Asesinato de Marcelo Rivera: ¿Delincuencia común?

¿Inoperancia? o ¿mala intención? Es sospechoso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) se apresuren a declarar que la desaparición forzada y posterior asesinato de Gustavo Marcelo Rivera Moreno es un acto de la delincuencia común.
Ésa es la hipótesis inicial planteada por el Subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado Howard Augusto Coto, y el Jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Antonio Delgado.

Según estos funcionarios de la seguridad pública, Gustavo Marcelo –quien no era borracho ni se reunía con miembros de pandillas– departía con un grupo de mareros quienes, después de una acalorada discusión, le quitaron la vida. En tal sentido, el activista ambiental y dirigente político de Cabañas sería sólo una de las 13 personas asesinadas a diario en El Salvador.

Pero diversas pruebas –que serán presentadas en los tribunales– desmienten la historia del comisionado Coto y del fiscal Delgado. Abundan elementos que sugieren posibles móviles políticos y líneas de investigación para encontrar a los responsables –intelectuales y materiales– de dichos crímenes, la principal son las amenazas y persecuciones que sufrió debido a su rechazo a la minería y su resistencia a acciones de fraude electoral.

El propósito de este artículo es insistir en dos argumentos que sostienen la tesis de que la desaparición forzada y asesinato de Rivera Moreno no son un simple acto de delincuencia común.

Primero. Gustavo Marcelo no es una víctima común. Y esto no es discriminar a otras víctimas de la feroz delincuencia que azota al país, pues todas las vidas humanas que se pierden son importantes. Se trata de destacar algunas de sus características que lo convierten en “una víctima no común”.

Al momento de su desaparición era representante de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), organización con sede en San Isidro y en Los Ángeles (California, EE.UU), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería. También dirigía la Casa de la Cultura de San Isidro e integraba la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas.

Es decir, era un líder comunitario, funcionario público, activista del medioambiente y dirigente político.

Su lucha antiminera y su labor por la democracia en San Isidro lo enfrentaron a intereses de la empresa Pacific Rim –que pretendía extraer más 800 millones de dólares en oro de la mina El Dorado– y del alcalde José Ignacio Bautista, acusado de cometer fraude en los comicios del 18 de enero.

Y segundo. Su asesinato no fue perpetrado en forma común. Fue desaparecido forzosamente y, a las tres semanas, se le encontró asesinado, con señales de tortura, al peor estilo de los escuadrones de la muerte. Evidentemente se trata –y el comisionado Coto y el fiscal Delgado lo saben– de un sicariato que tiene autores intelectuales. Es decir, sus motivos trascienden al actuar de la delincuencia común.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.