La semana anterior estuvo inundada de balances sobre los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno. Pero algunos sectores y “analistas” evaluaron la incipiente administración del presidente Mauricio Funes olvidando –al menos– dos aspectos fundamentales para una revisión realista del inicial trabajo gubernamental.
En primer lugar, el balance es positivo. No sucedió la catástrofe que advertía ARENA durante la campaña electoral; al contrario, se registran logros destacables en materia de salud, educación y seguridad social que no es propósito de este artículo detallar. La creación del Consejo Económico Social es una acción de diálogo nacional que podría fructificar si cambian de actitud los sectores que bloquearon el Foro de Concertación Económica y Social resultante de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Pero un balance positivo también señala lo negativo. En este sentido, es inevitable referirse al abordaje inadecuado de problemáticas como la construcción de la represa El Chaparral, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y la falta de medidas en lo estratégico que confirmen un real cambio de rumbo.
Y en segundo lugar, la evaluación debe ser integral. No sólo debe revisarse el desempeño del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, principalmente las que inciden en el éxito o fracaso del gobierno central (Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas de la República, etc.)
También hay que evaluar la actitud de la oposición de derecha que todavía controla la mayor parte del aparato estatal, incluso entes del Ejecutivo como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Esta revisión incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, centros de pensamiento y líderes religiosos conservadores.
Lo anterior plantea a las organizaciones ciudadanas y demás actores progresistas la necesidad de un “acompañamiento crítico” al nuevo gobierno, respaldándolo en las decisiones acertadas y señalando los errores que cometa. Para esto es necesario tomar en cuenta tres situaciones.
1. La gestión del presidente Funes no puede resolver en 100 días los problemas que ARENA generó en 20 años. Entre otras razones, porque carece de recursos suficientes, pues los gobiernos anteriores quebraron financieramente al Estado. Hay que comprender las limitaciones y posibilidades.
2. El poder del nuevo gobierno es limitado, y la derecha –de proponérselo– podría derribarlo. Por tanto, es urgente construir un fuerte poder ciudadano frente al poderío económico, político y mediático de las elites que gobernaron el país para beneficio propio.
3. La visión debe ser de largo plazo. Éste no es un gobierno para establecer el socialismo, es un gobierno de “transición a la democracia” que podría sentar las bases para un proyecto de país incluyente, mediante reformas cada vez más profundas, en un proceso que va más allá de un quinquenio presidencial.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
miércoles, 16 de septiembre de 2009
lunes, 14 de septiembre de 2009
En agenda internacional
La falta de justicia por los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y otras violaciones a los Derechos Humanos –en el departamento de Cabañas– preocupa a la Comunidad Internacional, principalmente a organizaciones influyentes como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.
Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.
“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.
El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.
“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.
Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.
También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.
Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.
En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Human Rights Watch fue creada en 1978, su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y tiene oficinas Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Moscú, París y otras ciudades importantes alrededor del planeta.
Su Director para Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró –el 8 de agosto de este año– que el asesinato del activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera fue cometido en “circunstancias muy sospechosas” y requiere una “investigación exhaustiva”.
“Restarle importancia y calificarlo como un homicidio perpetrado por pandillas –sin indagar los motivos de las amenazas previas– podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil salvadoreña”, advirtió Vivanco.
El representante de Human Rights Watch destacó que Gustavo Marcelo lideró la resistencia comunitaria a los proyectos de la minera canadiense Pacific Rim y encabezó las denuncias de fraude en San Isidro durante las elecciones del 18 de enero, que fueron ganadas por el alcalde arenero José Ignacio Bautista.
Esta organización de Derechos Humanos también denuncia las amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, al sacerdote Luis Quintanilla y al director de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco.
“Para que la investigación sea efectiva, se debe analizar la posibilidad de que el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera haya tenido un móvil político”, propone Vivanco. Sobre las amenazas de muerte, demanda “identificar a quienes las han emitido”.
Mientras, Amnistía Internacional hizo –el pasado 27 de agosto– un llamado de “Acción Urgente”. En su declaración menciona el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a tres periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el padre Luis Quintanilla.
También se refiere al intento de asesinato contra el líder comunitario Ramiro Rivera, así como a las amenazas de muerte al abogado Héctor Berríos y Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo.
Esta organización fundada en 1961, cuya sede está en Londres (Inglaterra), reitera la preocupación de Human Rights Watch y pide a sus representantes en todos los países del mundo exigir –al Fiscal General en funciones y al director de la Policía Nacional Civil salvadoreños– una investigación integral de los delitos denunciados, a fin de encontrar y castigar a sus autores intelectuales y materiales.
