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miércoles, 3 de abril de 2013

Conferencia de Prensa 3 de Abril: Rechazamos que Pacific Rim aumente su extorsión contra el pueblo salvadoreño

Fotografía
RECHAZAMOS EL ANUNCIO DEL AUMENTO A $315 MILLONES DE LA DEMANDA
DE  PACIFIC RIM CONTRA EL ESTADO SALVADOREÑO

La empresa minera canadiense Pacific Rim ha anunciado que aumentará a US $315 millones la demanda de indemnización que solicita al Estado salvadoreño por el no otorgamiento del permiso de explotación de la mina El Dorado en el departamento de Cabañas, al norte de El Salvador. Pacific Rim se ampara esta vez en la Ley de Inversiones salvadoreña luego de que el tribunal que ventila el caso invalidara, en junio de 2012, sus argumentos bajo el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR).

Las comunidades y organizaciones que conformamos la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la medida anunciada por la empresa Pacific Rim porque constituye una clara vulneración contra el derecho soberano del Estado salvadoreño de decidir sobre el tipo de políticas económicas  que beneficien el interés público. El anuncio de Pacific Rim, además, constituye un vil desprecio a la voluntad de la población salvadoreña que ha ejercido su derecho de rechazar  la minería metálica como una opción para su desarrollo, por los graves impactos en la salud y el medio ambiente, especialmente en el agua.

Rechazamos categóricamente la hipocresía de Thomas Shrake, representante de Pacific Rim, quien insiste en presentar a su empresa como generadora de empleos y beneficios económicos para el país. Tal como hemos dicho antes, si la verdadera intención de Pacific Rim fuera contribuir al desarrollo democrático, equitativo y sustentable de la población salvadoreña, en lugar de incrementar el monto de la demanda presentada en 2009, debería retirarla de inmediato. Es contradictorio que una empresa minera que pretende generar “bienestar” para el país,  intente resolver los conflictos con el Estado, recurriendo a tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI), de perfil corporativo y no ambiental o de derechos humanos, reclamando además indemnización por las “posibles” ganancias económicas que le produciría la activación de la mina.

Mientras sigan existiendo leyes y acuerdos comerciales permisivos que privilegien en primer lugar los intereses de las corporaciones, en lugar del bienestar de la población, este no será el último caso en el que El Salvador verá comprometidos los fondos públicos.  Pacific Rim, no es la única empresa minera que ha demandado al país ante el CIADI.  La empresa estadounidense Commerce Group también exige el pago por 100 millones de dólares ante el CIADI.  Esta es, justamente, la amenaza y el motivo de nuestro rechazo a la negociación de  Tratados de Libre Comercio con Canadá y al Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea.  

En ambos casos, es totalmente injusto que seamos las y los salvadoreños los que sigamos financiando los montos que se destinan en gastos de representación y pago de demandas que el Estado salvadoreño enfrenta en tribunales como el CIADI. Solo los costos de representación ante el CIADI en el caso de la demanda interpuesta por Pacific Rim, según datos de la misma Fiscalía General de la República ascienden a cerca de siete millones de dólares (vuelos, pago de abogados, viáticos, etc).  El escenario empeorará mucho más si el Estado salvadoreño pierde las demandas y es obligado a pagar los reclamos de las empresas mineras.

En base a lo anteriormente expuesto, la MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA demanda
A la empresa minera Pacific Rim, que deje de extorsionar al pueblo salvadoreño y retire inmediatamente la demanda interpuesta ante el CIADI. 

Al gobierno del Presidente Funes la no ratificación del Ada con la Unión Europea, el cese a las negociaciones del TLC con Canadá y la denuncia del CIADI, como ya lo han hecho los pueblos hermanos de Venezuela Bolivia y Ecuador.

A la Asamblea Legislativa  la derogación de la Ley de Inversiones vigente y la aprobación inmediata de una Ley que prohíba la minería metálica.

A la Corte Suprema de Justicia la Sentencia de Inconstitucionalidad del CAFTA-DR, pendiente a resolverse desde hace más de cinco años.
     
      A la población salvadoreña a mantenerse organizada y atenta en defensa de la vida ycontra el chantaje y la extorsión de las empresas transnacionales

CESE A LAS EXTORSIONES DE LAS TRANSNACIONALES MINERAS AL PUEBLO SALVADOREÑOS.



