto ha sido fundamental el trabajo entusiasta de la Procuradora Adjunta de Medioambiente, Yanira Cortez, con quien Luna constató los daños de antiguas extracciones de metales en La Unión y otros sitios del nororiente del país.
Este interés en el problema minero hizo a la PDDH actuar rápida y oportunamente cuando periodistas de Radio Victoria recibieron amenazas de muerte. De inmediato el procurador Luna pidió medidas de protección para las víctimas y exigió investigar a los victimarios.
Igual actuó semanas antes cuando el activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado. Hace poco el Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, insistió en que Policía y Fiscalía deben profundizar las indagaciones en el caso.
Este reconocimiento de la PDDH a la Mesa frente a la Minería es también para consigo misma, o alguien deberá darle un premio.
Para continuar su gran aporte a esta lucha, la PDDH debe pronunciarse sobre las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación.
La PDDH argumentó que los proyectos mineros violentarían derechos ambientales, sociales y económicos. Hoy debería sentar posición sobre las demandas, partiendo del principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregará, el 10 de diciembre próximo, un recono-cimiento a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.
La distinción será en el marco de la celebración del Sexagésimo Primer Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También será galardonada Radio Victoria, medio participativo de Cabañas, destacado por informar y educar sobre problemáticas ecológicas, especialmente los impactos de la minería de metales.
La entrega de dichos reconocimientos confirma la actitud consecuente de la PDDH con la defensa del medioambiente y la prohibición de la explotación minera, desde la gestión de la ex procuradora Beatrice de Carrillo, quien llamó la atención sobre los peligros de esta industria.
El actual Procurador Óscar Luna, ratificó la postura de su antecesora y se involucró más en este problema. Incluso llevó el debate a nivel regional y logró que sus homólogos centroameri-canos reclamaran a sus gobiernos por la nociva minería.
Recientemente se descubrió la gran amenaza que, para el Río Lempa, constituye una mina en Jutiapa (Guatemala). Tal situación devela cuán avanzada fue la visión regional de la PDDH sobre la problemática minera.
Para todo esto ha sido fundamental el trabajo entusiasta de la Procuradora Adjunta de Medioambiente, Yanira Cortez, con quien Luna constató los daños de antiguas extracciones de metales en La Unión y otros sitios del nororiente del país.
Este interés en el problema minero hizo a la PDDH actuar rápida y oportunamente cuando periodistas de Radio Victoria recibieron amenazas de muerte. De inmediato el procurador Luna pidió medidas de protección para las víctimas y exigió investigar a los victimarios.
Igual actuó semanas antes cuando el activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado. Hace poco el Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, insistió en que Policía y Fiscalía deben profundizar las indagaciones en el caso.
Este reconocimiento de la PDDH a la Mesa frente a la Minería es también para consigo misma, o alguien deberá darle un premio.
Para continuar su gran aporte a esta lucha, la PDDH debe pronunciarse sobre las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación.
La PDDH argumentó que los proyectos mineros violentarían derechos ambientales, sociales y económicos. Hoy debería sentar posición sobre las demandas, partiendo del principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
sábado, 5 de diciembre de 2009
Silenciar las voces*
El 27 de noviembre recién pasado fue asesinado Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En el acto criminal también resultó gravemente herido Orlando Velázquez, amigo del ambientalista acribillado a balazos frente a su casa, en Chiapas (México).
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 25 de noviembre de 2009
“Empresas mineras extorsionan a El Salvador”*
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica realiza una campaña informativa sobre las demandas de las empresas Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), advirtiendo sus graves implicaciones en las finanzas, institucionalidad, estado de derecho y soberanía del país.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Prueba de fuego*
Una demostración importante de que El Salvador busca combatir la impunidad, sería la condena de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, expresó el influyente congresista estadounidense James McGovern, en su reciente visita al país.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
jueves, 12 de noviembre de 2009
Nuevas cuñas: empresas mineras extorsionan a El Salvador
Cuña 1 - Información sobre la demanda de Pacific Rim al Estado Salvadoreño
Cuña 2 - Necesitamos una reforma al Tradado de Libre Comercio porque, lejos de impulsar las exportaciones y el trabajo, sirve para que empresas como la Pacific Rim demanden al país.
Cuña 3 - Los daños provocados por la empresa minera Pacific Rim en El Salvador.
Cuña 2 - Necesitamos una reforma al Tradado de Libre Comercio porque, lejos de impulsar las exportaciones y el trabajo, sirve para que empresas como la Pacific Rim demanden al país.
Cuña 3 - Los daños provocados por la empresa minera Pacific Rim en El Salvador.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Minería y desastres socioambientales*
Cuando Pacific Rim intentaba demostrar la “tecnología de punta” que usaría para “purificar” sus aguas residuales, insistía en la construcción de depósitos de colas: enormes lagunas donde colocaría los desechos tóxicos para que “el cianuro se evaporara al calor del sol”, antes de descargarlos en los ríos cercanos a sus proyectos.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 3 de noviembre de 2009
Seguir el ejemplo*
El 19 de octubre recién pasado, el Tribunal Supremo de Londres admitió una demanda contra Monterrico Metals, compañía minera británica acusada de torturas y asesinato de opositores a la explotación minera en el norte montañoso de Perú, próximo a la frontera con Ecuador.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 20 de octubre de 2009
Nuevo reconocimiento*
Un nuevo galardón confirma lo justo, digno y legítimo de la resistencia ciudadana contra la explotación minera en El Salvador. Se trata del Permio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, otorgado a la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El reconocimiento será entregado por el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, el próximo 23 de octubre, en la Universidad de El Salvador (UES), durante la realización del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria: “Crisis Mundial y Derechos Humanos, Oportunidades y Desafíos”.
ASIC es una organización integrada por pobladores de San Isidro, municipio cabañense donde se ubica El Dorado, fallido proyecto minero de Pacific Rim. Por tanto, fue junto al Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), iniciadora de la lucha contra la nociva extracción de metales.
