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lunes, 8 de julio de 2013

Comunicado público / 8 de julio de 2013


Tratado de Libre Comercio con EUA debe declararse inconstitucional: Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentó una Pieza de Correspondencia a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana CAFTA-DR.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica durante conferencia de prensa hoy 8 de julio frente a la Corte Suprema de Justicia eixgiendo que se resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el TLC con Estados Unidos. Más imágenes AQUÍ
En la pieza, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica pide a los magistrados de la Sala que resuelvan los recursos de inconstitucionalidad del TLC que han sido presentados y están pendientes desde 2006. Dichos amparos de inconstitucionalidad fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia porque considera válidos los argumentos de inconstitucionalidad contra los principios de “Trato Nacional” y de “Expropiación indirecta”,  que obligan al Estado a otorgar a las compañías estadounidenses los mismos beneficios que da a las empresas salvadoreñas y define cualquier acción u omisión gubernamental que perjudique ganancias contra los inversiones como un agravio que, por ejemplo, debe ser ventilado en tribunales internacionales sin haber pasado por instancias nacionales.

La propuesta de inconstitucionalidad del CAFTA-DR a la que hace referencia la Mesa fue presentada en enero de 2005 y fue acepada por la Sala de lo Constitucional en marzo de 2007, junto con otros recursos de inconstitucional presentados. En esa oportunidad, este máximo organismo de justicia consideró válidas catorce de las treinta argumentaciones de la demanda planteada por los peticionarios, y estableció un período corto para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa presentaran sus alegatos. Ya han transcurrido seis años sin que la Sala haya resuelto al respecto.



Según declararon miembros de la Mesa  Nacional frente a la Minería Metálica, en la correspondencia entregada este día a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que se hizo efectiva hace unos días estarían lesionando los mismos derechos constitucionales alegados en contra del CAFTA.

En el mismo documento, la Mesa solicitó acelerar el proceso de análisis, discusión y deliberación de los diversos argumentos admitidos como válidos para declarar los recursos de inconstitucionalidad admitidos contra el CAFTA-DR. Solicitaron, por ende, que se emita resolución declarando este instrumento comercial como violatorio de los derechos constitucionales señalados en las demandas interpuestas.


Entre otras razones, la importancia de la resolución de la sala se resalta porque podría cerrarse las puertas a más demandas por parte de transnacionales, tal como lo ha hecho  empresa minera de capital estadounidense Commerce Group que ya ha solicitó por segunda vez prórroga para seguir demandando al Estado salvdadoreño; o como la canadiense Pacific Rim que amparándose en el CAFTA y la Ley de Inversiones salvadoreña demandó al país por habérsele negado el permiso de explotación de la mina El Dorado en Cabañas. Aunque en una etapa posterior un tribunal corporativo (CIADI) declaró que la empresa no podía usar el CAFTA para demandar al Estado, la transnacional sigue exigiendo el pago de $ 315 millones amparándose únicamente en la Ley de Inversiones. 08.07.2013 

lunes, 22 de abril de 2013

Convocatoria de prensa -23 de abril de 2013


CONVOCATORIA DE PRENSA
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DEBE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL: MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará una correspondencia a la CSJ exigiendo se resuelvan las demandas que han sido presentadas y admitidas en dicho órgano del Estado sobre la inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA – DR). La Mesa se refiere a los documentos con números de admisión: 27-2007, 28-2007 y 29-2007, acumulados por más de seis años en la CSJ.

Representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecerán una conferencia de prensa para ampliar ante la opinión pública los fundamentos de este NUEVO LLAMAMIENTO a la Corte Suprema de Justicia.

CONFERENCIA DE PRENSA

Fecha:
Martes 23 de Abril de 2013
Lugar: Corte Suprema de Justicia (Ex Palo de Hule)
Hora: 9:30 AM
Más información:
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
COMUNICACIONES
22.35.40.05 / 72.85.59.77

martes, 14 de febrero de 2012

Los gastos por arbitraje en el CIADI y las consecuencias en el goce de los derechos sociales en El Salvador.


