Cuando Pacific Rim intentaba demostrar la “tecnología de punta” que usaría para “purificar” sus aguas residuales, insistía en la construcción de depósitos de colas: enormes lagunas donde colocaría los desechos tóxicos para que “el cianuro se evaporara al calor del sol”, antes de descargarlos en los ríos cercanos a sus proyectos.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 11 de noviembre de 2009
martes, 3 de noviembre de 2009
Seguir el ejemplo*
El 19 de octubre recién pasado, el Tribunal Supremo de Londres admitió una demanda contra Monterrico Metals, compañía minera británica acusada de torturas y asesinato de opositores a la explotación minera en el norte montañoso de Perú, próximo a la frontera con Ecuador.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Los delitos ocurrieron en 2005, cerca de la mina Río Blanco, cuando centenares de pobladores dañados por la contaminación con cianuro y metales pesados protestaron pacíficamente.
Policías y guardias de Monterrico Metals lanzaron gases lacrimógenos, detuvieron durante tres días y torturaron a 28 personas. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente y tres hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos, el agricultor Melanio García, murió desangrándose, después de 36 horas de agonía, según la autopsia.
El Tribunal Supremo de Londres escuchará los desgarradores testimonios de campesinos y revisará fotografías presentadas por un periodista detenido junto a los manifestantes, informa el diario londinense The Guardian.
Varias fotografías muestran a los detenidos ensangrentados con las manos atadas y a otros con los ojos vendados o encapuchados. Otras imágenes muestran agentes armados de Monterrico Metals sonrientes, ondeando la ropa interior de algunas manifestantes. En una de las fotos aparece García tendido en el suelo, con vida, pero malherido. Imágenes posteriores muestran al campesino ya muerto.
En El Salvador, dos empresas mineras cometieron abusos: la canadiense Pacific Rim y la estadounidense Commerce Group. La primera secó afluentes en Cabañas, provocó conflictos comunitarios y compró alcaldes, diputados, etc. La segunda contaminó el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima (La Unión). Ambas, en vez de ser enjuiciadas y castigadas, demandan al Estado salvadoreño y exigen 100 millones de dólares cada una.
La estrategia gubernamental para enfrentar dichos arbitrajes debería incluir contrademandas a las referidas corporaciones extractivas, por los daños ambientales, económicos y sociales causados al país. Las evidencias registradas son suficientes para demostrar que Pacific Rim y Commerce Group son victimarios, no víctimas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica iniciará en estos días un esfuerzo informativo sobre tales demandas y sus implicaciones en la soberanía, autodeterminación y en las finanzas del país.
Ojalá las autoridades correspondientes también informen al país sobre la problemática, pues su actitud de silencio y hermetismo sobre esto no contribuye a que gobierno y sociedad civil integren un frente común contra las empresas mineras y sus repudiables extorsiones al Estado salvadoreño.
Es lamentable que –siendo opositores a la explotación minera las víctimas de atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas– la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no tengan entre los sospechosos de autores intelectuales a Pacific Rim.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 20 de octubre de 2009
Nuevo reconocimiento*
Un nuevo galardón confirma lo justo, digno y legítimo de la resistencia ciudadana contra la explotación minera en El Salvador. Se trata del Permio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, otorgado a la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), miembra de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El reconocimiento será entregado por el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, el próximo 23 de octubre, en la Universidad de El Salvador (UES), durante la realización del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria: “Crisis Mundial y Derechos Humanos, Oportunidades y Desafíos”.
ASIC es una organización integrada por pobladores de San Isidro, municipio cabañense donde se ubica El Dorado, fallido proyecto minero de Pacific Rim. Por tanto, fue junto al Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), iniciadora de la lucha contra la nociva extracción de metales.
Motivos expresos de la asignación del premio son la firmeza de la resistencia antiminera impulsada por ASIC y el martirio de Gustavo Marcelo Rivera, su fundador y representante legal, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Rivera rechazó la minería desde su activismo ambiental, promoción cultural y militancia política.
ASIC también encabezó la oposición a un relleno sanitario que el alcalde José Ignacio Bautista pretendía instalar en San Isidro y lideró las protestas ciudadanas contra el fraude electoral del 18 de enero, en ese municipio. En estas luchas siempre destacó Gustavo Marcelo, a pesar de las constantes difamaciones, amenazas y persecuciones.