Motivos expresos de la asignación del premio son la firmeza de la resistencia antiminera impulsada por ASIC y el martirio de Gustavo Marcelo Rivera, su fundador y representante legal, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Rivera rechazó la minería desde su activismo ambiental, promoción cultural y militancia política.
ASIC también encabezó la oposición a un relleno sanitario que el alcalde José Ignacio Bautista pretendía instalar en San Isidro y lideró las protestas ciudadanas contra el fraude electoral del 18 de enero, en ese municipio. En estas luchas siempre destacó Gustavo Marcelo, a pesar de las constantes difamaciones, amenazas y persecuciones.
Al Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria entregado a ASIC, se suma el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt, otorgado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica el 15 de octubre recién pasado, por el prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), en el National Press Club de Washington.
Desde esta célebre tribuna, la Mesa denunció a las empresas Pacific Rim y Commerce Group, y reivindicó el derecho de El Salvador a negarle los permisos de explotación a estas compañías extractivas que demandan del Estado millonarias indemnizaciones en la CIADI, tribunal que favorece los intereses corporativos.
La Mesa planteó en Washington la necesidad de modificar los contenidos del CAFTA que violentan el principio de soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También propuso la revisión de todos los acuerdos de inversión que aventajan a las empresas transnacionales, en detrimento de los gobiernos.
“Este premio nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería se haya alejado para siempre de El Salvador”, exclamó Vidalina Morales, representante de la Mesa, al recibir el galardón.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El reconocimiento será entregado por el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, el próximo 23 de octubre, en la Universidad de El Salvador (UES), durante la realización del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria: “Crisis Mundial y Derechos Humanos, Oportunidades y Desafíos”.
ASIC es una organización integrada por pobladores de San Isidro, municipio cabañense donde se ubica El Dorado, fallido proyecto minero de Pacific Rim. Por tanto, fue junto al Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), iniciadora de la lucha contra la nociva extracción de metales.
Motivos expresos de la asignación del premio son la firmeza de la resistencia antiminera impulsada por ASIC y el martirio de Gustavo Marcelo Rivera, su fundador y representante legal, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Rivera rechazó la minería desde su activismo ambiental, promoción cultural y militancia política.
ASIC también encabezó la oposición a un relleno sanitario que el alcalde José Ignacio Bautista pretendía instalar en San Isidro y lideró las protestas ciudadanas contra el fraude electoral del 18 de enero, en ese municipio. En estas luchas siempre destacó Gustavo Marcelo, a pesar de las constantes difamaciones, amenazas y persecuciones.
Al Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria entregado a ASIC, se suma el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt, otorgado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica el 15 de octubre recién pasado, por el prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), en el National Press Club de Washington.
Desde esta célebre tribuna, la Mesa denunció a las empresas Pacific Rim y Commerce Group, y reivindicó el derecho de El Salvador a negarle los permisos de explotación a estas compañías extractivas que demandan del Estado millonarias indemnizaciones en la CIADI, tribunal que favorece los intereses corporativos.
La Mesa planteó en Washington la necesidad de modificar los contenidos del CAFTA que violentan el principio de soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También propuso la revisión de todos los acuerdos de inversión que aventajan a las empresas transnacionales, en detrimento de los gobiernos.
“Este premio nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería se haya alejado para siempre de El Salvador”, exclamó Vidalina Morales, representante de la Mesa, al recibir el galardón.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Minería y "cien días"
La semana anterior estuvo inundada de balances sobre los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno. Pero algunos sectores y “analistas” evaluaron la incipiente administración del presidente Mauricio Funes olvidando –al menos– dos aspectos fundamentales para una revisión realista del inicial trabajo gubernamental.
En primer lugar, el balance es positivo. No sucedió la catástrofe que advertía ARENA durante la campaña electoral; al contrario, se registran logros destacables en materia de salud, educación y seguridad social que no es propósito de este artículo detallar. La creación del Consejo Económico Social es una acción de diálogo nacional que podría fructificar si cambian de actitud los sectores que bloquearon el Foro de Concertación Económica y Social resultante de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Pero un balance positivo también señala lo negativo. En este sentido, es inevitable referirse al abordaje inadecuado de problemáticas como la construcción de la represa El Chaparral, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y la falta de medidas en lo estratégico que confirmen un real cambio de rumbo.
Y en segundo lugar, la evaluación debe ser integral. No sólo debe revisarse el desempeño del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, principalmente las que inciden en el éxito o fracaso del gobierno central (Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas de la República, etc.)
También hay que evaluar la actitud de la oposición de derecha que todavía controla la mayor parte del aparato estatal, incluso entes del Ejecutivo como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Esta revisión incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, centros de pensamiento y líderes religiosos conservadores.
Lo anterior plantea a las organizaciones ciudadanas y demás actores progresistas la necesidad de un “acompañamiento crítico” al nuevo gobierno, respaldándolo en las decisiones acertadas y señalando los errores que cometa. Para esto es necesario tomar en cuenta tres situaciones.
1. La gestión del presidente Funes no puede resolver en 100 días los problemas que ARENA generó en 20 años. Entre otras razones, porque carece de recursos suficientes, pues los gobiernos anteriores quebraron financieramente al Estado. Hay que comprender las limitaciones y posibilidades.
2. El poder del nuevo gobierno es limitado, y la derecha –de proponérselo– podría derribarlo. Por tanto, es urgente construir un fuerte poder ciudadano frente al poderío económico, político y mediático de las elites que gobernaron el país para beneficio propio.
3. La visión debe ser de largo plazo. Éste no es un gobierno para establecer el socialismo, es un gobierno de “transición a la democracia” que podría sentar las bases para un proyecto de país incluyente, mediante reformas cada vez más profundas, en un proceso que va más allá de un quinquenio presidencial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
En primer lugar, el balance es positivo. No sucedió la catástrofe que advertía ARENA durante la campaña electoral; al contrario, se registran logros destacables en materia de salud, educación y seguridad social que no es propósito de este artículo detallar. La creación del Consejo Económico Social es una acción de diálogo nacional que podría fructificar si cambian de actitud los sectores que bloquearon el Foro de Concertación Económica y Social resultante de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Pero un balance positivo también señala lo negativo. En este sentido, es inevitable referirse al abordaje inadecuado de problemáticas como la construcción de la represa El Chaparral, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y la falta de medidas en lo estratégico que confirmen un real cambio de rumbo.
