viernes, 30 de abril de 2010

NOTA DE PRENSA

Mesa frente a Minería demanda investigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Marcelo Rivera

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera su demanda a la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de investigar en forma integral, profunda y exhaustiva la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
Hasta ahora, las autoridades judiciales procesan a presuntos autores materiales de dicho crimen; pero sobre los autores intelectuales, Fiscalía y Policía se niegan a abrir líneas de investigación que permitan identificarlos.
El ambientalista Marcelo Rivera encabezó la resistencia contra los proyectos mineros de Pacific Rim en Cabañas y se opuso a la construcción de un relleno sanitario en San Isidro, impulsado por el alcalde José Ignacio Bautista.
Su cruel asesinato –en junio del año pasado– fue precedido por una serie de amenazas, persecuciones y atentados, debido a su oposición a la minería de Pacific Rim y a la gestión del alcalde Bautista.
Rivera se desempeñaba como director de la Casa de la Cultura de San Isidro, representante legal de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), miembro de la directiva departamental del FMLN en Cabañas e integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Su asesinato no sólo ha sido repudiado nacionalmente, sino también por diversos actores de la Comunidad Internacional: desde prestigiosos organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch hasta personalidades influyentes como el congresista demócrata James McGovern.
Igual que el asesinato de Marcelo, permanecen en la impunidad el asesinato de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, los atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla y las amenazas de muerte al personal de Radio Victoria.
Todos estos crímenes se enmarcan en el contexto de conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas, empresa que ha demandado al Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permiso para explotar la mina El Dorado.

San Salvador, 30 de abril de 2010.