Al Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria entregado a ASIC, se suma el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt, otorgado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica el 15 de octubre recién pasado, por el prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), en el National Press Club de Washington.
Desde esta célebre tribuna, la Mesa denunció a las empresas Pacific Rim y Commerce Group, y reivindicó el derecho de El Salvador a negarle los permisos de explotación a estas compañías extractivas que demandan del Estado millonarias indemnizaciones en la CIADI, tribunal que favorece los intereses corporativos.
La Mesa planteó en Washington la necesidad de modificar los contenidos del CAFTA que violentan el principio de soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También propuso la revisión de todos los acuerdos de inversión que aventajan a las empresas transnacionales, en detrimento de los gobiernos.
“Este premio nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería se haya alejado para siempre de El Salvador”, exclamó Vidalina Morales, representante de la Mesa, al recibir el galardón.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El reconocimiento será entregado por el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, el próximo 23 de octubre, en la Universidad de El Salvador (UES), durante la realización del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria: “Crisis Mundial y Derechos Humanos, Oportunidades y Desafíos”.
ASIC es una organización integrada por pobladores de San Isidro, municipio cabañense donde se ubica El Dorado, fallido proyecto minero de Pacific Rim. Por tanto, fue junto al Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), iniciadora de la lucha contra la nociva extracción de metales.
Motivos expresos de la asignación del premio son la firmeza de la resistencia antiminera impulsada por ASIC y el martirio de Gustavo Marcelo Rivera, su fundador y representante legal, desaparecido, torturado y asesinado en junio de este año. Rivera rechazó la minería desde su activismo ambiental, promoción cultural y militancia política.
ASIC también encabezó la oposición a un relleno sanitario que el alcalde José Ignacio Bautista pretendía instalar en San Isidro y lideró las protestas ciudadanas contra el fraude electoral del 18 de enero, en ese municipio. En estas luchas siempre destacó Gustavo Marcelo, a pesar de las constantes difamaciones, amenazas y persecuciones.
Al Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria entregado a ASIC, se suma el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt, otorgado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica el 15 de octubre recién pasado, por el prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), en el National Press Club de Washington.
Desde esta célebre tribuna, la Mesa denunció a las empresas Pacific Rim y Commerce Group, y reivindicó el derecho de El Salvador a negarle los permisos de explotación a estas compañías extractivas que demandan del Estado millonarias indemnizaciones en la CIADI, tribunal que favorece los intereses corporativos.
La Mesa planteó en Washington la necesidad de modificar los contenidos del CAFTA que violentan el principio de soberanía de los Estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También propuso la revisión de todos los acuerdos de inversión que aventajan a las empresas transnacionales, en detrimento de los gobiernos.
“Este premio nos alienta a seguir adelante, hasta que la amenaza de la minería se haya alejado para siempre de El Salvador”, exclamó Vidalina Morales, representante de la Mesa, al recibir el galardón.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Minería y "cien días"
La semana anterior estuvo inundada de balances sobre los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno. Pero algunos sectores y “analistas” evaluaron la incipiente administración del presidente Mauricio Funes olvidando –al menos– dos aspectos fundamentales para una revisión realista del inicial trabajo gubernamental.
En primer lugar, el balance es positivo. No sucedió la catástrofe que advertía ARENA durante la campaña electoral; al contrario, se registran logros destacables en materia de salud, educación y seguridad social que no es propósito de este artículo detallar. La creación del Consejo Económico Social es una acción de diálogo nacional que podría fructificar si cambian de actitud los sectores que bloquearon el Foro de Concertación Económica y Social resultante de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Pero un balance positivo también señala lo negativo. En este sentido, es inevitable referirse al abordaje inadecuado de problemáticas como la construcción de la represa El Chaparral, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y la falta de medidas en lo estratégico que confirmen un real cambio de rumbo.
Y en segundo lugar, la evaluación debe ser integral. No sólo debe revisarse el desempeño del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, principalmente las que inciden en el éxito o fracaso del gobierno central (Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas de la República, etc.)