Y en segundo lugar, la evaluación debe ser integral. No sólo debe revisarse el desempeño del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, principalmente las que inciden en el éxito o fracaso del gobierno central (Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas de la República, etc.)
También hay que evaluar la actitud de la oposición de derecha que todavía controla la mayor parte del aparato estatal, incluso entes del Ejecutivo como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Esta revisión incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, centros de pensamiento y líderes religiosos conservadores.
Lo anterior plantea a las organizaciones ciudadanas y demás actores progresistas la necesidad de un “acompañamiento crítico” al nuevo gobierno, respaldándolo en las decisiones acertadas y señalando los errores que cometa. Para esto es necesario tomar en cuenta tres situaciones.
1. La gestión del presidente Funes no puede resolver en 100 días los problemas que ARENA generó en 20 años. Entre otras razones, porque carece de recursos suficientes, pues los gobiernos anteriores quebraron financieramente al Estado. Hay que comprender las limitaciones y posibilidades.
2. El poder del nuevo gobierno es limitado, y la derecha –de proponérselo– podría derribarlo. Por tanto, es urgente construir un fuerte poder ciudadano frente al poderío económico, político y mediático de las elites que gobernaron el país para beneficio propio.
3. La visión debe ser de largo plazo. Éste no es un gobierno para establecer el socialismo, es un gobierno de “transición a la democracia” que podría sentar las bases para un proyecto de país incluyente, mediante reformas cada vez más profundas, en un proceso que va más allá de un quinquenio presidencial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 14 de septiembre de 2009
En agenda internacional
La falta de justicia por los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y otras violaciones a los Derechos Humanos –en el departamento de Cabañas– preocupa a la Comunidad Internacional, principalmente a organizaciones influyentes como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.
Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.
“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.
El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.
“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.
Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.
También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.
Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.
En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.
Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.
“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.
El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.
“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.
Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.
También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.
Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.
En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Estrategia equivocada
Es aplaudible que el presidente Mauricio Funes haya declarado –el lunes 31 de agosto recién pasado– con claridad y firmeza que no permitirá ningún proyecto de explotación minera, algo que prometió durante la campaña electoral en una carta pública al Arzobispo de San Salvador y en un compromiso escrito a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 21 de agosto de 2009
40 días de impunidad
Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.
Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.
Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.
También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.
Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.
Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.
miércoles, 12 de agosto de 2009
Cabañas, hoy.
Amenazas de muerte, atentados, desapariciones forzadas y asesinatos. No es El Salvador de los años setenta u ochenta, ni siquiera la actual Honduras ultrajada por los golpistas. Es el departamento de Cabañas, hoy.
Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.
Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.
Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.
Martes 28 de julio. Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.
Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.
Viernes 7 de agosto. Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.
Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.
Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.
Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.
Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.
Martes 28 de julio. Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.
Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.
Viernes 7 de agosto. Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.
Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.
Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
sábado, 1 de agosto de 2009
Sábado, 01 de Agosto de 2009 / 09:33 h “Todo comenzó con difamaciones, ahora son amenazas a muerte”: José Beltrán
APES denuncia y condena las amenazas contra periodistas de Radio Victoria. Acompañan en la denuncia: Adriana Valle, Oneida Ayala, Elin Jordan directivo de ARPAS, Rafael Domínguez, presidente de APES, y José Alexander Beltrán. Foto Diario Co Latino
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
La vena del periodismo en José Alexander Beltrán llegó de forma insospechada. Un reclutamiento rutinario de estudiantes universitarios para Radio Victoria fue suficiente para probar suerte con un taller: “y me quedé en el colador”, narró este joven de 18 años de edad, que realiza su labor periodística en Cabañas.
La denuncia de la desaparición y posterior asesinato del líder social, Gustavo Marcelo Rivera marcó a este grupo de jóvenes, que incansablemente informaron de los pormenores del caso, abriendo sus micrófonos a la comunidad para expresar su preocupación por el resurgimiento de “prácticas del conflicto armado”, que llenó de mucho dolor al país.
“Todo comenzó con difamaciones, recuerdo que llegó una carta por correo a mi familia, denigrándome y aconsejándole a mi familia que ya no fuera a la radio; luego en mayo se robaron la antena de la radio, y el paso siguiente fueron las amenazas, nos tildaban de ser una radio guerrillera y como tal, podíamos desaparecer”, testimonió.
Junto a José Alexander, se encuentra amenazados Vladimir Abarca Ayala de 17 años, y Ludwin Franklin Iraheta de 20 años de edad, quienes han recibido amenazas de muerte, vía telefónica, y en sus correos electrónicos, desde su cobertura del caso del Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, Cabañas.
“En las vigilias que cubrimos y que fueron cinco, Ludwin animaba a la gente a participar expresándose por radio, luego, una mañana en su casa, al abrir su puerta se encontró con una carta que decía - te van a matar- , lo más fuerte que me han dicho a mí es – estás en la lista y para eso no hay edad”, cuenta.
Y no solo los jóvenes periodistas han enfrentado agresiones psicológicas, Radio Victoria, ha venido siendo saboteada en su transmisor, ubicado en el Cerro Moidan, Sensuntepeque.
Esto ha generando su salida al aire por largos espacios de tiempo, sin que, hasta el momento la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, establezca la autoría intelectual y material del hecho.
“Por el momento, ninguno de nosotros está viviendo en San Isidro, Cabañas, estamos obligadamente exiliados, el Procurador de Derechos Humanos Óscar Humberto Luna, dictó medidas cautelares por 72 horas, que se vencen hoy (viernes) , pero no sabemos nada, no podemos regresar por nuestras familias y esto es preocupante”, señaló.
