Un instrumento más en la lucha contra la minería
Ante a las fuertes amenazas de realizar proyectos de exploración y explotación minera en el norte del país, diferentes comunidades organizadas, con el apoyo de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la alcaldía de San José Las Flores en Chalatenango, trabajan en la realización de consultas ciudadanas que conlleven a la elaboración de ordenanzas municipales que prohíban la ejecución de proyectos mineros en la zona.
Michelle Ramirios
Este esfuerzo iniciará en San José Las Flores como una prueba piloto que pretende proclamar al municipio como el primer “Territorio Libre de Minería”. Asimismo, se espera que la iniciativa sirva como ejemplo para que otras ciudades cercanas abanderen la lucha contra la minería a través de decretos locales.
José Felipe Tobar, alcalde de San José Las Flores, manifestó su compromiso en el proceso que incluye talleres de orientación para líderes comunitarios que se encarguen de sensibilizar a la población sobre los estragos que causan los proyectos mineros en la salud y en el medio ambiente. Con esto se espera obtener el rechazo de la ciudadanía, pues “el liderazgo del municipio será el que haga todo ese proceso”.
De igual forma, el edil señaló que prevén que en septiembre inicie la elección para la consulta ciudadana que valide la propuesta contra los proyectos mineros en el municipio, “estamos convencidos que mientras no haya una ley que prohíba la minería metálica no nos confiamos ni vamos a descansar”.
Sin embargo para impulsar esta iniciativa, La Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de El Salvador (Cordes), la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) y la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) organizadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, realizaron diferentes acciones como el foro denominado “Los impactos sociales de la minería y la importancia de declarar territorios libres de minería en El Salvador”, con el objetivo de exponer a las y los asistentes el peligro que generan las actividades mineras y poner de manifiesto la falsedad del discurso que plantean los grupos de poder interesados en la ejecución de proyectos mineros para fines lucrativos.
El foro, formó parte de la clausura del diplomado “Fortalecimiento de los liderazgos en la lucha anti minera”, impartido a 40 líderes de comunidades, organizaciones de base, unidades ambientales, autoridades de gobiernos locales y organizaciones sociales de los municipios de Arcatao, Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y San José Las Flores.
María Juventina Ramírez, residente de San José Las Flores y defensora de los derechos ambientales organizada en la CCR, manifestó que el diplomado contribuirá a que las y los líderes obtengan los insumos y técnicas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de evitar proyectos mineros, ya que en Chalatenango hay proyectos de exploración minera que atentan contra los recursos ambientales del lugar, “estamos amenazados porque hay cerros que están identificados que sí se puede hacer la explotación minera dentro de esos lugares”.
Del mismo modo, señaló que los principales temas abordados, se enfocaron en la legislación existente para identificar las ventajas y los vacíos que éstas tienen, así como las situaciones particulares que se dan en la región centroamericana y sus efectos en el país y las acciones que la población y las organizaciones sociales deben ejecutar para frenar las pretensiones de las empresas transnacionales que contaminará el Río Lempa, Sumpul y otros.
Agregó que la empresa canadiense Martinique inició procesos de exploración, el cual afectó a los lugareños, ya que vendían los terrenos a mayores costos sin ser conocedores de las consecuencias que traerá a largo plazo.
Por otra parte, Audelia Guadalupe López, diputada de la Asamblea Legislativa por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y presidenta de la Comisión Agropecuaria consideró que, si bien reconoce que la lucha y la incidencia contra la minería deben iniciar al interior de la misma población, el Órgano Legislativo debe asumir la responsabilidad de evitar que más proyectos mineros intenten extraer los recursos a costa de la salud de las personas.
“Con una exploración y explotación minera, con los niveles que se desarrolla, bastaría para tener en crisis todo el país”, agregó la diputada.
Asimismo, recalcó que en la lucha contra la minería, uno de los principales inconvenientes son las demandas internacionales interpuestas al Estado salvadoreño por parte de empresas transnacionales, quienes le imponen al país el pago de casi $300 mil millones, “tenemos empresas mineras que solamente están pensado en sus ingresos y en ningún momento piensa en las condiciones de las y los salvadoreños”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario