Mesa frente a Minería demanda investigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Marcelo Rivera
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera su demanda a la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de investigar en forma integral, profunda y exhaustiva la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
Hasta ahora, las autoridades judiciales procesan a presuntos autores materiales de dicho crimen; pero sobre los autores intelectuales, Fiscalía y Policía se niegan a abrir líneas de investigación que permitan identificarlos.
El ambientalista Marcelo Rivera encabezó la resistencia contra los proyectos mineros de Pacific Rim en Cabañas y se opuso a la construcción de un relleno sanitario en San Isidro, impulsado por el alcalde José Ignacio Bautista.
Su cruel asesinato –en junio del año pasado– fue precedido por una serie de amenazas, persecuciones y atentados, debido a su oposición a la minería de Pacific Rim y a la gestión del alcalde Bautista.
Rivera se desempeñaba como director de la Casa de la Cultura de San Isidro, representante legal de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), miembro de la directiva departamental del FMLN en Cabañas e integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Su asesinato no sólo ha sido repudiado nacionalmente, sino también por diversos actores de la Comunidad Internacional: desde prestigiosos organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch hasta personalidades influyentes como el congresista demócrata James McGovern.
Igual que el asesinato de Marcelo, permanecen en la impunidad el asesinato de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto, los atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla y las amenazas de muerte al personal de Radio Victoria.
Todos estos crímenes se enmarcan en el contexto de conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas, empresa que ha demandado al Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permiso para explotar la mina El Dorado.
San Salvador, 30 de abril de 2010.
Resistencia antiminera en El Salvador y Latinoamérica: "Podemos vivir sin oro, pero no sin agua".
viernes, 30 de abril de 2010
miércoles, 28 de abril de 2010
Inacción y silencio gubernamental*
La actitud gubernamental frente a la grave situación ambiental del país es, cada vez, más preocupante. El Ejecutivo aborda problemas –como la contaminación del agua– presentando diagnósticos sin propuestas de solución y otros –como las demandas de las empresas mineras– ni siquiera se atreve a abordarlos públicamente.
El 22 de marzo de este año, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) celebró el Día Mundial del Agua actualizando el diagnóstico de la situación de los recursos hídricos, en el informe titulado “Calidad del Agua en los Ríos Salvadoreños”.
De los 55 ríos analizados en el estudio, sólo 14 pueden potabilizarse para consumo humano y 15 pueden utilizarse en la agricultura, siempre que el agua sea tratada para evitar la contaminación de los cultivos.
Ante tan grave problemática, el MARN se limitó a proponer la instalación de un “observatorio del agua”, una iniciativa propia de una organización ambientalista.
En vez de esto, el Ejecutivo debió pedir al Parlamento la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, que prohíba construir residenciales e instalar fábricas cerca de ríos; la ley de agua, para proteger los afluentes superficiales y subterráneos; y la ley de saneamiento, que impida lanzar desechos contaminantes a los ríos y recupere la limpidez del agua.
Un mes después, el 22 de abril, la conmemoración oficial del Día Mundial de la Tierra se limitó a la realización de un concierto sinfónico y al anuncio de incorporación de nuevos sitios al sistema de Áreas Naturales Protegidas.
Además de esto, el MARN hubiera respaldado la reforma a la Ley de Minería que se discute en el Congreso para prohibir en forma definitiva la minería metálica. También hubiera presentado su política sobre cambio climático y enviado representantes a la Cumbre sobre Derechos de la Madre Tierra, efectuada en Cochabamba (Bolivia).
El 14 de abril, una semana antes, el Ejecutivo hizo algo patético: se negó a participar en el foro internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, organizado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
A dicho evento fue invitado el Presidente Mauricio Funes o –en su lugar– algún delegado suyo: secretario de Asuntos Estratégicos, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretario técnico de la Presidencia o el ministro de Economía.
El motivo es la decisión política de no referirse en público a la demanda de Pacific Rim contra el Estado en el CIADI, algo sugerido por los abogados que representan a El Salvador en el arbitraje, cuya primera audiencia será el 31 de mayo próximo, en Washington.
