La minería
de oro y plata en la fronteras de Guatemala y Honduras amenaza
seriamente los medios de vida de El Salvador
La minería metálica es la industria más
agresiva contra el ambiente. En la región mesoamericana, en especial la que se
realice en las fronteras con Guatemala y Honduras, constituye una de las
principales amenazas contra nuestra supervivencia.
Ante el inicio y avance de la contaminación
provocada por proyectos transfronterizos como el Cerro Blanco, ubicados en la
frontera con Guatemala; ante la reciente e irresponsable aprobación de una Ley
Minera en Honduras, la cual fue hecha a medida y deseo de las transnacionales
mineras; los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica enfatizamos
una vez más que la extracción de minerales metálicos del subsuelo guatemalteco
y hondureño fronterizo con El Salvador, dentro de la Cuenca del Rio Lempa, es incompatible con el mejoramiento de la
calidad de vida de los salvadoreños-as así como con el goce, defensa y
promoción de los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, a la
información, a la participación.
Además, la actitud permisiva de los Estados
centroamericanos respecto a la industria minera representa una contradicción
con la obligación de estos de proteger a la población y los
territorios ante daños ambientales que podrían afectar la calidad de la vida y
la dignidad humana. Nuestro llamado es a detener el avance de la minería
metálica y a hacer prevalecer la unidad y solidaridad entre países, porque la
integración es posible no solo en términos comerciales o migratorios, si no que
debiera ser principalmente en términos de desarrollar mejores condiciones para
la preservación de la biodiversidad y la vida de todas y todos.
Nos resulta alarmante que, tal como lo señalan
informes regionales, el 14% del territorio centroamericano se encuentre
concesionado a la las corporaciones mineras y que estos se encuentran ubicados
sobre las principales fuentes hídricas del corredor mesoamericano. En el
caso salvadoreño, los 49 proyectos de minería metálica que se encuentran en las
fronteras con los vecinos países de Guatemala (8) y Honduras (41) son una
amenaza tan inminente como letal. Y por lo mismo, es imperativo que los
gobiernos introduzcan el enfoque de cuencas hidrográficas en la gestión de los
territorios.
El gobierno salvadoreño, por su parte, debe
asumir una actitud más agresiva frente a la irresponsabilidad de los gobiernos
vecinos de permitir proyectos de minería metálica ubicados en las cuencas que
compartimos con dichos países. Ante la crisis ambiental que tenemos, no pueden
quedarse de brazos cruzados ante la oportunidad de sentar un precedente
importante en la lucha por la sustentabilidad y en contra de la visión
extractivista y depredadora que impulsan organismos multilaterales y
corporaciones en nombre de una economía verde absurda e imposible.
Los integrantes de la Mesa Nacional frente a
la Minería Metálica nos solidarizamos y acompañamos a las comunidades y
organizaciones hermanas de Guatemala y Honduras en su lucha por la vida y
defensa de sus bienes naturales, en especial sus territorios y sus ecosistemas
acuáticos. Denunciamos el entreguismo del gobierno guatemalteco y la
genuflexión del congreso y gobierno hondureño
Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
hacemos un enérgico llamado de atención a las autoridades salvadoreñas para que
cumplan con su obligación de salvaguardar la vida y la dignidad de las y los
salvadoreños.
Coincidimos plenamente con los informes y llamamientos oportunos que instituciones como la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han hecho frente a
instancias nacionales e internacionales sobre la ambigüedad con que el Estado
aborda el tema minero. Acompañamos decididamente el esfuerzo que ha hecho
posible presentar un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre la mina Cerro Blanco. El gobierno debe tomar acciones en el asunto y
acatar las recomendaciones establecidas en el documento.
Para enfrentar esta amenaza, exigimos al
gobierno salvadoreño que, a partir de los principios del Derecho Ambiental de precaución
y prevención, asuma una posición
transparente, firme y preventiva para anticipar los problemas que podrían
suscitarse a partir de la activación minera y de proyectos como el de Cerro Blanco.
Rechazamos la actitud negligente, dilatoria y poco afanada con que algunos
despachos ministeriales o de algunas autónomas han querido enfrentar
el problema, queriendo tapar el sol con un dedo y, en el peor de los casos, por
pura ignorancia de la crisis que vivimos.
El impacto negativo de la industria minera a
gran escala no es solo un problema regional, sino también un problema global, a
gran escala. Es por ello, que la Mesa también forma parte de esfuerzos
organizados a nivel internacional. En
ese espíritu, ochenta organizaciones de
la sociedad civil provenientes de 14 países han firmado una carta, anexa, en
apoyo a nuestra demanda ante el gobierno de introducir una ley que prohíba
definitivamente la minería metálica en el Salvador.
En este contexto, insistimos en que la
prohibición minera se sustenta por lo menos en tres razones. Primero, para
garantizar la protección de la población salvadoreña y para contribuir a la
creación de condiciones que posibilitan el desarrollo pleno, justo y equitativo
de la población. Segundo, para cumplir con la voluntad de la amplia mayoría del
pueblo salvadoreño que ya demostró estar contra la minería. Y tercero, para
gozar de mayor legitimidad al momento de exigir a otros países el alto a
proyectos mineros que podrían afectarnos.
No a la minería metálica en El Salvador. No a
la minería metálica en Centroamérica. ¡Sí a la vida!
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
4 de febrero de 2013