Escuche audios de la conferencia AQUÍ 
Vea imágenes de la conferencia AQUÍ 

lunes, 28 de enero de 2013

Declaración Cumbre de los Pueblos, Santiago de Chile 2013


Cumbre de los Pueblos
Santiago de Chile, 24, 25 y 26 de enero de 2013

En el marco da la Cumbre de los Pueblos realizada entre los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, en Santiago de Chile, las organizaciones y movimientos sociales y políticos de los diferentes países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea declaramos lo siguiente:

Hoy, somos testigos de cómo los bienes naturales, los derechos y las personas han sido mercantilizadas en las naciones y pueblos de América Latina, Europa y el Caribe, producto de la lógica capitalista, que en su vertiente neoliberal y machista, permite su instalación y profundización a través de aparatos cívicos, políticos, militares.

Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que priorizan los privilegios y ganancias de los inversionistas frente a los derechos de los pueblos a través de acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones, profundizan este modelo que perjudica a los pueblos de ambas regiones.

Es así, que estos Estados mercantilistas, las transnacionales y las corporaciones continúan siendo administradores y profundizadores de la pobreza y la desigualdad social en el mundo, amparados por un tipo de democracia representativa, de mano de la elite, que se aleja de los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo.

Esta hegemonía del capital financiero se manifiesta entre otros en la privatización y mercantilización de los servicios públicos, el desmantelamiento del Estado de bienestar, la precarización del trabajo, el extractivismo, la usurpación, la destrucción y mercantilización de los bienes naturales y sociales propios del pueblo y el desplazamiento forzoso de los pueblos originarios, provocando las crisis alimentarias, energéticas, climáticas.

En la Unión Europea la crisis capitalista ha significado un verdadero golpe de estado financiero que ha impuesto políticas de austeridad en contra de los derechos de los pueblos, de los derechos laborales, ambientales, etc. La troika europea (FMI, BCE, Comisión Europea) obliga los estados a endeudarse para salvar los bancos para que seamos los pueblos los que paguen la crisis provocada por ellos mismo.

Al mismo, es necesario visibilizar la creciente opresión y discriminación hacia las mujeres en América Latina, el Caribe y Europa.

No obstante, a este panorama que parece adverso, reconocemos procesos históricos y recientes a partir de las luchas de nuestros pueblos en el mundo, que han logrado tensionar y agrietar las actuales lógicas y nos dan la esperanza de que otro mundo es posible.

De este modo, surge la necesidad de construir las bases para un nuevo modelo de sociedad que transforme las actuales lógicas y coordenadas políticas, económicas, sociales y culturales en todas nuestras naciones y pueblos de ambos lados del continente las luchas de los diferentes actores y organizaciones del campo popular.

Para alcanzar estos objetivos proponemos que:

Los derechos y bienes naturales arrebatados a nuestro pueblo deben ser recuperados, por medio de la nacionalización, la comunitarización de los bienes y servicios y los medios de producción y el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho. Esto implica pasar de ser resistencia y movimientos reivindicativos a una alternativa que contenga una propuesta política-social integral de país.

Promover el paradigma del buen vivir basado en equilibrio del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente y los derechos de la tierra, al servicio de los pueblos, con una economía plural y solidaria.

Democracia directa, participativa y popular y su concretización desde las bases sociales. Para ello, es necesario la integración de actores sociales y políticos del mundo, valorando prácticas territoriales y haciendo el dialogo entre las instancias locales y globales.

Promover la integración en la participación política de los niños y niñas y las juventudes, desde un enfoque de género. Respeto a la libre determinación de los pueblos originarios del mundo, entendiéndolos como pueblos hermanos no sometidos a la territorialidad impuesta por la colonización. Esto, sumando a la promoción de la soberanía alimentaria en perspectiva de una autotomía territorial que a los pueblos y comunidades decidir qué y cómo producirlo.

En cuanto al avance de la represión y la criminalización de la protesta, movimientos sociales y populares, debemos articularnos de tal manera de generar la fuerza necesaria para frenar el avance de leyes antiterroristas y la inserción en las comunidades indígenas de nuestros pueblos, como a su vez la militarización imperialista que ha instalado bases militares en América Latina, Europa y el Caribe.

Sensibilizar, agitar y promover luchas contra las transnacionales, mediante campaña de denuncias y boicot en todos los niveles.

Posicionar el feminismo con un proyecto político antipatriarcal y anticapitalista. Reconocer y promover los derechos de los migrantes y los derechos de los pueblos de libre tránsito entre las naciones.