Inacción y silencio son, entonces, los aspectos característicos de la política ambiental del Ejecutivo. Lo grave de la situación socioambiental del país requiere un cambio de actitud, antes de que algunos problemas ecológicos sean irreversibles.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El 22 de marzo de este año, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) celebró el Día Mundial del Agua actualizando el diagnóstico de la situación de los recursos hídricos, en el informe titulado “Calidad del Agua en los Ríos Salvadoreños”.
De los 55 ríos analizados en el estudio, sólo 14 pueden potabilizarse para consumo humano y 15 pueden utilizarse en la agricultura, siempre que el agua sea tratada para evitar la contaminación de los cultivos.
Ante tan grave problemática, el MARN se limitó a proponer la instalación de un “observatorio del agua”, una iniciativa propia de una organización ambientalista.
En vez de esto, el Ejecutivo debió pedir al Parlamento la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, que prohíba construir residenciales e instalar fábricas cerca de ríos; la ley de agua, para proteger los afluentes superficiales y subterráneos; y la ley de saneamiento, que impida lanzar desechos contaminantes a los ríos y recupere la limpidez del agua.
Un mes después, el 22 de abril, la conmemoración oficial del Día Mundial de la Tierra se limitó a la realización de un concierto sinfónico y al anuncio de incorporación de nuevos sitios al sistema de Áreas Naturales Protegidas.
Además de esto, el MARN hubiera respaldado la reforma a la Ley de Minería que se discute en el Congreso para prohibir en forma definitiva la minería metálica. También hubiera presentado su política sobre cambio climático y enviado representantes a la Cumbre sobre Derechos de la Madre Tierra, efectuada en Cochabamba (Bolivia).
El 14 de abril, una semana antes, el Ejecutivo hizo algo patético: se negó a participar en el foro internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, organizado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
A dicho evento fue invitado el Presidente Mauricio Funes o –en su lugar– algún delegado suyo: secretario de Asuntos Estratégicos, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretario técnico de la Presidencia o el ministro de Economía.
El motivo es la decisión política de no referirse en público a la demanda de Pacific Rim contra el Estado en el CIADI, algo sugerido por los abogados que representan a El Salvador en el arbitraje, cuya primera audiencia será el 31 de mayo próximo, en Washington.
Inacción y silencio son, entonces, los aspectos característicos de la política ambiental del Ejecutivo. Lo grave de la situación socioambiental del país requiere un cambio de actitud, antes de que algunos problemas ecológicos sean irreversibles.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 21 de abril de 2010
Responsabilidad legislativa*
El grupo parlamentario del FMLN planteó –el pasado lunes 12 de abril– una reforma a la actual Ley de Minería, orientada a prohibir en forma definitiva la nociva minería de metales. La moción ya está en estudio de la Comisión de Salud Pública y Medioambiente del Congreso.
La propuesta del partido gobernante difiere formalmente del planteamiento de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que insiste desde octubre de 2007 en la aprobación de una nueva ley minera.
Sin embargo, ambas mociones coinciden en el contenido y en su propósito: prohibir terminantemente la exploración y explotación minera.
La iniciativa del FMLN podría lograr el apoyo de las fracciones legislativas de ARENA y GANA, que declararon recientemente su disposición a aprobar una prohibición de la minería metálica, y obtendría el respaldo del Presidente Mauricio Funes, quien ha prometido sancionar una normativa que prohíba la minería si el Parlamento la aprueba.
La prohibición definitiva de las actividades extractivas es importante por cinco razones, que es oportuno reiterar:
La primera es que esta medida pondrá al país a salvo de los graves peligros que representa la minería de metales: daños ambientales, conflictos sociales, pérdidas económicas y corrupción, perjuicios que Pacific Rim causó en Cabañas aún sin haber explotado los minerales.
La segunda se refiere a que la prohibición de la minería acabará con la fuente de conflictividad que provoca la presencia de las compañías extractivas, pues éstas serían obligadas a retirarse inmediatamente de El Salvador.