Por su parte, Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció y condenó públicamente las amenazas a muerte de estos jóvenes, porque atenta contra la libertad de expresión e información, que son derechos inherentes de toda sociedad democrática.
“El fiscal no fue claro en adelantar los avances, dijo que han abierto una investigación desde el 25 de julio a través, de la fiscalía de Sensuntepeque, pero no sabemos si ya identificaron los números telefónicos de donde provienen los mensajes o remitentes de los correos electrónicos, sin embargo, para nosotros esto es demasiado lento, muy poco, para algo tan grave: la amenaza a la vida de los periodistas y violentar el derecho de libertad de expresión”, indicó.
Mientras, Elín Jordan, directivo de ARPAS, consideró que acallar el derecho de información y una falta de investigación por parte del sistema de justicia, era preocupante.
“Queremos un trabajo de investigación profesional, porque se han activado los Escuadrones de la Muerte y esto no es delincuencia común, son gente que es pagada por el poder y hay intereses económicos como Pacific Rim; porque Marcelo Rivera no fue asesinado por delincuencia común, el fue un luchador ambiental, y eso lo denunció Radio Victoria”, dijo.
Los pobladores de San Isidro Cabañas acompañaron este día a los periodistas amenazados, como muestra de solidaridad con su radio comunitaria, para demandar del Presidente de la República, Mauricio Funes, una investigación exhaustiva del hecho. El mandatario se comprometió con el caso, y condenó las amenazas a los jóvenes periodistas.
Ver nota original en:http://www.diariocolatino.com/es/20090801/nacionales/69862/
jueves, 23 de julio de 2009
Minería y golpe de Estado*
Minería y golpe de Estado*
Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.
En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.
Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.
Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.
Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.
“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.
En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.
La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).
Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería
Ver este articulo tambien en http://www.diariocolatino.com/es/20090722/opiniones/69442/
Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.
En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.
Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.
Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.
Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.
“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.
En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.
La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).
Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería
Ver este articulo tambien en http://www.diariocolatino.com/es/20090722/opiniones/69442/
lunes, 20 de julio de 2009
Iglesias históricas nombran “Mártir del Medio Ambiente” a Marcelo Rivera
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
Las Iglesias Luterana y Católica elevaron a “Mártir del Medio Ambiente” al activista social, Gustavo Marcelo Rivera, por su labor social y política en San Isidro, Cabañas, en contra de la incursión minera de Pacific Rim y sus constantes denuncias de corrupción del gobierno local.
Al acto ecuménico se unió el de los diputados del partido FMLN, Lourdes Palacios y Antonio Echeverría, quienes se pronunciaron por una pronta y cumplida justicia, ya que, Marcelo también era activista del partido de izquierda y fue el principal denunciante de los casos de votos foráneos, en su municipio el pasado 18 de enero.
Durante el evento, se dieron forcejeos que entre los miembros de las organizaciones sociales y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) por la Plaza Gerardo Barrios, conocida como Plaza Cívica.
Los agentes del CAM trataron de impedir la celebración del Primer Festival Justicia y Paz “Gustavo Marcelo Rivera”, pero no pasó a más, y se estableció que las plazas son lugares públicos, agregando la defensa del derecho a la libertad de expresión.
La Reverenda Cecilia Alfaro y Fray Óscar Granados, de la Orden Franciscana, afirmaron que la muerte cruel e impune de Marcelo, un joven entregado a la lucha social, recordaba de nuevo la entrega de Jesús en la Cruz.
La Reverenda Alfaro agregó, “es el primer mártir ambiental, que dedicó su corta vida a causas justas, fue un hombre que se dio a su población y lo sacrificaron, para golpear al pueblo”.Mientras, Fray Granados señaló que Mártir significa “ser testigo” y como tal, Marcelo Rivera “luchó como Jesús, negándose a abandonar a la gente a obras de muerte, con la muerte de Marcelo podemos decir que Dios pasó por San Isidro, Cabañas”, comentó.
Por su parte, Lourdes Palacios señaló que la Fiscalía General de la República deberá rendir cuentas y realizar una investigación consistente y a profundidad.
“Se debe hacer pagar por la injusticia cometida, y no podemos negar que la Pacific Rim estuvo atrás de esto, Gustavo hizo señalamientos claros y fue de las persona que pidió que no se instalaran las minas”, argumentó.
Mientras, Gustavo Pineda, jurista de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) , instó a los presentes a emprender una lucha constante de presión ante la Fiscalía.
“Es un camino largo, pero debemos reivindican la memoria de nuestro amigo Gustavo Marcelo que defendió la vida, no se puede seguir permitiendo que la Pacific Rim continúe envenenando la tierra”, señaló. A estos pronunciamientos, se unió el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, quien compartió que la PDDH seguirá trabajando para exigir al Estado salvadoreño el esclarecimiento del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
“El Procurador (Óscar Humberto Luna) me dijo que les dijera que vamos a seguir de cerca el caso y nos comprometemos a no desfallecer mientras el caso no se esclarezca”, sostuvo.
El Padre Gerardo Poter aseguró que esperan una investigación justa y efectiva para que la población de San Isidro, Cabañas, pueda encontrar la confianza que ha perdido de sus autoridades locales, fiscales y policiales.
“No vamos a creer nunca que fue una muerte por delincuencia común, en ningún momento él estuvo involucrado en violencia o pandillas, como lo han dicho; esto fue planificado y luego, ejecutado, por eso, pedimos una investigación profesional”, solicitó.
Francisco Bosch afirmó que las organizaciones sociales se están preparando para trabajar de lleno en el esclarecimiento del desaparecimiento y asesinato de Marcelo Rivera, que forjó junto a un grupo de jóvenes la defensa de su municipio.
“Claro, la muerte de Marcelo cuando lo tenemos tan vivo en la memoria, no pueden llamarse muertos, nosotros ante esta situación vamos a luchar por la verdad y lo vamos a rememorar siempre, porque no se ha ido. Lo que queremos es que se vaya la Pacific Rim”, puntualizó.
