Si la actitud de los diputados y diputadas de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático es auténtica, la Asamblea Legislativa tiene disposición de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva.
Los miembros de dicha comisión parlamentaria mostraron total receptividad, el martes 21 de septiembre recién pasado, cuando representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica les expusieron las razones urgentes para aprobar una legislación prohibitiva de la extracción de oro y plata.
En la cita hubo diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto ARENA. Ante ellos, la Mesa insistió en los motivos para prohibir la minería metálica a través de una ley: descartar terminantemente la industria extractiva, evitar nuevas demandas de empresas mineras contra el Estado, eliminar el factor de violencia en Cabañas y tener más fuerza moral para exigir a Guatemala cerrar la mina Cerro Blanco.
La Mesa aprovechó la oportunidad para reforzar sus argumentos científico-técnicos sobre la inviabilidad ambiental, social y económica de la minería de metales preciosos en el país, mediante la intervención de la Dra. Dina Larios, geóloga de la Ohio University.
La científica salvadoreña-estadounidense destacó el carácter irreversible del drenaje ácido, la contaminación con metales pesados y los daños del cianuro. “Revertir estos efectos puede llevar decenas, cientos y hasta miles de años”, indicó a los legisladores que escuchaban atentos.
De igual forma insistió en las características territoriales, hídricas y poblacionales de El Salvador, que inviabilizan la minería metálica. “No es lo mismo una mina donde no hay casas en cien kilómetros a la redonda, que una en medio de comunidades y sobre mantos acuíferos”, ejemplificó la geóloga de Ohio.
Con la experiencia adquirida en sus estudios de minería en países como Chile, Brasil y Colombia, la Dra. Larios advirtió a los parlamentarios la dimensión de los daños al medioambiente y a la salud humana: “Con todo el deterioro ecológico actual, este país aún tiene futuro, porque la contaminación es reversible; pero el desarrollo de proyectos mineros cerraría toda posibilidad de recuperación ambiental”.
Por eso la destacada científica instó a los diputados a acelerar la prohibición de la explotación minera y aprobar medidas de reversión de la contaminación, especialmente de los recursos hídricos, llamando especialmente a reducir los niveles de contaminación del Río Lempa, afluente del que depende la vida del país. Así mismo se refirió a la necesidad de detener proyectos mineros transfronterizos, como Cerro Blanco, en Jutiapa Guatemala, cerca de nuestra frontera.
Todos los diputados declararon apoyo a una ley prohibitiva de la extracción de metales. Incluso un diputado del PCN, partido que antes respaldaba la ley permisiva de la minería impulsada por Pacific Rim, sugirió impulsar desde el SICA y el PARLACEN normativas antimineras en los países vecinos porque “si no, de poco servirá que nosotros lo hagamos”.
La coyuntura es propicia para que todos los sectores sociales, académicos, religiosos y empresariales salvadoreños demanden de la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley que prohíba la exploración y explotación minera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
martes, 28 de septiembre de 2010
jueves, 23 de septiembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
El martes 21 de septiembre, el Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los autores materiales del asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera; y, un día después, la Fiscalía General de la República cerró el caso, sin investigar a los responsables intelectuales de dicho crímen.
Ante estos hechos, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Consideramos positiva la resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia que condena a los ejecutores materiales del asesinato de Marcelo Rivera, en tanto constituye un paso inicial en el camino hacia la justicia por todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
2. Rechazamos la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso, pues niega la posibilidad de investigar a los hechores intelectuales del horrendo crimen.
Por tanto, exigimos lo siguiente:
1. Que la Fiscalía abra líneas de investigación que conduzcan a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Marcelo Rivera. Una de estas líneas puede ser la autoría de las sistemáticas amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que sufrió, por oponerse a la minería de Pacific Rim y por criticar a uno de sus principales lacayos en Cabañas: José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro. Otra línea de investigación podría ser la procedencia de las fuertes sumas de dinero, con la que fueron pagados los sicarios.
2. Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investiguen a todos los autores intelectuales y materiales de los demás crímenes contra miembros de la resistencia comunitaria a los proyectos de Pacific Rim: el asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de organizaciones comunitarias de Cabañas.
Si eso no sucede, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llevará estos casos a instituciones de justicia internacional, al tiempo que podría demandar a las autoridades fiscales y policiales por incumplir su función constitucional de perseguir el delito y por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordena una investigación integral, exhaustiva y profunda de todos los crímenes contra opositores a la minería de Pacific Rim.
