lunes, 29 de octubre de 2012

Por el respeto a nuestra soberanía*

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se movilizó el pasado 25 de octubre hacia la Asamblea Legislativa para exigir la reforma del artículo 15 de la Ley de Inversiones. Comunicaciones Mesa Nacional frente a la Minería
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Unas 150 personas, entre representantes de organizaciones y comunidades que integran la Mesa, se hicieron presentes a las afuera de la Asamblea para presentar una pieza de correspondencia en donde se pide a la Comisión de Economía que dé trámite a la reforma de la Ley de Inversiones.

La movilización también contó con la participación de grupos artísticos que presentaron su arte y se alternaron con las declaraciones de las y los miembros de la Mesa, con la entrega de la pieza de correspondencia y las entrevistas concedidas a los medios de comunicación convocados.

La pieza de correspondencia fue recibida por diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ver anexo) y luego de ser entregada a la recepción del Parlamento. La actividad inició a las 9 de la mañana y terminó unos minutos antes de las 12 del mediodía.

Consideramos que en El Salvador debe elevarse la discusión en la opinión pública en torno a las implicaciones de las demandas que empresas mineras han entablado contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La Ley de Inversiones vigente es incluso uno de los cuerpos normativos que ha permitido que estas demandas sean posibles para las empresas. Aunque nuestra lucha por la construcción de un Estado soberano y de leyes que garanticen su libre autodeterminación va mucho más allá, consideramos que la reforma de este cuerpo normativo es un paso en esa dirección. 

Las empresas mineras demandantes: la estadounidense Commerce Group y la canadiense Pacific Rim, se han amparado en el Tratado de Libre Comercio que El Salvador firmó junto a Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Además, utilizaron los artículos contenidos en la Ley vigente de Inversiones. Las empresas mineras que han demandado al Estado, están exigiendo el pago de un total de 200 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país. Además, los 5 millones de dólares invertidos en gastos de representación, vuelos y abogados, demuestran que aún sin que los procesos hayan avanzado mucho El Salvador está destinando enormes cantidades de dinero en esta dinámica.

Los 5 millones de dólares gastados hasta hoy en estas demandas, irán en aumento en la medida que vayan avanzando las etapas de los arbitrajes; son fondos que en lugar de ser invertidos para mejorar la calidad de la vida de las y los salvadoreños, muestran el tipo de juego que el mismo Estado salvadoreño ha ratificado en su afán iluso de la competitividad y de cómo insertarse en un mercado global insaciable y que tiene cargados los dados a favor de las grandes corporaciones. 

28 de octubre de 2012
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

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