Minería Metálica: Una decisión Estratégica para El Salvador

La minería metálica es un tema estratégico para todas y todos los salvadoreños. Por lo tanto en esta coyuntura electoral, debe posicionarse como un tema de interés nacional que necesita propuestas  de soluciones urgentes por parte de los tomadores de decisión. Los partidos políticos deben ser los canales para que esta grave amenaza al ambiente no perjudique a la población salvadoreña: estos deben incluir en su plataforma legislativa y promover en la Asamblea Legislativa, una LEY que prohíba la minería metálica en El Salvador.

Honduras: Posicionamiento sobre nueva Ley General de Minería e Hidrocarburos

Posicionamiento de la Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales 

sobre la propuesta del Congreso Nacional de una nueva Ley General de Minería e Hidrocarburos

Reunidas en Tegucigalpa, capital de la Republica de Honduras,  para analizar la propuesta de Ley general de minería e hidrocarburos que ha elaborado la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional de la Republica, las Organizaciones de la Sociedad Civil, abajo firmantes, se pronuncian de la siguiente manera:

1.       Nos manifestamos en desacuerdo con la redacción de más del 50% de los 104 artículos que comprende la propuesta de ley, esta, además de incorporar disposiciones nocivas por el pueblo y los bienes del Estado,  contradice y hace caso omiso  a  los acuerdos mínimos que en el pasado se habían consensuado entre las organizaciones ambientalistas, las mismas comunidades afectadas, las autoridades del estado y los representantes de las empresas mineras.

2.       La propuesta de ley no está lista para entrar al pleno del Congreso Nacional, a menos que el deseo de la Comisión de Dictamen sea penalizar las comunidades, hacer que estas pierdan los derechos adquiridos históricamente, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud y el derecho a la vida.

3.       A nombre de las comunidades afectadas y pretendidas por las industrias mineras exigimos al Congreso Nacional de la Republica el cese de la gestión para la aprobación de este proyecto de ley y el inicio inmediato de la consulta ciudadana, especialmente con las poblaciones afectadas.

4.       Nuestra alianza ha integrado las comisiones  legal y técnica que se encuentra dispuestas  a discutir, en forma inmediata, con la Comisión de Minería del Congreso Nacional para hacerle ver las incongruencias de la propuesta de Ley y los peligros que la misma conlleva para las comunidades hondureñas, de igual manera queremos proponer los cambios que se adecuen a los intereses y necesidades de las poblaciones.

5.       Hemos observado con suma preocupación los movimientos tácticos de personas coludidas con las empresas mineras dentro de la institucionalidad del estado, nos parece que esto conlleva la clara intención de facilitar la entrega del territorio a esas empresas, en detrimento de la población.

6.       Nos declaramos en alerta permanente y exigimos a la institucionalidad del Estado: SERNA, DEFOMIN, Fiscalía General del Estado, etc., el cese de la entrega del territorio nacional y al Congreso Nacional exigimos el inicio de la inmediata consulta para regular, desde la ciudadanía, una nueva ley de minería.

 

EL TERRITORIO DE HONDURAS NO ESTA EN VENTA, SE DEFIENDE

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Enero de 2012.

 

Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).

Asociación Madre Tierra.

Alianza Cívica para la Democracia (ACD)

Fundambiente

Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG)

Instituto de Derecho Ambiental (IDAMHO)

Comité Regional ambientalista del Valle de Siria.

Fundación Popol Nah Tun

Movimiento Ambientalista Santa Barbarense (M.A.S.)

Red Nacional de Comunidades Afectadas y Pretendidas por la Minería a Cielos Abiertos.

Mesa Nacional de Gestión de Riesgo.

Foro Agrícola.

Asociación Nacional Para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE)

En estas elecciones tú decides: agua o minería

Los gastos por arbitraje en el CIADI y las consecuencias en el goce de los derechos sociales en El Salvador.

