A pesar del rechazo social a sus proyectos, la negativa gubernamental de otorgarles permisos y su descrédito por la violencia (Pacific Rim en Cabañas) y la contaminación con cianuro, metales pesados y drenaje ácido (Commerce Group en Santa Rosa de Lima), las empresas mineras deberían ir en retirada.
Pero no. Al contrario, Pacific Rim, Commerce Group y compañía han relanzado su ofensiva contra el país.
Esta nueva estrategia incluye enjuiciar a militantes de la resistencia contra la minería, reforzar sus demandas contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y boicotear en el Parlamento la aprobación de Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales.
En este contexto, Pacific Rim promovió el enjuiciamiento de siete ambientalistas de Cabañas la semana pasada, a quienes acusó de cometer delitos como robo agravado, daños a la propiedad privada y privación de libertad.
Según la empresa minera, tales ilícitos fueron cometidos durante actos de protesta de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Sin embargo, el Juzgado de Paz de Sensuntepeque no encontró ninguna prueba y absolvió totalmente a los defensores del medioambiente. Pero los pobladores de Cabañas temen que estos juicios contra los opositores a la minería continúen.
En vez de admitir las demandas de Pacific Rim contra ambientalistas de Cabañas, la Fiscalía y Policía deberían investigar sus posibles vínculos con la violencia que causó la muerte de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, las amenazas a reporteros de Radio Victoria, los atentados al sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra opositores a la minería.
En el marco de su nueva embestida, la minera canadiense también busca contener a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de la Ley que prohíba la minería, presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Por eso, el pasado 19 de noviembre solicitó audiencia a dicha comisión a través del diputado Vicente Menjívar. En contra del repudio nacional a las empresas mineras, este diputado de ARENA no tuvo reparos en suscribir la nota firmada por esas tenebrosas compañías.
Las empresas que piden ser oídas en el Parlamento son: Pacific Rim El Salvador S.A. de C.V. (Dorado Exploraciones S.A. de C.V. y Cerro Colorado S.A de C.V.), Minerales Morazán S.A. de C.V, Brett Resources El Salvador S.A. de C.V., Kinross El Salvador S.A. de C.V., Martinique Minerals S.A de C.V. y Triada S.A de C.V.
Y los diputados miembros de la Comisión que recibirá a tales compañías son: Ciro Zepeda y Rubén Orellana, del PCN; Vicente Menjívar, Rigoberto Soto y David Reyes, de ARENA; Lourdes Palacios, Arístides Valencia, Yohalmo Cabrera y Gilberto Rivera, del FMLN; y Rodrigo Samayoa, Mario Tenorio y Juan Carlos Mendoza, de GANA.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 30 de noviembre de 2010
martes, 23 de noviembre de 2010
Postura cuestionable*
Para decepción de quienes esperaban un firme rechazo gubernamental a la mina transfronteriza Cerro Blanco, el Presiden Mauricio Funes respaldó, la semana pasada, a las autoridades guatemaltecas en su decisión de no revertir ese proyecto minero que lanzará sus desechos al Lago de Guija y al Río Lempa.
El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.
Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.
El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.
Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.
La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.
El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.
Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.
Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.
Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).
El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.
Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
El Presidente argumenta que “cada país es soberano” y que, en tal sentido, “el gobierno guatemalteco puede hacer lo que estime conveniente en su territorio”. Es decir: Guatemala tiene derecho soberano a instalar una mina, aunque ésta contamine a El Salvador con cianuro, drenaje ácido y metales pesados.
Según Funes, El Salvador, sólo puede “buscar mecanismos que reduzcan el impacto del proyecto”.
El Presidente Funes se equivoca, no sólo porque es difícil reducir el impacto ambiental y social de la explotación minera, sino –principalmente– por su idea de soberanía sin límites, una concepción ya superada por resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre casos de conflictos limítrofes en diversos países del mundo y por tratados internacionales como Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas Internacionales”.
Esta normativa internacional, vigente desde 1966, prohíbe a los Estados contaminar ríos compartidos y desarrollar proyectos que dañen afluentes en países vecinos. Estos principios son ampliamente abordados en convenios recientes referidos a recursos naturales compartidos y cuencas transfronterizas.
La instalación de la mina Cerro Blanco es, a todas luces, violatoria de éstos y demás acuerdos internacionales que establecen límites a la soberanía. Desde estos convenios, el derecho soberano de Guatemala a explotar sus minerales no puede menoscabar el derecho soberano de El Salvador a evitar la contaminación minera.