También hay que evaluar la actitud de la oposición de derecha que todavía controla la mayor parte del aparato estatal, incluso entes del Ejecutivo como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Esta revisión incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, centros de pensamiento y líderes religiosos conservadores.
Lo anterior plantea a las organizaciones ciudadanas y demás actores progresistas la necesidad de un “acompañamiento crítico” al nuevo gobierno, respaldándolo en las decisiones acertadas y señalando los errores que cometa. Para esto es necesario tomar en cuenta tres situaciones.
1. La gestión del presidente Funes no puede resolver en 100 días los problemas que ARENA generó en 20 años. Entre otras razones, porque carece de recursos suficientes, pues los gobiernos anteriores quebraron financieramente al Estado. Hay que comprender las limitaciones y posibilidades.
2. El poder del nuevo gobierno es limitado, y la derecha –de proponérselo– podría derribarlo. Por tanto, es urgente construir un fuerte poder ciudadano frente al poderío económico, político y mediático de las elites que gobernaron el país para beneficio propio.
3. La visión debe ser de largo plazo. Éste no es un gobierno para establecer el socialismo, es un gobierno de “transición a la democracia” que podría sentar las bases para un proyecto de país incluyente, mediante reformas cada vez más profundas, en un proceso que va más allá de un quinquenio presidencial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
En primer lugar, el balance es positivo. No sucedió la catástrofe que advertía ARENA durante la campaña electoral; al contrario, se registran logros destacables en materia de salud, educación y seguridad social que no es propósito de este artículo detallar. La creación del Consejo Económico Social es una acción de diálogo nacional que podría fructificar si cambian de actitud los sectores que bloquearon el Foro de Concertación Económica y Social resultante de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Pero un balance positivo también señala lo negativo. En este sentido, es inevitable referirse al abordaje inadecuado de problemáticas como la construcción de la represa El Chaparral, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y la falta de medidas en lo estratégico que confirmen un real cambio de rumbo.
Y en segundo lugar, la evaluación debe ser integral. No sólo debe revisarse el desempeño del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, principalmente las que inciden en el éxito o fracaso del gobierno central (Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas de la República, etc.)
También hay que evaluar la actitud de la oposición de derecha que todavía controla la mayor parte del aparato estatal, incluso entes del Ejecutivo como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Esta revisión incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, centros de pensamiento y líderes religiosos conservadores.
Lo anterior plantea a las organizaciones ciudadanas y demás actores progresistas la necesidad de un “acompañamiento crítico” al nuevo gobierno, respaldándolo en las decisiones acertadas y señalando los errores que cometa. Para esto es necesario tomar en cuenta tres situaciones.
1. La gestión del presidente Funes no puede resolver en 100 días los problemas que ARENA generó en 20 años. Entre otras razones, porque carece de recursos suficientes, pues los gobiernos anteriores quebraron financieramente al Estado. Hay que comprender las limitaciones y posibilidades.
2. El poder del nuevo gobierno es limitado, y la derecha –de proponérselo– podría derribarlo. Por tanto, es urgente construir un fuerte poder ciudadano frente al poderío económico, político y mediático de las elites que gobernaron el país para beneficio propio.
3. La visión debe ser de largo plazo. Éste no es un gobierno para establecer el socialismo, es un gobierno de “transición a la democracia” que podría sentar las bases para un proyecto de país incluyente, mediante reformas cada vez más profundas, en un proceso que va más allá de un quinquenio presidencial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 14 de septiembre de 2009
En agenda internacional
La falta de justicia por los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y otras violaciones a los Derechos Humanos –en el departamento de Cabañas– preocupa a la Comunidad Internacional, principalmente a organizaciones influyentes como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.
Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.
“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.
El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.
“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.
Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.
También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.
Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.
En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.
Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.
“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.
El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.
“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.
Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.
También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.
Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.
En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Estrategia equivocada
Es aplaudible que el presidente Mauricio Funes haya declarado –el lunes 31 de agosto recién pasado– con claridad y firmeza que no permitirá ningún proyecto de explotación minera, algo que prometió durante la campaña electoral en una carta pública al Arzobispo de San Salvador y en un compromiso escrito a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 21 de agosto de 2009
40 días de impunidad
Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.
Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.
Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.
También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.
Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.
Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.
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