Plena solidaridad con el pueblo Palestino y todos aquellos pueblos y naciones oprimidos por el poder colonizador y el imperialismo, así como el repudio a las intervenciones cívicos-militares en Honduras, Haití y Paraguay. Apoyamos los procesos de paz, con la participación de los actores sociales y políticos en Colombia. Solidaridad con el pueblo cubano en contra del bloqueo, con Argentina en el proceso de recuperación de las Malvinas, con Bolivia y su demanda por salida al mar, con el pueblo Venezolano en el proceso Bolivariano y con los movimientos sociales en Grecia y España. En el caso de Chile, solidaridad con el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, gratuita y con el pueblo-nación mapuche contra la represión realizada de parte del Estado.

Acompañando la lucha por la soberanía de nuestros territorios en América Latina, es necesario luchar por el respeto de la soberanía de nuestro cuerpo como territorio propio de las mujeres.

Entendemos que la superación de la precarización laboral a la que se ven expuestos las mayorías de trabajadores en América Latina y el mundo, pasa por un cambio estructural que altere las relaciones de propiedad y producción de bienes y servicios valorando la labor esencial que desempeñan los trabajadores y trabajadoras como sustento sobre el cual se construye toda sociedad.

De manera transversal, debemos avanzar en la construcción de plataformas de lucha comunicacional que no sólo permitan develar y difundir las demandas y alternativas de nuestros pueblos frente al modelo hegemónico, sino también como forma de explicar las verdaderas causas de los problemas que hoy nos aquejan.

Debemos ser capaces de construir demandas unitarias que aglutinen a todos los actores sociales y pueblos en disputa y que a su vez nos permitan trazar un horizonte estratégico hacia el cual avanzar, articulando y organizando la unidad entre el movimiento sindical, social y político en América Latina, el Caribe y Europa. Esto debiera traducirse en una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones para el presente periodo, pero con perspectivas a largo plazo.

Al mismo tiempo, fortalecer la organización social y popular en cada sector de inserción, potenciando la amplificación de nuestras demandas a las grandes mayorías por medio de la politización y la movilización.

No podemos dividir más las instancias organizativas en las que estamos, conducir hacia un proyecto en la diversidad es el mayor desafío que se nos presenta para la generación de una alternativa real de poder popular. Romper con los sectarismos que fragmentan, dividen e impiden la construcción de unidad del campo popular, es una tarea urgente.

Frente al poder del bloque dominante sólo la unidad y la solidaridad entre nuestros pueblos nos darán la fuerza necesaria para alcanzar nuestros más alto objetivos y vencer.

Santiago de Chile, Enero 2013

martes, 27 de noviembre de 2012

Foro Nacional: Amenazas de la minería metálica a la vida y a los derechos humanos

Invitamos a la población salvadoreña, a la opinión pública nacional e internacional, 
a las y los tomadores de decisión, a participar en el Foro:


miércoles, 29 de agosto de 2012

Comunicado de Prensa

El Estado salvadoreño debe desconocer el CIADI y 
reformar la Ley de Inversiones


La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica anunció a los Medios de Comunicación el inicio de reflexiones en torno a las implicaciones de las demandas hechas por empresas mineras contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 
 La Mesa Nacional  frente a la Minería Metálica desarrolla este día un conversatorio con diferentes sectores y espacios de la ciudadanía salvadoreña para discutir y definir estrategias de trabajo a futuro respecto a las implicaciones de las demandas interpuestas por compañías mineras contra el Estado de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 

Organizaciones sociales, ambientalistas, iglesias, académicos, especialistas en Derecho Internacional, discuten entre otros aspectos sobre la posibles nuevas demandas que empresas mineras podrían entablar contra el Estado salvadoreño a partir de la propuesta de Suspensión Temporal de minería presentada por el gobierno.  Aspecto relevante en este punto es la necesidad de reformar la Ley vigente de Inversiones, misma que ha permitido, por ejemplo, a la canadiense Pacific Rim, el seguir demandando al Estado salvadoreño por cerca de 100 millones de dólares en el CIADI.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos que las demandas millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el reflejo evidente de las injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses mezquinos que se defienden en tribunales como el CIADI. Las demandas de las empresas mineras son la prueba suficiente para que el gobierno detenga la firma y ratificación de acuerdos comerciales con Canadá y la Unión Europea, respectivamente.

La propuesta de la Mesa Nacional frente a la Minería es impulsa r
la prohibición de la minería metálica de tal forma en que el país
asuma decisiones soberanas en materias de desarrollo e
inversión. 

La demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, además de basarse en lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está amparada en la Ley de Inversiones y demuestra que hace falta en El Salvador una revisión crítica y un análisis de la conveniencia de mantener en su legislación leyes tan permisivas y atentatorias contra la soberanía como la Ley vigente de Inversiones. La minera Commerce Group, que hace poco reinició el proceso de demanda contra El Salvador por más de 100 millones de dólares, podría seguir el mismo ejemplo de Pacific Rim y usar el CIADI para que se le devuelva el permiso de explotación de la mina San Sebastián, La Unión.

