Seguir el ejemplo*

El 19 de octubre recién pasado, el Tribunal Supremo de Londres admitió una demanda contra Monterrico Metals, compañía minera británica acusada de torturas y asesinato de opositores a la explotación minera en el norte montañoso de Perú, próximo a la frontera con Ecuador.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.