La tercera es que al prohibir las actividades mineras, el gobierno evitará que empresas extractivas vengan al país y luego nos demanden por negarles las licencias de exploración y explotación solicitadas.
La cuarta hace referencia a que prohibir la explotación minera dará mayor fuerza moral al Estado salvadoreño para solicitar a su homólogo guatemalteco revertir el proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala), que podría contaminar el Río Lempa.
La quinta es que la prohibición minera fortalecerá los argumentos de El Salvador frente a las acusaciones de Pacific Rim en el CIADI, pues el derecho ambiental internacional otorga a los Estados la facultad soberana de aprobar medidas de protección ambiental y social.
La prohibición de la extracción de metales también representa una valiosa oportunidad para que todos los grupos parlamentarios se reivindiquen con el país y aprueben una medida esperada por amplios sectores nacionales, que se oponen a los tenebrosos proyectos mineros.
El momento es oportuno para que el país entero reitere su rechazo a la explotación minera, exigiendo al Parlamento aprobar la reforma planteada por el FMLN como medida inicial de la prohibición, que deberá garantizarse de mejor manera después con una nueva ley de minería.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
La propuesta del partido gobernante difiere formalmente del planteamiento de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que insiste desde octubre de 2007 en la aprobación de una nueva ley minera.
Sin embargo, ambas mociones coinciden en el contenido y en su propósito: prohibir terminantemente la exploración y explotación minera.
La iniciativa del FMLN podría lograr el apoyo de las fracciones legislativas de ARENA y GANA, que declararon recientemente su disposición a aprobar una prohibición de la minería metálica, y obtendría el respaldo del Presidente Mauricio Funes, quien ha prometido sancionar una normativa que prohíba la minería si el Parlamento la aprueba.
La prohibición definitiva de las actividades extractivas es importante por cinco razones, que es oportuno reiterar:
La primera es que esta medida pondrá al país a salvo de los graves peligros que representa la minería de metales: daños ambientales, conflictos sociales, pérdidas económicas y corrupción, perjuicios que Pacific Rim causó en Cabañas aún sin haber explotado los minerales.
La segunda se refiere a que la prohibición de la minería acabará con la fuente de conflictividad que provoca la presencia de las compañías extractivas, pues éstas serían obligadas a retirarse inmediatamente de El Salvador.
La tercera es que al prohibir las actividades mineras, el gobierno evitará que empresas extractivas vengan al país y luego nos demanden por negarles las licencias de exploración y explotación solicitadas.
La cuarta hace referencia a que prohibir la explotación minera dará mayor fuerza moral al Estado salvadoreño para solicitar a su homólogo guatemalteco revertir el proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala), que podría contaminar el Río Lempa.
La quinta es que la prohibición minera fortalecerá los argumentos de El Salvador frente a las acusaciones de Pacific Rim en el CIADI, pues el derecho ambiental internacional otorga a los Estados la facultad soberana de aprobar medidas de protección ambiental y social.
La prohibición de la extracción de metales también representa una valiosa oportunidad para que todos los grupos parlamentarios se reivindiquen con el país y aprueben una medida esperada por amplios sectores nacionales, que se oponen a los tenebrosos proyectos mineros.
El momento es oportuno para que el país entero reitere su rechazo a la explotación minera, exigiendo al Parlamento aprobar la reforma planteada por el FMLN como medida inicial de la prohibición, que deberá garantizarse de mejor manera después con una nueva ley de minería.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
miércoles, 14 de abril de 2010
NOTA DE PRENSA:
Demandas de empresas mineras atentan contra soberanía de El Salvador
“Las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group violentan la soberanía y la autodeterminación salvadoreña”, sostuvieron destacos expertos y defensores del medioambiente, en el Foro Internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, realizado este miércoles 14 de abril en San Salvador.
En el evento participaron Marcos Orellana, del Center for International Environmental Law (CIEL), de Washington; Jamie Kneen, de Mining Watch, de Canadá; Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies (IPS), de Washington; Yuri Melini, del Centro Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS); y varios representantes de organizaciones ecologistas de México y Centroamérica.