El Plan Trifinio, convenio trinacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro acuerdo internacional violentado por el proyecto minero en cuestión. Éste se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), parte de la cuenca del Río Lempa protegida por disposiciones del referido plan tripartito.
Otro importante acuerdo regional irrespetado es el “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”, firmado en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Managua, el 5 de julio de 1992.
Tomar en cuenta estos y otros argumentos del derecho internacional ayudaría al Presidente Funes a asumir una actitud consecuente con la defensa del país, amenazado por Cerro Blanco y otros proyectos extractivos en el oriente guatemalteco y el sur hondureño.
Una postura salvadoreña de rechazo a la mina Cerro Blanco también sería consecuente con la integración centroamericana, tema en cual el Presidente Funes ha mostrado mucho interés (lo demuestran sus gestiones a favor del retorno de Honduras al SICA y sus críticas a Nicaragua por invadir territorio costarricense).
El Presidente debería estar enterado de la creciente preocupación en ciertos círculos diplomáticos, referida a que el proyecto minero Cerro Blanco podría provocar un conflicto binacional de proporciones aún imprevistas.
Funes debe rectificar. Es necesario para hacer valer los convenios internacionales, garantizar el derecho salvadoreño a proteger el Río Lempa y mantener las posibilidades de integración regional. Amplios sectores de la sociedad civil se lo están demandando.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
martes, 16 de noviembre de 2010
Preguntas sobre una ley que no se aprueba*
La lentitud con que camina el debate sobre una prohibición legislativa de la minería de metales plantea, al menos, cuatro preguntas inevitables.
Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?
Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?
Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?
Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?
Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?
Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?
Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?
Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?
El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Primera. Si existe un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de la explotación minera en El Salvador, ¿por qué no se aprueba una Ley que la prohíba en forma definitiva?
Es decir: ¿por qué la abrumadora postura anti minera (de las comunidades de la zona norte, organizaciones de la sociedad civil, la conferencia de obispos católicos, representantes de las demás iglesias cristianas y no cristianas, el gobierno anterior y la administración Funes) no es suficiente para presionar por la aprobación de una Ley que descarte definitivamente la extracción de metales?
Segunda. Si la mayoría de grupos parlamentarios se ha pronunciado en distintos momentos en contra de las actividades mineras, ¿por qué la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso no dictamina a favor de la Ley anti minera para que el pleno la apruebe?
Es decir, si fracciones legislativas de partidos como el FMLN, ARENA y GANA (que juntos, o el primero acompañado del segundo o del tercero, alcanzan la necesaria mayoría simple) se declaran opositores a la exploración y explotación minera, ¿por qué no concretan dicha postura y votan a favor de la Ley que la prohíba?
Tercera. Si el Ejecutivo ha reiterado varias veces su decisión inamovible de no permitir ningún proyecto minero, ¿por qué no toma la iniciativa de ley y, a través de los ministros de Medioambiente, de Salud o de Economía, solicita a la Asamblea aprobar cuanto antes una Ley que prohíba terminantemente?
Es decir, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, respaldó –en junio de este año– la propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y afirmó que la sancionará si el Parlamento la aprueba, ¿por qué su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, llegó recientemente a la antes mencionada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático a decir que la prohibición de la minería depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica?
Cuarta: Si las demandas de Pacific Rim y de Commerce Group (y otras posibles de empresas que han solicitado licencias de explotación y de explotación) y la instalación de la mina transfronteriza Cerro Blanco confirman la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley prohibitiva de la minería, ¿por qué esto no se convierte en un tema de soberanía nacional, autodeterminación del pueblo y de defensa del país?
Es decir, si las demandas de las trasnacionales y la minería transfronteriza ponen en grave riesgo la viabilidad del país (pues no podríamos pagar los tantos miles de millones de dólares si el Estado pierde en el CIADI ni podríamos vivir con el Río Lempa convertido en cloaca de las minas de Guatemala y Honduras), ¿por qué éstos no son temas prioritarios de la discusión legislativa, de la agenda mediática o del debate público en general?
El país entero debe movilizarse para presionar por las respuestas.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
lunes, 15 de noviembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA. MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA
Por segunda ocasión El Salvador se encuentra en el banquillo de los acusados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Los delitos: defender el medioambiente, proteger la salud humana y ejercer su soberanía.