La opinión pública nacional e internacional ya conoce los conflictos ambientales, sociales, económicos y políticos que provoca la presencia de empresas mineras en las comunidades salvadoreñas y por lo tanto, permitir que estas compañías extorsionen a El Salvador ante tribunales corporativos es un acto que atenta contra el bienestar y la calidad de vida de la población salvadoreña. El Estado salvadoreño debe salirse del CIADI y reformar el articulado de la Ley vigente de Inversiones, de tal forma que se garantice el respeto a nuestra soberanía y nuestra libertad de decidir sobre el tipo de desarrollo que queremos.

¡No al CIADI y a las demandas contra el Estado salvadoreño! ¡Reforma YA a la Ley de Inversiones!

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica -29 de Agosto de 2012


martes, 17 de julio de 2012

1º de Agosto, 2012 Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala


Hacemos un llamado desde las comunidades del sur, las cuales se han organizado en oposición a las prácticas de explotación de recursos a gran escala. Las organizaciones adjuntas, en solidaridad con las comunidades afectadas por la industria extractiva del Canadá, a lo largo de las Américas, convocan a un Día de Acción Continental este 1º de agosto de 2012, para exigir el fin de las prácticas mineras explotadoras e injustas.
Comunidades y organizaciones, desde el Canadá hasta la Argentina, realizarán acciones de protesta coordinadas, que incluirán: manifestaciones, cobertura en la radio comunitaria, campañas de envío de cartas y otras acciones alternativas e innovadoras de protesta y acción, frente a las oficinas corporativas de las compañías mineras y de las embajadas del Canadá.
Por qué Canadá?
• El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total.  
• Los mercados financieros Canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos.  
• Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las) comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas. violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de la biodiversidad.  
• A pesar de que la minería a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan las (vagas) promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo.  
NUESTRAS EXIGENCIAS:
Desinversión: El gobierno canadiense debe retirar los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y exigimos que la petición de fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal.
Regulación: El gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323).
Cese a la Complicidad: El gobierno canadiense no debe permitir que instituciones públicas se utilicen para avanzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos (como el Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI - Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) como la iniciativa Devonshire.
Mecanismos Vinculantes de Consulta Comunitaria: Los gobiernos y tribunales de la región deben respetar los derechos colectivos reconocidos internacionalmente como el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas afectadas por la minería.
Las Vida antes del Lucro: Se deben eliminar los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión que protegen el derecho de las corporaciones por encima de la vida.
Si su organización desea firmar y participar en las acciones por favor, póngase en contacto con rburbano@hotmail.com   o visite nuestro sitio web LACSN
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Continental Day of Action Against Canadian Mega Resource Extraction August 1, 2012
We are heading a call from communities in the global south that have organized and are resisting the exploitive practices of the mega resource extractive industry. The organizations below, in solidarity with communities impacted by the Canadian extractive industry throughout the Americas call for a Continental Day of Action on August 1st, 2012 to demand an end to exploitative and unjust mining practices.
Civil society along with communities from Canada to Argentina will conduct coordinated actions including rallies, demonstrations, community radio coverage, letter writing campaigns and other alternative and imaginative actions of protest in front of mining corporate offices and Canadian embassies across the Americas.
WHY CANADA?
• 60% of the world’s publicly traded mining companies are listed on the Toronto Stock Exchange. These corporations account for over 3200 exploitation projects in over 100 countries. Canada is the largest stakeholder in the resource extraction industry in the Americas accounting for 37% of the total investment.
• Canadian financial markets in Toronto and Vancouver are the world’s largest source of equity capital for mining companies undertaking exploration and development.
• Canadian-based mining operations have deeply impacted territories, communities, and life. Resource exploration and exploitation activities have caused displacement, widespread destruction of livelihoods (compromising water and food security), caused long- term health issues , disregarded sacred indigenous territories and rights, exacerbated human rights violations especially in contexts of internal conflict, and contributed to the criminalization of artisanal miners, union and environmental activists and community activists. Large-scale mining explorations and exploitations have also led to an irreversible loss in biodiversity.
• Despite the fact that large-scale mining is usually presented as a driving force of sustainable development by mining companies, governments throughout the Americas, and international institutions such as the World Bank, the long-term negative impacts on peoples and territories contrast with the vague promises of jobs, and national economic growth and development.
OUR DEMANDS:
Divestment: The Canadian government should divest public funds from resource extraction industries. (i.e pension funds invested in GoldCorp and other corporations) and call for public funds to be invested in social programs like free education, affordable housing and universal healthcare .
Regulation: The Canadian government should enable legislation that establishes corporate accountability standards for Canadian corporations operating abroad. This legislation should penalize corporations linked to human rights violations and should allow foreign nationals to pursue legal action for damages in Canadian courts (Bills C-300 and C-323).
Stop Complicity: Stop utilizing public institutions to assist with high profile public relations campaigns conducted by resource extraction companies (such as the Museum of Natural History in Ottawa, Simon Fraser University, University of Toronto, York University, CIDA-funded projects such as the Devonshire initiative .
Binding Community Consent Mechanisms: That governments and courts of the region respect and adhere to the internationally recognized right of free prior and informed consent for Indigenous communities.
People Before Profit: End free trade agreements and bilateral investment treaties that enshrine the right of corporations over citizens and communities.
If your organization would like to sign on and partake in actions please contact rburbano@hotmail.com or see our website at LACSN