Los ponentes analizaron las implicaciones de los arbitrajes que las compañías extractivas canadienses y estadounidenses impulsan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Pacific Rim exige al Estado salvadoreño una indemnización de 100 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Commerce Group también pide un pago similar por la suspensión de su licencia de operación en La Unión, donde contaminó el Río San Sebastián.
Pacific Rim logró permiso de exploración, pero no de explotación; por tanto, no adquirió derechos. La minera canadiense “no puede reclamar violación a derechos que nunca tuvo”, señaló Marcos Orellana, de CIEL, refiriéndose a la posibilidad de presentar un amicus curie (amigos del jurado), un recurso que permite a la sociedad civil presentar elementos adicionales en los arbitrajes con el propósito de incidir en una decisión justa del tribunal.
Para Manuel Pérez Rocha, del IPS, la demanda de Pacific Rim –amparada en principios como la expropiación indirecta y cláusulas de solución de divergencias del CAFTA-DR– confirma que estos acuerdos comerciales benefician a las empresas transnacionales en detrimento de los Estados.
Por su parte Jamie Kneen, de Mining Watch, criticó la actuación delictiva de las mineras de Canadá y Estados Unidos en los países mesoamericanos, incluido El Salvador, donde contaminan afluentes, corrompen a funcionarios y generan conflictos sociales. Estas compañías violentas las leyes nacionales, convenios internacionales y hasta sus propios códigos de conducta.
Mientras tanto, Alejandro Villamar, de REMA, informó sobre la demanda de 800 millones de dólares de Blackfire contra el Estado mexicano. Esta compañía extractiva canadiense procesa su demanda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Yuri Melini, de CALAS, comentó sobre las acciones legales y sociales contra las empresas mineras, principalmente canadienses, que realizan las organizaciones ciudadanas en Guatemala. Por su labor ambientalista, este abogado ha sufrido varios atentados y en 2008 sobrevivió a ocho impactos de bala.
Finalmente Ángel Ibarra, en nombre de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, abordó la problemática minera en El Salvador, destacando las injustas demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la conflictividad minera en Cabañas, la falta de una ley prohibitiva de la minería y la posible contaminación del Río Lempa debido a proyectos mineros en Guatemala.
La Mesa reitera la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa que prohíba definitivamente la minería de metales, que el Ejecutivo interceda ante su similar de Guatemala para revertir la mina Cerro Blanco y que la Fiscalía General de la República investigue a los autores materiales e intelectuales de todas las amenazas, atentados y asesinatos en Cabañas.
San Salvador, 14 de abril de 2010.
“Las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group violentan la soberanía y la autodeterminación salvadoreña”, sostuvieron destacos expertos y defensores del medioambiente, en el Foro Internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, realizado este miércoles 14 de abril en San Salvador.
En el evento participaron Marcos Orellana, del Center for International Environmental Law (CIEL), de Washington; Jamie Kneen, de Mining Watch, de Canadá; Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies (IPS), de Washington; Yuri Melini, del Centro Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS); y varios representantes de organizaciones ecologistas de México y Centroamérica.
Los ponentes analizaron las implicaciones de los arbitrajes que las compañías extractivas canadienses y estadounidenses impulsan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Pacific Rim exige al Estado salvadoreño una indemnización de 100 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Commerce Group también pide un pago similar por la suspensión de su licencia de operación en La Unión, donde contaminó el Río San Sebastián.
Pacific Rim logró permiso de exploración, pero no de explotación; por tanto, no adquirió derechos. La minera canadiense “no puede reclamar violación a derechos que nunca tuvo”, señaló Marcos Orellana, de CIEL, refiriéndose a la posibilidad de presentar un amicus curie (amigos del jurado), un recurso que permite a la sociedad civil presentar elementos adicionales en los arbitrajes con el propósito de incidir en una decisión justa del tribunal.
Para Manuel Pérez Rocha, del IPS, la demanda de Pacific Rim –amparada en principios como la expropiación indirecta y cláusulas de solución de divergencias del CAFTA-DR– confirma que estos acuerdos comerciales benefician a las empresas transnacionales en detrimento de los Estados.