Este día se realiza la audiencia inicial contra el Estado salvadoreño por la demanda de Commerce Group, empresa estadounidense que exige una indemnización de 100 millones de dólares y la restitución del permiso de explotación minera que le fue suspendido en el año 2006.
Dicha licencia le clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el Río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenaje ácido y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.
Commerce Group, entonces, siguió los pasos de la canadiense Pacific Rim y demandó al país ante el CIADI, tribunal corporativo del Banco Mundial que en estos momentos decide sobre la validez de los reclamos de la compañía minera que se ampara en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la referida demanda, por ser ilegal e ilegítima, y respaldamos al Estado salvadoreño en su derecho soberano de proteger el medioambiente y la salud de la población.
También exigimos a la Fiscalía General de la República que, como parte de la defensa del Estado, enjuicie a Commerce Group por la contaminación del Río San Sebastián y demás daños ambientales y sociales causados en el nororiente del país.
Además, reiteramos la propuesta de aprobar urgentemente una Ley que prohíba en forma definitiva la exploración y explotación minera metálica, para evitar que nuevas solicitudes denegadas se conviertan en demandas contra el país en el CIADI u otro tribunal corporativo internacional.
Las demandas de Commerce Group y de Pacific Rim también platean la necesidad de revertir los tratados de libre comercio y demás instrumentos jurídicos neoliberales que benefician a las empresas transnacionales y perjudican a los pueblos al violentar su derecho a la autodeterminación.
San Salvador, 15 de noviembre de 2010.
Este día se realiza la audiencia inicial contra el Estado salvadoreño por la demanda de Commerce Group, empresa estadounidense que exige una indemnización de 100 millones de dólares y la restitución del permiso de explotación minera que le fue suspendido en el año 2006.
Dicha licencia le clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el Río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenaje ácido y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.
Commerce Group, entonces, siguió los pasos de la canadiense Pacific Rim y demandó al país ante el CIADI, tribunal corporativo del Banco Mundial que en estos momentos decide sobre la validez de los reclamos de la compañía minera que se ampara en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
Las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la referida demanda, por ser ilegal e ilegítima, y respaldamos al Estado salvadoreño en su derecho soberano de proteger el medioambiente y la salud de la población.
También exigimos a la Fiscalía General de la República que, como parte de la defensa del Estado, enjuicie a Commerce Group por la contaminación del Río San Sebastián y demás daños ambientales y sociales causados en el nororiente del país.
Además, reiteramos la propuesta de aprobar urgentemente una Ley que prohíba en forma definitiva la exploración y explotación minera metálica, para evitar que nuevas solicitudes denegadas se conviertan en demandas contra el país en el CIADI u otro tribunal corporativo internacional.
Las demandas de Commerce Group y de Pacific Rim también platean la necesidad de revertir los tratados de libre comercio y demás instrumentos jurídicos neoliberales que benefician a las empresas transnacionales y perjudican a los pueblos al violentar su derecho a la autodeterminación.
San Salvador, 15 de noviembre de 2010.
martes, 9 de noviembre de 2010
Modelo extractivista*
El extractivismo consiste en la explotación irracional de los recursos naturales, sin importar los impactos ambientales y sin dejar beneficios económicos al país de cuyo subsuelo son extraídos el petróleo, los metales preciosos o el gas natural.
Se trata de un nuevo saqueo de las riquezas naturales, principalmente en América Latina, donde las transnacionales sacan los minerales y se los llevan, lo cual impide generar procesos productivos locales para dinamizar las economías nacionales.
Estas compañías ni siquiera pagan los impuestos correspondientes y se limitan a entregar miserables regalías que no compensan los daños irreversibles que provoca la extracción.
En El Salvador, el modelo extractivo se habría consumado con la autorización de los proyectos mineros de Pacific Rim, Commerce Group y demás empresas mineras que no procesarían aquí los minerales, comprarían sus insumos en el exterior e importarían la mano de obra cualificada.
Pero el rechazo a la minería metálica no libra al país del sesgo extractivo del neoliberalismo heredado de los gobiernos de ARENA, pues las empresas aglutinadas en la ANEP mantienen una actitud extractivista: apropiarse de la riqueza nacional e incrementar sus ganancias, sin invertir en el país.
Muchas de estas compañías tampoco pagan los impuestos respectivos, violentan derechos laborales e incumplen normativas ambientales.
Estas empresas extractivistas promovieron la eliminación de la obligatoriedad de la declaración patrimonial para quienes obtengan ingresos superiores a 75 mil dólares, criticaron al Ejecutivo por incrementar el salario mínimo en el sector público y cuestionan el recién anunciado impuesto a las grandes empresas que serviría para financiar los programas gubernamentales de seguridad ciudadana.
En vez de aceptar la necesidad de acordar una reforma tributaria progresiva que incluya impuesto patrimonial, a las ganancias de las grandes empresas, a los bienes suntuarios, a las grandes transferencias financieras y otros tributos directos, la ANEP insiste en incrementar el IVA en dos puntos porcentuales.
La gremial corporativa también se opone a la desdolarización de la economía, aun cuando proyecciones gubernamentales no conocidas públicamente confirman la urgencia de restablecer la política monetaria.
Los personeros de la ANEP también rechazan las críticas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), a pesar de que éste pone a las empresas nacionales en desventaja frente a las transnacionales.
Caso emblemático de lo anterior es la apertura de las licitaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a empresas farmacéuticas extranjeras, tal como lo mandan disposiciones del referido tratado comercial contenidas en el capítulo de compras gubernamentales.
Los perjuicios del CAFTA-DR también se evidencian con el aumento del déficit comercial y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia sobre Inversiones (CIADI), que el 15 de noviembre próximo decidirá si procede el arbitraje promovido por Commerce Group.
El extractivismo, entonces, es una característica del modelo neoliberal que todavía impera en el país y un rasgo distintivo de la reprochable conducta del empresariado aglutinado en la ANEP.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Se trata de un nuevo saqueo de las riquezas naturales, principalmente en América Latina, donde las transnacionales sacan los minerales y se los llevan, lo cual impide generar procesos productivos locales para dinamizar las economías nacionales.
Estas compañías ni siquiera pagan los impuestos correspondientes y se limitan a entregar miserables regalías que no compensan los daños irreversibles que provoca la extracción.
En El Salvador, el modelo extractivo se habría consumado con la autorización de los proyectos mineros de Pacific Rim, Commerce Group y demás empresas mineras que no procesarían aquí los minerales, comprarían sus insumos en el exterior e importarían la mano de obra cualificada.
Pero el rechazo a la minería metálica no libra al país del sesgo extractivo del neoliberalismo heredado de los gobiernos de ARENA, pues las empresas aglutinadas en la ANEP mantienen una actitud extractivista: apropiarse de la riqueza nacional e incrementar sus ganancias, sin invertir en el país.
Muchas de estas compañías tampoco pagan los impuestos respectivos, violentan derechos laborales e incumplen normativas ambientales.
Estas empresas extractivistas promovieron la eliminación de la obligatoriedad de la declaración patrimonial para quienes obtengan ingresos superiores a 75 mil dólares, criticaron al Ejecutivo por incrementar el salario mínimo en el sector público y cuestionan el recién anunciado impuesto a las grandes empresas que serviría para financiar los programas gubernamentales de seguridad ciudadana.
En vez de aceptar la necesidad de acordar una reforma tributaria progresiva que incluya impuesto patrimonial, a las ganancias de las grandes empresas, a los bienes suntuarios, a las grandes transferencias financieras y otros tributos directos, la ANEP insiste en incrementar el IVA en dos puntos porcentuales.
La gremial corporativa también se opone a la desdolarización de la economía, aun cuando proyecciones gubernamentales no conocidas públicamente confirman la urgencia de restablecer la política monetaria.
Los personeros de la ANEP también rechazan las críticas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), a pesar de que éste pone a las empresas nacionales en desventaja frente a las transnacionales.
Caso emblemático de lo anterior es la apertura de las licitaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a empresas farmacéuticas extranjeras, tal como lo mandan disposiciones del referido tratado comercial contenidas en el capítulo de compras gubernamentales.
Los perjuicios del CAFTA-DR también se evidencian con el aumento del déficit comercial y las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia sobre Inversiones (CIADI), que el 15 de noviembre próximo decidirá si procede el arbitraje promovido por Commerce Group.
El extractivismo, entonces, es una característica del modelo neoliberal que todavía impera en el país y un rasgo distintivo de la reprochable conducta del empresariado aglutinado en la ANEP.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
martes, 2 de noviembre de 2010
¿Es Goldcorp la responsable?*
Por segunda vez, ambientalistas salvadoreños que luchan contra el proyecto minero Cerro Blanco han sido víctimas de graves vejaciones en Guatemala.