martes, 3 de julio de 2012

Asamblea Legislativa NO debe ratificar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea



(Vea más videos aquí)


Pieza de Correspondencia presentada a la Asamblea Legislativa 
exigiendo la NO ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

San Salvador, 3 de julio de 2012.

Sras. Secretarias y Sres. Secretarios
Junta Directiva
Asamblea Legislativa


Estimados Diputados y Diputadas:
Reciban cordiales y ambientalistas saludos de parte de las comunidades, iglesias, organizaciones sociales y ong´s integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Foro Nacional del Agua y del Movimiento Nacional contra los proyectos de Muerte.
Nos dirigimos respetuosamente a ustedes, ejercitando nuestro Derecho de Petición consagrado en el Artículo 18 de la Constitución de la República para exponer:
El pasado 29 de junio en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, se ratificó el Acuerdo de Asociación – ADA - firmado entre los países de Centro América y la Unión Europea, que a nuestro juicio consideramos es otro Tratado de Libre Comercio propio del modelo Neoliberal, subordinado a las reglas y dogmas del mercado. Este Acuerdo, favorecerá los intereses de las grandes empresas transnacionales europeas; legalizando sus privilegios en los países centroamericanos y subordinando el diálogo político y la cooperación en función del mercado.
Además cambia las tradicionales relaciones entre ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, ya que los flujos de cooperacn externa para el desarrollo se canalizarán hacia mecanismos de mercado, apoyo empresarial y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad a dicho Acuerdo Comercial.
La vigencia de este nuevo tratado implicaría la imposibilidad de los países centroamericanos de establecer su propio proceso de integración y definir sus propias estrategias de desarrollo económico y social, demostrado en el TLC con Estados Unidos- conocido como CAFTA-DR, el cual ha subordinado los intereses de los pueblos centroamericanos a los intereses extranjeros.
Al igual que el CAFTA DR, este Acuerdo se negoció y finalmente se firmó en condiciones de asimetría, vulnerabilidad, exclusión y fragilidad de las economías centroamericanas. En estas circunstancias resulta contraproducente firmar un nuevo acuerdo de libre comercio basado en los lineamientos neoliberales. Es preocupante al mismo tiempo, que en el Pilar de Diálogo Político- contenido en el Acuerdo - se reduzcan las consultas y la participacn de la sociedad civil organizada que tenía la capacidad de intervenir en las mismas.
Este acuerdo representa un retroceso en materia de derechos humanos, laborales y ambientales, socavando lo que históricamente han sido las relaciones entre la Unión Europea y la regn centroamericana y un retroceso en la consolidación de los procesos democráticos y de participacn de los pueblos. La UE queda en evidencia que está en manos de las grandes empresas transnacionales; privilegia  el  aspecto  comercial  por  encima  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  la construcción de un sistema democrático en donde se busque el bienestar de los pueblos.
Al manifestar nuestro rechazo y denunciar ante ustedes la firma de este convenio, - que estamos seguros que profundizaría la pobreza, la migración, la violencia, la desigualdad y la dependencia de los pueblos centroamericanos, como ha ocurrido con otros acuerdos de libre comercio,- de manera respetuosa, demandamos:
1.   Que sea aceptada esta Pieza de Correspondencia.

2.   NO RATIFICAR el Acuerdo de Asociación entre El Salvador, como parte de los países de Centroamérica, con  la Unión Europea.

3.   Que nos inviten al seno de la Comisión Legislativa que estudiará la No ratificación, para ampliar los conceptos que fundamentan nuestra petición.

Piezas de Correspondencia presentadas y firmadas