Por su parte Jamie Kneen, de Mining Watch, criticó la actuación delictiva de las mineras de Canadá y Estados Unidos en los países mesoamericanos, incluido El Salvador, donde contaminan afluentes, corrompen a funcionarios y generan conflictos sociales. Estas compañías violentas las leyes nacionales, convenios internacionales y hasta sus propios códigos de conducta.
Mientras tanto, Alejandro Villamar, de REMA, informó sobre la demanda de 800 millones de dólares de Blackfire contra el Estado mexicano. Esta compañía extractiva canadiense procesa su demanda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Yuri Melini, de CALAS, comentó sobre las acciones legales y sociales contra las empresas mineras, principalmente canadienses, que realizan las organizaciones ciudadanas en Guatemala. Por su labor ambientalista, este abogado ha sufrido varios atentados y en 2008 sobrevivió a ocho impactos de bala.
Finalmente Ángel Ibarra, en nombre de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, abordó la problemática minera en El Salvador, destacando las injustas demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la conflictividad minera en Cabañas, la falta de una ley prohibitiva de la minería y la posible contaminación del Río Lempa debido a proyectos mineros en Guatemala.
La Mesa reitera la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa que prohíba definitivamente la minería de metales, que el Ejecutivo interceda ante su similar de Guatemala para revertir la mina Cerro Blanco y que la Fiscalía General de la República investigue a los autores materiales e intelectuales de todas las amenazas, atentados y asesinatos en Cabañas.
San Salvador, 14 de abril de 2010.
Informe Steiner: Auditar a Pacific Rim*
Uno de los estudios más recientes sobre la problemática minera en El Salvador es el realizado –en febrero de 2010– por el profesor estadounidense Richard Steiner, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Comisión de Política Económica, Ambiental y Social.
La referida investigación se centra en los daños ambientales causados por las actividades de exploración minera, la conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas y el arbitraje promovido contra el Estado salvadoreño a través del CAFTA-DR.
Del “Informe Steiner”, este artículo destaca su denuncia de la conducta anómala de Pacific Rim; es decir, su estrategia de compra de voluntades a través de financiamiento de proyectos, empleos, regalías y sobornos, que causó divisiones familiares, vecinales y comunitarias, entre adeptos y opositores a la minería.
Citando testimonios de pobladores de Cabañas, el “Informe Steiner” señala los esfuerzos de Pacific Rim por comprar su “licencia social” para operar; o sea, conseguir el apoyo de las comunidades a sus proyectos extractivos. Esto habría incluido pagar a los alcaldes para que promovieran la minería en sus municipios.
Esto, a pesar de que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a las cuales se suscriben los gobiernos y las industrias de Canadá y los Estados Unidos, en su sección de Lucha contra la Corrupción, plantean que “Las empresas no deberán ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, pagos ilícitos ni aportes indebidos para obtener licencias o mantener contratos”.
La misma disposición obliga a las empresas mineras a no ceder ante peticiones de pagos ilegales, planteadas por funcionarios estatales o municipales; y poner a disposición de las autoridades correspondientes toda la información sobre sus empleados, proveedores, socios, representantes, etc. “Un sentimiento fuerte de los residentes de Cabañas es que estas reglas se han irrespetado”, afirma el “Informe Steiner”.
Otra normativa que regula el comportamiento de las transnacionales, violentada por la minera canadiense, es la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE. Esta se refiere a transparencia, cumplimiento de obligaciones tributarias, derechos laborales, medioambiente, entre otros. El “Informe Steiner” sostiene que Pacific Rim incumple estos estándares, con la permisividad los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
Por eso recomienda al gobierno obligar a Pacific Rim a someter sus finanzas a una auditoría independiente para identificar posibles pagos espurios a autoridades locales y nacionales; fiscalizar los recursos de los alcaldes y demás funcionarios de Cabañas, sobre todo sus cuentas bancarias; y rastrear el dinero de todo sospechoso de actos de violencia, para descubrir pagos recibidos por el cometimiento de crímenes.
La Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, tienen la palabra.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La referida investigación se centra en los daños ambientales causados por las actividades de exploración minera, la conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas y el arbitraje promovido contra el Estado salvadoreño a través del CAFTA-DR.
Del “Informe Steiner”, este artículo destaca su denuncia de la conducta anómala de Pacific Rim; es decir, su estrategia de compra de voluntades a través de financiamiento de proyectos, empleos, regalías y sobornos, que causó divisiones familiares, vecinales y comunitarias, entre adeptos y opositores a la minería.
Citando testimonios de pobladores de Cabañas, el “Informe Steiner” señala los esfuerzos de Pacific Rim por comprar su “licencia social” para operar; o sea, conseguir el apoyo de las comunidades a sus proyectos extractivos. Esto habría incluido pagar a los alcaldes para que promovieran la minería en sus municipios.
Esto, a pesar de que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a las cuales se suscriben los gobiernos y las industrias de Canadá y los Estados Unidos, en su sección de Lucha contra la Corrupción, plantean que “Las empresas no deberán ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, pagos ilícitos ni aportes indebidos para obtener licencias o mantener contratos”.
La misma disposición obliga a las empresas mineras a no ceder ante peticiones de pagos ilegales, planteadas por funcionarios estatales o municipales; y poner a disposición de las autoridades correspondientes toda la información sobre sus empleados, proveedores, socios, representantes, etc. “Un sentimiento fuerte de los residentes de Cabañas es que estas reglas se han irrespetado”, afirma el “Informe Steiner”.
Otra normativa que regula el comportamiento de las transnacionales, violentada por la minera canadiense, es la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE. Esta se refiere a transparencia, cumplimiento de obligaciones tributarias, derechos laborales, medioambiente, entre otros. El “Informe Steiner” sostiene que Pacific Rim incumple estos estándares, con la permisividad los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
Por eso recomienda al gobierno obligar a Pacific Rim a someter sus finanzas a una auditoría independiente para identificar posibles pagos espurios a autoridades locales y nacionales; fiscalizar los recursos de los alcaldes y demás funcionarios de Cabañas, sobre todo sus cuentas bancarias; y rastrear el dinero de todo sospechoso de actos de violencia, para descubrir pagos recibidos por el cometimiento de crímenes.
La Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, tienen la palabra.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Informe Steiner: Auditar a Pacific Rim*
Uno de los estudios más recientes sobre la problemática minera en El Salvador es el realizado –en febrero de 2010– por el profesor estadounidense Richard Steiner, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Comisión de Política Económica, Ambiental y Social.
La referida investigación se centra en los daños ambientales causados por las actividades de exploración minera, la conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas y el arbitraje promovido contra el Estado salvadoreño a través del CAFTA-DR.
Del “Informe Steiner”, este artículo destaca su denuncia de la conducta anómala de Pacific Rim; es decir, su estrategia de compra de voluntades a través de financiamiento de proyectos, empleos, regalías y sobornos, que causó divisiones familiares, vecinales y comunitarias, entre adeptos y opositores a la minería.
Citando testimonios de pobladores de Cabañas, el “Informe Steiner” señala los esfuerzos de Pacific Rim por comprar su “licencia social” para operar; o sea, conseguir el apoyo de las comunidades a sus proyectos extractivos. Esto habría incluido pagar a los alcaldes para que promovieran la minería en sus municipios.
Esto, a pesar de que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a las cuales se suscriben los gobiernos y las industrias de Canadá y los Estados Unidos, en su sección de Lucha contra la Corrupción, plantean que “Las empresas no deberán ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, pagos ilícitos ni aportes indebidos para obtener licencias o mantener contratos”.
La misma disposición obliga a las empresas mineras a no ceder ante peticiones de pagos ilegales, planteadas por funcionarios estatales o municipales; y poner a disposición de las autoridades correspondientes toda la información sobre sus empleados, proveedores, socios, representantes, etc. “Un sentimiento fuerte de los residentes de Cabañas es que estas reglas se han irrespetado”, afirma el “Informe Steiner”.