Febrero de 2012

Por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador[1]

El proceso legal impulsado por la compañía Pacific Rim[2] en contra del Estado salvadoreño ante el Centro Internacional para Disputas sobre Inversiones (CIADI), se encuentra hoy en día a la espera de resolución, luego que los tres árbitros que lo dirimen se han dado a la tarea de deliberar prolongadamente para dar una decisión sobre la última ronda de objeciones jurisdiccionales interpuestas por El Salvador. El hecho de que Pacific Rim haya creado un domicilio en el estado de Nevada, tres años después de haber iniciado los conflictos contra El Salvador, para luego argumentar que tiene derechos a reclamos en el marco del CAFTA-DR, puede considerarse como una especie de fraude, lo cual es de esperar, los árbitros lo tomen muy en cuenta para una resolución favorable para el país.

Tal resolución, se espera, se dé en los próximos días.

En esta etapa del proceso, el mejor de los escenarios para El Salvador sería que la resolución arbitral le favorezca y así pueda darse por concluida la demanda; el caso menos favorable para El Salvador sería que el tribunal otorgue el aval para dar seguimiento al proceso para que sea en la etapa de fondo, que es cuando ambas partes deberán presentar pruebas de cargo y descargo, donde se llegue a deducir responsabilidades.

En su demanda, Pacific Rim reclama una indemnización de 77 millones de dólares por haber invertido dinero en El Salvador, y potencialmente, la indemnización podría llegar a cientos de millones de dólares, debido a que la empresa alega pérdida en el valor de sus acciones generada por el no otorgamiento de los permisos de explotación.

Hay que recordar que El Salvador ha sido sentado en dos ocasiones en el “banquillo de los acusados” en tribunales supranacionales. La primera vez fue por la demanda que presentara a mediados de 2009 la empresa Commerce Group, con el supuesto argumento de que el país no contaba con una base legal para la negación de sus permisos de explotación minera.

Commerce Group exigía la compensación de 100 millones de dólares, así como el restablecimiento de sus permisos ambientales revocados, sin los cuales el proyecto de minería no podía funcionar.

Mediante resolución proveída en marzo de 2011, esta demanda no fue admitida por el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI);  no obstante ello, sólo para la etapa de objeciones preliminares, significó para El Salvador una erogación de  800,000 dólares.

En el caso de la demanda de Pacific Rim, que fue presentada también a mediados de 2009 y que posteriormente fue admitida por el CIADI, El Salvador ha proseguido con el proceso y en él ha interpuesto dos objeciones, lo que ha significado la prolongación del proceso y un considerable gasto para sostenerlo. Los costes de la prosecución de este proceso ante el CIADI se estiman para El Salvador en 4.3 millones de dólares.

Es decir, que, en suma por ambos procesos, El Salvador ha gastado un total de 5 millones de dólares.

Para El Salvador, un país con muy pocos recursos financieros, el estar pagando altas sumas millonarias en arbitraje, provoca, entre otros efectos, una profundización en precariedad e insatisfacción de derechos de las personas especialmente las menos favorecidas. A nuestro país le resulta sumamente inconveniente el estar asumiendo los costes procesales que generan las demandas presentadas en su contra ante el CIADI, e implica serios efectos económicos y sociales para la población.

Por ejemplo, esos 5 millones de dólares gastados en arbitraje pudieron haber permitido facilitar clases para alfabetizar a 140,000 adultos jóvenes y jubilados durante un año entero[3].

Otro uso social que se pudo haber realizado con esos 5 millones es duplicar la cantidad de becas disponibles para estudiantes de educación media[4].

Esos 5 millones de dólares equivalen a lo que el gobierno invierte cada año para la infraestructura y materiales para escuelas públicas que benefician a 384,615 estudiantes[5].

Los 5 millones de dólares pagados por arbitraje, son aproximadamente un tercio de lo que el gobierno invierte para el suministro de alimentos para alumnos en El Salvador[6].

Los 5 millones de dólares equivalen al monto que el gobierno invertirá para dar a cada estudiante de las escuelas públicas del país, un vaso de la leche cada día para ayudar a la nutrición y el desarrollo.

Los 5 millones de dólares gastados en arbitraje, pudieron servir para  financiar un quinto del total necesario para desarrollar el  programa de vacunación que el gobierno realizará en 2012.

