lunes, 1 de octubre de 2012

En el marco del Día Interamericano del Agua:


La Alianza Ambiental exige una Ley que prohíba la Minería Metálica, una Ley General de Aguas y una Política de Gestión Estratégica de Riesgos en El Salvador.

El Foro del Agua, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, organizaciones de la Alianza Ambiental de El Salvador ofrecieron conferencia de prensa anunciar la Semana de Acción por el Agua en el Día Interamericano del Agua. Foto: Comunicaciones MNFM
La Alianza Ambiental de El Salvador surgió en mayo del 2008 con el fin de  articular  mayor capacidad política, técnica y social para la incidencia política hacia los tomadores de decisiones en las instancias públicas y privadas, con énfasis en el rubro ambiental.

La Alianza Ambiental es una coalición comunidades, redes de organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas, académicas, de investigación que trabajan coordinadamente para asegurar un país más sustentable y equitativo para las y los salvadoreños. Ente las principales luchas que ha desarrollado destacan: La resistencia frente a la minería metálica,  la lucha por la gestión sustentable del agua y la gestión estratégica de riesgos

Considerando que las verdaderas causas estructurales de las múltiples crisis que afrontamos mundialmente es el capitalismo con sus formas clásicas y renovadas de dominación, que concentran la riqueza y produce desigualdades sociales, desempleo, violencia contra los pueblos, criminalización de quienes lo denuncian, la Alianza Ambiental exige:
  
-        Una Ley que prohíba la exploración y explotación minera.
-        Una política de gestión estratégica de riesgos.
-        Una Ley general de aguas, que garantice la gestión sustentable del agua

Ante la grave amenaza que representa la voracidad de las empresas mineras la Alianza Ambiental considera necesario señalar que: 
La minería es una expresión clara del modelo capitalista que amenaza no solo los ecosistemas sino también la vida de las personas que tienen contacto directo o indirecto con esta actividad.
El análisis de la problemática de la minería metálica puede hacerse desde una perspectiva económica, socio ambiental y política, desde las cuales resulta evidente la urgencia de prohibir definitivamente dicha industria en el país.

La Ley Especial de Suspensión de Procedimientos Administrativos de Exploración y Explotación de Minería Metálica propuesta por el gobierno salvadoreño no es una solución estructural y definitiva a la amenaza que representa la extracción de metales en el país.

La gestión sustentable del Agua y la explotación de la minería metálica son incompatibles en nuestro pequeño y altamente poblado país El Salvador.

Desde un enfoque de la gestión sustentable del agua es imprescindible establecer que la minería metálica representa una amenaza para la vida en tanto que es una industria que utiliza cantidades industriales del vital líquido para fines de producción. 

La falta de una Ley General de Agua, en un país con menos del 20% de aguas con posibilidad de potabilizarse y cuyo acceso no es equitativo para toda la población, son elementos de un mismo escenario que resaltan la inviabilidad de una industria como la minería metálica.

Dada la escasez crónica de agua no puede, desde ningún punto de vista técnico ni científico, permitir una industria como la minería metálica. Proyectos mineros como El Dorado (Cabañas) podrían utilizar hasta 900 mil litros de agua diarios durante los 6 años de actividad operacional de la mina, comprometiendo gravemente la disponibilidad de agua para las poblaciones presentes y futuras.

La minería metálica incrementa las vulnerabilidades sociales, ambientales y económicas; incrementando así los riesgos a desastres.

Para obtener el oro y otros metales las empresas mineras utilizan tecnologías que hasta hoy han demostrado provocar grandes daños en la salud, la calidad de vida de las personas porque  contaminan y destruyen ecosistemas. Un ejemplo claro de esto es el uso que la minería metálica hace del Cianuro, un químico altamente tóxico que está prohibido en países como Costa Rica y ha sido clasificado como una sustancia química de alto riesgo a la salud.

Informes de Naciones Unidas señalan que El Salvador se destaca por presentar el 88.7 % de su territorio como área de riesgo y por tener la más alta tasa porcentual de población bajo riesgo (95.4%). Ante esta situación, la minería metálica es inviable porque no contribuye a generar mejores condiciones para la gestión y prevención de riesgos y desastres. Al contrario, la extracción de metales vulnera capas boscosas, contamina mantos superficiales y subterráneos de agua volviendo más áridos e inservibles los suelos.

La minería metálica debe prohibirse definitivamente y no suspenderse temporalmente

El Salvador debe prohibir la minería metálica porque esta industria es la más agresiva contra el ambiente. El daño que la extracción de metales provoca en los ecosistemas es prácticamente irreversible, tornando insignificante y falsa cualquier promesa de desarrollo o bienestar.

La minería metálica debe prohibirse además porque constituye un saqueo de los recursos del subsuelo. Es sabido que el 98% de las ganancias de la minería metálica van para el extranjero y que los empleos producidos por esta industria incluso en países como Estados Unidos y Canadá son considerados como de alto riesgo por las pésimas condiciones en que se trabaja en las minas.

Por otro lado, existen estudios certifican que la cantidad de metales necesarios para el uso de tecnologías informáticas y de construcción, por ejemplo, ya han sido extraídos y que existe suficiente metales como para no explotar ni una mina en el mundo por aproximadamente 200 años. Se trata, pues, de una industria altamente contaminante, que no ha generado desarrollo en ningún lado y que atenta contra la vida en todas sus formas.

Por un El Salvador sustentable: Exigimos una Ley que prohíba la minería metálica de forma definitiva. Exigimos una Ley General de Aguas que garantice su gestión sustentable, Exigimos Reformas a la Ley de Protección Civil y Mitigación y Prevención de Desastres que garantice la gestión estratégica de riesgos.