Otra normativa que regula el comportamiento de las transnacionales, violentada por la minera canadiense, es la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE. Esta se refiere a transparencia, cumplimiento de obligaciones tributarias, derechos laborales, medioambiente, entre otros. El “Informe Steiner” sostiene que Pacific Rim incumple estos estándares, con la permisividad los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
Por eso recomienda al gobierno obligar a Pacific Rim a someter sus finanzas a una auditoría independiente para identificar posibles pagos espurios a autoridades locales y nacionales; fiscalizar los recursos de los alcaldes y demás funcionarios de Cabañas, sobre todo sus cuentas bancarias; y rastrear el dinero de todo sospechoso de actos de violencia, para descubrir pagos recibidos por el cometimiento de crímenes.
La Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, tienen la palabra.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La referida investigación se centra en los daños ambientales causados por las actividades de exploración minera, la conflictividad social provocada por la presencia de Pacific Rim en Cabañas y el arbitraje promovido contra el Estado salvadoreño a través del CAFTA-DR.
Del “Informe Steiner”, este artículo destaca su denuncia de la conducta anómala de Pacific Rim; es decir, su estrategia de compra de voluntades a través de financiamiento de proyectos, empleos, regalías y sobornos, que causó divisiones familiares, vecinales y comunitarias, entre adeptos y opositores a la minería.
Citando testimonios de pobladores de Cabañas, el “Informe Steiner” señala los esfuerzos de Pacific Rim por comprar su “licencia social” para operar; o sea, conseguir el apoyo de las comunidades a sus proyectos extractivos. Esto habría incluido pagar a los alcaldes para que promovieran la minería en sus municipios.
Esto, a pesar de que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a las cuales se suscriben los gobiernos y las industrias de Canadá y los Estados Unidos, en su sección de Lucha contra la Corrupción, plantean que “Las empresas no deberán ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, pagos ilícitos ni aportes indebidos para obtener licencias o mantener contratos”.
La misma disposición obliga a las empresas mineras a no ceder ante peticiones de pagos ilegales, planteadas por funcionarios estatales o municipales; y poner a disposición de las autoridades correspondientes toda la información sobre sus empleados, proveedores, socios, representantes, etc. “Un sentimiento fuerte de los residentes de Cabañas es que estas reglas se han irrespetado”, afirma el “Informe Steiner”.
Otra normativa que regula el comportamiento de las transnacionales, violentada por la minera canadiense, es la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE. Esta se refiere a transparencia, cumplimiento de obligaciones tributarias, derechos laborales, medioambiente, entre otros. El “Informe Steiner” sostiene que Pacific Rim incumple estos estándares, con la permisividad los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.
Por eso recomienda al gobierno obligar a Pacific Rim a someter sus finanzas a una auditoría independiente para identificar posibles pagos espurios a autoridades locales y nacionales; fiscalizar los recursos de los alcaldes y demás funcionarios de Cabañas, sobre todo sus cuentas bancarias; y rastrear el dinero de todo sospechoso de actos de violencia, para descubrir pagos recibidos por el cometimiento de crímenes.
La Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, tienen la palabra.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles, 7 de abril de 2010
¿Desarrollo o amenaza?*
Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, es el título de un foro internacional sobre demandas de empresas extractivas canadienses y estadounidenses contra los Estados de la región, sobre todo México y Centroamérica.
El evento contará con la participación de destacados expertos en arbitrajes internacionales, ambientalistas mesoamericanos y funcionarios estatales salvadoreños.
Entre los invitados que aún no confirman su presencia está el Presidente Mauricio Funes (o un delegado suyo) y la embajadora de Canadá.
El propósito de la actividad es plantear las implicaciones económicas y soberanas de las demandas de compañías mineras contra los gobiernos mesoamericanos, especialmente de Pacific Rim contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Las principales ponencias estarán a cargo de Marcos Orellana, del Center for International Environmental Law (CIEL), de Washington; Jamie Kneen, del canadiense Mining Watch; Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Manuel Pérez Rocha, del estadounidense Institute for Policy Studies (IPS); Yuri Melini, del Centro Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), entre otros.