San Salvador, 23 de septiembre de 2010.
Ante estos hechos, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Consideramos positiva la resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia que condena a los ejecutores materiales del asesinato de Marcelo Rivera, en tanto constituye un paso inicial en el camino hacia la justicia por todos los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
2. Rechazamos la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso, pues niega la posibilidad de investigar a los hechores intelectuales del horrendo crimen.
Por tanto, exigimos lo siguiente:
1. Que la Fiscalía abra líneas de investigación que conduzcan a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Marcelo Rivera. Una de estas líneas puede ser la autoría de las sistemáticas amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que sufrió, por oponerse a la minería de Pacific Rim y por criticar a uno de sus principales lacayos en Cabañas: José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro. Otra línea de investigación podría ser la procedencia de las fuertes sumas de dinero, con la que fueron pagados los sicarios.
2. Que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investiguen a todos los autores intelectuales y materiales de los demás crímenes contra miembros de la resistencia comunitaria a los proyectos de Pacific Rim: el asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, las amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de organizaciones comunitarias de Cabañas.
Si eso no sucede, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llevará estos casos a instituciones de justicia internacional, al tiempo que podría demandar a las autoridades fiscales y policiales por incumplir su función constitucional de perseguir el delito y por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les ordena una investigación integral, exhaustiva y profunda de todos los crímenes contra opositores a la minería de Pacific Rim.
San Salvador, 23 de septiembre de 2010.
martes, 21 de septiembre de 2010
¡Bienvenida la justicia!*
El Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los asesinos materiales de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, tras concluir la vista pública de dos días. Después de escuchar una veintena de testimonios y las declaraciones de un cómplice criteriado con oportunidad, que fueron contrastadas con las pruebas periciales, el tribunal mandó a la cárcel por cuarenta años a los principales criminales.
Ambientalista, promotor cultural y dirigente político, Gustavo Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Destacaba por su oposición a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim y por sus críticas a la gestión del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Este acto de justicia es resultado de la lucha de los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de importantes actores de la comunidad internacional que demandan justicia contra los responsables de los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
El proceso fue difícil, pues desde el inicio las autoridades fiscales y policiales omitieron investigar a los responsables intelectuales, definieron el caso como de delincuencia común y capturaron únicamente a pandilleros que actuaron como sicarios. Luego, la audiencia inicial fue suspendida tres veces; pero finalmente el proceso concluyó con la condena de los asesinos materiales.
Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia no es el final, sino el inicio de la lucha por la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de todos los crímenes contra opositores a las actividades mineras.
Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables intelectuales y demás autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Así, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán indagar la procedencia de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió por su postura antiminera y sus críticas al alcalde de San Isidro.
De igual forma, aumentará la exigencia de identificar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim.
Aquí, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán investigar, entre otras cosas, la procedencia de las fuertes sumas dinero utilizado para pagar a los sicarios que acribillaron a Ramiro y Dora, en medio de la conflictividad provocada por la presencia de Pacific Rim.
Ante la falta de investigaciones en los casos de amenazas a reporteros de Radio Victoria, atentado contra el padre Quintanilla y demás delitos contra defensores del medioambiente, la Mesa podría demandar a la Fiscalía y Policía por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incumplir su función constitucional de persecución del delito.
Por ahora, la condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno es una señal de la justicia posible. Entonces, ¡Bienvenida la justicia!
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Ambientalista, promotor cultural y dirigente político, Gustavo Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Destacaba por su oposición a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim y por sus críticas a la gestión del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.
Este acto de justicia es resultado de la lucha de los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de importantes actores de la comunidad internacional que demandan justicia contra los responsables de los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.
El proceso fue difícil, pues desde el inicio las autoridades fiscales y policiales omitieron investigar a los responsables intelectuales, definieron el caso como de delincuencia común y capturaron únicamente a pandilleros que actuaron como sicarios. Luego, la audiencia inicial fue suspendida tres veces; pero finalmente el proceso concluyó con la condena de los asesinos materiales.
Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia no es el final, sino el inicio de la lucha por la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de todos los crímenes contra opositores a las actividades mineras.
Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables intelectuales y demás autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Así, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán indagar la procedencia de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió por su postura antiminera y sus críticas al alcalde de San Isidro.
De igual forma, aumentará la exigencia de identificar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim.
Aquí, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán investigar, entre otras cosas, la procedencia de las fuertes sumas dinero utilizado para pagar a los sicarios que acribillaron a Ramiro y Dora, en medio de la conflictividad provocada por la presencia de Pacific Rim.
