Uno de los estudios más recientes sobre la problemática minera en El Salvador es el realizado –en febrero de 2010– por el profesor estadounidense Richard Steiner, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Comisión de Política Económica, Ambiental y Social.
La referida investigación se centra en los daños ambientales causados por las actividades de exploración minera, la conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas y el arbitraje promovido contra el Estado salvadoreño a través del CAFTA-DR.
Del “Informe Steiner”, este artículo destaca su denuncia de la conducta anómala de Pacific Rim; es decir, su estrategia de compra de voluntades a través de financiamiento de proyectos, empleos, regalías y sobornos, que causó divisiones familiares, vecinales y comunitarias, entre adeptos y opositores a la minería.
Citando testimonios de pobladores de Cabañas, el “Informe Steiner” señala los esfuerzos de Pacific Rim por comprar su “licencia social” para operar; o sea, conseguir el apoyo de las comunidades a sus proyectos extractivos. Esto habría incluido pagar a los alcaldes para que promovieran la minería en sus municipios.
Esto, a pesar de que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a las cuales se suscriben los gobiernos y las industrias de Canadá y los Estados Unidos, en su sección de Lucha contra la Corrupción, plantean que “Las empresas no deberán ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, pagos ilícitos ni aportes indebidos para obtener licencias o mantener contratos”.
La misma disposición obliga a las empresas mineras a no ceder ante peticiones de pagos ilegales, planteadas por funcionarios estatales o municipales; y poner a disposición de las autoridades correspondientes toda la información sobre sus empleados, proveedores, socios, representantes, etc. “Un sentimiento fuerte de los residentes de Cabañas es que estas reglas se han irrespetado”, afirma el “Informe Steiner”.
Otra normativa que regula el comportamiento de las transnacionales, violentada por la minera canadiense, es la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE. Esta se refiere a transparencia, cumplimiento de obligaciones tributarias, derechos laborales, medioambiente, entre otros. El “Informe Steiner” sostiene que Pacific Rim incumple estos estándares, con la permisividad los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
Por eso recomienda al gobierno obligar a Pacific Rim a someter sus finanzas a una auditoría independiente para identificar posibles pagos espurios a autoridades locales y nacionales; fiscalizar los recursos de los alcaldes y demás funcionarios de Cabañas, sobre todo sus cuentas bancarias; y rastrear el dinero de todo sospechoso de actos de violencia, para descubrir pagos recibidos por el cometimiento de crímenes.
La Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, tienen la palabra.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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