Fue el pasado jueves 28 de octubre. Tres representantes del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) fueron interceptados por sujetos armados que se identificaron como miembros de la policía guatemalteca.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 43 de la carretera que conduce de la frontera Las Chinamas a la Ciudad de Guatemala.
Entre las víctimas también se encuentran dos periodistas del Canal 10 que viajaban hacia el congreso de Guatemala para cubrir la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de Energía y Minas del gobierno de Álvaro Colom.
Tales funcionarios responderían a las críticas de los legisladores guatemaltecos por los peligros que para El Salvador representa la mina Cerro Blanco, operada por la transnacional canadiense Gold Corp Inc.
Este proyecto extractivo que se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de Metapán (Santa Ana), podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa. Por esa razón es rechazado por las comunidades salvadoreñas y guatemaltecas.
Incluso las jerarquías católicas de ambos países llaman a los respectivos gobiernos a suspender la mina. El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar ha pedido al Presidente Mauricio Funes interceder ante su homólogo guatemalteco; pero el mandatario salvadoreño aún no atiende la urgente petición pastoral.
Los delincuentes golpearon a los miembros de CEICOM y los periodistas de la televisora estatal salvadoreña, les robaron dinero y equipos (cámaras de video, computadoras portátiles y teléfonos celulares) y les dejaron maniatados en una finca.
Los malhechores les increpaban por trasladarse hacia el congreso guatemalteco, lo cual abre la sospecha de que pueda tratarse de mercenarios de la minera Goldcorp, cuyo propósito sería intimidar a los promotores de la resistencia al cuestionado proyecto minero transfronterizo.
Amedrentar a activistas anti mineros es una práctica común de las empresas extractivas para vencer las resistencias comunitarias a sus proyectos. Pobladores de Cabañas acusan a Pacific Rim de hacer lo mismo en su fallido intento de imponer su proyecto El Dorado.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, de la que CEICOM es parte, condena el hecho y pide a la Administración Funes exigir al gobierno guatemalteco una profunda y exhaustiva investigación.
Por eso, esta mañana demandó del canciller Hugo Martínez una actitud proactiva ante las agresiones contra ambientalistas salvadoreños en Guatemala y frente al peligro nacional que representa la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Fue el pasado jueves 28 de octubre. Tres representantes del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) fueron interceptados por sujetos armados que se identificaron como miembros de la policía guatemalteca.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 43 de la carretera que conduce de la frontera Las Chinamas a la Ciudad de Guatemala.
Entre las víctimas también se encuentran dos periodistas del Canal 10 que viajaban hacia el congreso de Guatemala para cubrir la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de Energía y Minas del gobierno de Álvaro Colom.
Tales funcionarios responderían a las críticas de los legisladores guatemaltecos por los peligros que para El Salvador representa la mina Cerro Blanco, operada por la transnacional canadiense Gold Corp Inc.
Este proyecto extractivo que se ubica en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de Metapán (Santa Ana), podría contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa. Por esa razón es rechazado por las comunidades salvadoreñas y guatemaltecas.
Incluso las jerarquías católicas de ambos países llaman a los respectivos gobiernos a suspender la mina. El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar ha pedido al Presidente Mauricio Funes interceder ante su homólogo guatemalteco; pero el mandatario salvadoreño aún no atiende la urgente petición pastoral.
Los delincuentes golpearon a los miembros de CEICOM y los periodistas de la televisora estatal salvadoreña, les robaron dinero y equipos (cámaras de video, computadoras portátiles y teléfonos celulares) y les dejaron maniatados en una finca.
Los malhechores les increpaban por trasladarse hacia el congreso guatemalteco, lo cual abre la sospecha de que pueda tratarse de mercenarios de la minera Goldcorp, cuyo propósito sería intimidar a los promotores de la resistencia al cuestionado proyecto minero transfronterizo.
Amedrentar a activistas anti mineros es una práctica común de las empresas extractivas para vencer las resistencias comunitarias a sus proyectos. Pobladores de Cabañas acusan a Pacific Rim de hacer lo mismo en su fallido intento de imponer su proyecto El Dorado.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, de la que CEICOM es parte, condena el hecho y pide a la Administración Funes exigir al gobierno guatemalteco una profunda y exhaustiva investigación.
Por eso, esta mañana demandó del canciller Hugo Martínez una actitud proactiva ante las agresiones contra ambientalistas salvadoreños en Guatemala y frente al peligro nacional que representa la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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