En agenda internacional

La falta de justicia por los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y otras violaciones a los Derechos Humanos –en el departamento de Cabañas– preocupa a la Comunidad Internacional, principalmente a organizaciones influyentes como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.

Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.

“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.

El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.

Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.

“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.

Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.

También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.

Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.

En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.