Ante la falta de investigaciones en los casos de amenazas a reporteros de Radio Victoria, atentado contra el padre Quintanilla y demás delitos contra defensores del medioambiente, la Mesa podría demandar a la Fiscalía y Policía por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incumplir su función constitucional de persecución del delito.
Por ahora, la condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno es una señal de la justicia posible. Entonces, ¡Bienvenida la justicia!
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
domingo, 19 de septiembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA: Comunidades de Cabañas y Mesa Nacional frente a la Minería Metálica exigimos justicia
Este día inicia la vista pública contra presuntos autores materiales del asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, en el Tribunal Especializado “B” de Sentencia.
Ante esto, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Exigimos al juez, que resolverá sobre el caso, condenar a los detenidos: seis de los pandilleros que actuaron como sicarios en la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo, crímenes perpetrados en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco (Cabañas). Si no lo hace, sentará un nefasto precedente de impunidad y dejará mal parado al Estado salvadoreño ante la Comunidad Internacional que espera justicia.
2. Demandamos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil abrir líneas de investigación que permitan identificar a los responsables intelectuales de dichos crímenes. En tal sentido, debe investigarse la procedencia de las amenazas, persecuciones y atentados que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a sus críticas al alcalde de San Isidro (Cabañas), José Ignacio Bautista.
3. Exhortamos a la Fiscalía y Policía que cumpla con la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les ordena investigar a los autores intelectuales y materiales de todos los crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a la explotación minera: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas a periodistas de Radio Victoria, intentos de asesinato contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas y otras vejaciones contra activistas antimineros.
San Salvador, 20 de septiembre de 2010.
Ante esto, las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos lo siguiente:
1. Exigimos al juez, que resolverá sobre el caso, condenar a los detenidos: seis de los pandilleros que actuaron como sicarios en la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo, crímenes perpetrados en junio de 2009 en una zona rural de Ilobasco (Cabañas). Si no lo hace, sentará un nefasto precedente de impunidad y dejará mal parado al Estado salvadoreño ante la Comunidad Internacional que espera justicia.
2. Demandamos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil abrir líneas de investigación que permitan identificar a los responsables intelectuales de dichos crímenes. En tal sentido, debe investigarse la procedencia de las amenazas, persecuciones y atentados que Gustavo Marcelo sufrió debido a su oposición a los proyectos mineros de Pacific Rim y a sus críticas al alcalde de San Isidro (Cabañas), José Ignacio Bautista.
3. Exhortamos a la Fiscalía y Policía que cumpla con la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les ordena investigar a los autores intelectuales y materiales de todos los crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a la explotación minera: asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas a periodistas de Radio Victoria, intentos de asesinato contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas y otras vejaciones contra activistas antimineros.
San Salvador, 20 de septiembre de 2010.
martes, 14 de septiembre de 2010
Justicia posible*
El próximo lunes 20 de septiembre se efectuará la vista pública en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno, en el Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador. Estos horrendos crímenes sucedieron en junio de 2009, en una zona rural de Ilobasco, Cabañas.
Los enjuiciados son presuntos autores materiales: seis pandilleros que habrían actuado como sicarios, contratados por responsables intelectuales que aún no han sido investigados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
El proceso ha sido tortuoso, pues la audiencia inicial fue suspendida en tres ocasiones consecutivas. Sin embargo, la permanente demanda de familiares y compañeros de lucha de Gustavo Marcelo obligó la realización de dicha audiencia el pasado 31 de julio. El tribunal ordenó juzgar a los acusados.
Esta constante exigencia de justicia ha sido respaldada por las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por prestigiosos actores de la comunidad internacional: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el congresista James McGovern, entre otros.
En tal sentido, el juicio contra los presuntos autores materiales en este caso es una oportunidad para comenzar la aplicación de justicia contra los responsables de crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esto, porque una eventual condena de los acusados abriría las puertas al enjuiciamiento de todos los autores intelectuales y demás responsables materiales de las amenazas de muerte, atentados y asesinatos de defensores del medioambiente; y terminaría la impunidad que deja al gobierno mal parado ante la población y hace ver mal al país frente al mundo.
Es decir, a la posible condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno, podría seguir la investigación de los autores intelectuales del mismo; así como la condena de los responsables intelectuales y materiales de asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas.