El Festival reunió cantantes de trova, hip hop, danza y poesía, muchos de ellos adolescentes, quienes entregaron su “talento” grupos que había formado Gustavo Marcelo Rivera en la Casa de la Cultura.
“MC Lethal” lo explica a su manera en su hip hop alternativo al cantar: “engañar, robar y destrozar es un abuso en mi tierra, pero a mi gente no la engañan los ladrones disfrazados/por la plata baila el perro, sólo miren el alcalde de mi pueblo”.
miércoles, 15 de julio de 2009
Asesinato de Marcelo Rivera: ¿Delincuencia común?
¿Inoperancia? o ¿mala intención? Es sospechoso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) se apresuren a declarar que la desaparición forzada y posterior asesinato de Gustavo Marcelo Rivera Moreno es un acto de la delincuencia común.
Ésa es la hipótesis inicial planteada por el Subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado Howard Augusto Coto, y el Jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Antonio Delgado.
Según estos funcionarios de la seguridad pública, Gustavo Marcelo –quien no era borracho ni se reunía con miembros de pandillas– departía con un grupo de mareros quienes, después de una acalorada discusión, le quitaron la vida. En tal sentido, el activista ambiental y dirigente político de Cabañas sería sólo una de las 13 personas asesinadas a diario en El Salvador.
Pero diversas pruebas –que serán presentadas en los tribunales– desmienten la historia del comisionado Coto y del fiscal Delgado. Abundan elementos que sugieren posibles móviles políticos y líneas de investigación para encontrar a los responsables –intelectuales y materiales– de dichos crímenes, la principal son las amenazas y persecuciones que sufrió debido a su rechazo a la minería y su resistencia a acciones de fraude electoral.
El propósito de este artículo es insistir en dos argumentos que sostienen la tesis de que la desaparición forzada y asesinato de Rivera Moreno no son un simple acto de delincuencia común.
Primero. Gustavo Marcelo no es una víctima común. Y esto no es discriminar a otras víctimas de la feroz delincuencia que azota al país, pues todas las vidas humanas que se pierden son importantes. Se trata de destacar algunas de sus características que lo convierten en “una víctima no común”.
Al momento de su desaparición era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), organización con sede en San Isidro y en Los Ángeles (California, EE.UU), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería. También dirigía la Casa de la Cultura de San Isidro e integraba la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.
Es decir, era un líder comunitario, funcionario público, activista del medioambiente y dirigente político.
Su lucha antiminera y su labor por la democracia en San Isidro lo enfrentaron a intereses de la empresa Pacific Rim –que pretendía extraer más 800 millones de dólares en oro de la mina El Dorado– y del alcalde José Ignacio Bautista, acusado de cometer fraude en los comicios del 18 de enero.
Y segundo. Su asesinato no fue perpetrado en forma común. Fue desaparecido forzosamente y, a las tres semanas, se le encontró asesinado, con señales de tortura, al peor estilo de los escuadrones de la muerte. Evidentemente se trata –y el comisionado Coto y el fiscal Delgado lo saben– de un sicariato que tiene autores intelectuales. Es decir, sus motivos trascienden al actuar de la delincuencia común.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 5 de junio de 2009
Dia Internacional del Medio Ambiente
El dia Internacional del Medioambiente.
Con batucada, bandas de paz, porras, malavares, teatro y otras disciplinas del arte, este 5 de junio el pueblo salvadoreño y las comunidades amenazadas con los megaproyectos de muerte (Mineria, Carretera Longitudinaldel Norte, Represas, Basureros y todas aquellas industrias que estan atentando contra la vida de las personas pobres en el pais y destruyendo el medioambiente) realizaron la caminata ecologica para celebrar el dia internacional del mediombiente.
Esta actividad coincidio con la celebracion de la semana de accion que esta realizando La Mesa Nacional Frente a la Mineria Metalica, la cual fue parte de la coordinacion de este eveto y dio inicio con un acto ecumenico que estuvo a cargo de los lideres religiosos Franciscanos y Luteranos de El Salvador.
En el recorrido de la caminata participaron un promedio de siete mil personas representantes de comunidades amenazadas directamente por los proyectos de muerte y miembros de organizaciones sociales; la caminata culmino con la celebracion de un acto cultural frente a casa presidencial, al mismo tiempo que se formo una comision de personas represntantes de organizaciones sociales que ingresaron a casa presidencial y fueron recibidas por el presidente Mauricio Funes, al cual le expusieron el objetivo de esta importante actividad.
Es importante recalcar que esta es la primera Vez en la Historia que un mandatario de el salvador recibe con buenos ojos una actividad realizada por la sociedads civil.
martes, 2 de junio de 2009
La demanda de Pacific Rim al Estado salvadoreño en el marco del CAFTA-DR
El sentido de la “Semana de Acción contra la Minería”*
1. Persiste la amenaza minera. El gobierno del ex-presidente Antonio Saca se negó a concretar –en las acciones legales correspondientes– su rechazo a los proyectos mineros y la legislatura anterior tampoco quiso aprobar una ley que los prohíba, a pesar de la exigencia de las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de amplios sectores nacionales. Por tanto, los peligros de la extracción de metales se mantienen.
2. La responsabilidad del nuevo gobierno. La prohibición definitiva de minería de metales es una medida urgente que debe tomar el nuevo gobierno. Atendiendo al compromiso que el presidente Mauricio Funes asumió –cuando fue candidato– de no permitir las actividades mineras, los ministerios de Medio Ambiente y de Economía deben declarar inviable dicha industria. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará a los ministros German Rosa Chávez y Héctor Dada Hirezi información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de la explotación minera.
Así mismo, el Ejecutivo deberá impulsar en el Congreso la aprobación de una nueva ley minera que prohíba la minería metálica y regule la minería no metálica. El proyecto de ley presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en diciembre de 2006, sería un insumo valioso. El grupo parlamentario del FMLN, que plantea en su “Plataforma Legislativa 2009-2012” la prohibición a la minería, debe tomar la iniciativa.
