Lo hemos afirmado mil veces: La minería metálica en El Salvador supone el sacrificio irrecuperable de los recursos naturales que nos quedan. Casi 4 millones de personas (el 55.9% de la población salvadoreña) y 14.000 km2 (el 63% del territorio nacional) estarían gravemente afectados con la explotación de minería metálica en el país. Es por eso que organizaciones comunitarias, centros de investigación, ambientalistas, académicos, ONGs e iglesias; en particular los aglutinados en La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica nos hemos opuesto, desde 2005, a los proyectos que empresas transnacionales mineras que pretenden llevar a cabo en El Salvador.
Desde el 2005, La Mesa Frente a la Minería ha participado en diversos estudios científicos que en materia de sociología, antropología, geología, química, hidrología, ecología, y estudio de suelos, han coincidido en que la minería no es viable por los costos ambientales aberrantes y por su poca idoneidad socio-productiva. Además, hemos demostrado que no existe ningún tipo de minería responsable o minería verde, como la han querido disfrazar en millonarias campañas de desinformación.
Aunque diversas encuestas realizadas a nivel nacional han demostrado desde 2008 que la población salvadoreña se opone a la explotación minera, esto no se ha reflejado en políticas públicas que protejan a El Salvador de la crisis ambiental más grande de su historia. Las leyes siguen a favor de las empresas mineras porque no existe una normativa nacional que prohíba la minería y, además, porque el Tratado de Libre Comercio sigue privilegiando derechos privados de inversión pasando sobre nuestro soberano derecho a la autodeterminación.
En este contexto, el Ministerio de Economía (MINEC) está llevando a cabo un “estudio ambiental estratégico” que como sociedad civil organizada cuestionamos por los puntos siguientes:
a) La consulta ciudadana que está llevando a cabo el MINEC, en el marco del “Estudio Ambiental Estratégico” (EAE), no puede asumir por defecto que la gente tiene la información necesaria para emitir una opinión sobre si la minería es viable o no para el país. Inferir que las personas conocen suficientemente los pros y contras de la minería, es asegurar que el Estado salvadoreño se ha preocupado por producir y garantizar esa información y que ahora es el turno de la opinión pública decidir. Es reprobable el hecho de pedir argumentos a quien no se le han facilitado los medios para formarse parámetros de opinión que puedan ayudarle a decidir libremente. Y eso, sorprendentemente, es lo que está haciendo el MINEC.
b) Como Mesa Nacional Frente a la Minería no nos oponemos a que se consulte a la población, pero exigimos que esta consulta se haga una vez se haya difundido y debatido ampliamente la información necesaria.
c) Como ciudadanía interesada por contribuir al debate democrático y a la construcción de políticas públicas consecuentes con el sentir y pensar de la población, desconfiamos de la poca transparencia que ha llevado hasta hoy el EAE que plantea el MINEC.
d) En el marco de las leyes vigentes, el MINEC todavía debe justificar su jurisdicción en la consulta pública que está realizando en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica o EAE. Según el artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente, cuando se compruebe amenaza para el medio ambiente, la salud y el bienestar de las personas, toda consulta pública que se haga debe ser coordinada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN).
e) La evaluación debe incluir a todos las organizaciones y personas involucradas en la resistencia ciudadana contra la minería, no puede centrarse solo en aquellos que parece han sido escogidos azarosamente.
f) Las preguntas que conforman la consulta ciudadana deben enmarcar el problema de la minería en su dimensión más realista; no deben ser preguntas cerradas que limiten las posibilidades de respuesta y reflexión.
g) El MINEC debe poner a disposición de la ciudadanía los mecanismos integrales para asegurar que la consulta pública sea efectiva. Si se han prometido, por ejemplo, mecanismos electrónicos a través del sitio web, estos deben garantizarse. La falta de una Ley de Participación de Ciudadana también opaca las posibilidades para hacer valer la opinión ciudadana y con mayor razón, los medios para la ejecución transparente y eficaz de la consulta pública de EAE, debieron haber sido transparentados y comunicados desde el inicio.
i) El MINEC debe comunicar más sobre los procedimientos metodológicos con que se procesará la información, de tal forma en que desaparezcan todas las dudas de la población.
j) En seis años de oposición ciudadana, La Mesa Nacional Frente a la Minería ha probado con información científica y comprobable los impactos negativos de la minería de metales. El MINEC no puede, ahora, decir que no existe información suficiente u oportuna como para decidir responsablemente a favor de los intereses nacionales y no de empresas transnacionales cuyo interés principal es la ganancia y rentabilidad económica.
El actual formato de la EAE, y en especial el de la consulta parece un formalismo para favorecer a las empresas mineras. El hecho de que La Mesa Nacional Frente a la Minería haya sido ignorada del proceso nos hace pensar que se trata del mismo circo que ya se monto en otros países: una crónica de permisividad anunciada que desde ya denunciamos y rechazamos.
Como Mesa Nacional Frente a la Minería exigimos que el MINEC rectifique las graves inconsistencias planteadas, aplique el principio Precautorio o de Precaución ante la amenaza de la minería y que no se preste al juego defendiendo intereses de las empresas mineras transnacionales. El Salvador necesita políticas públicas serias y democráticas, no solo demagogia encubierta en procedimientos y protocolos de buena voluntad.
San Salvador, 6 de abril de 2011
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