Así, la importancia de que todas las organizaciones de la sociedad civil exijan, al Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador, condenar a los acusados; ya que si esto no sucede se sentará un precedente nefasto para las posibilidades de hacer justicia por los crímenes contra los opositores de Pacific Rim.
En este contexto, el país debe plantear la necesidad de prevenir nuevos actos de violencia minera, aprobando cuanto antes una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Dicha normativa, al obligar el retiro de las empresas extractivas, acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas: la presencia de Pacific Rim.
Esta propuesta de ley, presentada por la Mesa Nacional frente la Minería Metálica en 2007, se encuentra en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa; pero su discusión va a paso lento, sin la urgencia que la situación demanda.
Esto a pesar de la postura favorable expresada por la mayoría de grupos parlamentarios y el apoyo del Ejecutivo, declarado recientemente por el Presidente de la República, Mauricio Funes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Los enjuiciados son presuntos autores materiales: seis pandilleros que habrían actuado como sicarios, contratados por responsables intelectuales que aún no han sido investigados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.
El proceso ha sido tortuoso, pues la audiencia inicial fue suspendida en tres ocasiones consecutivas. Sin embargo, la permanente demanda de familiares y compañeros de lucha de Gustavo Marcelo obligó la realización de dicha audiencia el pasado 31 de julio. El tribunal ordenó juzgar a los acusados.
Esta constante exigencia de justicia ha sido respaldada por las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y por prestigiosos actores de la comunidad internacional: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el congresista James McGovern, entre otros.
En tal sentido, el juicio contra los presuntos autores materiales en este caso es una oportunidad para comenzar la aplicación de justicia contra los responsables de crímenes contra los ambientalistas y demás opositores a los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esto, porque una eventual condena de los acusados abriría las puertas al enjuiciamiento de todos los autores intelectuales y demás responsables materiales de las amenazas de muerte, atentados y asesinatos de defensores del medioambiente; y terminaría la impunidad que deja al gobierno mal parado ante la población y hace ver mal al país frente al mundo.
Es decir, a la posible condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno, podría seguir la investigación de los autores intelectuales del mismo; así como la condena de los responsables intelectuales y materiales de asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y otras vejaciones contra miembros del Comité Ambiental de Cabañas.
Así, la importancia de que todas las organizaciones de la sociedad civil exijan, al Juzgado Especializado de Instrucción y Sentencia de San Salvador, condenar a los acusados; ya que si esto no sucede se sentará un precedente nefasto para las posibilidades de hacer justicia por los crímenes contra los opositores de Pacific Rim.
En este contexto, el país debe plantear la necesidad de prevenir nuevos actos de violencia minera, aprobando cuanto antes una ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Dicha normativa, al obligar el retiro de las empresas extractivas, acabaría con el factor de conflictividad en Cabañas: la presencia de Pacific Rim.
Esta propuesta de ley, presentada por la Mesa Nacional frente la Minería Metálica en 2007, se encuentra en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa; pero su discusión va a paso lento, sin la urgencia que la situación demanda.
Esto a pesar de la postura favorable expresada por la mayoría de grupos parlamentarios y el apoyo del Ejecutivo, declarado recientemente por el Presidente de la República, Mauricio Funes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Complicidad estadounidense
El gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad en las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial que podría obligar al país a pagar 200 millones de dólares a esas compañías extractivas.
Primero porque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), que hoy sirve a las empresas mineras como plataforma jurídica para enjuiciar a los Estados que no obedecen a sus intereses, fue impuesto por el Congreso estadounidense, a iniciativa de la nefasta administración Bush.
Dicho acuerdo comercial, que podría ser revertido por los valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue aprobado en forma inconsulta y contrariando principios constitucionales básicos: sus Capítulos de Inversión y de Solución de Controversias ponen al país de rodillas ante los designios de las corporaciones transnacionales.
Las disposiciones referidas a la “expropiación indirecta”, “trato nacional” y de “nación más favorecida” son verdaderas aberraciones jurídicas que menoscaban el principio de soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y las posibilidades estatales de implementación de políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos humanos.
La más absurda de éstas es la “expropiación indirecta” que, según el CAFTA-DR, es cualquier acción u omisión gubernamental que afecte las ganancias y perspectivas de ganancias de los inversionistas. Por ejemplo: una normativa ambiental que obligue a las empresas a invertir en tecnologías menos contaminantes, leyes que establezcan mejores condiciones laborales, etc.