El nuevo gobierno también deberá plantear a sus homólogos de la región la necesidad de prohibir la minería a nivel centroamericano, dada la cercanía territorial, hidrográfica y poblacional. Existe un caso que lo demuestra: desechos de una mina en Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala) llegan hasta los ríos Angue y Lempa, lago de Güija y laguna de Metapán. De igual forma, proyectos mineros en el sur de Honduras podrían contaminar nuestros ríos Lempa, Sumpul, Torola y Goascorán.
3. La demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que el gobierno salvadoreño no debe indemnizar a Pacific Rim, que promueve un juicio en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas Inversiones), amparándose en disposiciones del CAFTA.
Esto, por dos razones fundamentales. 1- Los permisos de explotación no son automáticos, es decir, la actual ley minera no obliga al gobierno a otorgarlos después de permitir la exploración: Pacific Rim exploró y encontró metales preciosos en Cabañas, pero no cumplió con los requerimientos ambientales; por tanto, no consiguió la licencia para explotar la mina El Dorado. Y 2- Es Pacific Rim la que debe ser demandada, y no el Estado salvadoreño; es la empresa minera la que debe indemnizar al país, y no al revés.
O, ¿acaso la compañía extractiva en cuestión no violentó leyes nacionales (de Minería, de Medioambiente, entre otras), causó daños ambientales (secado de afluentes en San Isidro), provocó pérdidas económicas (muerte de ganado en Guacotecti), generó conflictos comunitarios (agresiones a Edelmira Menjívar, Santos Rodríguez y Fermán Menjívar, en Sensuntepeque), corrompió funcionarios (varios alcaldes de Cabañas, diputados del PCN, entre otros) y ofendió a líderes religiosos, especialmente al ex-Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle?
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica también considera que la demanda de Pacific Rim contra El Salvador recuerda la necesidad de revertir –o al menos modificar en sus aspectos más perjudiciales– el CAFTA. Una condena al Estado salvadoreño en este caso sería un mal precedente, porque muchas empresas harán lo mismo cuando el gobierno no ceda a sus pretensiones.
4. El propósito de la Semana de Acción contra la Minería. Con las actividades de incidencia de esta semana, la Mesa Nacional frente a la Minería busca que la población se movilice contra la amenaza minera y que el nuevo gobierno cumpla su promesa de descartar en forma definitiva los proyectos mineros, dada su inviabilidad en nuestro país por su pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis hídrica y elevados niveles de vulnerabilidad socioambiental.
*Por: equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 27 de mayo de 2009
Concierto Yo Rechazo la Minería Metálica
CONCIERTO YO RECHAZO LA MINERÍA METÁLICA
Música Grovy, Ska y batucada por nuestro derecho a la Vida.
Sabado 30 de mayo de 2009
de 7.00 pm en adelante
en el Trench Town Rock Bar
de Santa Ana (desvío a Chanchuapa)
con los grupos: GROOVY TIME, ADHESIVO, ROTZ FLAVA Y SAMBAGOZA.
visita las paginas:
http://www.trenchtownrock.es.tl/P%E1g-.--Inicio.htm
http://www.myspace.com/groovytime08
http://www.myspace.com/adhesivoska
http://www.myspace.com/rootzflavasound
y recuerda:
¡TODA MINA CONTAMINA!
Reconocimiento internacional a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica
Washington, D.C. 11 de mayo, 2009.
Estimado Rodolfo,
Es para mí un gran honor el informarle de manera oficial que la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador ha sido seleccionada para recibir el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt en el 2009. Este premio se empezó a otorgar en 1977 para rendir honor a el trabajo sobresaliente en derechos humanos, en memoria de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt quienes fueron colegas del Institute for Policy Studies.
Cada año, un comité compuesto por distinguidos líderes de la comunidad de defensores de los derechos humanos selecciona recipientes del premio según las siguientes categorías:
• Trabajo internacional en derechos humanos: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en el hemisferio occidental que hayan sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
• Trabajo en derechos humanos a nivel doméstico: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en los Estados Unidos que haya sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos en este país.
Joseph Eldridge de la American University nominó a la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador por su valentía en emprender una lucha, a pesar de todas las condiciones en contra, para convertir a El Salvador en el primer país en el mundo que ha prohibido la minería en oro. Esta es una victoria para las comunidades rurales y para el medio ambiente, que ayuda a prevenir una mayor devastación a partir de la minas a cielo abierto, incluyendo el envenenamiento por cianuro y la contaminación de las aguas, el desplazamiento de comunidades campesinas y el enriquecimiento de las corporaciones a expensas de los pobres.
Deseamos reconocer asimismo a los siguientes miembros del comité de coordinación:
Bernardo Belloso - Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
William Castillo - Centro de Estudios sobre Inversión y Comercio (CEICOM)
Francisco Pinda -Comité Ambiental de Cabañas (CAC)
Hermana Margarita Sierra - Conferencia de Religiosos y Religiosas de El Salvador (CONFRES)
Vidalina Morales - Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES)
Nos sentimos orgullosos de honrar sus actividades y esperamos poder trabajar con ustedes para aprovechar al máximo este programa de premios en apoyo a su trabajo.
La ceremonia de premiación tendrá lugar el 15 de octubre del 2009, en el National Press Club en Washington, D.C. El recipiente del premio doméstico será la organización Domestic Workers United (DWU), que es una organización de base en Nueva York de amas de casa, cuidadores de gente de edad avanzada y niñeras de Latinoamérica, el Caribe y Africa, que trabajan para terminar la explotación y la injusticia en contra de trabajadores y que trazan un futuro basado en el respeto y la dignidad en el trabajo (por favor ver el documento adjunto para mayores antecedentes sobre el premio).
Estaremos en contacto con usted para conversar en mayor detalle acerca del evento de premiación. En nombre de todo el Comité de Selección le felicito y anticipo con alegría el momento de celebración de su trabajo.