5 millones de dólares pudieron servir para alimentar a 60,570 familias albergadas en refugios temporales durante 2 semanas durante una catástrofe natural[7].

Si esto y más puede hacerse con 5 millones de dólares, ¿Cuánto se dejaría de hacer con los 77 millones que Pacific Rim está demandando; o los cientos de millones que puede llegar a ganar?

Es por esto que cientos de organizaciones sociales y civiles de El Salvador, de Estados Unidos, de Canadá y del mundo, que representan a millones de personas, entregaron al CIADI y al Banco Mundial (donde este tribunal está alojado) en diciembre del 2011 una petición en la que se demanda respeto por el proceso doméstico de gobernabilidad y la soberanía de El Salvador y que el caso presentado por Pacific Rim sea desechado. Estamos a la espera.

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[1] Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- la cual es Miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador.

[2] Compañía de capital canadiense y domiciliada hasta 2007 en Islas Caimán, estableció una filial en Estados Unidos, para beneficiarse del CAFTA-DR, pide que El Salvador la indemnice por unos $120 millones de dólares por daños y pérdidas en los réditos que esperaba de las transacciones con el oro y plata que podía extraer en el país.

[3] Este cálculo se hace sobre la base que en 2010 el gobierno gastó 2 millones de dólares para otorgar clases de alfabetismo para 56,000 personas.

[4] En 2011 el gobierno gastó 6 millones de dólares para becas de estudiantes de educación media.

[5] En 2012 el gobierno dará entre 13 a 25 dólares por estudiante a cada escuela pública para materiales e infraestructura. La diferencia en el monto depende del tipo de estudiante que la escuela atiende.

[6] Para el 2012, el gobierno tiene presupuestado 15.5 millones de dólares para el programa de alimentos escolares

[7] La depresión tropical 12E que golpeó al país en octubre de 2011, causó más de 650 millones de dólares en daños y perjuicios y provocó 34 vidas.

Despanzurrar el mundo con fines de lucro*

* Artículo publicado en GRAIN.org
Biodiversidad - Febrero 2012 


Por toda América latina, poseídas de una voracidad ilimitada, las empresas se han lanzado al despojo sin miramientos de todo el mineral que puedan sacar de las regiones, a la mayor velocidad posible, sin considerar ni por un segundo la devastación social, ambiental y material que provocan. 


En este mosaico, de un vistazo y con muchas aristas, ofrecemos algunas miradas sobre la actividad minera actual, y sobre las luchas que se multiplican para frenarla. La enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización. 


La industria minera canadiense es la más grande del mundo y, en 2004, su tajada del mercado mundial fue de un 60% de todas las compañías mineras. De hecho, la región latinoamericana completa es segunda, después de Canadá, en el aliento a la exploración y desarrollo de la actividad minera. (Para seguir leyendo haga clic AQUÍ)

Caravanas Antimineras en Cabañas

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica inició el fin de semana las anunciadas Caravanas Antimineras. La primera jornada se realizó en el departamento de Cabañas, donde se ha detenido el avance de proyectos de extracción minera altamente nocivos y depredadores del agua como lo es el proyecto El Dorado de la empresa candiense Pacific Rim. La Caravana Antiminera aglutinó a ciuddanos y ciudadanas de las comunidades afectadas por el trabajo a penas exploratorio de empresas mineras, además, se sumaron organizaciones sociales y de base con presencia en el departamento que acompañan a la población en las luchas por un país más digno y sustentable. El recorrido comprendió las comunidades de: Ciudad Dolores, Sensuntepeque, Guacotecti y San Isidro en el Departamento de Cabañas, al Norte de El Salvador.

Solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y la lucha antiminera y antirepresas

Exigimos cese la represión de las movilizaciones del pueblo Ngäbe-Buglé en defensa de su tierra y su cultura  

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica convocó a una concentración frente a la Embajada de Panamá para expresar el rechazo a las medidas de represión adoptadas por el gobierno de Ricardo Martinelli contra el movimiento antiminero y antirepresas de dicho país

No es la primera vez que el Gobierno de Martinelli recurre a la violencia para aplacar las movilizaciones y el descontento social. En 2010, la represión de movimientos sociales cobró la vida de dos obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro, quienes reclamaban contra un conjunto de leyes que buscaban debilitar los sindicatos, descuidar los seguros ambientales de la legislación panameña, entre otros aspectos. Murieron 10 personas, centenares fueron heridos. 

Luego, en 2011 la población Ngäbe se opuso férreamente a un nuevo Código Minero que facilitaba la exploración y explotación minera en todo el país. En ese momento, también se bloqueó la carretera Interamericana y el tráfico fue interrumpido por varios días. Martinelli se vio obligado a derogar el Código Minero y además tuvo que suspender toda explotación minera e hidroeléctrica en la referida comarca occidental.
Esta vez, las voces de solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y el rechazo contra la represión que las compañeras y compañeros están sufriendo se hacen escuchar desde diferentes pueblos latinoamericanos, por el asesinato de dos personas: un líder un estudiantil y un menor de edad, que junto con las comunidades afectadas por los proyectos mineros y de represas, se vienen oponiendo contra el avance de estos proyectos con más y más fuerza, en la medida que Mesoamérica ha ido sucumbiendo al Plan Pueblo Panamá. 

A pesar de que los ngäbe-buglés son reconocidos desde 1997 como una Comarca con leyes y reglamentos propios, la visión depredadora del medioambiente y la cultura contra ellos se hace de nuevo manifiesto. El gobierno está buscando explotar el cobre que yace en el subsuelo panameño y está tratando de instalar más hidroeléctricas en nombre del tan cuestionado desarrollo y el progreso y sin el consentimiento de las poblaciones.

En este triste contexto, la Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador, en nombre de las organizaciones sociales de base, las comunidades, las organizaciones religiosas, académicas y ecologistas que la conforman, expresan su más enérgico repudio al proceder del gobierno panameño contra las muestras de malestar y descontento del pueblo Ngäbe Buglé. Las y los salvadoreños organizados en resistencia contra el avance del modelo extractivo y depredador de nuestro medioambiente, hacemos llegar nuestra voz de solidaridad a los compañeros Ngäbe que están siendo duramente reprimidos para expresarles que su lucha es también la nuestra. 

La Mesa frente a la Minería Metálica presentó una correspondencia  dirigida al gobierno de Panamá para exigir el cese a la represión del movimiento antiminero y antirepresas en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Reunidos frente a la Embajada panameña en El Salvador, queremos expresar nuestro rotundo desacuerdo con que no se esté escuchando el clamor de las comunidades que se están sublevando contra el avance de lo que consideramos una amenaza para la vida, la salud y para el derecho a un ambiente sano. Exijimos que cese la represión contra el pueblo Ngäbe Buglé, quienes están exigiendo el respeto irrestricto a los acuerdos político-institucionales asumidos por el gobierno Martinelli cuando afirmó que en dicha Comarca no se permitirían proyectos mineros, ni de represeas. Demandamos que se reconozca de inmediato el legítimo derecho que tienen las comunidades de ser escuchadas y consideradas como defensoras de su patrimonio ambiental, cultural, etc. 

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en oposición al modelo extractivo que pretende hacer de Centroamérica un botín para las grandes corporaciones y transnacionales que quieren instaurar sus megaproyectos, no podemos tolerar estas expresiones de violencia y exigimos el respeto a los Derechos Humanos de las poblaciones que claman a gritos respeto a su dignidad y a su tierra. Rechazamos que el gobierno panameño no esté reconociendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien esta semana le ha exigido el respeto a la población movilizada. 

Alzamos la voz con la plena convicción de que la lucha por la vida es una sola y hacemos de este desolador escenario, la oportunidad para recordarle al mundo que Mesoamérica se mantiene en lucha y unida contra la voracidad de las empresas mineras. Estamos en solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé y exigimos cese inmediatamente la represión. 

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

9 de febrero de 2012