En las próximas semanas, congresistas estadounidenses y representantes de diversas instancias internacionales exigirán a nuestras autoridades de seguridad pública celeridad, profundidad y efectividad en las investigaciones.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Estrategia equivocada
Es aplaudible que el presidente Mauricio Funes haya declarado –el lunes 31 de agosto recién pasado– con claridad y firmeza que no permitirá ningún proyecto de explotación minera, algo que prometió durante la campaña electoral en una carta pública al Arzobispo de San Salvador y en un compromiso escrito a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
viernes, 21 de agosto de 2009
40 días de impunidad
Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.
Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.
Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.
También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.
Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.
Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.
miércoles, 12 de agosto de 2009
Cabañas, hoy.
Amenazas de muerte, atentados, desapariciones forzadas y asesinatos. No es El Salvador de los años setenta u ochenta, ni siquiera la actual Honduras ultrajada por los golpistas. Es el departamento de Cabañas, hoy.
Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.
Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.
Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.
Martes 28 de julio. Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.
Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.
Viernes 7 de agosto. Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.
Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.
Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Jueves 18 de junio de este año. Desaparición del ambientalista, dirigente político y promotor cultural Gustavo Marcelo Rivera, torturado y asesinado. Rivera fue víctima de amenazas y persecución desde 2005, cuando inició la lucha contra los proyectos mineros de Pacific Rim. Tales vejaciones aumentaron después de las protestas contra el fraude electoral en San Isidro, el 18 de enero recién pasado.
Miércoles 24 de julio. Amenazas de muerte a tres corresponsales de Radio Victoria: Vladimir Abarca, José Beltrán y Ludwin Iraheta. El motivo expreso en cartas anónimas y mensajes a sus teléfonos celulares es la denuncia periodística de los daños de la minería metálica, las acciones de fraude electoral y la desaparición de Gustavo Marcelo.
Lunes 27 de julio. Intento de secuestro y asesinato del padre Luis Quintanilla. El sacerdote fue víctima de un atentado el 13 de julio y recibía amenazas desde que inició la conducción de un programa de reflexión cristiana en Radio Victoria. Sus perseguidores lo consideran un “cura rojo”, crítico de la minería y del mal actuar de los alcaldes de la zona.
Martes 28 de julio. Amenazas al religioso Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, representante del Comité Ambiental de Cabañas y líder opositor a la industria minera. Un día después, amenazas de muerte a Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, ONG que inició la resistencia a las minas.
Viernes 31 de julio, Día del Periodista Salvadoreño. Amenazas de muerte a todo el personal de Radio Victoria, que salió del aire debido a un atentado a su antena de transmisión ubicada en Sensuntepeque. Los mensajes de correo electrónico fustigan a dicha radio comunitaria por su postura antiminera, su crítica a los ediles de Cabañas y su presunta afinidad al FMLN.
Viernes 7 de agosto. Atentado contra Ramiro Rivera. Ocho disparos alcanzaron la espalda y piernas de este líder comunitario del cantón Trinidad y defensor del Cerro Limón, donde Pacific Rim intentó explorar metales preciosos. Uno de los agresores está detenido: Óscar Menjívar, matón de la cuestiona empresa canadiense.
Menjívar ha intentado varias veces asesinar a activistas antimineros. En abril de 2008 –machete en mano– persiguió al promotor de ADES Santa Marta, Nelson Ventura. Un mes después, atacó a Santos Rodríguez –su vecino, amigo y compañero de pesca en el Río Lempa durante 10 años– a quien le cortó tres dedos de su mano derecha.
Hace más de un año, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica alertó al país sobre los sucesos actuales en Cabañas, en varios artículos publicados en Diario Co Latino: “Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales (20 de febrero de 2008), “Evitemos la violencia: no permitamos la minería (21 de mayo de 2008)”, “Pacific Rim ¿incita a cometer asesinatos? (20 de julio de 2008)”, entre otros. Pero el gobierno y la sociedad salvadoreña no escucharon. Ojalá ahora lo hagan.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
sábado, 1 de agosto de 2009
Sábado, 01 de Agosto de 2009 / 09:33 h “Todo comenzó con difamaciones, ahora son amenazas a muerte”: José Beltrán
APES denuncia y condena las amenazas contra periodistas de Radio Victoria. Acompañan en la denuncia: Adriana Valle, Oneida Ayala, Elin Jordan directivo de ARPAS, Rafael Domínguez, presidente de APES, y José Alexander Beltrán. Foto Diario Co Latino
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
La vena del periodismo en José Alexander Beltrán llegó de forma insospechada. Un reclutamiento rutinario de estudiantes universitarios para Radio Victoria fue suficiente para probar suerte con un taller: “y me quedé en el colador”, narró este joven de 18 años de edad, que realiza su labor periodística en Cabañas.