Atentamente,
Estimado Rodolfo,
Es para mí un gran honor el informarle de manera oficial que la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador ha sido seleccionada para recibir el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt en el 2009. Este premio se empezó a otorgar en 1977 para rendir honor a el trabajo sobresaliente en derechos humanos, en memoria de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt quienes fueron colegas del Institute for Policy Studies.
Cada año, un comité compuesto por distinguidos líderes de la comunidad de defensores de los derechos humanos selecciona recipientes del premio según las siguientes categorías:
• Trabajo internacional en derechos humanos: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en el hemisferio occidental que hayan sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
• Trabajo en derechos humanos a nivel doméstico: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en los Estados Unidos que haya sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos en este país.
Joseph Eldridge de la American University nominó a la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador por su valentía en emprender una lucha, a pesar de todas las condiciones en contra, para convertir a El Salvador en el primer país en el mundo que ha prohibido la minería en oro. Esta es una victoria para las comunidades rurales y para el medio ambiente, que ayuda a prevenir una mayor devastación a partir de la minas a cielo abierto, incluyendo el envenenamiento por cianuro y la contaminación de las aguas, el desplazamiento de comunidades campesinas y el enriquecimiento de las corporaciones a expensas de los pobres.
Deseamos reconocer asimismo a los siguientes miembros del comité de coordinación:
Bernardo Belloso - Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
William Castillo - Centro de Estudios sobre Inversión y Comercio (CEICOM)
Francisco Pinda -Comité Ambiental de Cabañas (CAC)
Hermana Margarita Sierra - Conferencia de Religiosos y Religiosas de El Salvador (CONFRES)
Vidalina Morales - Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES)
Nos sentimos orgullosos de honrar sus actividades y esperamos poder trabajar con ustedes para aprovechar al máximo este programa de premios en apoyo a su trabajo.
La ceremonia de premiación tendrá lugar el 15 de octubre del 2009, en el National Press Club en Washington, D.C. El recipiente del premio doméstico será la organización Domestic Workers United (DWU), que es una organización de base en Nueva York de amas de casa, cuidadores de gente de edad avanzada y niñeras de Latinoamérica, el Caribe y Africa, que trabajan para terminar la explotación y la injusticia en contra de trabajadores y que trazan un futuro basado en el respeto y la dignidad en el trabajo (por favor ver el documento adjunto para mayores antecedentes sobre el premio).
Estaremos en contacto con usted para conversar en mayor detalle acerca del evento de premiación. En nombre de todo el Comité de Selección le felicito y anticipo con alegría el momento de celebración de su trabajo.
Atentamente,
viernes, 3 de abril de 2009
¿Oro o agua?
¿Cambiarias tu agua por una piedrita de oro? Esta es la dinamica que se llevó durante el foro trinacional para la gestión integrada de los recursos hidricos. San Salvador, 26 de marzo de 2009.
¿Cambiarias tu agua por una piedrita de oro? Esta es la dinamica que se llevó durante el foro trinacional para la gestión integrada de los recursos hidricos. San Salvador, 26 de marzo de 2009.
ADES - Asociación Desarrollo Económico y Social, ADES Santa Marta
¿Cambiarias tu agua por una piedrita de oro? Esta es la dinamica que se llevó durante el foro trinacional para la gestión integrada de los recursos hidricos. San Salvador, 26 de marzo de 2009.
ADES - Asociación Desarrollo Económico y Social, ADES Santa Marta
martes, 24 de marzo de 2009
Honduras: Fuga de cianuro cae al río Lara
La ruptura de un tubo de la minera Yamana ocasionó la muerte de peces
20.03.09 - Xiomara Orellana, La Prensa - La Unión, Copán, Honduras
La ruptura de uno de los tubos en las pilas de lixiviación provocó la contaminación del río Lara, en la comunidad de San Andrés Minas de este municipio.
El hecho se registró la medianoche de este viernes. Representantes de la empresa han afirmado que una roca provocó este accidente; sin embargo, los pobladores aseguraron que una maquinaria que trabajaba en el área produjo el percance.
Como resultado de esta acción fueron encontrados cientos de peces muertos. Empleados de la firma recorrían la ribera del río para recoger los peces que murieron y disminuir el impacto del alcidente.
Ayer, el fiscal del Ambiente, Aldo Santos, desplazó a fiscales especiales desde San Pedro Sula, que con la Fiscalía en Santa Rosa de Copán levantaron un acta y recogieron evidencias que serán analizadas en los laboratorios para determinar la gravedad de los daños.
La empresa minera aseguró que la situación está controlada.
A las 11.45 de la noche, la fisura en uno de los tubos de las pilas de lixiviación comenzó a derramar la solución cianurada en las aguas del río Lara. Según la información oficial de la minera, dicha ruptura fue originada por una roca. La empresa afirma que unos 150 galones de solución cianurada cayeron en el río, pero los pobladores temen que la cantidad fuera mayor porque ejecutivos y empleados se percataron del hecho horas después. La movilización de trabajadores en la zona era notoria desde la madrugada.
“Era un montón de peces muertos que iban recogiendo los empleados. Intentaron que los pobladores no nos diéramos cuenta de lo que ocurría. Al final no pudieron evitarlo porque llegaron a nuestras casas para pedirnos que no sacáramos el ganado porque el agua estaba contaminada”, dijo uno de los vecinos.
A las 9.00 am, el fiscal asignado en Santa Rosa de Copán, Gustavo García, llegaba con elementos de la Dnic para realizar la inspección. A esta operación se sumaron técnicos de salud, Gobernacion departamental y la Unidad Medioambiental de Santa Rosa de Copán.
Minosa controla fuga
La Unión, Copán. La compañía Minerales de Occidente SA, Minosa, informó a las autoridades nacionales la madrugada de ayer sobre un incidente que conllevó a una fuga menor de solución cianurada y alcanzó una sección del río Lara, la cual fue controlada dentro del área de la operación.
El incidente ocurrió por una fisura en una tubería que permitió el derrame de la sustancia industrial a dicho río, lo que causó daños a una pequeña cantidad de peces. Inmediatamente, Minosa activó el plan de atención de emergencias y en cuestión de minutos tuvo total control de la situación. Un muestreo a una distancia de 400 metros del incidente indicó un valor no detectable de cianuro.