Bajo esta lógica, las compañías mineras en cuestión consideran “expropiación indirecta” la oposición del gobierno salvadoreño a la minería de metales: la negación del permiso de explotación a Pacific Rim en San Isidro (Cabañas) y la suspensión de la licencia de operación a Commerce Group en Santa Rosa de Lima (La Unión).
Las demás disposiciones señaladas del CAFTA-DR son también perjudiciales. Por ejemplo, el “trato nacional” obliga a los Estados a dar a las transnacionales los mismos beneficios que a empresas nacionales. En tal sentido, CNN puede ser subsidiada tanto como una radio comunitaria que sea favorecida por programas de promoción de la cultura local.
En segundo lugar, Estados Unidos es cómplice de Pacific Rim y Commerce Group por apoyar sus gestiones de arbitraje. En el caso de Commerce Group el respaldo es lógico, porque es compañía estadounidense; aunque inaceptable, en tanto ha cometido graves delitos ambientales, entre estos la contaminación del Río San Sebastián.
Sin embargo, la ayuda a Pacific Rim es un escándalo, ya que las autoridades estadounidenses concedieron la nacionalidad a dicha minera canadiense para que, estableciendo una cede en Estados Unidos, pudiera acogerse al CAFTA-DR, como empresa estadounidense, y enjuiciar al Estado salvadoreño por rechazar sus proyectos extractivos.
Por tanto, el gobierno de EE.UU., igual que el canadiense, son cómplices de las compañías mineras que extorsionan a El Salvador con millonarias demandas en el CIADI. El gobierno de Canadá, para no quedarse atrás, presiona a los países centroamericanos con la firma de un tratado comercial, tal como lo hizo su homólogo estadounidense con el CAFTA-DR.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Primero porque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), que hoy sirve a las empresas mineras como plataforma jurídica para enjuiciar a los Estados que no obedecen a sus intereses, fue impuesto por el Congreso estadounidense, a iniciativa de la nefasta administración Bush.
Dicho acuerdo comercial, que podría ser revertido por los valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue aprobado en forma inconsulta y contrariando principios constitucionales básicos: sus Capítulos de Inversión y de Solución de Controversias ponen al país de rodillas ante los designios de las corporaciones transnacionales.
Las disposiciones referidas a la “expropiación indirecta”, “trato nacional” y de “nación más favorecida” son verdaderas aberraciones jurídicas que menoscaban el principio de soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y las posibilidades estatales de implementación de políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos humanos.
La más absurda de éstas es la “expropiación indirecta” que, según el CAFTA-DR, es cualquier acción u omisión gubernamental que afecte las ganancias y perspectivas de ganancias de los inversionistas. Por ejemplo: una normativa ambiental que obligue a las empresas a invertir en tecnologías menos contaminantes, leyes que establezcan mejores condiciones laborales, etc.
Bajo esta lógica, las compañías mineras en cuestión consideran “expropiación indirecta” la oposición del gobierno salvadoreño a la minería de metales: la negación del permiso de explotación a Pacific Rim en San Isidro (Cabañas) y la suspensión de la licencia de operación a Commerce Group en Santa Rosa de Lima (La Unión).
Las demás disposiciones señaladas del CAFTA-DR son también perjudiciales. Por ejemplo, el “trato nacional” obliga a los Estados a dar a las transnacionales los mismos beneficios que a empresas nacionales. En tal sentido, CNN puede ser subsidiada tanto como una radio comunitaria que sea favorecida por programas de promoción de la cultura local.
En segundo lugar, Estados Unidos es cómplice de Pacific Rim y Commerce Group por apoyar sus gestiones de arbitraje. En el caso de Commerce Group el respaldo es lógico, porque es compañía estadounidense; aunque inaceptable, en tanto ha cometido graves delitos ambientales, entre estos la contaminación del Río San Sebastián.
Sin embargo, la ayuda a Pacific Rim es un escándalo, ya que las autoridades estadounidenses concedieron la nacionalidad a dicha minera canadiense para que, estableciendo una cede en Estados Unidos, pudiera acogerse al CAFTA-DR, como empresa estadounidense, y enjuiciar al Estado salvadoreño por rechazar sus proyectos extractivos.
Por tanto, el gobierno de EE.UU., igual que el canadiense, son cómplices de las compañías mineras que extorsionan a El Salvador con millonarias demandas en el CIADI. El gobierno de Canadá, para no quedarse atrás, presiona a los países centroamericanos con la firma de un tratado comercial, tal como lo hizo su homólogo estadounidense con el CAFTA-DR.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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