Febrero de 2012

Por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador[1]

El proceso legal impulsado por la compañía Pacific Rim[2] en contra del Estado salvadoreño ante el Centro Internacional para Disputas sobre Inversiones (CIADI), se encuentra hoy en día a la espera de resolución, luego que los tres árbitros que lo dirimen se han dado a la tarea de deliberar prolongadamente para dar una decisión sobre la última ronda de objeciones jurisdiccionales interpuestas por El Salvador. El hecho de que Pacific Rim haya creado un domicilio en el estado de Nevada, tres años después de haber iniciado los conflictos contra El Salvador, para luego argumentar que tiene derechos a reclamos en el marco del CAFTA-DR, puede considerarse como una especie de fraude, lo cual es de esperar, los árbitros lo tomen muy en cuenta para una resolución favorable para el país.
Tal resolución, se espera, se dé en los próximos días.
En esta etapa del proceso, el mejor de los escenarios para El Salvador sería que la resolución arbitral le favorezca y así pueda darse por concluida la demanda; el caso menos favorable para El Salvador sería que el tribunal otorgue el aval para dar seguimiento al proceso para que sea en la etapa de fondo, que es cuando ambas partes deberán presentar pruebas de cargo y descargo, donde se llegue a deducir responsabilidades.
En su demanda, Pacific Rim reclama una indemnización de 77 millones de dólares por haber invertido dinero en El Salvador, y potencialmente, la indemnización podría llegar a cientos de millones de dólares, debido a que la empresa alega pérdida en el valor de sus acciones generada por el no otorgamiento de los permisos de explotación.
Hay que recordar que El Salvador ha sido sentado en dos ocasiones en el “banquillo de los acusados” en tribunales supranacionales. La primera vez fue por la demanda que presentara a mediados de 2009 la empresa Commerce Group, con el supuesto argumento de que el país no contaba con una base legal para la negación de sus permisos de explotación minera.
Commerce Group exigía la compensación de 100 millones de dólares, así como el restablecimiento de sus permisos ambientales revocados, sin los cuales el proyecto de minería no podía funcionar.
Mediante resolución proveída en marzo de 2011, esta demanda no fue admitida por el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI);  no obstante ello, sólo para la etapa de objeciones preliminares, significó para El Salvador una erogación de  800,000 dólares.
En el caso de la demanda de Pacific Rim, que fue presentada también a mediados de 2009 y que posteriormente fue admitida por el CIADI, El Salvador ha proseguido con el proceso y en él ha interpuesto dos objeciones, lo que ha significado la prolongación del proceso y un considerable gasto para sostenerlo. Los costes de la prosecución de este proceso ante el CIADI se estiman para El Salvador en 4.3 millones de dólares.
Es decir, que, en suma por ambos procesos, El Salvador ha gastado un total de 5 millones de dólares.
Para El Salvador, un país con muy pocos recursos financieros, el estar pagando altas sumas millonarias en arbitraje, provoca, entre otros efectos, una profundización en precariedad e insatisfacción de derechos de las personas especialmente las menos favorecidas. A nuestro país le resulta sumamente inconveniente el estar asumiendo los costes procesales que generan las demandas presentadas en su contra ante el CIADI, e implica serios efectos económicos y sociales para la población.
Por ejemplo, esos 5 millones de dólares gastados en arbitraje pudieron haber permitido facilitar clases para alfabetizar a 140,000 adultos jóvenes y jubilados durante un año entero[3].
Otro uso social que se pudo haber realizado con esos 5 millones es duplicar la cantidad de becas disponibles para estudiantes de educación media[4].
Esos 5 millones de dólares equivalen a lo que el gobierno invierte cada año para la infraestructura y materiales para escuelas públicas que benefician a 384,615 estudiantes[5].
Los 5 millones de dólares pagados por arbitraje, son aproximadamente un tercio de lo que el gobierno invierte para el suministro de alimentos para alumnos en El Salvador[6].
Los 5 millones de dólares equivalen al monto que el gobierno invertirá para dar a cada estudiante de las escuelas públicas del país, un vaso de la leche cada día para ayudar a la nutrición y el desarrollo.
Los 5 millones de dólares gastados en arbitraje, pudieron servir para  financiar un quinto del total necesario para desarrollar el  programa de vacunación que el gobierno realizará en 2012.
5 millones de dólares pudieron servir para alimentar a 60,570 familias albergadas en refugios temporales durante 2 semanas durante una catástrofe natural[7].
Si esto y más puede hacerse con 5 millones de dólares, ¿Cuánto se dejaría de hacer con los 77 millones que Pacific Rim está demandando; o los cientos de millones que puede llegar a ganar?
Es por esto que cientos de organizaciones sociales y civiles de El Salvador, de Estados Unidos, de Canadá y del mundo, que representan a millones de personas, entregaron al CIADI y al Banco Mundial (donde este tribunal está alojado) en diciembre del 2011 una petición en la que se demanda respeto por el proceso doméstico de gobernabilidad y la soberanía de El Salvador y que el caso presentado por Pacific Rim sea desechado. Estamos a la espera.