La situación siempre estuvo y está bajo control y existe total seguridad para el ser humano y la fauna. El personal de Minosa está entrenado para estas situaciones, siguiendo los estándares internacionales, aseguraron.
En el rio Lara hubo un derrame en enero del 2003, que también causó la muerte de una gran cantidad de peces. El Rio Lara es un afluente del rio Higuitoque es él que abastece de agua a 40,000 habitantes en la ciudad hondureña de Santa Rosa de Copán.
20.03.09 - Xiomara Orellana, La Prensa - La Unión, Copán, Honduras
La ruptura de uno de los tubos en las pilas de lixiviación provocó la contaminación del río Lara, en la comunidad de San Andrés Minas de este municipio.
El hecho se registró la medianoche de este viernes. Representantes de la empresa han afirmado que una roca provocó este accidente; sin embargo, los pobladores aseguraron que una maquinaria que trabajaba en el área produjo el percance.
Como resultado de esta acción fueron encontrados cientos de peces muertos. Empleados de la firma recorrían la ribera del río para recoger los peces que murieron y disminuir el impacto del alcidente.
Ayer, el fiscal del Ambiente, Aldo Santos, desplazó a fiscales especiales desde San Pedro Sula, que con la Fiscalía en Santa Rosa de Copán levantaron un acta y recogieron evidencias que serán analizadas en los laboratorios para determinar la gravedad de los daños.
La empresa minera aseguró que la situación está controlada.
A las 11.45 de la noche, la fisura en uno de los tubos de las pilas de lixiviación comenzó a derramar la solución cianurada en las aguas del río Lara. Según la información oficial de la minera, dicha ruptura fue originada por una roca. La empresa afirma que unos 150 galones de solución cianurada cayeron en el río, pero los pobladores temen que la cantidad fuera mayor porque ejecutivos y empleados se percataron del hecho horas después. La movilización de trabajadores en la zona era notoria desde la madrugada.
“Era un montón de peces muertos que iban recogiendo los empleados. Intentaron que los pobladores no nos diéramos cuenta de lo que ocurría. Al final no pudieron evitarlo porque llegaron a nuestras casas para pedirnos que no sacáramos el ganado porque el agua estaba contaminada”, dijo uno de los vecinos.
A las 9.00 am, el fiscal asignado en Santa Rosa de Copán, Gustavo García, llegaba con elementos de la Dnic para realizar la inspección. A esta operación se sumaron técnicos de salud, Gobernacion departamental y la Unidad Medioambiental de Santa Rosa de Copán.
Minosa controla fuga
La Unión, Copán. La compañía Minerales de Occidente SA, Minosa, informó a las autoridades nacionales la madrugada de ayer sobre un incidente que conllevó a una fuga menor de solución cianurada y alcanzó una sección del río Lara, la cual fue controlada dentro del área de la operación.
El incidente ocurrió por una fisura en una tubería que permitió el derrame de la sustancia industrial a dicho río, lo que causó daños a una pequeña cantidad de peces. Inmediatamente, Minosa activó el plan de atención de emergencias y en cuestión de minutos tuvo total control de la situación. Un muestreo a una distancia de 400 metros del incidente indicó un valor no detectable de cianuro.
La situación siempre estuvo y está bajo control y existe total seguridad para el ser humano y la fauna. El personal de Minosa está entrenado para estas situaciones, siguiendo los estándares internacionales, aseguraron.
En el rio Lara hubo un derrame en enero del 2003, que también causó la muerte de una gran cantidad de peces. El Rio Lara es un afluente del rio Higuitoque es él que abastece de agua a 40,000 habitantes en la ciudad hondureña de Santa Rosa de Copán.
miércoles, 11 de marzo de 2009
Ávila ¿apoya la minería?
Nos alegra que el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, se declaró en contra de la minería metálica, luego que el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, exhortó al actual mandatario y a los aspirantes presidenciales rechazar la extracción de metales.
Ayer, 10 de marzo, Mauricio Funes firmó su compromiso en contra de la minería metálica.
Sin embargo, nos preocupa profundamente que el candidato presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila, guarde silencio ante la demanda ciudadana de rechazar los proyectos mineros y desobedezca el llamado de Monseñor Escobar Alas.
¿Qué se puede pensar de un candidato que se niega públicamente a rechazar la minería metálica, aun cuando su campaña electoral se basa en la firma de compromisos?
Por tanto, la ciudadanía debe reflexionar: en estas elecciones elijamos a un presidente comprometido con la protección del medioambiente y la defensa de la vida humana. El país no puede correr el riesgo con un candidato que se negó a rechazar la explotación minera.
Demandamos la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba la minería metálica
Las comunidades cristianas y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, al país entero, expresamos lo siguiente:
1. Nos complace la declaración pública del presidente Elías Antonio Saca de no permitir los proyectos de explotación minera metálica, debido a los graves daños que dicha industria provocaría al medioambiente y a la salud humana, principalmente por el uso de químicos tóxicos como cianuro.
2. Es necesario que el mandatario otorgue sustento legal a sus declaraciones y demuestre que no está haciendo campaña electoral, sino que en verdad está dispuesto a prohibir la minería. Para esto debe aprobar un decreto ejecutivo y promover una ley que prohíba esta nociva industria.
3. El candidato presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila, debe posicionarse en contra de los proyectos mineros, tal como ya lo hizo Mauricio Funes, candidato del FMLN, quien aceptó el llamado que recientemente planteó Monseñor José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador.
Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y con el apóyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, exigimos al actual y al futuro gobierno rechazar en forma definitiva la exploración y explotación minera para garantizar la protección del medioambiente, las posibilidades de desarrollo productivo y la vida de las futuras generaciones del país.
A la Asamblea Legislativa, demandamos la aprobación del Proyecto de Ley de Minería que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentó en diciembre de 2006, la cual regula la minería no metálica y prohíbe la minería de metales.
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
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