Particular interés genera la posible participación del Presidente Funes o la persona que le represente, ya que hasta ahora el jefe del Ejecutivo ha evitado referirse públicamente a la demanda de Pacific Rim, incluso dijo desconocer el caso cuando un ciudadano le preguntó en una entrevista televisiva.
Es de recordar también que –sobre la necesidad de impedir la explotación minera– el Presidente se niega a impulsar en el Parlamento una legislación que concrete en forma definitiva dicha prohibición, a pesar de su reiterada promesa de no permitir esos nocivos proyectos.
Sin embargo, en sus últimas declaraciones sobre este problema (durante el inicio del año escolar en Sensuntepeque, Cabañas) Funes aseguró que si el Congreso aprueba una ley prohibitiva de la minería, él la sancionaría; pero los diputados no se atreven todavía a probar la voluntad política presidencial.
La postura de la embajada canadiense también despierta suspicacia, pues es sabido que esta sede diplomática cabildea a favor de Pacific Rim; además, porque el gobierno de Canadá impulsa un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el cual podría beneficiar a las compañías extractivas de ese país instaladas en la región.
Al evento han sido invitados tomadores de decisiones (legisladores, alcaldes, ministros, secretarios presidenciales y titulares de autónomas) y líderes de opinión (representantes empresariales, de universidades, gremios profesionales, de medios de comunicación, religiosos y de la sociedad civil.
Usted, amiga y amigo lector, es también invitado especial; su participación es necesaria el próximo miércoles 14 de abril, de 8:30 a.m. a 12 m., en el Hotel Real Intercontinental de San Salvador.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El evento contará con la participación de destacados expertos en arbitrajes internacionales, ambientalistas mesoamericanos y funcionarios estatales salvadoreños.
Entre los invitados que aún no confirman su presencia está el Presidente Mauricio Funes (o un delegado suyo) y la embajadora de Canadá.
El propósito de la actividad es plantear las implicaciones económicas y soberanas de las demandas de compañías mineras contra los gobiernos mesoamericanos, especialmente de Pacific Rim contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Las principales ponencias estarán a cargo de Marcos Orellana, del Center for International Environmental Law (CIEL), de Washington; Jamie Kneen, del canadiense Mining Watch; Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Manuel Pérez Rocha, del estadounidense Institute for Policy Studies (IPS); Yuri Melini, del Centro Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), entre otros.
Particular interés genera la posible participación del Presidente Funes o la persona que le represente, ya que hasta ahora el jefe del Ejecutivo ha evitado referirse públicamente a la demanda de Pacific Rim, incluso dijo desconocer el caso cuando un ciudadano le preguntó en una entrevista televisiva.
Es de recordar también que –sobre la necesidad de impedir la explotación minera– el Presidente se niega a impulsar en el Parlamento una legislación que concrete en forma definitiva dicha prohibición, a pesar de su reiterada promesa de no permitir esos nocivos proyectos.
Sin embargo, en sus últimas declaraciones sobre este problema (durante el inicio del año escolar en Sensuntepeque, Cabañas) Funes aseguró que si el Congreso aprueba una ley prohibitiva de la minería, él la sancionaría; pero los diputados no se atreven todavía a probar la voluntad política presidencial.
La postura de la embajada canadiense también despierta suspicacia, pues es sabido que esta sede diplomática cabildea a favor de Pacific Rim; además, porque el gobierno de Canadá impulsa un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el cual podría beneficiar a las compañías extractivas de ese país instaladas en la región.
Al evento han sido invitados tomadores de decisiones (legisladores, alcaldes, ministros, secretarios presidenciales y titulares de autónomas) y líderes de opinión (representantes empresariales, de universidades, gremios profesionales, de medios de comunicación, religiosos y de la sociedad civil.
Usted, amiga y amigo lector, es también invitado especial; su participación es necesaria el próximo miércoles 14 de abril, de 8:30 a.m. a 12 m., en el Hotel Real Intercontinental de San Salvador.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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