La denuncia de la desaparición y posterior asesinato del líder social, Gustavo Marcelo Rivera marcó a este grupo de jóvenes, que incansablemente informaron de los pormenores del caso, abriendo sus micrófonos a la comunidad para expresar su preocupación por el resurgimiento de “prácticas del conflicto armado”, que llenó de mucho dolor al país.
“Todo comenzó con difamaciones, recuerdo que llegó una carta por correo a mi familia, denigrándome y aconsejándole a mi familia que ya no fuera a la radio; luego en mayo se robaron la antena de la radio, y el paso siguiente fueron las amenazas, nos tildaban de ser una radio guerrillera y como tal, podíamos desaparecer”, testimonió.
Junto a José Alexander, se encuentra amenazados Vladimir Abarca Ayala de 17 años, y Ludwin Franklin Iraheta de 20 años de edad, quienes han recibido amenazas de muerte, vía telefónica, y en sus correos electrónicos, desde su cobertura del caso del Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, Cabañas.
“En las vigilias que cubrimos y que fueron cinco, Ludwin animaba a la gente a participar expresándose por radio, luego, una mañana en su casa, al abrir su puerta se encontró con una carta que decía - te van a matar- , lo más fuerte que me han dicho a mí es – estás en la lista y para eso no hay edad”, cuenta.
Y no solo los jóvenes periodistas han enfrentado agresiones psicológicas, Radio Victoria, ha venido siendo saboteada en su transmisor, ubicado en el Cerro Moidan, Sensuntepeque.
Esto ha generando su salida al aire por largos espacios de tiempo, sin que, hasta el momento la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, establezca la autoría intelectual y material del hecho.
“Por el momento, ninguno de nosotros está viviendo en San Isidro, Cabañas, estamos obligadamente exiliados, el Procurador de Derechos Humanos Óscar Humberto Luna, dictó medidas cautelares por 72 horas, que se vencen hoy (viernes) , pero no sabemos nada, no podemos regresar por nuestras familias y esto es preocupante”, señaló.
Por su parte, Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció y condenó públicamente las amenazas a muerte de estos jóvenes, porque atenta contra la libertad de expresión e información, que son derechos inherentes de toda sociedad democrática.
“El fiscal no fue claro en adelantar los avances, dijo que han abierto una investigación desde el 25 de julio a través, de la fiscalía de Sensuntepeque, pero no sabemos si ya identificaron los números telefónicos de donde provienen los mensajes o remitentes de los correos electrónicos, sin embargo, para nosotros esto es demasiado lento, muy poco, para algo tan grave: la amenaza a la vida de los periodistas y violentar el derecho de libertad de expresión”, indicó.
Mientras, Elín Jordan, directivo de ARPAS, consideró que acallar el derecho de información y una falta de investigación por parte del sistema de justicia, era preocupante.
“Queremos un trabajo de investigación profesional, porque se han activado los Escuadrones de la Muerte y esto no es delincuencia común, son gente que es pagada por el poder y hay intereses económicos como Pacific Rim; porque Marcelo Rivera no fue asesinado por delincuencia común, el fue un luchador ambiental, y eso lo denunció Radio Victoria”, dijo.
Los pobladores de San Isidro Cabañas acompañaron este día a los periodistas amenazados, como muestra de solidaridad con su radio comunitaria, para demandar del Presidente de la República, Mauricio Funes, una investigación exhaustiva del hecho. El mandatario se comprometió con el caso, y condenó las amenazas a los jóvenes periodistas.
Ver nota original en:http://www.diariocolatino.com/es/20090801/nacionales/69862/
jueves, 23 de julio de 2009
Minería y golpe de Estado*
Minería y golpe de Estado*
Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.
En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.
Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.
Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.
Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.
“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.
En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.
La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).
Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería
Ver este articulo tambien en http://www.diariocolatino.com/es/20090722/opiniones/69442/
Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.
En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.
Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.
Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.
Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.
“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.
En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.
La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).
Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería
Ver este articulo tambien en http://www.diariocolatino.com/es/20090722/opiniones/69442/
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