[1] Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- la cual es Miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador.
[2] Compañía de capital canadiense y domiciliada hasta 2007 en Islas Caimán, estableció una filial en Estados Unidos, para beneficiarse del CAFTA-DR, pide que El Salvador la indemnice por unos $120 millones de dólares por daños y pérdidas en los réditos que esperaba de las transacciones con el oro y plata que podía extraer en el país.
[3] Este cálculo se hace sobre la base que en 2010 el gobierno gastó 2 millones de dólares para otorgar clases de alfabetismo para 56,000 personas.
[4] En 2011 el gobierno gastó 6 millones de dólares para becas de estudiantes de educación media.
[5] En 2012 el gobierno dará entre 13 a 25 dólares por estudiante a cada escuela pública para materiales e infraestructura. La diferencia en el monto depende del tipo de estudiante que la escuela atiende.
[6] Para el 2012, el gobierno tiene presupuestado 15.5 millones de dólares para el programa de alimentos escolares
[7] La depresión tropical 12E que golpeó al país en octubre de 2011, causó más de 650 millones de dólares en daños y perjuicios y provocó 34 vidas.

martes, 2 de junio de 2009

La demanda de Pacific Rim al Estado salvadoreño en el marco del CAFTA-DR



El sentido de la “Semana de Acción contra la Minería”*


1. Persiste la amenaza minera. El gobierno del ex-presidente Antonio Saca se negó a concretar –en las acciones legales correspondientes– su rechazo a los proyectos mineros y la legislatura anterior tampoco quiso aprobar una ley que los prohíba, a pesar de la exigencia de las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de amplios sectores nacionales. Por tanto, los peligros de la extracción de metales se mantienen.


2. La responsabilidad del nuevo gobierno. La prohibición definitiva de minería de metales es una medida urgente que debe tomar el nuevo gobierno. Atendiendo al compromiso que el presidente Mauricio Funes asumió –cuando fue candidato– de no permitir las actividades mineras, los ministerios de Medio Ambiente y de Economía deben declarar inviable dicha industria. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentará a los ministros German Rosa Chávez y Héctor Dada Hirezi información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de la explotación minera.

Así mismo, el Ejecutivo deberá impulsar en el Congreso la aprobación de una nueva ley minera que prohíba la minería metálica y regule la minería no metálica. El proyecto de ley presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en diciembre de 2006, sería un insumo valioso. El grupo parlamentario del FMLN, que plantea en su “Plataforma Legislativa 2009-2012” la prohibición a la minería, debe tomar la iniciativa.

El nuevo gobierno también deberá plantear a sus homólogos de la región la necesidad de prohibir la minería a nivel centroamericano, dada la cercanía territorial, hidrográfica y poblacional. Existe un caso que lo demuestra: desechos de una mina en Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala) llegan hasta los ríos Angue y Lempa, lago de Güija y laguna de Metapán. De igual forma, proyectos mineros en el sur de Honduras podrían contaminar nuestros ríos Lempa, Sumpul, Torola y Goascorán.


3. La demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica plantea que el gobierno salvadoreño no debe indemnizar a Pacific Rim, que promueve un juicio en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas Inversiones), amparándose en disposiciones del CAFTA.

Esto, por dos razones fundamentales. 1- Los permisos de explotación no son automáticos, es decir, la actual ley minera no obliga al gobierno a otorgarlos después de permitir la exploración: Pacific Rim exploró y encontró metales preciosos en Cabañas, pero no cumplió con los requerimientos ambientales; por tanto, no consiguió la licencia para explotar la mina El Dorado. Y 2- Es Pacific Rim la que debe ser demandada, y no el Estado salvadoreño; es la empresa minera la que debe indemnizar al país, y no al revés.

O, ¿acaso la compañía extractiva en cuestión no violentó leyes nacionales (de Minería, de Medioambiente, entre otras), causó daños ambientales (secado de afluentes en San Isidro), provocó pérdidas económicas (muerte de ganado en Guacotecti), generó conflictos comunitarios (agresiones a Edelmira Menjívar, Santos Rodríguez y Fermán Menjívar, en Sensuntepeque), corrompió funcionarios (varios alcaldes de Cabañas, diputados del PCN, entre otros) y ofendió a líderes religiosos, especialmente al ex-Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle?

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica también considera que la demanda de Pacific Rim contra El Salvador recuerda la necesidad de revertir –o al menos modificar en sus aspectos más perjudiciales– el CAFTA. Una condena al Estado salvadoreño en este caso sería un mal precedente, porque muchas empresas harán lo mismo cuando el gobierno no ceda a sus pretensiones.


4. El propósito de la Semana de Acción contra la Minería. Con las actividades de incidencia de esta semana, la Mesa Nacional frente a la Minería busca que la población se movilice contra la amenaza minera y que el nuevo gobierno cumpla su promesa de descartar en forma definitiva los proyectos mineros, dada su inviabilidad en nuestro país por su pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis hídrica y elevados niveles de vulnerabilidad socioambiental.


*Por: equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.