miércoles, 3 de abril de 2013

Conferencia de Prensa 3 de Abril: Rechazamos que Pacific Rim aumente su extorsión contra el pueblo salvadoreño

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RECHAZAMOS EL ANUNCIO DEL AUMENTO A $315 MILLONES DE LA DEMANDA
DE  PACIFIC RIM CONTRA EL ESTADO SALVADOREÑO

La empresa minera canadiense Pacific Rim ha anunciado que aumentará a US $315 millones la demanda de indemnización que solicita al Estado salvadoreño por el no otorgamiento del permiso de explotación de la mina El Dorado en el departamento de Cabañas, al norte de El Salvador. Pacific Rim se ampara esta vez en la Ley de Inversiones salvadoreña luego de que el tribunal que ventila el caso invalidara, en junio de 2012, sus argumentos bajo el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR).

Las comunidades y organizaciones que conformamos la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la medida anunciada por la empresa Pacific Rim porque constituye una clara vulneración contra el derecho soberano del Estado salvadoreño de decidir sobre el tipo de políticas económicas  que beneficien el interés público. El anuncio de Pacific Rim, además, constituye un vil desprecio a la voluntad de la población salvadoreña que ha ejercido su derecho de rechazar  la minería metálica como una opción para su desarrollo, por los graves impactos en la salud y el medio ambiente, especialmente en el agua.

Rechazamos categóricamente la hipocresía de Thomas Shrake, representante de Pacific Rim, quien insiste en presentar a su empresa como generadora de empleos y beneficios económicos para el país. Tal como hemos dicho antes, si la verdadera intención de Pacific Rim fuera contribuir al desarrollo democrático, equitativo y sustentable de la población salvadoreña, en lugar de incrementar el monto de la demanda presentada en 2009, debería retirarla de inmediato. Es contradictorio que una empresa minera que pretende generar “bienestar” para el país,  intente resolver los conflictos con el Estado, recurriendo a tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI), de perfil corporativo y no ambiental o de derechos humanos, reclamando además indemnización por las “posibles” ganancias económicas que le produciría la activación de la mina.

Mientras sigan existiendo leyes y acuerdos comerciales permisivos que privilegien en primer lugar los intereses de las corporaciones, en lugar del bienestar de la población, este no será el último caso en el que El Salvador verá comprometidos los fondos públicos.  Pacific Rim, no es la única empresa minera que ha demandado al país ante el CIADI.  La empresa estadounidense Commerce Group también exige el pago por 100 millones de dólares ante el CIADI.  Esta es, justamente, la amenaza y el motivo de nuestro rechazo a la negociación de  Tratados de Libre Comercio con Canadá y al Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea.  

En ambos casos, es totalmente injusto que seamos las y los salvadoreños los que sigamos financiando los montos que se destinan en gastos de representación y pago de demandas que el Estado salvadoreño enfrenta en tribunales como el CIADI. Solo los costos de representación ante el CIADI en el caso de la demanda interpuesta por Pacific Rim, según datos de la misma Fiscalía General de la República ascienden a cerca de siete millones de dólares (vuelos, pago de abogados, viáticos, etc).  El escenario empeorará mucho más si el Estado salvadoreño pierde las demandas y es obligado a pagar los reclamos de las empresas mineras.

En base a lo anteriormente expuesto, la MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA demanda
A la empresa minera Pacific Rim, que deje de extorsionar al pueblo salvadoreño y retire inmediatamente la demanda interpuesta ante el CIADI. 

Al gobierno del Presidente Funes la no ratificación del Ada con la Unión Europea, el cese a las negociaciones del TLC con Canadá y la denuncia del CIADI, como ya lo han hecho los pueblos hermanos de Venezuela Bolivia y Ecuador.

A la Asamblea Legislativa  la derogación de la Ley de Inversiones vigente y la aprobación inmediata de una Ley que prohíba la minería metálica.

A la Corte Suprema de Justicia la Sentencia de Inconstitucionalidad del CAFTA-DR, pendiente a resolverse desde hace más de cinco años.
     
      A la población salvadoreña a mantenerse organizada y atenta en defensa de la vida ycontra el chantaje y la extorsión de las empresas transnacionales

CESE A LAS EXTORSIONES DE LAS TRANSNACIONALES MINERAS AL PUEBLO SALVADOREÑOS.



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