ES NO MINERÍA

País enjuiciado*

El 31 de mayo próximo se realizará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño, acusado por la empresa Pacific Rim de violentar sus derechos corporativos al negarle permisos de explotación minera en Cabañas.

Este hecho, sobre el que no informan los grandes medios de comunicación y del cual el “gobierno del cambio” evita referirse en público, constituye un precedente nefasto para cualquier país del mundo que intente proteger el medioambiente, la salud de la población y la continuidad de la vida, en detrimento de los intereses de compañías extractivas.

La empresa canadiense concretó su amenaza de demandar a El Salvador cuando el actual gobierno ratificó la decisión de su antecesor referida a impedir los proyectos mineros, y activó el arbitraje del CIADI, una especie de tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington.

Según Pacific Rim, las autoridades salvadoreñas incumplieron su derecho a obtener una licencia de explotación, que debía recibir como extensión del permiso de exploración, y que su expectativa de operar en el país le llevó a invertir 77 millones de dólares, que ahora exige como indemnización, más los costos procesales que completarían los 100 millones.

El gobierno de El Salvador desmiente tales acusaciones, argumentado que los permisos de explotación no son automáticos; es decir: al otorgar una licencia de exploración, el Estado no está obligado a asignar la autorización para explotar. Por tanto, el derecho alegado por Pacific Rim es inexistente.

El principal requisito para lograr licencias de explotación es el permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), algo que Pacific Rim no consiguió por el incumplimiento de requerimientos ambientales y por falta del estudio de factibilidad del proyecto. La empresa se limitó a presentar un pre-estudio de factibilidad.

Además, el MARN negó dicho permiso porque la compañía minera nunca pudo demostrar que sus proyectos no causarían daños al medioambiente. Al contrario, aun cuando sólo exploró los yacimientos minerales, secó afluentes y contaminó quebradas en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque.

Por eso la Mesa Nacional frente la Minería Metálica respalda los argumentos del Estado salvadoreño que, con el propósito de evitar una catástrofe socio ambiental y amparado en su soberanía, rechazó la solicitud de Pacific Rim; así mismo exige al CIADI declarar improcedente la demanda, en tanto la empresa minera reclama derechos que nunca tuvo.

Otra opción es que el CIADI se declare incompetente para conocer el caso, debido a que no es un problema de inversiones, sino de autodeterminación y –esencialmente– de derechos humanos, tanto los que intenta proteger el Estado, negando el permiso, como los que violentó Pacific Rim al generar conflictos comunitarios, comprar voluntades de funcionarios públicos y líderes locales, causar daños a recursos hídricos, etc.

Por tanto, el país entero debe manifestarse este lunes 31 de mayo contra el juicio en el CIADI. Es injusto que la víctima sea demandada por el victimario.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.